Luis Armando Santibañez Villanueva
Expediente 637/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 637/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 07/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Luis Armando Santibañez Villanueva
- R. S. C. y Otros.
- Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca.
- R. S. C.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión, contra la sentencia de catorce de noviembre del año que transcurre, en que se negó el amparo en este juicio, promovido por la parte quejosa (única parte a quien puede afectar dicha determinación), sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, se declara que ha causado ejecutoria la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Devolución de cuaderno de pruebas. Ahora bien, visto que mediante autos de cuatro de julio de dos mil veintidós, dictados en los juicios de amparo 637/2022 y 638/2022, respectivamente, se tuvo a la autoridad responsable, Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, remitiendo diversas constancias, con las que se formaron tres anexos; considerando que, dado el estado procesal de este asunto, carece de utilidad mantener la custodia esas constancias en este Juzgado, mediante atento oficio, remítanse a la autoridad responsable, sin necesidad de que acuse de recibido, habida cuenta que resulta suficiente el acuse del oficio con el que se haga entrega de ese anexo. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DEPURACIÓN, conforme el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido acuerdo; el cual se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, una vez fenecido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, será depurado; acontecido lo anterior, se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, sin que al respecto queden documentos pendientes por devolver a las partes, como se advierte de la certificación de cuenta. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
.. VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 637/2022, promovido por ****por sí y en representación de sus menores hijas ****, y su acumulado 638/2022, que promovió ****, por sí y en representación de su menor hija R****.; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el dos de junio de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, y turnado a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta localidad al día siguiente ****, por sí y en representación de sus menores hijas ****., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistente en la audiencia de doce de mayo de dos mil veintidós, en la que estableció como medida precautoria, la convivencia supervisada de la menor M.L.S.C., en el área de convivencias anexa a los Juzgados Familiares con el quejoso durante los días establecidos en diversa audiencia familiar de once de junio de dos mil veintiuno; así como también, permitir la convivencia de la menor R. S. C. sin valorar las pruebas que acreditan violencia ejercida por su progenitora, dictada en el juicio familiar 164/2020. Actos que estimó violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En auto de nueve de junio de dos mil veintidós, previo cumplimiento del requerimiento que se hizo a la parte quejosa admitió la demanda, registrada bajo el número 637/2022; se solicitó el informe justificado; se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada Liliana Denisse Castellanos Velasco, mismo que se llevó a cabo el dieciséis de junio del año en curso. TERCERO Juicio de amparo acumulado (638/2022). Mediante escrito presentado el dos de junio de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, y turnado a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta localidad al día siguiente ****, por sí y en representación de su menor hija ***., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistente en la audiencia de doce de mayo de dos mil veintidós, en la que negó la pensión alimenticia solicitada por el quejoso en favor de su menor hija ***, dejando subsistente únicamente la pensión alimenticia en favor de la menor M.L.S.C., en el juicio 164/2020. Actos que estimó violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. Trámite de la demanda de amparo. En auto de nueve de junio de dos mil veintidós, previo cumplimiento del requerimiento que se hizo a la parte quejosa admitió la demanda, registrada bajo el número 637/2022; se solicitó el informe justificado; se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada Liliana Denisse Castellanos Velasco, mismo que se llevó a cabo el diecisiete de junio del año en curso. QUINTO. Trámite correspondiente a las acumulaciones de los juicios demandas de amparo. En auto de siete de julio de dos mil veintidós, se tuvo por acumulado a este juicio, el juicio 638/2022 del índice de este juzgado y, en dicho auto, previos diversos diferimientos, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en este municipio, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo a que este expediente se refiere, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 23/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; así como a la distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en la entidad federativa y residencia indicados y en virtud que se promueve contra un acto en materia civil, emitido por una autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde este juzgado, ejerce competencia. SEGUNDO. Oportunidad en la presentación de la demanda. El doce de mayo de dos mil veintidós, tuvo conocimiento el quejoso Armando Santibáñez Villanueva, de la resolución reclamada, pues estuvo presente en la audiencia familiar respectiva. Por tanto, el plazo de quince días que prevé el párrafo primero, del artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover la demanda transcurrió del dieciséis de mayo de dos mil veintidós al tres de junio siguiente; descontándose los sábados y domingos, por ser inhábiles, de conformidad con lo prescrito en el artículo 19, del citado ordenamiento legal. En consecuencia, si las demandas de amparo se presentaron el dos de junio de este año, es evidente que fueron oportunas. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la parte quejosa reclama lo siguiente en sus demandas que dieron origen a los juicios 637/2022 y su acumulado 638/2022: La audiencia familiar de doce de mayo de dos mil veintidós, emitida en los autos del juicio familiar 164/2020, respecto a la convivencia supervisada que debe tener con sus menores hijas ****.. y la pensión alimenticia que solicitó a favor de su menor hija **** CUARTO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, al momento de rendir su informe justificado, aceptó la existencia de los actos reclamados. Además, remitió como anexo a su informe, copias certificadas de diversas actuaciones que integran el expediente familiar 164/2020 de su estadística, mismas que adquieren pleno valor probatorio en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2º. En consecuencia, ante las propias manifestaciones de la autoridad responsable, así como de las constancias que remitió para dar legalidad a sus actuaciones, se tiene por ciertos el acto reclamado por la parte quejosa. Apoya a lo anterior, la tesis jurisprudencial XVII.2º. J/10 del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número setenta y seis, Abril de 1994, Octava Época, página sesenta y ocho, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". QUINTO. Causa de improcedencia. Una vez que se efectuó el análisis de las constancias que integran el presente expediente, no se encontró causa de improcedencia que pueda revisarse de oficio, o que las partes hayan hecho valer conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Por tanto, se procederá con el estudio constitucional de este expediente. SEXTO. Conceptos de violación La parte quejosa expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales deben tenerse por reproducidos sin que sea necesaria su trascripción, dado que tal circunstancia no la deja en estado de indefensión, pues ello no incide en el cumplimiento de los principios de exhaustividad y congruencia en el dictado de las sentencias, aunado a que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que obligue a actuar en tal sentido. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, con registro digital 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SÉPTIMO. Estudio. Previo a abordar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa en sus demandas de amparo, conviene realizar una reseña de los antecedentes del acto reclamado. Ahora se transcriben los antecedentes que expone el juez responsable, mismos que fueron corroborados en las constancias que remitió y que fueron valorados en líneas precedentes: ".Por auto de fecha cinco de mayo de dos mil veinte, se dictó auto de inicio en donde se ordenó emplazar al demandado, se admitieron pruebas, se fijó por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de los infantes. Así también a se decretó la guarda y custodia provisional de la menor de edad **** a favor de su progenitora y en cuanto a la custodia de la infante ****., se señaló hora y fecha para una audiencia de carácter familiar en la que previo diálogo con ambos progenitores se proveería lo conducente en cuanto a la custodia de su descendiente. En audiencia familiar de fecha catorce de mayo de dos mil veinte, los litigantes suscribieron un convenio en el que pactaron la custodia provisional de sus hijas ****. a favor de su progenitora, así como un régimen de convivencias con su progenitor no custodio. Convivencia que se suspendió el diez de agosto del año dos mil veinte, ante las manifestaciones vertidas por el progenitor, a fin de evitar poner en riesgo la salud de las niñas involucradas, hasta en tanto las autoridades federales y locales indicarán que se había disminuido el riesgo de contagios de la enfermedad Covid 19, sin embargo, a efecto de no perder el vínculo afectivo de padre e hija, se modificó el régimen de convivencias pactado para el único efecto que las convivencias se verificarán a través de llamadas ordinarias, videollamadas o cualquier otro medio de comunicación. Posteriormente, ante las diversas manifestaciones vertidas en autos por las partes y en particular la petición de ****, y su solicitud de modificar la guarda y custodia de sus hijas ****se señaló fecha y hora, para una audiencia familiar en la que se escucharía a la infante R.S.C. y como resultado de la misma se modificó su custodia provisional para que ahora fuera su progenitor quien la tendrá bajo su cuidado, estableciendo desde luego un régimen de convivencias con su progenitora, manteniendo intacto lo relativo al custodia de la menor de edad ****., y las convivencias con su progenitor ****. Durante la cadena procesal, el suscrito derivado de las conductas procesales mostradas en autos por los ciudadanos Liliana Denisse Castellanos Velasco y Luis Armando Santibañez Villanueva para permitir la convivencia de sus descendientes con su diverso progenitor no custodio, en auto de fecha veintiséis de abril de dos mil veintiuno y en base a los argumentos y fundamentos emitidos, se cambió el lugar de entrega-recepción de la infante R****., con su respectivo progenitor no custodio, en los