Luis Arturo Cuevas Anthor

Expediente 1635/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1635/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Luis Arturo Cuevas Anthor

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese la razón actuarial de cuenta, a través de la cual el funcionario adscrito a este juzgado manifiesta su imposibilidad para notificar a la parte quejosa el auto emitido el veintitrés del mes y año en curso, por los motivos que en ella expone. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el auto referido, así como los subsecuentes autos, por medio de lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional federal hasta en tanto señale nuevo domicilio en la residencia de este órgano jurisdiccional (Toluca) o su zona conurbada (Metepec, Estado de México). Toluca, Estado de México, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Y REGISTRO Visto el escrito de demanda promovida por Luis Arturo Cuevas Anthor, regístrese bajo el número 1635/2019-I-B. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA Se procede al análisis de causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, del escrito de demanda se colige que el promovente de amparo, reclama del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio (CBTIS) número 161 "Ignacio López Rayón": El cierre y/o clausura de la tienda escolar que el quejoso tiene concesionada al interior del citado plantel educativo. DESECHAMIENTO Se estima actualizada la causa prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción transcrita, a diferencia de las que le preceden, no prevé de manera específica una causa de improcedencia del juicio de amparo, en razón de que el legislador no podía prever de manera casuística todos los motivos que impiden el ejercicio de la acción constitucional, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que es ciertamente justificada puesto que existen causas de improcedencia establecidas en la Constitución Federal y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en ninguna de las específicas que se prevén en el artículo 61 de la ley de la materia, una de las cuales es la que deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 5°, fracción II, de la legislación en comento. En ese sentido, la interpretación a contrario sensu de los artículos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, evidencian que el presente asunto es improcedente en razón de lo siguiente: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De acuerdo con la primera disposición en cita, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por nomas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Por su parte, en el citado artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, el legislador únicamente se refirió en forma enunciativa a diversos casos en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos que pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías, pero no especificó las características que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha establecido diversas interpretaciones a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación de "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público, ejerce un poder jurídico que afecta por sí y ante sí, y de manera unilateral crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas, evidentemente, en perjuicio de los gobernados. En otras palabras, además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad de acuerdo con el artículo 5° fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifique o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en los criterios del Máximo Tribunal del País, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que el ejercicio de esa atribución obligue al particular de tal modo que cree, modifique o extinga una situación jurídica concreta, en perjuicio de este último. Sin soslayarse, que el último párrafo del precitado artículo 1 de la ley de la materia, establece que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares; sin embargo, el segundo párrafo de la fracción II, del numeral 5° de la legislación en comento, menciona que los actos de particulares revisten esa calidad, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, debe precisarse que a partir de la reforma de seis de junio de dos mil once, el artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, es del tenor siguiente: "Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Por tanto, existe una norma constitucional que señala que procede el amparo contra actos de autoridad que violen derechos humanos; contrario sensu, es improcedente contra dichos actos que no revisten el carácter de actos de autoridad, como en el caso. Lo anterior porque, si bien, conforme a los artículos 8° y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a un juicio para determinar sus derechos y obligaciones de carácter laboral ante un juez o tribunal competente, y se establece el derecho a la tutela judicial efectiva a través de la procedencia de recursos ante tribunales competentes que ampare a los particulares contra actos que violen sus derechos fundamentales; sin embargo, tal circunstancia no tiene el alcance de obviar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, y, si la propia constitución establece en su artículo 103 que el juicio de amparo es procedente contra actos de autoridad que afecten los derechos humanos del quejoso y el artículo 61, fracción XXIII, en relación (a contrario sensu) con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo establecen la improcedencia del juicio de amparo cuando los reclamados no constituyan actos de autoridad, entonces, no obstante que el quejoso tenga derecho a la tutela judicial efectiva, si el amparo es improcedente no es posible dejar de aplicar esa regla procesal. Conforme a lo expuesto, los juzgadores de amparo deben verificar si en el caso concreto los actos u omisiones reclamadas constituyen actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo. No está por demás mencionar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó las notas distintivas que debe revestir un órgano o ente para ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, y al respecto emitió la jurisprudencia 2a./J.164/2011, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". Como se advierte de la anterior transcripción, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de "supra a subordinación" con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, como relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos, existen las siguientes: Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley, de tal modo que ambas están en el mismo nivel; de ahí que exista una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado, y obedecen al actuar de los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución y los tratados internacionales establecen una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad, sin