Luis Arturo Davila Mendez
Expediente 562/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 18 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 562/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 30/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Luis Arturo Davila Mendez
- Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado
- Luis Arturo Davila Mendez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a treinta de abril de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que obra a foja 401 de autos, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término de diez días concedido al quejoso y a los terceros interesados mediante proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, a fin de que expresaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento que dio la autoridad responsable a la ejecutoria que concedió la protección constitucional; sin que ninguna de las partes realizara manifestación alguna, en consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, y acorde con las facultades conferidas en el Instrumento Normativo contenido en la circular 11/2017-AGP, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este Órgano Jurisdiccional procede analizar en definitiva el cumplimiento de la sentencia constitucional. En el caso, Luis Arturo Dávila Méndez, por propio derecho, solicitó la protección constitucional contra la sentencia dictada el quince de octubre de dos mil dieciocho, por la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en el toca 201/2018 y su ejecución. Seguida la secuela procesal, el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve el presente asunto fue seleccionado para que el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, en auxilio de este Órgano Jurisdiccional, dictara la sentencia correspondiente. Posteriormente, mediante sesión celebrada el dieciséis de enero de dos mil veinte, el citado Tribunal Auxiliar dictó el fallo correspondiente, en el que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la sentencia reclamada. 2. En su lugar dicte otra, en la que ordene al juez de primera instancia la reposición del procedimiento, hasta antes del dictado del auto de cierre de instrucción, a efecto de que agote los medios necesarios a fin de constatar si hubo o no tortura y transgresión a los derechos fundamentales del quejoso. 3. Hecho lo anterior, y si hubo tortura, constate si existen pruebas que hubieren sido afectadas de nulidad y, en su caso, las excluya del acervo probatorio. 4. Realice los exámenes psicológicos y médicos pertinentes de conformidad con el Protocolo de Estambul y ordene la práctica de cualquier probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos vinculados con la tortura alegada, a fin de que tengan efecto dentro del proceso y puedan valorarse al dictarse la sentencia definitiva para determinar si tiene repercusión en la validez de las pruebas de cargo, en específico en la eficacia de las testimoniales de los agentes aprehensores, señalados como perpetradores de esas conductas violatorias de los derechos humanos y en su caso, del deposado del quejoso si se hubiese emitido con motivo de la tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, que dijo haber sufrido, ya que la respuesta a esto dependería del resultado de las pruebas referidas, estableciendo si esas declaraciones guardan o no relación directa con los actos de tortura denunciados. 5. Dé instrucciones al juez del conocimiento de dar vista al Agente del Ministerio Público de su adscripción, a efecto de que éste realice los trámites pertinentes para iniciar la investigación relativa para determinar si se acredita o no el delito de tortura cometido en agravio del quejoso, ya que como se dijo, este aspecto es autónomo al que realizará el Juez y que fue precisado en el punto anterior. 6. Hecho lo anterior, continúe con la secuela procesal, haciéndole de su conocimiento que en caso de dictar sentencia condenatoria, no se podrá agravar la situación jurídica del impetrante, con apego al principio "non reformatio in peius."." En mérito de lo anterior, a través del oficio 1264/2020 este Órgano Jurisdiccional remitió el testimonio de dicha ejecutoria, así como los autos que sirvieron para el conocimiento del asunto a la autoridad administrativa responsable para que informara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de referencia, de conformidad con dispuesto en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se procedería en términos del precepto citado en último término. Ahora, en cumplimiento al fallo protector, la Sala responsable remitió el oficio TSJ-SP-20-210, al que anexó copia certificada de la resolución dictada el diez de febrero de dos mil veinte, en la que: A. Dejó insubsistente la sentencia reclamada [dictada el quince de octubre de dos mil dieciocho], foja 225 de autos (Cumplimiento