horarios y fechas establecidos en autos. Sin embargo, ante la imposibilidad de la Procuraduría para la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIF), para verificar la entrega recepción de dichas infantas y ante las conductas procesales mostradas por los litigantes en autos, esta autoridad velando por el interés superior de las menores de edad ***., a fin de materializar las convivencias entre ellas y sus respectivos progenitores no custodios, señaló fecha y hora para una audiencia familiar, dando oportunidad a las partes de dialogar sobre ese derecho que asiste a sus hijas y establecer un régimen de convivencias entre las niñas involucradas ****., que no colisionen con las convivencias establecidas en autos con sus progenitores no custodios, se apercibió a los progenitores que de no concretar acuerdos en relación a ese derecho de sus hijas, surgió la necesidad de que esta autoridad en ejercicio de las facultades conferidas al juez familiar, pronunciara las determinaciones conducentes en aras de colmar los satisfactores indispensables para el sano desarrollo de las niñas involucradas, como lo es la convivencia entre s de manera regular. Sin embargo, en audiencia familiar de once de junio de dos mil veintiuno, los litigantes no lograron generar un acuerdo tendiente a establecer un régimen de convivencias entre las niñas involucradas ****. para que convivan como hermanas; así como para establecer un lugar en que dichas infantas habrán de ser entregadas para que convivan entre ellas como con ambos progenitores de acuerdo a las convivencias establecidas en autos, atendiendo a que las niñas en "conflicto al estar separadas no les es posible convivir entre ellas como hermanas; así como para establecer un lugar en que dichas infantas habrán de ser entregadas para que convivan entre ellas como con ambos progenitores de acuerdo a las convivencias establecidas en autos, atendiendo a que las niñas en conflicto al estar separadas no les es posible convivir entre ellas como hermanas, así como para restablecer la relación paterno-filial, en correspondencia a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo 757/2021 promovido por ****y la suspensión definitiva concedida, el suscrito determinó como régimen de convivencia el siguiente: Las menores ****., convivirán entre ella y con sus respectivos progenitores los días lunes, martes, miércoles y jueves de cada semana en un horario de trece a quince horas, en el área de convivencias de este Tribunal ubicada en el edificio de los Juzgados Civiles y Familiares del Centro, simultáneamente, en cuanto a la convivencia con los ascendientes, se precisa que en primer lugar los días lunes y miércoles convivirá el señor Luis Armando Santibañez Villanueva con sus hijas en dicho lugar, por un espacio de dos horas a partir de las trece horas, desde luego sin presencia de la progenitora. Posteriormente los días martes y jueves convivirá la ciudadana Liliana Denisse Castellanos Velasco con sus hijas en el mismo lugar, por un espacio de dos horas a partir de las trece horas, desde luego sin presencia del progenitor, cada uno de los progenitores, Liliana Denisse Castellanos Velasco y Luis Armando Santibañez Villanueva, queda obligados a presentar a su hija que tienen bajo su custodia en el lugar antes mencionado, en los días y horarios establecidos. Una vez que el progenitor custodio respectivo presente a su hija, el día a que no corresponda convivencia, tendrá que abandonar la misma donde se encuentren sus descendientes, para que convivan con el diverso progenitor y así sucesivamente. Así mismo, para el caso de que ambos progenitores no puedan presentar a sus hija en los horarios establecidos, lo pueden hacer a través de una persona de su entera confianza ejemplo (abuelos), además para el caso de que las niñas en conflicto, se encuentren enfermas los días que corresponda a la convivencia, es indudable que al considerarse el derecho de convivencia como satisfactor fundamental para el sano desarrollo de las menores involucrados, de concretarse puntualmente para el sano desarrollo de las menores involucrados, dee (sic) concretarse puntualmente, sin que esté supeditado el ejercicio de ese derecho a capricho o voluntad de quien ejerza el cuidados de las menores, de donde, el hecho de que las niñas en litigio estén enfermas los días de convivencia no implica que se le prive del derecho de convivir con su respectivo progenitor, en su, caso, ambos progenitores deberán comunicar de manera explícita dicha situación al progenitor no custodio para tomar las providencias necesarias, ya que por efecto, de la patria potestad que detentan sobre sus menores hijas tiene el derecho y obligación de atender ese deber de protección de sus descendientes favoreciendo el pleno desarrollo de sus potencialidades, asimismo, dichos progenitores custodios deberán justificar fehacientemente tal situación ante esta autoridad; desde luego, salvo aquéllos casos en que por su gravedad, la situación no lo permita. Además, ante lo advertido por esta autoridad que los litigantes continúan teniendo dificultades para dialogar de manera responsable y respetuosa para tomar acuerdos encaminados a procurar el bienestar y sano desarrollo de sus hijas, atentando con ello al interés superior de éstas; con el ánimo de reencausar y reforzar los lazos afectivos entre los integrantes del núcleo familiar, se ordenó nuevamente canalizarlos a ellos y sus hijas M.L.S.C. y R.S.C. a recibir terapia psicológica, mismas que ahora serían de forma presencial y no vía remota (videollamadas) como anteriormente se realizaron con motivo de la contigencia (sic) sanitaria por la enfermedad de Covid 19. Dicha determinación se emitió buscando el beneficio directo de las niñas involucradas a mantener relaciones personales con ambos progenitores, pues debe recordarse que efectivamente, los menores de edad tienen ese derecho fundamental de convivencia, de acuerdo con el artículo 9, apartado 3 de la Convención sobre los Derechos del Nio (sic), según el cual, los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones pesonales (sic) y contacto directo con ellos de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. De acuerdo con el contenido de esa norma, puede establecerse que para el ejercicio de ese derecho sea efectivo, resulta necesario que la convivencia sea con cierta regularidad, por ejemplo en ciertos días de la semana, en que las sepan que podrán convivir como hermanas y con su diverso progenitor, ya que de las constancias de autos no se evidenció que ambos progenitores hicieran lo posible por que la hija que tienen bajo su custodia conviviera con su hermana y diverso padre a pesar de los requerimientos efectuados. Mediante diligencia de fecha doce de mayo de dos mil veintidós, y al haber dialogado con ambas partes procesales, quienes expresaron cada uno sus posturas ante el presente juicio, y tomando en consideración a lo solicitado por la Agente del Ministerio Público asdcrita (sic), en observancia de que los litigantes evidencian nula comunicación, límitandose (sic) a hacerse recíprocos reclamos o s reproches, evidenciando que están conflictuados y eso no les permite establecer acuerdos, así también que de autos se advertía que las partes procesales no obraban las valoraciones psicológicas de la infante R.S.C. y el ahora quejoso ****, o se contaban con los avances de las terapias psicológicas ordenadas en autos a los litigantes, evidenciando con ello su falta de interés de resolver lo concerniente al cuidado formal de sus hijas; es por ello que esta autoridad en ejercicio de la facultad discrecional conferida, consideró pertinente que las convivencias establecidas, continuaran llévandose (sic) a cabo en el área de convivencias anexa a estos juzgados familiares, a fin de salvaguardar el interés superior de las menores de edad ****ello a fin de que las infantes continuaran conviviendo de manera regular con sus progenitores y una vez que se reaicen (sic) las valoraciones y terapias psicológicas respectivas, en base al resultado de las mismas, de ser pertinente las convivencias se incrementarn (sic) de forma gradual y progresiva de ambos progenitores. En las relatadas consideraciones deviene cierto el acto reclamado por el ahí quejoso, en el sentido de que esta autoridad ante la constante falta de acuerdo entre los litigantes y las conductas procesales que han mostrado para no permitir la convivencia de sus hijas que tienen bajo custodia con el diverso progenitor no custodio, en audiencia familiar de fecha once de junio de dos mil veintiuno, el suscrito determinó establecer un régimen de convivencias entre hermanas, así las cuales se realizarían en el área de convivencias de este Tribunal ubicada en el edificio de los Juzgados Civiles y Familiares del Centro; pues dicha determinación se emitió buscando el beneficio directo de las niñas involucradas a mantener.. relaciones personales con progenitores, derecho fundamental de convivencia, establecido en el artículo 9, apartado 3, de la Convención sobre los Derechos del Niño, vinculado desde luego a la suspensión definitiva y amparo concedido a la Ciudadana Liliana Denisse Castellanos Velasco en el juicio de amparo número 757/2021 de ese mismo Juzgado Cuarto de Distrito. No pasa desapercibido para esta autoridad que aun cuando se han dictado diversas determinaciones, a fin dé que las niñas en conflicto hagan efectivo su derecho de convivencia con sus progenitores no custodios, el quejoso ha mostrado diversas conductas procesales en autos y promovido diversos recursos inconformándose con las mismas, situación que va en perjuicio de su descendiente R.S.C. para que mantenga relaciones personales con su progenitora.". En tales condiciones, analizadas las constancias que integran el presente juicio de amparo, es especial la audiencia de doce de mayo de dos mil veintidós que en lo relativo constituye el acto reclamado en estos juicios, se tiene que los conceptos de violación efectuados por la parte quejosa resultan infundados y carentes de razón para conceder la protección constitucional; pues el actuar de la autoridad responsable fue acorde a los lineamientos previstos para garantizar el interés superior de sus menores hijas. Lo anterior deviene, a que el Juez del procedimiento de ninguna manera privilegia el derecho de convivencia de los padres, sobre los derechos de las menores en convivir con sus progenitores; toda vez que, después de escuchar a dichos progenitores y al agente del Ministerio Público, llegó a la conclusión que una vez más que es evidente que los litigantes no tienen comunicación alguna, pues sólo se limitan a hacerse reclamos o reproches recíprocos; de ahí que el juez responsable considere que es evidente que están conflictuados y ello no les permite establecer acuerdos, lo que hizo constar la autoridad responsable y en base a ello, proveyó respecto de la convivencias con las menores de iniciales ****.; así como en relación con la pensión alimenticia solicitada por el ahora quejoso. Asimismo, reiteró que ante la falta de interés por parte de los progenitores para establecer acuerdos a fin de que sus hijas puedan convivir sana y responsablemente con cada uno de ellos, es necesario que el derecho de convivencia entre las menores