necesidad de acudir a los tribunales, porque con base en disposiciones legales o de hecho, impone obligaciones, modifica las existentes o limita los derechos de los particulares. Dicho de otro modo, en esas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. Lo anterior significa que el calificativo del acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas. En este contexto, del estudio de la demanda la parte quejosa refiere que el acto reclamado deviene del cierre y/o clausura de la tienda escolar que se encuentra al interior del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) número 161 "Ignacio López Rayón"; sin embargo, si es en la relación jurídica de supra a subordinación en la que se manifiestan los derechos fundamentales, claro concluir que es operante la causa de improcedencia de que se habla, ya que el acto del que el quejoso se duele deriva de una relación jurídica entablada con motivo de la relación contractual. De ahí que, acción de la autoridad señalada como responsable no califique como actos formalmente de autoridad, para efectos del juicio de amparo. Lo que encuentra razón en que tratándose de las relaciones contractuales, es común que las partes pacten que aquélla que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte, deje de otorgar las prestaciones a su cargo, debido a que, por regla general, los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas, actualice el derecho de la otra a no cumplir con la obligación a su cargo, mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. En conclusión, el acto que por esta vía impugna el quejoso, no genera que la relación contractual entre éste y la autoridad que señala como responsable, se transformen en actos de supra a subordinación y que, por lo tanto, sean considerados como de autoridad. Al respecto, es aplicable, por el criterio que informa, la jurisprudencia número 2a./J. 210/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; consultable en la página 306, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, registro 165726, que dispone: "PEMEX-REFINACIÓN. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO RESCINDE CONTRATOS DE FRANQUICIA CELEBRADOS CON PERSONAS FÍSICAS O MORALES PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES EN ESTACIONES DE SERVICIO. Si se toma en cuenta que Pemex-Refinación está facultado para celebrar actos con personas físicas o morales, para cumplir su objetivo relativo a los procesos industriales de refinación, elaboración de productos petrolíferos y de derivados del petróleo susceptibles de servir como materias primas industriales básicas, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de los productos derivados mencionados, y que los contratos de franquicia que celebra para el suministro de combustible en estaciones de servicio están sujetos en todo momento al cumplimiento de la Ley de Petróleos Mexicanos, su Reglamento, disposiciones legales que por materia corresponda, decretos del Ejecutivo Federal y determinaciones de la Secretaría de Energía, conjuntamente con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es claro que al rescindirlos no actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo sólo por ser un organismo descentralizado subsidiario de Petróleos Mexicanos, pues ese acto deriva del incumplimiento del contrato por parte del franquiciatario o suministratario y constituye una de las maneras de dar por terminada una relación jurídica voluntaria y de correspondencia entre el interés del organismo subsidiario y la persona física o moral que opera la estación de servicio, como particulares y no entre autoridad y un gobernado." Por lo tanto, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. En relación a los autorizados; dígasele que éstos se avalan en términos amplios siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Y REGISTRO Visto el escrito de demanda promovida por Luis Arturo Cuevas Anthor, regístrese bajo el número 1635/2019-I-B. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA Se procede al análisis de causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, del escrito de demanda se colige que el promovente de amparo, reclama del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio (CBTIS) número 161 "Ignacio López Rayón": El cierre y/o clausura de la tienda escolar que el quejoso tiene concesionada al interior del citado plantel educativo. DESECHAMIENTO Se estima actualizada la causa prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción transcrita, a diferencia de las que le preceden, no prevé de manera específica una causa de improcedencia del juicio de amparo, en razón de que el legislador no podía prever de manera casuística todos los motivos que impiden el ejercicio de la acción constitucional, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que es ciertamente justificada puesto que existen causas de improcedencia establecidas en la Constitución Federal y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en ninguna de las específicas que se prevén en el artículo 61 de la ley de la materia, una de las cuales es la que deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 5°, fracción II, de la legislación en comento. En ese sentido, la interpretación a contrario sensu de los artículos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, evidencian que el presente asunto es improcedente en razón de lo siguiente: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De acuerdo con la primera disposición en cita, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por nomas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Por su parte, en el citado artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, el legislador únicamente se refirió en forma enunciativa a diversos casos en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos que pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías, pero no especificó las características que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha establecido diversas interpretaciones a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación de "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público, ejerce un poder jurídico que afecta por sí y ante sí, y de manera unilateral crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas, evidentemente, en perjuicio de los gobernados. En otras palabras, además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad de acuerdo con el artículo 5° fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifique o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en los criterios del Máximo Tribunal del País, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que el ejercicio de esa atribución obligue al particular de tal modo que cree, modifique o extinga una situación jurídica concreta, en perjuicio de este último. Sin soslayarse, que el último párrafo del precitado artículo 1 de la ley de la materia, establece