del lineamiento "1."). B. En su lugar, dictó otra, en la que ordenó al Juez de Primera Instancia el cumplimiento de los lineamientos establecidos en los puntos 2, 3, 4, 5 y 6 del fallo protector (Cumplimiento del lineamiento "2."). Para justificar lo anterior, a continuación, se reproduce la parte conducente: "VI. DESICIÓN. En ese sentido, en estricto acatamiento de los lineamientos dados en la ejecutoria de amparo que se cumplimenta, toda vez que en el considerando V de la misma, se ordenó dejar insubsistente la sentencia de segunda instancia de fecha quince de octubre de dos mil dieciocho, engrosada el ocho de noviembre del mismo año, que fue materia del amparo D-562/2019 de los del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, se revoca la sentencia apelada y se ordena al Juez de la causa que: a).- Reponga el procedimiento, hasta antes del dictado del auto de cierre de instrucción a efecto que agote los medios necesarios a fin de constatar si huno o no tortura y transgresión a los derechos fundamentales del sentenciado. b).- Hecho lo anterior, y si hubo tortura, constate si existen pruebas que hubieren sido afectadas de nulidad y, en si caso las excluya del acervo probatorio.7 c).- Realice los exámenes psicológicos y médicos pertinentes de conformidad con el Protocolo de Estambul y ordene la práctica de cualquier probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos vinculados con la tortura alegada, a fin de que tengan efecto dentro del proceso y puedan valorarse al dictarse la sentencia definitiva para determinar si tiene repercusión en la validez de las pruebas de cargo, en específico, en la eficacia de las testimoniales de los agentes aprehensores, señalados como perpetradores de esas conductas violatorias de derechos humanos y en su caso, del deposado del sentenciado, si se hubiese emitido con motivo de la tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, que dijo haber sufrido, ya que la respuesta a esto, dependería del resultado de las pruebas referidas, estableciendo si esas declaraciones guardan o no relación directa con los actos de tortura denunciados. d).- Dé vista al Agente del Ministerio Público de su adscripción, a efecto de que este realice los trámites pertinentes para iniciar la investigación relativa para determinar si se acredita o no el delito de tortura cometido en agravio del sentenciado, ya que como se dijo, este aspecto es autónomo al que realizara el Juez y que fue precisado en el punto anterior. e).- Hecho lo anterior, continúe con la secuela procesal, haciéndole de su conocimiento que en caso de dictar sentencia condenatoria, no se podrá agravar la situación jurídica del impetrante, con apego al principio "non reformatio in peius". En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado es de resolverse; y se, R E S U E L V E: PRIMERO. Fue tramitado legalmente el recurso de apelación interpuesto. SEGUNDO. Se deja insubsistente la sentencia de fecha quince de octubre de dos mil dieciocho, engrosada el ocho de noviembre del mismo año, que esta Autoridad de Alzada pronunció en el Toca Penal en que se actúa, y en su lugar se dicta la presente resolución, en los términos precisados en la ejecutoria de mérito. TERCERO. Por los motivos expuestos en esta resolución, al existir violaciones al procedimiento, se revoca la sentencia de Primera Instancia y se ordena al Juez de la causa la reposición del procedimiento, para los efectos precisados en el considerando V de esta ejecutoria, debiendo comunicar a esta Alzada, las medidas tomadas para cumplir lo antes ordenado. CUARTO.- Comuníquese la presente resolución mediante oficio al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con sede en esta Ciudad de Apizaco, Tlaxcala, sobre el cumplimiento que se ha dado a la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo directo número D-562/2019, fechada el seis de julio de dos mil dieciocho, a efecto de que se tenga por cumplimentada. NOTIFÍQUESE." C. Tomando en consideración que en la ejecutoria y en la resolución que antecede se ordenó la reposición del procedimiento, por auto de presidencia de doce de febrero de dos mil veinte, se requirió al Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, en el Estado de Tlaxcala, para que informara el cumplimiento correspondiente, bajo el apercibimiento de ley. D. En acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio 0331, a través del cual el Juez Penal remitió diversas constancias de las que se advierte: a) Que por auto de doce de febrero de dos mil veinte: - Se ordenó reponer el procedimiento a partir del auto de once de junio de dos mil dieciocho. - Se nombró a Ma. del Rosario Patricia Islas García y María Reyna Rivera Sosa, especialistas en medicina legal y forense y psicología jurídica, respectivamente, para que en el término de tres días aceptaran y protestaran el