involucradas con el progenitor o progenitora no custodia, se concrete de manera regular, siempre y cuando se verifique que el régimen de convivencia sea el adecuado y funcional de acuerdo a las circunstancias que imperan en el núcleo familiar en litigio, anteponiendo siempre la salud física y mental de las menores en conflicto. De igual manera, destacó que los progenitores, aquí quejoso y tercera interesada, presentan indicadores de inestabilidad familiar, conflictos personales, incluso de pareja, con problemas en la dinámica familiar de convivencia debido a la nula comunicación y a la actitud derivada de su separación, conducta que señala trasciende al desarrollo de las menores involucradas, pues trastoca un derecho fundamental de éstas, como es, el mantener relaciones personales con el progenitor o progenitora que no los tiene bajo su cuidado; por tanto, señaló que de modificar las convivencias establecidas en autos para que las menores de edad involucradas convivan con su progenitor o progenitora no custodia en un lugar diverso al supervisado (área de convivencia de este Tribunal), se corre el riesgo que ambos progenitores ante su falta de comunicación, indicadores de inestabilidad emocional, y conflictos personales obstaculice la convivencias de sus hijas tomándolas como rehenes en perjuicio de su contrario o contaría; de ahí que, ante el desacuerdo constante de los progenitores Liliana Denisse Castellanos Velasco y Luis Armando Santibáñez Villanueva, para suscribir un convenio y modificar el régimen de convivencias vigente en beneficio de sus hijas, el juez responsable con las facultades que la ley le confiere proveyó a efecto de que las niñas involucradas mantengan relaciones personales, primero, entre ellas como hermanas, y paralelamente, con el papá o mamá no custodia, considerando que, si bien es cierto, cada una de las infantes mantiene un vínculo afectivo arraigado y de apego dependiente con el progenitor o progenitora que ostenta su cuidado y que ambas menores en conflicto conservan el vínculo afectivo para con ambos padres, no obstante que por ahora la figura paterna o materna que no ejerce su cuidado no representa el grado de confiablidad natural en una relación parento-filial; sin embargo, eso no obsta para procurar un régimen eficaz y adecuado que permita restablecer las relaciones personales entre ellos brindándoles seguridad durante su desarrollo. Resaltó, que al no haberse realizado las valoraciones psicológicas de la menor R.S.C. y del quejoso ****, ni se cuenta con los avances de las terapias psicológicas ordenadas a los litigantes, lo que demuestra el desinterés de éstos para resolver lo concerniente al cuidado formal de sus hijas y que a su vez estas convivan con su diverso progenitor de manera libre en un lugar diverso al área de convivencia de este tribunal, a fin de evitar situaciones como las expuestas y brindar seguridad en las niñas y descartar cualquier señalamiento unilateral de los progenitores tendente a evitar la convivencia de la menor que tienen bajo su cuidado con el papá o mamá no custodia, consideró pertinente que las convivencias establecidas continúen llevándose a cabo en el área de convivencias anexa a los juzgados familiares, a fin de salvaguardar el interés superior de las menores ****., ello, a fin de que dichas infantas continúen conviviendo de manera regular con sus progenitores y una vez que se realicen valoraciones y terapias psicológicas respectivas eh base al resultado de las mismas, de ser pertinente las convivencias se incrementaran de forma gradual y progresiva con ambos progenitores. Por tanto, contrario a lo manifestado por el quejoso, el régimen de visitas y convivencias supervisadas con su menor hija ****, y de dicha menor con su hermana la menor ***garantiza el derecho de la niña de convivir con él y con su hermana; pues como se asentó con anterioridad, el quejoso y la tercera interesada, han impedido que las menores tengan el derecho de pasar tiempo con su progenitor no custodia y con ellas mismas. Es decir, si bien anteriormente se había decretado un régimen de convivencias físicas con la niña ****éstas nunca se lograron efectuar, por la conducta negativa de ambos padres. De ahí que, la ahora tercera interesada promoviera con anterioridad a la promoción de este juicio de amparo, el diverso juicio de amparo indirecto 757/2020, de la estadística de este órgano jurisdiccional, en el cual reclamó diversas violaciones al interés superior de su hija **** Por ello, en suplencia de la deficiencia de la queja en favor de las menores involucradas en el procedimiento de origen, se concedió la protección constitucional, para que el Juez responsable, decretara de manera inmediata un régimen de visitas que permitiera a las niñas ****., convivir entre ellas y con su progenitor no custodio. Sin embargo, dicha sentencia fue recurrida por ****; de ahí que la misma, a la emisión de la presente resolución, no ha causado ejecutoria. Asimismo, el hoy quejoso promovió los diversos juicios 555/2021 y 732/2021, en el primero reclamó: "a).- Ordenó la convivencia de su menor hija de iniciales ***., con su progenitora ****. b).- Lo apercibió con un arresto de cuatro horas, en caso de que, no cumpliera con entregar a su hija, para llevar a cabo esa convivencia. c).- Ordenó realizar valoraciones psicológicas tanto al quejoso como a sus menores hijas." Juicio en el que se sobreseyó por cambio de situación jurídica y que aun cuando fue recurrida por el quejoso, el Tribunal de Alzada modificó pero sobreseyó. En el segundo juicio 732/2021, el quejoso reclamó: "La audiencia familiar de once de junio de dos mil veintiuno, emitida en los autos del juicio familiar 164/2020, respecto a la convivencia supervisada que debe tener con su menor hija ***." Juicio en el que se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitada, sentencia que fue confirmada por el Tribunal de Alzada. Lo anterior demuestra, que el actuar del Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, ha sido el correcto para proteger el interés superior de las menores; al decretar las medidas necesarias e idóneas para que las niñas convivieran entre ellas y, a su vez con su progenitor no custodio. Aunado a ello, no está demostrado que la determinación reclamada genera en la menor un déficit en su desarrollo físico y emocional; por el contrario, de las actuaciones que integran el juicio de origen, se advierte que debido al distanciamiento ocasionado por la conducta de los padres, es necesario reformar los lazos afectivos entre las menores y de éstas con sus padres. Por tanto, contrariamente a lo manifestado por la parte quejosa, la determinación de la autoridad responsable, en decretar que las convivencias entre las menores ****., convivir entre ellas y con su progenitor no custodio, continúen llevándose a cabo en el área de convivencias anexa a estos juzgados familiares, pues como correctamente lo determinó el juez responsable a fin de salvaguardar el interés superior de las citadas menores, a efecto de que las mismas continúen conviviendo de manera regular con sus progenitores; de ahí que sea una decisión que genera la menor probabilidad de que las menores sufran daños, ocasionada por ruptura de su núcleo familiar, así como a las constancias negativas de los padres, en llegar a un acuerdo que permita el máximo bienestar físico y emocional de sus menores hijas, máxime que no han demostrado interés en tomar las terapias psicológicas respectivas; por lo cual, el juez responsable indicó que una vez que se realicen valoraciones y terapias psicológicas respectivas en base al resultado de las mismas, de ser pertinente las convivencias se incrementaran de forma gradual y progresiva con ambos progenitores. Resulta aplicable al caso, la tesis aislada 1a. CI/2016 (10a.), con número de registro 2011388, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1123, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. LA CONVIVENCIA PATERNO-FILIAL SUPERVISADA EN UN CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR, CONSTITUYE UNA MEDIDA ACORDE CON ESTE PRINCIPIO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). El Estado tiene el deber ineludible de dictar las medidas tendentes a proteger a los menores contra toda forma de perjuicio o maltrato, aun cuando sólo se manifieste como una posibilidad; así, en atención al interés superior del menor, es inadmisible esperar a que un menor sufra un perjuicio o un maltrato para aplicar esas medidas, no obstante, cuando deba hacerse a la luz de una controversia, éstas han de establecerse en función de cada caso concreto, según lo que resulte acorde con dicho interés. Una de estas medidas consiste en ordenar que la convivencia del menor con el progenitor -que no tiene la guarda y custodia- se realice en un Centro de Convivencia Familiar Supervisada, pues de esta forma se preserva su derecho a ser cuidado y educado por ambos progenitores, así como a mantener contacto directo con ellos, preservando las relaciones familiares; además, se satisface la obligación de protegerlo de manera preventiva contra toda forma de perjuicio o maltrato, pues de los artículos 1, 2, fracciones VI y XVII; 14, fracciones IV y VI; 22, 24, 25, 26, 27 y 29 del Reglamento que fija las bases de organización y funcionamiento del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Distrito Federal, deriva que entre las actividades sustantivas del Centro se encuentra la relativa a facilitar las convivencias paterno- filiales dentro de sus instalaciones, debiendo minimizar los riesgos de daños físicos o psicológicos de los miembros involucrados en las controversias familiares, coadyuvando al sano desarrollo emocional de los integrantes de la familia. Asimismo, se advierte que la convivencia familiar debe desarrollarse ante la presencia de una tercera persona independiente y neutra, así como realizar reportes de manera fidedigna e imparcial, además de que existe un sistema de circuito cerrado de televisión y se respeta la voluntad del menor." Entonces, conforme a la doctrina desarrollada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la convivencia de los menores con sus padres; existe un mayor riesgo de que la falta absoluta de contacto con alguno de los progenitores ocasione más daños a las niñas que los que pudieran derivar del cambio de la guarda y custodia. Además, a pesar de las determinaciones efectuadas por el Juez responsable, para que los padres permitieran la convivencia entre sus hijas y éstas con ellos, volvieron a reiterar conductas negativas de convivencia; lo cual, solo generó un perjuicio a las menores involucradas. De ahí que, al existir en actuaciones del juicio de origen diversos requerimientos, apercibimientos y órdenes para las convivencias familiares, ambos progenitores reusaron colaborar el uno con el otro; por tanto, la continuidad de las convivencias supervisadas, pues fue la única medida que puede garantizar que las convivencias decretadas en autos, se llevaran a cabo. De ahí que, por lo antes expuesto, este órgano de control constitucional comparte la determinación de la autoridad responsable, al establecer que la convivencia familiar se debe desarrollar ante la presencia de una tercera persona, independiente y neutra en el proceso familiar, así como realizar reportes de manera fidedigna e imparcial. Pues, como se ha mencionado anteriormente, al existir diferencias de convivencia entre el quejoso y la tercera interesada, se impide cumplir con el régimen de convivencias establecidas por la autoridad responsable; por tanto, el actuar de ésta, es acorde al derecho de convivencia que debe privilegiarse en las menores involucradas en el procedimiento de origen. Se cita por analogía, la jurisprudencia VI.2o.C. J/16 (10a.), con número de registro 2008896, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, página 1651, de rubro y texto siguiente: "VISITA Y CONVIVENCIA DE LOS MENORES CON SUS PROGENITORES. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL QUE TIENDE A PROTEGER EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS SIENDO, POR TANTO, DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Conforme a los artículos 635 y 636 del Código Civil para el Estado de Puebla, la convivencia de los menores con sus padres y con la familia de ambos, permite el sano desarrollo de aquéllos, pues conlleva al conocimiento y trato directo que tienen los infantes con sus ascendientes y demás parientes a fin de lograr su cabal integración al núcleo familiar y obtener identidad plena al grupo social al que pertenecen. En tal virtud, el desarrollo normal de un menor se produce en el entorno de éste y su armonía con la familia y grupo social al que pertenece, que le permite y otorga la posibilidad en atención a sus capacidades físicas y mentales, para su preparación a una vida independiente en sociedad, con la percepción de respeto en razón a los derechos que les asisten a los demás; lo cual se logra alcanzar cuando se garantizan sus derechos a la vida, integridad física y mental, salud, identidad, familia y fundamentalmente la convivencia con los padres, en tanto que ello no le resulte más perjudicial que benéfico. En esos términos, el artículo 637 de la aludida codificación categóricamente establece: "No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales ni la convivencia entre el menor y sus parientes, ni siquiera cuando la patria potestad o la guarda corresponda a uno de ellos, por lo que en caso de oposición a la solicitud de cualquiera de ellos o incumplimiento del convenio en que las partes hubieren fijado el tiempo, modo y lugar para que los ascendientes que no tengan la guarda del menor lo visiten y convivan con él, el Juez de lo familiar resolverá lo conducente, en atención al interés superior del menor. ...". Por ello el tribunal contará con los medios eficaces que considere necesarios para decretar la convivencia en el modo y forma que beneficie a los menores y en caso de incumplimiento parcial o total podrá decretar las medidas de apremio que concede la ley o dar vista al Ministerio Público si del comportamiento de quien deba permitir la convivencia se desprende algún delito; y que sólo por mandato judicial expreso y fundado en causa justa podrá impedirse, suspenderse o perderse el derecho de convivencia a que se refiere dicho dispositivo legal. Atento a lo cual, el derecho de visita y convivencia con sus progenitores, debe catalogarse como un derecho fundamental del menor porque es tendente a proteger su interés superior, siendo éste por tanto de orden público y de interés social, y sólo se impedirá esa convivencia con alguno de sus padres cuando se estime razonadamente que resultaría más perjudicial que benéfico al menor. Por lo que, ante tal situación, en aras de ese supremo derecho que tienen los niños a ser amados y respetados, sin condición alguna, por regla general sus progenitores deben ejercer tanto la guarda y custodia, como el derecho de visita y convivencia, en un ambiente de comprensión y respeto para con sus hijos, procurando en todo momento su pleno desarrollo físico y mental. Y, concatenadamente, la autoridad judicial se encuentra obligada a que los menores puedan gozar de ese máximo principio de convivir con ambos padres y las familias de éstos, para lo cual debe tomar las medidas necesarias a fin de proteger ese interés superior." Máxime, que el interés superior del menor implica entre otras cosas, tomar en cuenta aspectos relativos a garantizar y proteger el desarrollo y ejercicio pleno de los derechos de las menores, como criterios rectores para la elaboración de normas y aplicación en todos los órdenes relativos a la vida de las niñas, lo que se traduce en dar prioridad a sus derechos sobre los de cualquier otra persona. Por tanto, ese principio pone de manifiesto que en todo caso debe prevalecer la atención a la situación de los menores de edad; esto es, que siempre debe darse prioridad a los derechos de las niñas y sujetarse a lo que resulte más benéfico para ellas, como en el caso aconteció en la audiencia familiar, que fue materia de estudio de este expediente de amparo. De ahí que, este órgano de control constitucional, concuerda con el actuar de la responsable, en resguardar en todo momento el interés superior de las menores involucradas; pues el derecho de convivencia, es una institución fundamental del derecho familiar en México, que tiene como finalidad regular, promover, evaluar, preservar y, en su caso, mejorar o reencausar la convivencia en el grupo familiar respecto de menores y, por ello, se encuentra por encima de la voluntad de la persona a cuyo cargo se encuentre la custodia de las menores; lo anterior, por tratarse de un derecho humano principalmente dirigido a estas, aunque también favorezca indirectamente a sus ascendientes y a quienes conforman dicho grupo. Como sustento a lo anterior, se cita por identidad de criterio, la Jurisprudencia I.5o.C. J/32 (9a.), con número de registro 160075, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IX, Junio de 2012, de rubro y texto siguiente: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU CONCEPTO. Es una institución fundamental del derecho familiar en México, que tiene como finalidad regular, promover, evaluar, preservar y, en su caso, mejorar o reencausar la convivencia en el grupo familiar respecto de menores y, por ello, se encuentra por encima de la voluntad de la persona a cuyo cargo se encuentre la custodia del menor, por tratarse de un derecho humano principalmente dirigido a él, aunque también favorezca indirectamente a sus ascendientes y a quienes conforman dicho grupo." Además, en los artículos 5 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se prevé la existencia de la familia ampliada y en ella debe comprenderse al padre, la madre, los hermanos, los abuelos, etcétera. De igual manera, se establece que los menores tienen derecho a tener relaciones familiares; es decir, los sujetos titulares del derecho de convivir con los parientes no son estos últimos, sino las niñas, porque sólo de esta manera pueden existir situaciones o circunstancias que afiancen su desarrollo, dignidad y respeto a sus derechos, de modo que se garantice un entorno de seguridad, afecto y salud, que les permita realizarse como sujetos. Es aplicable al caso, en lo conducente y por las razones que expone, la Tesis Aislada CCCLXIX/2014 (10a.), con número de registro 2007797, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, de rubro y texto siguiente: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU CARACTERIZACIÓN COMO UN DERECHO-DEBER. La doctrina especializada caracteriza a las visitas y convivencias con los menores como un "derecho-deber". Dicha caracterización puede explicarse porque en realidad están en juego dos derechos. Por un lado, es incuestionable que los padres que no tienen o no comparten la guarda y custodia tienen el derecho de visitas y convivencias con sus hijos menores, en virtud de la patria potestad que ejercen sobre éstos. Con todo, el derecho de visitas y convivencias es primordialmente un derecho fundamental de los menores. En este sentido, el derecho de los menores impone un deber correlativo a cargo precisamente del padre no custodio. Así, desde esta perspectiva, los padres que no tienen ni comparten la guarda y custodia tienen un derecho a visitar y convivir con sus hijos pero tienen sobre todo el deber de hacerlo porque se los exige el derecho fundamental de los menores. De esta forma se explica por qué la doctrina especializada caracteriza a las visitas y convivencias con los menores como un "derecho-deber"." Por otra parte, en cuanto a la pensión alimenticia solicitada por el quejoso Luis Armando Santibañez Villanueva a favor de su hija***., a cargo de su progenitora Liliana Denisse Castellanos Velasco, al juez responsable, también fue correcta su negativa en el sentido de que tomando en consideración que del diálogo sostenido por dichos litigantes no hubo acuerdo para pactar lo conducente a ese derecho en favor de su hija ****pues como lo argumentó la responsable, aun cuando el aquí quejoso haya manifestado que la hoy tercera interesada Liliana Denisse Castellanos Velasco, cuenta con solvencia económica para proporcionar una pensión alimenticia a su hija ****., y que se corroboró con la constancia laboral exhibida por la propia tercera expedida a su favor por la Directora de Recursos Humanos de la empresa IXPIA Inteligencia Estratégica y Planeación de Seguridad Privada ****., la aquí tercera interesada manifestó ante la responsable bajo protesta de decir verdad, que el trabajo que desempeña es ocasional, dedicándose preponderantemente al cuidado de su hija M. ***., y que por ello no percibe recursos suficientes, además que con motivo de las convivencias que se desarrollan en el área de convivencias del juzgado responsable no le es posible tener un empleo estable; de ahí que, como lo considera el juez responsable no se encuentra acreditado en autos del juicio natural la solvencia económica de la aquí tercera interesada Liliana Denisse Castellanos; por lo cual, fue correcta su determinación en el sentido de que se mantenga únicamente la pensión alimenticia fijada en favor de la menor M.L.S.C., pues efectivamente a nada práctico conduciría fijar a cada uno de los progenitores una pensión alimenticia a favor de su menor hija no custodiada, considerando las circunstancias que imperan en el núcleo familiar. Lo que pone en evidencia, que el juez responsable actuó observando el principio del interés superior de la niñez contenido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, apartado 1 de la Convención Sobre los Derechos del Niño. Por las razones expuestas, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal. OCTAVO. Publicación de sentencia. Como las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, además en los artículos 73, 74, 75, 76, 79, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a ****, por sí y en representación de sus menores hijas ****., respecto de la autoridad responsable y acto precisado en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
(NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA TODA VEZ QUE NO SE PRESENTÓ EN EL JUZGADO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, NI SUS AUTORIZADOS, A PESAR DEL AVISO JUDICIAL QUE SE LES DEJÓ CON ANTERIORIDAD).. VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 637/2022, promovido por ****por sí y en representación de sus menores hijas ****, y su acumulado 638/2022, que promovió ****, por sí y en representación de su menor hija R****.; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el dos de junio de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, y turnado a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta localidad al día siguiente ****, por sí y en representación de sus menores hijas ****., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistente en la audiencia de doce de mayo de dos mil veintidós, en la que estableció como medida precautoria, la convivencia supervisada de la menor M.L.S.C., en el área de convivencias anexa a los Juzgados Familiares con el quejoso durante los días establecidos en diversa audiencia familiar de once de junio de dos mil veintiuno; así como también, permitir la convivencia de la menor R. S. C. sin valorar las pruebas que acreditan violencia ejercida por su progenitora, dictada en el juicio familiar 164/2020. Actos que estimó violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En auto de nueve de junio de dos mil veintidós, previo cumplimiento del requerimiento que se hizo a la parte quejosa admitió la demanda, registrada bajo el número 637/2022; se solicitó el informe justificado; se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada Liliana Denisse Castellanos Velasco, mismo que se llevó a cabo el dieciséis de junio del año en curso. TERCERO Juicio de amparo acumulado (638/2022). Mediante escrito presentado el dos de junio de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, y turnado a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta localidad al día siguiente ****, por sí y en representación de su menor hija ***., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistente en la audiencia de doce de mayo de dos mil veintidós, en la que negó la pensión alimenticia solicitada por el quejoso en favor de su menor hija ***, dejando subsistente únicamente la pensión alimenticia en favor de la menor M.L.S.C., en el juicio 164/2020. Actos que estimó violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. Trámite de la demanda de amparo. En auto de nueve de junio de dos mil veintidós, previo cumplimiento del requerimiento que se hizo a la parte quejosa admitió la demanda, registrada bajo el número 637/2022; se solicitó el informe justificado; se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada Liliana Denisse Castellanos Velasco, mismo que se llevó a cabo el diecisiete de junio del año en curso. QUINTO. Trámite correspondiente a las acumulaciones de los juicios demandas de amparo. En auto de siete de julio de dos mil veintidós, se tuvo por acumulado a este juicio, el juicio 638/2022 del índice de este juzgado y, en dicho auto, previos diversos diferimientos, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en este municipio, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo a que este expediente se refiere, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 23/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; así como a la distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en la entidad federativa y residencia indicados y en virtud que se promueve contra un acto en materia civil, emitido por una autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde este juzgado, ejerce competencia. SEGUNDO. Oportunidad en la presentación de la demanda. El doce de mayo de dos mil veintidós, tuvo conocimiento el quejoso Armando Santibáñez Villanueva, de la resolución reclamada, pues estuvo presente en la audiencia familiar respectiva. Por tanto, el plazo de quince días que prevé el párrafo primero, del artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover la demanda transcurrió del dieciséis de mayo de dos mil veintidós al tres de junio siguiente; descontándose los sábados y domingos, por ser inhábiles, de conformidad con lo prescrito en el artículo 19, del citado ordenamiento legal. En consecuencia, si las demandas de amparo se presentaron el dos de junio de este año, es evidente que fueron oportunas. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la parte quejosa reclama lo siguiente en sus demandas que dieron origen a los juicios 637/2022 y su acumulado 638/2022: La audiencia familiar de doce de mayo de dos mil veintidós, emitida en los autos del juicio familiar 164/2020, respecto a la convivencia supervisada que debe tener con sus menores hijas ****.. y la pensión alimenticia que solicitó a favor de su menor hija **** CUARTO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, al momento de rendir su informe justificado, aceptó la existencia de los actos reclamados.Además, remitió como anexo a su informe, copias certificadas de diversas actuaciones que integran el expediente familiar 164/2020 de su estadística, mismas que adquieren pleno valor probatorio en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2º. En consecuencia, ante las propias manifestaciones de la autoridad responsable, así como de las constancias que remitió para dar legalidad a sus actuaciones, se tiene por ciertos el acto reclamado por la parte quejosa.Apoya a lo anterior, la tesis jurisprudencial XVII.2º. J/10 del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número setenta y seis, Abril de 1994, Octava Época, página sesenta y ocho, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". QUINTO. Causa de improcedencia. Una vez que se efectuó el análisis de las constancias que integran el presente expediente, no se encontró causa de improcedencia que pueda revisarse de oficio, o que las partes hayan hecho valer conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Por tanto, se procederá con el estudio constitucional de este expediente. SEXTO. Conceptos de violación La parte quejosa expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales deben tenerse por reproducidos sin que sea necesaria su trascripción, dado que tal circunstancia no la deja en estado de indefensión, pues ello no incide en el cumplimiento de los principios de exhaustividad y congruencia en el dictado de las sentencias, aunado a que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que obligue a actuar en tal sentido. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, con registro digital 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SÉPTIMO. Estudio. Previo a abordar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa en sus demandas de amparo, conviene realizar una reseña de los antecedentes del acto reclamado. Ahora se transcriben los antecedentes que expone el juez responsable, mismos que fueron corroborados en las constancias que remitió y que fueron valorados en líneas precedentes: ".Por auto de fecha cinco de mayo de dos mil veinte, se dictó auto de inicio en donde se ordenó emplazar al demandado, se admitieron pruebas, se fijó por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de los infantes. Así también a se decretó la guarda y custodia provisional de la menor de edad **** a favor de su progenitora y en cuanto a la custodia de la infante ****., se señaló hora y fecha para una audiencia de carácter familiar en la que previo diálogo con ambos progenitores se proveería lo conducente en cuanto a la custodia de su descendiente. En audiencia familiar de fecha catorce de mayo de dos mil veinte, los litigantes suscribieron un convenio en el que pactaron la custodia provisional de sus hijas ****. a favor de su progenitora, así como un régimen de convivencias con su progenitor no custodio. Convivencia que se suspendió el diez de agosto del año dos mil veinte, ante las manifestaciones vertidas por el progenitor, a fin de evitar poner en riesgo la salud de las niñas involucradas, hasta en tanto las autoridades federales y locales indicarán que se había disminuido el riesgo de contagios de la enfermedad Covid 19, sin embargo, a efecto de no perder el vínculo afectivo de padre e hija, se modificó el régimen de convivencias pactado para el único efecto que las convivencias se verificarán a través de llamadas ordinarias, videollamadas o cualquier otro medio de comunicación. Posteriormente, ante las diversas manifestaciones vertidas en autos por las partes y en particular la petición de ****, y su solicitud de modificar la guarda y custodia de sus hijas ****se señaló fecha y hora, para una audiencia familiar en la que se escucharía a la infante R.S.C. y como resultado de la misma se modificó su custodia provisional para que ahora fuera su progenitor quien la tendrá bajo su cuidado, estableciendo desde luego un régimen de convivencias con su progenitora, manteniendo intacto lo relativo al custodia de la menor de edad ****., y las convivencias con su progenitor ****. Durante la cadena procesal, el suscrito derivado de las conductas procesales mostradas en autos por los ciudadanos Liliana Denisse Castellanos Velasco y Luis Armando Santibañez Villanueva para permitir la convivencia de sus descendientes con su diverso progenitor no custodio, en auto de fecha veintiséis de abril de dos mil veintiuno y en base a los argumentos y fundamentos emitidos, se cambió el lugar de entrega-recepción de la infante R****., con su respectivo progenitor no custodio, en los horarios y fechas establecidos en autos. Sin embargo, ante la imposibilidad de la Procuraduría para la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIF), para verificar la entrega recepción de dichas infantas y ante las conductas procesales mostradas por los litigantes en autos, esta autoridad velando por el interés superior de las menores de edad ***., a fin de materializar las convivencias entre ellas y sus respectivos progenitores no custodios, señaló fecha y hora para una audiencia familiar, dando oportunidad a las partes de dialogar sobre ese derecho que asiste a sus hijas y establecer un régimen de convivencias entre las niñas involucradas ****., que no colisionen con las convivencias establecidas en autos con sus progenitores no custodios, se apercibió a los progenitores que de no concretar acuerdos en relación a ese derecho de sus hijas, surgió la necesidad de que esta autoridad en ejercicio de las facultades conferidas al juez familiar, pronunciara las determinaciones conducentes en aras de colmar los satisfactores indispensables para el sano desarrollo de las niñas involucradas, como lo es la convivencia entre s de manera regular. Sin embargo, en audiencia familiar de once de junio de dos mil veintiuno, los litigantes no lograron generar un acuerdo tendiente a establecer un régimen de convivencias entre las niñas involucradas ****. para que convivan como hermanas; así como para establecer un lugar en que dichas infantas habrán de ser entregadas para que convivan entre ellas como con ambos progenitores de acuerdo a las convivencias establecidas en autos, atendiendo a que las niñas en "conflicto al estar separadas no les es posible convivir entre ellas como hermanas; así como para establecer un lugar en que dichas infantas habrán de ser entregadas para que convivan entre ellas como con ambos progenitores de acuerdo a las convivencias establecidas en autos, atendiendo a que las niñas en conflicto al estar separadas no les es posible convivir entre ellas como hermanas, así como para restablecer la relación paterno-filial, en correspondencia a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo 757/2021 promovido por ****y la suspensión definitiva concedida, el suscrito determinó como régimen de convivencia el siguiente: Las menores ****., convivirán entre ella y con sus respectivos progenitores los días lunes, martes, miércoles y jueves de cada semana en un horario de trece a quince horas, en el área de convivencias de este Tribunal ubicada en el edificio de los Juzgados Civiles y Familiares del Centro, simultáneamente, en cuanto a la convivencia con los ascendientes, se precisa que en primer lugar los días lunes y miércoles convivirá el señor Luis Armando Santibañez Villanueva con sus hijas en dicho lugar, por un espacio de dos horas a partir de las trece horas, desde luego sin presencia de la progenitora. Posteriormente los días martes y jueves convivirá la ciudadana Liliana Denisse Castellanos Velasco con sus hijas en el mismo lugar, por un espacio de dos horas a partir de las trece horas, desde luego sin presencia del progenitor, cada uno de los progenitores, Liliana Denisse Castellanos Velasco y Luis Armando Santibañez Villanueva, queda obligados a presentar a su hija que tienen bajo su custodia en el lugar antes mencionado, en los días y horarios establecidos. Una vez que el progenitor custodio respectivo presente a su hija, el día a que no corresponda convivencia, tendrá que abandonar la misma donde se encuentren sus descendientes, para que convivan con el diverso progenitor y así sucesivamente. Así mismo, para el caso de que ambos progenitores no puedan presentar a sus hija en los horarios establecidos, lo pueden hacer a través de una persona de su entera confianza ejemplo (abuelos), además para el caso de que las niñas en conflicto, se encuentren enfermas los días que corresponda a la convivencia, es indudable que al considerarse el derecho de convivencia como satisfactor fundamental para el sano desarrollo de las menores involucrados, de concretarse puntualmente para el sano desarrollo de las menores involucrados, dee (sic) concretarse puntualmente, sin que esté supeditado el ejercicio de ese derecho a capricho o voluntad de quien ejerza el cuidados de las menores, de donde, el hecho de que las niñas en litigio estén enfermas los días de convivencia no implica que se le prive del derecho de convivir con su respectivo progenitor, en su, caso, ambos progenitores deberán comunicar de manera explícita dicha situación al progenitor no custodio para tomar las providencias necesarias, ya que por efecto, de la patria potestad que detentan sobre sus menores hijas tiene el derecho y obligación de atender ese deber de protección de sus descendientes favoreciendo el pleno desarrollo de sus potencialidades, asimismo, dichos progenitores custodios deberán justificar fehacientemente tal situación ante esta autoridad; desde luego, salvo aquéllos casos en que por su gravedad, la situación no lo permita. Además, ante lo advertido por esta autoridad que los litigantes continúan teniendo dificultades para dialogar de manera responsable y respetuosa para tomar acuerdos encaminados a procurar el bienestar y sano desarrollo de sus hijas, atentando con ello al interés superior de éstas; con el ánimo de reencausar y reforzar los lazos afectivos entre los integrantes del núcleo familiar, se ordenó nuevamente canalizarlos a ellos y sus hijas M.L.S.C. y R.S.C. a recibir terapia psicológica, mismas que ahora serían de forma presencial y no vía remota (videollamadas) como anteriormente se realizaron con motivo de la contigencia (sic) sanitaria por la enfermedad de Covid 19. Dicha determinación se emitió buscando el beneficio directo de las niñas involucradas a mantener relaciones personales con ambos progenitores, pues debe recordarse que efectivamente, los menores de edad tienen ese derecho fundamental de convivencia, de acuerdo con el artículo 9, apartado 3 de la Convención sobre los Derechos del Nio (sic), según el cual, los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones pesonales (sic) y contacto directo con ellos de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. De acuerdo con el contenido de esa norma, puede establecerse que para el ejercicio de ese derecho sea efectivo, resulta necesario que la convivencia sea con cierta regularidad, por ejemplo en ciertos días de la semana, en que las sepan que podrán convivir como hermanas y con su diverso progenitor, ya que de las constancias de autos no se evidenció que ambos progenitores hicieran lo posible por que la hija que tienen bajo su custodia conviviera con su hermana y diverso padre a pesar de los requerimientos efectuados. Mediante diligencia de fecha doce de mayo de dos mil veintidós, y al haber dialogado con ambas partes procesales, quienes expresaron cada uno sus posturas ante el presente juicio, y tomando en consideración a lo solicitado por la Agente del Ministerio Público asdcrita (sic), en observancia de que los litigantes evidencian nula comunicación, límitandose (sic) a hacerse recíprocos reclamos o s reproches, evidenciando que están conflictuados y eso no les permite establecer acuerdos, así también que de autos se advertía que las partes procesales no obraban las valoraciones psicológicas de la infante R.S.C. y el ahora quejoso ****, o se contaban con los avances de las terapias psicológicas ordenadas en autos a los litigantes, evidenciando con ello su falta de interés de resolver lo concerniente al cuidado formal de sus hijas; es por ello que esta autoridad en ejercicio de la facultad discrecional conferida, consideró pertinente que las convivencias establecidas, continuaran llévandose (sic) a cabo en el área de convivencias anexa a estos juzgados familiares, a fin de salvaguardar el interés superior de las menores de edad ****ello a fin de que las infantes continuaran conviviendo de manera regular con sus progenitores y una vez que se reaicen (sic) las valoraciones y terapias psicológicas respectivas, en base al resultado de las mismas, de ser pertinente las convivencias se incrementarn (sic) de forma gradual y progresiva de ambos progenitores. En las relatadas consideraciones deviene cierto el acto reclamado por el ahí quejoso, en el sentido de que esta autoridad ante la constante falta de acuerdo entre los litigantes y las conductas procesales que han mostrado para no permitir la convivencia de sus hijas que tienen bajo custodia con el diverso progenitor no custodio, en audiencia familiar de fecha once de junio de dos mil veintiuno, el suscrito determinó establecer un régimen de convivencias entre hermanas, así las cuales se realizarían en el área de convivencias de este Tribunal ubicada en el edificio de los Juzgados Civiles y Familiares del Centro; pues dicha determinación se emitió buscando el beneficio directo de las niñas involucradas a mantener.. relaciones personales con progenitores, derecho fundamental de convivencia, establecido en el artículo 9, apartado 3, de la Convención sobre los Derechos del Niño, vinculado desde luego a la suspensión definitiva y amparo concedido a la Ciudadana Liliana Denisse Castellanos Velasco en el juicio de amparo número 757/2021 de ese mismo Juzgado Cuarto de Distrito. No pasa desapercibido para esta autoridad que aun cuando se han dictado diversas determinaciones, a fin dé que las niñas en conflicto hagan efectivo su derecho de convivencia con sus progenitores no custodios, el quejoso ha mostrado diversas conductas procesales en autos y promovido diversos recursos inconformándose con las mismas, situación que va en perjuicio de su descendiente R.S.C. para que mantenga relaciones personales con su progenitora.". En tales condiciones, analizadas las constancias que integran el presente juicio de amparo, es especial la audiencia de doce de mayo de dos mil veintidós que en lo relativo constituye el acto reclamado en estos juicios, se tiene que los conceptos de violación efectuados por la parte quejosa resultan infundados y carentes de razón para conceder la protección constitucional; pues el actuar de la autoridad responsable fue acorde a los lineamientos previstos para garantizar el interés superior de sus menores hijas. Lo anterior deviene, a que el Juez del procedimiento de ninguna manera privilegia el derecho de convivencia de los padres, sobre los derechos de las menores en convivir con sus progenitores; toda vez que, después de escuchar a dichos progenitores y al agente del Ministerio Público, llegó a la conclusión que una vez más que es evidente que los litigantes no tienen comunicación alguna, pues sólo se limitan a hacerse reclamos o reproches recíprocos; de ahí que el juez responsable considere que es evidente que están conflictuados y ello no les permite establecer acuerdos, lo que hizo constar la autoridad responsable y en base a ello, proveyó respecto de la convivencias con las menores de iniciales ****.; así como en relación con la pensión alimenticia solicitada por el ahora quejoso. Asimismo, reiteró que ante la falta de interés por parte de los progenitores para establecer acuerdos a fin de que sus hijas puedan convivir sana y responsablemente con cada uno de ellos, es necesario que el derecho de convivencia entre las menores involucradas con el progenitor o progenitora no custodia, se concrete de manera regular, siempre y cuando se verifique que el régimen de convivencia sea el adecuado y funcional de acuerdo a las circunstancias que imperan en el núcleo familiar en litigio, anteponiendo siempre la salud física y mental de las menores en conflicto. De igual manera, destacó que los progenitores, aquí quejoso y tercera interesada, presentan indicadores de inestabilidad familiar, conflictos personales, incluso de pareja, con problemas en la dinámica familiar de convivencia debido a la nula comunicación y a la actitud derivada de su separación, conducta que señala trasciende al desarrollo de las menores involucradas, pues trastoca un derecho fundamental de éstas, como es, el mantener relaciones personales con el progenitor o progenitora que no los tiene bajo su cuidado; por tanto, señaló que de modificar las convivencias establecidas en autos para que las menores de edad involucradas convivan con su progenitor o progenitora no custodia en un lugar diverso al supervisado (área de convivencia de este Tribunal), se corre el riesgo que ambos progenitores ante su falta de comunicación, indicadores de inestabilidad emocional, y conflictos personales obstaculice la convivencias de sus hijas tomándolas como rehenes en perjuicio de su contrario o contaría; de ahí que, ante el desacuerdo constante de los progenitores Liliana Denisse Castellanos Velasco y Luis Armando Santibáñez Villanueva, para suscribir un convenio y modificar el régimen de convivencias vigente en beneficio de sus hijas, el juez responsable con las facultades que la ley le confiere proveyó a efecto de que las niñas involucradas mantengan relaciones personales, primero, entre ellas como hermanas, y paralelamente, con el papá o mamá no custodia, considerando que, si bien es cierto, cada una de las infantes mantiene un vínculo afectivo arraigado y de apego dependiente con el progenitor o progenitora que ostenta su cuidado y que ambas menores en conflicto conservan el vínculo afectivo para con ambos padres, no obstante que por ahora la figura paterna o materna