que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares; sin embargo, el segundo párrafo de la fracción II, del numeral 5° de la legislación en comento, menciona que los actos de particulares revisten esa calidad, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, debe precisarse que a partir de la reforma de seis de junio de dos mil once, el artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, es del tenor siguiente: "Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Por tanto, existe una norma constitucional que señala que procede el amparo contra actos de autoridad que violen derechos humanos; contrario sensu, es improcedente contra dichos actos que no revisten el carácter de actos de autoridad, como en el caso. Lo anterior porque, si bien, conforme a los artículos 8° y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a un juicio para determinar sus derechos y obligaciones de carácter laboral ante un juez o tribunal competente, y se establece el derecho a la tutela judicial efectiva a través de la procedencia de recursos ante tribunales competentes que ampare a los particulares contra actos que violen sus derechos fundamentales; sin embargo, tal circunstancia no tiene el alcance de obviar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, y, si la propia constitución establece en su artículo 103 que el juicio de amparo es procedente contra actos de autoridad que afecten los derechos humanos del quejoso y el artículo 61, fracción XXIII, en relación (a contrario sensu) con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo establecen la improcedencia del juicio de amparo cuando los reclamados no constituyan actos de autoridad, entonces, no obstante que el quejoso tenga derecho a la tutela judicial efectiva, si el amparo es improcedente no es posible dejar de aplicar esa regla procesal. Conforme a lo expuesto, los juzgadores de amparo deben verificar si en el caso concreto los actos u omisiones reclamadas constituyen actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo. No está por demás mencionar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó las notas distintivas que debe revestir un órgano o ente para ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, y al respecto emitió la jurisprudencia 2a./J.164/2011, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". Como se advierte de la anterior transcripción, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de "supra a subordinación" con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, como relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos, existen las siguientes: Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley, de tal modo que ambas están en el mismo nivel; de ahí que exista una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado, y obedecen al actuar de los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución y los tratados internacionales establecen una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad, sin necesidad de acudir a los tribunales, porque con base en disposiciones legales o de hecho, impone obligaciones, modifica las existentes o limita los derechos de los particulares. Dicho de otro modo, en esas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. Lo anterior significa que el calificativo del acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas. En este contexto, del estudio de la demanda la parte quejosa refiere que el acto reclamado deviene del cierre y/o clausura de la tienda escolar que se encuentra al interior del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) número 161 "Ignacio López Rayón"; sin embargo, si es en la relación jurídica de supra a subordinación en la que se manifiestan los derechos fundamentales, claro concluir que es operante la causa de improcedencia de que se habla, ya que el acto del que el quejoso se duele deriva de una relación jurídica entablada con motivo de la relación contractual. De ahí que, acción de la autoridad señalada como responsable no califique como actos formalmente de autoridad, para efectos del juicio de amparo. Lo que encuentra razón en que tratándose de las relaciones contractuales, es común que las partes pacten que aquélla que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte, deje de otorgar las prestaciones a su cargo, debido a que, por regla general, los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas, actualice el derecho de la otra a no cumplir con la obligación a su cargo, mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. En conclusión, el acto que por esta vía impugna el quejoso, no genera que la relación contractual entre éste y la autoridad que señala como responsable, se transformen en actos de supra a subordinación y que, por lo tanto, sean considerados como de autoridad. Al respecto, es aplicable, por el criterio que informa, la jurisprudencia número 2a./J. 210/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; consultable en la página 306, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, registro 165726, que dispone: "PEMEX-REFINACIÓN. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO RESCINDE CONTRATOS DE FRANQUICIA CELEBRADOS CON PERSONAS FÍSICAS O MORALES PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES EN ESTACIONES DE SERVICIO. Si se toma en cuenta que Pemex-Refinación está facultado para celebrar actos con personas físicas o morales, para cumplir su objetivo relativo a los procesos industriales de refinación, elaboración de productos petrolíferos y de derivados del petróleo susceptibles de servir como materias primas industriales básicas, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de los productos derivados mencionados, y que los contratos de franquicia que celebra para el suministro de combustible en estaciones de servicio están sujetos en todo momento al cumplimiento de la Ley de Petróleos Mexicanos, su Reglamento, disposiciones legales que por materia corresponda, decretos del Ejecutivo Federal y determinaciones de la Secretaría de Energía, conjuntamente con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es claro que al rescindirlos no actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo sólo por ser un organismo descentralizado subsidiario de Petróleos Mexicanos, pues ese acto deriva del incumplimiento del contrato por parte del franquiciatario o suministratario y constituye una de las maneras de dar por terminada una relación jurídica voluntaria y de correspondencia entre el interés del organismo subsidiario y la persona física o moral que opera la estación de servicio, como particulares y no entre autoridad y un gobernado." Por lo tanto, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. En relación a los autorizados; dígasele que éstos se avalan en términos amplios siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del secretario Erik Roberto Frías Guerrero, que da fe.

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