Luis Arturo Robles Segura
Expediente 1046/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1046/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/09/2019
Partes del expediente
- Luis Arturo Robles Segura
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, dos de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio de la autoridad que lo signa, por medio del cual acusa recibo del oficio 1661/2019 y anexos; además, solicita le sean devueltos treinta y un documentos que adjuntó a su informe justificado, mismo que rindió ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito; sin embargo, se precisa que los mismos no fueron enviados a este órgano de control constitucional y para acreditar lo anterior, se ordena el envío de copia certificada del similar 4506/2019, del índice de la superioridad, del que se advierte lo enviado por la alzada a este Juzgado de Distrito. De igual manera, se envía copia certificada de la certificación que obra en autos (foja 41), realizada por el secretario adscrito al Tribunal Colegiado citado, en la que describe los documentos que precisa la oferente y su destino, a fin de que provea lo conducente.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental. Devuélvanse las constancias que remitió la autoridad responsable, y solicítese el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Agréguese únicamente para que obre como corresponda, el oficio del actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual remite la constancia de notificación por lista realizada al aquí quejoso, del auto que desechó la demanda intentada, toda vez que la misma se realizó personalmente a su autorizada, en el local de este órgano jurisdiccional el catorce del mes y año en curso. *
- Principal
Toluca, Estado de México, nueve de agosto de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN DE CONSTANCIAS Por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual el actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, remite lo siguiente: **** El juicio promovido por Luis Arturo Robles Segura; lo anterior, en virtud que por auto de diez de julio anterior, ese órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo. Acúsese el recibo de estilo del expediente y anexos referidos. ACEPTA COMPETENCIA En términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia declinada; por tanto, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, admítase y regístrese bajo el número 1046/2019-IV-B. DESECHAMIENTO Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis íntegro al escrito de demanda, así como del oficio que se acuerda, se advierte que el quejoso reclama la sentencia interlocutoria emitida por la responsable el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, en el toca 200/2019, que resolvió el recurso de apelación intentado contra la sentencia definitiva de cinco de febrero del año en curso, dictada por el Juez de origen, en autos del expediente 713/2017, en el sentido de reponer el procedimiento por la falta de integración del litisconsorcio pasivo necesario. Al respecto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Dichos numerales, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.]". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De los preceptos anteriores se colige que no procede el juicio de amparo cuando la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, que la vía indirecta se surte cuando se reclaman actos emitidos dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Asimismo, en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el legislador estableció de manera precisa que los actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, son los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en tal virtud, dentro de ellos se encuentran la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la posesión o la propiedad, dado que esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, pues ello sería imposible por la inexistencia de materia, dado que no habría aspecto alguno que reparar porque las violaciones ya se habrían consumado en forma irreparable. En cambio, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia sólo una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal cuyos efectos son meramente formales, por ello, dentro de la expresión de imposible reparación no pueden ubicarse las violaciones que sólo recaen sobre derechos procesales, al no originar afectación alguna a derechos fundamentales, ni dejar huella en la esfera jurídica del particular, de modo que sólo podrían repararse a través del juicio de amparo directo, junto con la sentencia de fondo. Es aplicable la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la página 1539, del Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del libro seis, mayo dos mil catorce, Décima Época, que establece: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013).El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Asimismo, es aplicable la *** "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En ese sentido, el acto combatido no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que se trata de un pronunciamiento, que resolvió el recurso de apelación intentado contra la sentencia definitiva de cinco de febrero del año en curso, dictada por el Juez de origen, en autos del expediente 713/2017, en el sentido de reponer el procedimiento por la falta de integración del litisconsorcio pasivo necesario, es decir, la circunstancia que dirime es meramente un acto procesal, no equiparable a los de imposible reparación, pues va enfocado a realizar las actuaciones necesarias a fin de integrar el litisconsorcio correspondiente, lo que se corrobora con las documentales remitidas por la responsable en ante el órgano colegiado y por regla general dichas violaciones se pueden hacer valer cuando transcienden en el resultado de resolución o sentencia que se emita, mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra de la sentencia, si es contraria a los intereses del hoy quejoso, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y 172, fracción XII, de la ley de la materia. De ahí, que el acto reclamado no afecta materialmente algún derecho sustantivo de la parte quejosa, en tanto que no genera efectos materiales sobre ella, sean de carácter real o personal, sino sólo la posibilidad de que pueda ocurrir al dictarse la sentencia o auto y/o resolución que ponga fin al juicio, en la medida en que influya para que el fallo sea adverso a sus intereses. En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del diverso 107, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda promovida por Leonardo Guzmán Hernández. Sin soslayar el contenido de la jurisprudencia de rubro "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO", pues la misma no es aplicable al caso que nos ocupa, debido a que fue superada por la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, es decir, ante la ausencia de disposición expresa en la Ley de Amparo abrogada, se emitió dicho criterio (jurisprudencia emitida en enero de 2005), en lo atinente a la interpretación de los actos de imposible reparación; sin embargo, la nueva ley define en su artículo 107, fracción V, como actos de imposible reparación aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; hipótesis que en el presente asunto no se actualiza. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Ahora, toda vez que se advierte que mediante proveído de diez de julio pasado, el tribunal declinante tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones del promovente de amparo Luis Arturo Robles Segura, las listas que se publican en los estrados del local que ocupa su órgano de control constitucional, se solicita de la manera más atenta que de no existir inconveniente alguno, se sirva notificarle la presente determinación. Asimismo, deberá requerirle en el momento de la diligencia, para que dentro del plazo de tres días señalen domicilio para oír y recibir notificaciones ante este juzgado en la ciudad (Toluca) o su zona conurbada (Metepec); bajo el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, incluso las de carácter personal, sin ulterior acuerdo se le practicarán por medio de lista que se fije en los estrados; ello, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo. Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; dígase que estos se avala en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. FORMACIÓN DE ANEXO Dada la voluminosidad de las constancias; fórmese el anexo I.
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