que no ejerce su cuidado no representa el grado de confiablidad natural en una relación parento-filial; sin embargo, eso no obsta para procurar un régimen eficaz y adecuado que permita restablecer las relaciones personales entre ellos brindándoles seguridad durante su desarrollo. Resaltó, que al no haberse realizado las valoraciones psicológicas de la menor R.S.C. y del quejoso ****, ni se cuenta con los avances de las terapias psicológicas ordenadas a los litigantes, lo que demuestra el desinterés de éstos para resolver lo concerniente al cuidado formal de sus hijas y que a su vez estas convivan con su diverso progenitor de manera libre en un lugar diverso al área de convivencia de este tribunal, a fin de evitar situaciones como las expuestas y brindar seguridad en las niñas y descartar cualquier señalamiento unilateral de los progenitores tendente a evitar la convivencia de la menor que tienen bajo su cuidado con el papá o mamá no custodia, consideró pertinente que las convivencias establecidas continúen llevándose a cabo en el área de convivencias anexa a los juzgados familiares, a fin de salvaguardar el interés superior de las menores ****., ello, a fin de que dichas infantas continúen conviviendo de manera regular con sus progenitores y una vez que se realicen valoraciones y terapias psicológicas respectivas eh base al resultado de las mismas, de ser pertinente las convivencias se incrementaran de forma gradual y progresiva con ambos progenitores. Por tanto, contrario a lo manifestado por el quejoso, el régimen de visitas y convivencias supervisadas con su menor hija ****, y de dicha menor con su hermana la menor ***garantiza el derecho de la niña de convivir con él y con su hermana; pues como se asentó con anterioridad, el quejoso y la tercera interesada, han impedido que las menores tengan el derecho de pasar tiempo con su progenitor no custodia y con ellas mismas. Es decir, si bien anteriormente se había decretado un régimen de convivencias físicas con la niña ****éstas nunca se lograron efectuar, por la conducta negativa de ambos padres. De ahí que, la ahora tercera interesada promoviera con anterioridad a la promoción de este juicio de amparo, el diverso juicio de amparo indirecto 757/2020, de la estadística de este órgano jurisdiccional, en el cual reclamó diversas violaciones al interés superior de su hija **** Por ello, en suplencia de la deficiencia de la queja en favor de las menores involucradas en el procedimiento de origen, se concedió la protección constitucional, para que el Juez responsable, decretara de manera inmediata un régimen de visitas que permitiera a las niñas ****., convivir entre ellas y con su progenitor no custodio. Sin embargo, dicha sentencia fue recurrida por ****; de ahí que la misma, a la emisión de la presente resolución, no ha causado ejecutoria. Asimismo, el hoy quejoso promovió los diversos juicios 555/2021 y 732/2021, en el primero reclamó: "a).- Ordenó la convivencia de su menor hija de iniciales ***., con su progenitora ****. b).- Lo apercibió con un arresto de cuatro horas, en caso de que, no cumpliera con entregar a su hija, para llevar a cabo esa convivencia. c).- Ordenó realizar valoraciones psicológicas tanto al quejoso como a sus menores hijas."Juicio en el que se sobreseyó por cambio de situación jurídica y que aun cuando fue recurrida por el quejoso, el Tribunal de Alzada modificó pero sobreseyó.En el segundo juicio 732/2021, el quejoso reclamó: "La audiencia familiar de once de junio de dos mil veintiuno, emitida en los autos del juicio familiar 164/2020, respecto a la convivencia supervisada que debe tener con su menor hija ***." Juicio en el que se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitada, sentencia que fue confirmada por el Tribunal de Alzada. Lo anterior demuestra, que el actuar del Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, ha sido el correcto para proteger el interés superior de las menores; al decretar las medidas necesarias e idóneas para que las niñas convivieran entre ellas y, a su vez con su progenitor no custodio. Aunado a ello, no está demostrado que la determinación reclamada genera en la menor un déficit en su desarrollo físico y emocional; por el contrario, de las actuaciones que integran el juicio de origen, se advierte que debido al distanciamiento ocasionado por la conducta de los padres, es necesario reformar los lazos afectivos entre las menores y de éstas con sus padres. Por tanto, contrariamente a lo manifestado por la parte quejosa, la determinación de la autoridad responsable, en decretar que las convivencias entre las menores ****., convivir entre ellas y con su progenitor no custodio, continúen llevándose a cabo en el área de convivencias anexa a estos juzgados familiares, pues como correctamente lo determinó el juez responsable a fin de salvaguardar el interés superior de las citadas menores, a efecto de que las mismas continúen conviviendo de manera regular con sus progenitores; de ahí que sea una decisión que genera la menor probabilidad de que las menores sufran daños, ocasionada por ruptura de su núcleo familiar, así como a las constancias negativas de los padres, en llegar a un acuerdo que permita el máximo bienestar físico y emocional de sus menores hijas, máxime que no han demostrado interés en tomar las terapias psicológicas respectivas; por lo cual, el juez responsable indicó que una vez que se realicen valoraciones y terapias psicológicas respectivas en base al resultado de las mismas, de ser pertinente las convivencias se incrementaran de forma gradual y progresiva con ambos progenitores. Resulta aplicable al caso, la tesis aislada 1a. CI/2016 (10a.), con número de registro 2011388, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1123, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. LA CONVIVENCIA PATERNO-FILIAL SUPERVISADA EN UN CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR, CONSTITUYE UNA MEDIDA ACORDE CON ESTE PRINCIPIO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). El Estado tiene el deber ineludible de dictar las medidas tendentes a proteger a los menores contra toda forma de perjuicio o maltrato, aun cuando sólo se manifieste como una posibilidad; así, en atención al interés superior del menor, es inadmisible esperar a que un menor sufra un perjuicio o un maltrato para aplicar esas medidas, no obstante, cuando deba hacerse a la luz de una controversia, éstas han de establecerse en función de cada caso concreto, según lo que resulte acorde con dicho interés. Una de estas medidas consiste en ordenar que la convivencia del menor con el progenitor -que no tiene la guarda y custodia- se realice en un Centro de Convivencia Familiar Supervisada, pues de esta forma se preserva su derecho a ser cuidado y educado por ambos progenitores, así como a mantener contacto directo con ellos, preservando las relaciones familiares; además, se satisface la obligación de protegerlo de manera preventiva contra toda forma de perjuicio o maltrato, pues de los artículos 1, 2, fracciones VI y XVII; 14, fracciones IV y VI; 22, 24, 25, 26, 27 y 29 del Reglamento que fija las bases de organización y funcionamiento del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Distrito Federal, deriva que entre las actividades sustantivas del Centro se encuentra la relativa a facilitar las convivencias paterno- filiales dentro de sus instalaciones, debiendo minimizar los riesgos de daños físicos o psicológicos de los miembros involucrados en las controversias familiares, coadyuvando al sano desarrollo emocional de los integrantes de la familia. Asimismo, se advierte que la convivencia familiar debe desarrollarse ante la presencia de una tercera persona independiente y neutra, así como realizar reportes de manera fidedigna e imparcial, además de que existe un sistema de circuito cerrado de televisión y se respeta la voluntad del menor." Entonces, conforme a la doctrina desarrollada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la convivencia de los menores con sus padres; existe un mayor riesgo de que la falta absoluta de contacto con alguno de los progenitores ocasione más daños a las niñas que los que pudieran derivar del cambio de la guarda y custodia. Además, a pesar de las determinaciones efectuadas por el Juez responsable, para que los padres permitieran la convivencia entre sus hijas y éstas con ellos, volvieron a reiterar conductas negativas de convivencia; lo cual, solo generó un perjuicio a las menores involucradas. De ahí que, al existir en actuaciones del juicio de origen diversos requerimientos, apercibimientos y órdenes para las convivencias familiares, ambos progenitores reusaron colaborar el uno con el otro; por tanto, la continuidad de las convivencias supervisadas, pues fue la única medida que puede garantizar que las convivencias decretadas en autos, se llevaran a cabo. De ahí que, por lo antes expuesto, este órgano de control constitucional comparte la determinación de la autoridad responsable, al establecer que la convivencia familiar se debe desarrollar ante la presencia de una tercera persona, independiente y neutra en el proceso familiar, así como realizar reportes de manera fidedigna e imparcial. Pues, como se ha mencionado anteriormente, al existir diferencias de convivencia entre el quejoso y la tercera interesada, se impide cumplir con el régimen de convivencias establecidas por la autoridad responsable; por tanto, el actuar de ésta, es acorde al derecho de convivencia que debe privilegiarse en las menores involucradas en el procedimiento de origen. Se cita por analogía, la jurisprudencia VI.2o.C. J/16 (10a.), con número de registro 2008896, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, página 1651, de rubro y texto siguiente: "VISITA Y CONVIVENCIA DE LOS MENORES CON SUS PROGENITORES. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL QUE TIENDE A PROTEGER EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS SIENDO, POR TANTO, DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Conforme a los artículos 635 y 636 del Código Civil para el Estado de Puebla, la convivencia de los menores con sus padres y con la familia de ambos, permite el sano desarrollo de aquéllos, pues conlleva al conocimiento y trato directo que tienen los infantes con sus ascendientes y demás parientes a fin de lograr su cabal integración al núcleo familiar y obtener identidad plena al grupo social al que pertenecen. En tal virtud, el desarrollo normal de un menor se produce en el entorno de éste y su armonía con la familia y grupo social al que pertenece, que le permite y otorga la posibilidad en atención a sus capacidades físicas y mentales, para su preparación a una vida independiente en sociedad, con la percepción de respeto en razón a los derechos que les asisten a los demás; lo cual se logra alcanzar cuando se garantizan sus derechos a la vida, integridad física y mental, salud, identidad, familia y fundamentalmente la convivencia con los padres, en tanto que ello no le resulte más perjudicial que benéfico. En esos términos, el artículo 637 de la aludida codificación categóricamente establece: "No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales ni la convivencia entre el menor y sus parientes, ni siquiera cuando la patria potestad o la guarda corresponda a uno de ellos, por lo que en caso de oposición a la solicitud de cualquiera de ellos o incumplimiento del convenio en que las partes hubieren fijado el tiempo, modo y lugar para que los ascendientes que no tengan la guarda del menor lo visiten y convivan con él, el Juez de lo familiar resolverá lo conducente, en atención al interés superior del menor. ...". Por ello el tribunal contará con los medios eficaces que considere necesarios para decretar la convivencia en el modo y forma que beneficie a los menores y en caso de incumplimiento parcial o total podrá decretar las medidas de apremio que concede la ley o dar vista al Ministerio Público si del comportamiento de quien deba permitir la convivencia se desprende algún delito; y que sólo por mandato judicial expreso y fundado en causa justa podrá impedirse, suspenderse o perderse el derecho de convivencia a que se refiere dicho dispositivo legal. Atento a lo cual, el derecho de visita y convivencia con sus progenitores, debe catalogarse como un derecho fundamental del menor porque es tendente a proteger su interés superior, siendo éste por tanto de orden público y de interés social, y sólo se impedirá esa convivencia con alguno de sus padres cuando se estime razonadamente que resultaría más perjudicial que benéfico al menor. Por lo que, ante tal situación, en aras de ese supremo derecho que tienen los niños a ser amados y respetados, sin condición alguna, por regla general sus progenitores deben ejercer tanto la guarda y custodia, como el derecho de visita y convivencia, en un ambiente de comprensión y respeto para con sus hijos, procurando en todo momento su pleno desarrollo físico y mental. Y, concatenadamente, la autoridad judicial se encuentra obligada a que los menores puedan gozar de ese máximo principio de convivir con ambos padres y las familias de éstos, para lo cual debe tomar las medidas necesarias a fin de proteger ese interés superior." Máxime, que el interés superior del menor implica entre otras cosas, tomar en cuenta aspectos relativos a garantizar y proteger el desarrollo y ejercicio pleno de los derechos de las menores, como criterios rectores para la elaboración de normas y aplicación en todos los órdenes relativos a la vida de las niñas, lo que se traduce en dar prioridad a sus derechos sobre los de cualquier otra persona. Por tanto, ese principio pone de manifiesto que en todo caso debe prevalecer la atención a la situación de los menores de edad; esto es, que siempre debe darse prioridad a los derechos de las niñas y sujetarse a lo que resulte más benéfico para ellas, como en el caso aconteció en la audiencia familiar, que fue materia de estudio de este expediente de amparo. De ahí que, este órgano de control constitucional, concuerda con el actuar de la responsable, en resguardar en todo momento el interés superior de las menores involucradas; pues el derecho de convivencia, es una institución fundamental del derecho familiar en México, que tiene como finalidad regular, promover, evaluar, preservar y, en su caso, mejorar o reencausar la convivencia en el grupo familiar respecto de menores y, por ello, se encuentra por encima de la voluntad de la persona a cuyo cargo se encuentre la custodia de las menores; lo anterior, por tratarse de un derecho humano principalmente dirigido a estas, aunque también favorezca indirectamente a sus ascendientes y a quienes conforman dicho grupo. Como sustento a lo anterior, se cita por identidad de criterio, la Jurisprudencia I.5o.C. J/32 (9a.), con número de registro 160075, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IX, Junio de 2012, de rubro y texto siguiente: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU CONCEPTO. Es una institución fundamental del derecho familiar en México, que tiene como finalidad regular, promover, evaluar, preservar y, en su caso, mejorar o reencausar la convivencia en el grupo familiar respecto de menores y, por ello, se encuentra por encima de la voluntad de la persona a cuyo cargo se encuentre la custodia del menor, por tratarse de un derecho humano principalmente dirigido a él, aunque también favorezca indirectamente a sus ascendientes y a quienes conforman dicho grupo." Además, en los artículos 5 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se prevé la existencia de la familia ampliada y en ella debe comprenderse al padre, la madre, los hermanos, los abuelos, etcétera. De igual manera, se establece que los menores tienen derecho a tener relaciones familiares; es decir, los sujetos titulares del derecho de convivir con los parientes no son estos últimos, sino las niñas, porque sólo de esta manera pueden existir situaciones o circunstancias que afiancen su desarrollo, dignidad y respeto a sus derechos, de modo que se garantice un entorno de seguridad, afecto y salud, que les permita realizarse como sujetos. Es aplicable al caso, en lo conducente y por las razones que expone, la Tesis Aislada CCCLXIX/2014 (10a.), con número de registro 2007797, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, de rubro y texto siguiente: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU CARACTERIZACIÓN COMO UN DERECHO-DEBER. La doctrina especializada caracteriza a las visitas y convivencias con los menores como un "derecho-deber". Dicha caracterización puede explicarse porque en realidad están en juego dos derechos. Por un lado, es incuestionable que los padres que no tienen o no comparten la guarda y custodia tienen el derecho de visitas y convivencias con sus hijos menores, en virtud de la patria potestad que ejercen sobre éstos. Con todo, el derecho de visitas y convivencias es primordialmente un derecho fundamental de los menores. En este sentido, el derecho de los menores impone un deber correlativo a cargo precisamente del padre no custodio. Así, desde esta perspectiva, los padres que no tienen ni comparten la guarda y custodia tienen un derecho a visitar y convivir con sus hijos pero tienen sobre todo el deber de hacerlo porque se los exige el derecho fundamental de los menores. De esta forma se explica por qué la doctrina especializada caracteriza a las visitas y convivencias con los menores como un "derecho-deber"." Por otra parte, en cuanto a la pensión alimenticia solicitada por el quejoso Luis Armando Santibañez Villanueva a favor de su hija***., a cargo de su progenitora Liliana Denisse Castellanos Velasco, al juez responsable, también fue correcta su negativa en el sentido de que tomando en consideración que del diálogo sostenido por dichos litigantes no hubo acuerdo para pactar lo conducente a ese derecho en favor de su hija ****pues como lo argumentó la responsable, aun cuando el aquí quejoso haya manifestado que la hoy tercera interesada Liliana Denisse Castellanos Velasco, cuenta con solvencia económica para proporcionar una pensión alimenticia a su hija ****., y que se corroboró con la constancia laboral exhibida por la propia tercera expedida a su favor por la Directora de Recursos Humanos de la empresa IXPIA Inteligencia Estratégica y Planeación de Seguridad Privada ****., la aquí tercera interesada manifestó ante la responsable bajo protesta de decir verdad, que el trabajo que desempeña es ocasional, dedicándose preponderantemente al cuidado de su hija M. ***., y que por ello no percibe recursos suficientes, además que con motivo de las convivencias que se desarrollan en el área de convivencias del juzgado responsable no le es posible tener un empleo estable; de ahí que, como lo considera el juez responsable no se encuentra acreditado en autos del juicio natural la solvencia económica de la aquí tercera interesada Liliana Denisse Castellanos; por lo cual, fue correcta su determinación en el sentido de que se mantenga únicamente la pensión alimenticia fijada en favor de la menor M.L.S.C., pues efectivamente a nada práctico conduciría fijar a cada uno de los progenitores una pensión alimenticia a favor de su menor hija no custodiada, considerando las circunstancias que imperan en el núcleo familiar. Lo que pone en evidencia, que el juez responsable actuó observando el principio del interés superior de la niñez contenido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, apartado 1 de la Convención Sobre los Derechos del Niño. Por las razones expuestas, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal. OCTAVO. Publicación de sentencia. Como las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, además en los artículos 73, 74, 75, 76, 79, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a ****, por sí y en representación de sus menores hijas ****., respecto de la autoridad responsable y acto precisado en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de julio de dos mil veintidós. Acumulación de juicios. Agréguese a los autos, el oficio número 15167/2022, signado por la secretaria adscrita a este juzgado, al que acompaña: 1) original del juicio de amparo 638/2022, promovido por ***, por su propio derecho y en representación de la menor ***., contra actos del Juez Segundo de lo Familiar del Centro; y 2) un tomo de constancias. En el caso, se decretó la acumulación del juicio de amparo 638/2022, al juicio de amparo 637/2022. Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. En esa situación, tomando en cuenta que en ambos juicios la parte quejosa es ***, por su propio derecho, y en representación, en el primero de la menor *** y en el segundo de las menores ***.; y que los actos reclamados derivan del mismo expediente; esto es, del juicio familiar número 164/2020 tramitado en el Juzgado Segundo de lo Familiar del Centro. En consecuencia, ACUMÚLESE MATERIALMENTE el juicio de amparo 638/2022 al 637/2022. Asimismo, se solicita a las partes que las promociones que dirijan a los juicios de amparo 637/2022 y 638/2022, las realicen precisando en el rubro la siguiente leyenda: "Pral. 637/2022 y su acumulado 638/2022, Mesa 1-A". Se ordena guardar en la Secretaría de este Juzgado el tomo de constancias que remite la secretaria oficiante y respecto del cual se proveyó en el juicio que se acumula (638/2022). Ahora, toda vez que en el expediente que se acumula 638/2022, se encuentran señaladas las diez horas con cuarenta y dos minutos del veintiocho de julio de esta anualidad, para la celebración de la audiencia constitucional, se deja sin efecto la mencionada fecha por haberse acumulado al juicio en que se actúa (637/2022). Diferimiento de audiencia constitucional. Ahora bien, dada la acumulación decretada y a fin de no dejar en estado de indefensión a las partes, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, y se fijan las DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. III. Se ordena la vinculación del expediente electrónico. Y, a fin de que pueda realizar la consulta del expediente electrónico acumulado, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al analista jurídico adscrito a este Juzgado, realice la vinculación del expediente electrónico relativo al juicio de amparo 638/2022, del índice de este Juzgado, a este juicio. IV. Anotaciones y captura. Realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente; y, por oficio a la autoridad responsable.
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