cargo conferido para la realización de los exámenes psicológicos y médicos al quejoso de conformidad con el protocolo de Estambul y el Manual para la Investigación y Documentación eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. b) Que por oficio 0327 se ordenó dar vista al Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala a efecto de que se realizara la investigación correspondiente respecto a la tortura denunciada por el quejoso Luis Arturo Dávila Méndez. c) En consecuencia, se requirió nuevamente a la autoridad responsable, para que una vez que sucediera lo anterior, lo informara y remita las constancias que así lo acreditaran, bajo apercibimiento de ley. E. En proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio 398, a través del cual el Juez Penal remitió diversas constancias en las que: i) Por auto de dieciocho de febrero de dos mil veinte: < Se tuvo a María Reyna Rivera Sosa, especialista en materia de psicología jurídica aceptando y protestando el cargo conferido. < Se ordenó girar oficio al Director del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala a efecto de que se permitiera a la perito antes citada, el ingreso a dicho centro de reclusión y entrevistara al procesado Luis Arturo Dávila Méndez, a fin de practicar los exámenes pertinentes en términos del Protocolo de Estambul. ii) Por oficio DSP/071, se requirió nuevamente a Ma. del Rosario Patricia Islas García, perito en materia de medicina legal y forense para que aceptara y protestara el cargo conferido. iii) En consecuencia, se requirió nuevamente al citado juzgador para que una vez que sucediera lo anterior, informara y remitiera las constancias que así lo acreditaran, bajo apercibimiento de ley. F. En proveído de veintiséis de febrero de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio 0403, a través del cual el Juez Penal remitió diversas constancias de las que se observa: I) Que por auto de veintiuno de febrero de dos mil veinte: < Se tuvo a Ma. del Rosario Patricia Islas García, especialista en materia de medicina forense, aceptando y protestando el cargo conferido. < Se ordenó girar oficio al director del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala, a efecto de que se permitiera a la perito antes citada el ingreso a dicho centro de reclusión y entrevistara al procesado Luis Arturo Dávila Méndez, a fin de practicar los exámenes pertinentes en términos del Protocolo de Estambul. < En consecuencia, se requirió nuevamente a la autoridad responsable para que una vez que se estuviera en posibilidad de emitir la sentencia correspondiente, lo informara y remitiera las constancias que así lo acreditaran, bajo apercibimiento de ley. G. Por autos de diez y once de marzo de dos mil veinte, se tuvo al Juez Penal informando que Ma. del Rosario Patricia Islas García, especialista en materia de medicina forense rindió y ratificó su dictamen. H. En acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio 1418, mediante el cual el Juez Penal remitió diversas constancias, a saber: * Proveído de veinticinco de marzo de os mil veinte, del cual se advierte que se hizo del conocimiento a la perito Ma. del Rosario Patricia Islas García, que debería ratificar el peritaje que emitió en la causa penal 133/2016; asimismo, que se tuvo al Primer Visitador General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos comunicando que se formó y registró el expedientillo CEDHT/PVG/09/2020, en el cual se ordenó la investigación de la carpeta de investigación que se radicó en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. * Acuerdo de catorce de agosto de dos mil veinte, en el que se dio cuenta con los autos de la causa advirtiéndose el dictamen de la perito en cita; asimismo, se ordenó dar vista a las partes a fin de que manifestaran si tenían pruebas que aportar. * Auto de veinticinco de agosto de dos mil veinte, en el que se tuvo al Agente del Ministerio Público dando contestación a la vista en comento y por admitidas las documentales ofrecidas, así como la presuncional legal y humana. * Proveído de treinta de agosto del año mencionado, del que se advierte que se tuvo al Agente del Ministerio Público exhibiendo los informes de los Directores del Centro de Reinserción Social de Apizaco y el de Tlaxcala, respectivamente; asimismo, se hizo referencia a que aún faltaba el informe del Jefe del Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado a fin de cerrar la instrucción. En consecuencia, se requirió a la autoridad oficiante, para que una vez que el Jefe del Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado rindiera su informe respectivo, lo informara y en su caso, el cierre de instrucción, con el apercibimiento de ley. I. Por auto de treinta de octubre de dos mil veinte, se tuvo al Juez Penal informando que María Reyna Rivera Sosa, especialista en materia de psicología jurídica, ratificó su dictamen. J. El once de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio 2055/2020 y anexos, de los que se advierte que tuvo verificativo la audiencia de derecho con efectos de citación de sentencia; asimismo, que se ordenó traer los autos a la vista para dictar sentencia, por tanto, se requirió a la autoridad oficiante para que emitiera sentencia y remitiera constancia que así lo acreditara, bajo el apercibimiento de ley. K. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por recibida la sentencia dictada el siete anterior, de la que se observa que el Juez Penal: - Relacionó y analizó el caudal probatorio que obra en autos (parte informativo y puesta a disposición, declaración de elementos aprehensores, testimoniales periciales, documentales, declaración ministerial, preparatoria y ampliación del acusado (fojas 341-356 de autos). - Estableció el marco normativo correspondiente, a saber: Constitución Federal, Tratados Internacional, Códigos Penal y de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala, tesis y jurisprudencias (fojas 356-357 vuelta de autos). - Determinó que el parte informativo y puesta a disposición, y la declaración ministerial del inculpado carecía de validez [por detención prolongada y coacción], por lo que las excluyó del caudal probatorio (foja 357 vuelta-358 vuelta y 364 vuelta y 365 de autos). - Con base en lo anterior, concluyó que se habían violentado los derechos humanos del inculpado al haber sido objeto de tortura (fojas 362 vuelta-364 de autos). A fin de hacer patente lo anterior, se transcribe la parte conducente de la sentencia de trato (fojas 356-365 de autos: "En ese sentido, después del exhaustivo estudio de las constancias que integran la causa penal se aprecian las siguientes violaciones: 1.- Detención prolongada por los elementos aprehensores y tortura en perjuicio del acusado LUIS ARTURO DÁVILA MÉNDEZ, a fin de dilucidar el tema planteado, obliga traer a colación el artículo 16, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que alberga la hipótesis y proceder ante una detención en flagrante delito, incluso, los numerales relativos y coincidentes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (.) Citado lo anterior, resulta oportuno transcribir el PARTE INFORMATIVO Y PUESTA A DISPOSICIÓN CON NÚMERO DE OFICIO 2810/DSP/2016 Y PARTE INFORMATIVO NÚMERO 0681/SPM/2016, suscrito por GELACIO MONTIEL LÓPEZ y MA. AUERLIA GUADALUPE GARCÍA, Oficiales Preventivos de la Policía Municipal de Seguridad Pública del Municipio de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala, de fecha doce de junio de dos mil dieciséis, quienes manifestaron lo siguiente: (.) Fijado el marco constitucional, instrumental y conceptual, en la especie, del parte informativo descrito con anterioridad, ratificado en presencia del Agente del Ministerio Público Investigador, se desprende que aproximadamente a las cero una horas con cincuenta minutos del doce de junio de dos mil dieciséis, fue detenido el acusado, por Oficiales Preventivos de la Policía Municipal de Seguridad Pública del Municipio de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala, cometiendo un delito flagrante, motivo por el cual fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público Investigador a las cero cuatro horas con cero minutos del mismo día, según se aprecia del acuerdo emitido por el Agente del Ministerio Público Investigador, sin contar con sello de recepción por parte de la última autoridad señalada en el oficio de referencia. Ello evidencia, que tanto la detención como puesta a disposición del detenido, aconteció en la comunidad de Agrícola Dolores, Municipio de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala, y que de la primera a la segunda circunstancia, transcurrió, sin causa justificada, un lapso aproximado de DOS HORAS CON DIEZ MINUTOS, tiempo que se estima excesivo, en razón que no existe motivo fundado que avale dicha dilación, sino por el contrario, la mecánica de los hechos revela que los Oficiales Preventivos estaban en posibilidades materiales de cumplir con la inmediatez requerida para el caso concreto, dada la distancia, pues del lugar de los hechos (Comunidad de Agrícola de Dolores, Municipio de Tetla de la Solidaridad) al diverso en el que fue depositado el detenido (Agente del Ministerio Público Investigador, ubicado en Avenida de las Torres sin número, Colonia El Llano, Yauhquemehcan, Tlaxcala) existe una distancia de 11.4 kilómetros y haciendo un recorrido de punto a punto, en vehículo, de aproximadamente de dieciocho minutos. Sirve de apoyo la fotografía satelital obtenida de la página de "googlemaps", bajo el link https://maps.google.com. Se afirma lo anterior, en virtud de que no es dable que quien logre detener en flagrancia a una persona, ya sea particular o autoridad, lo retenga innecesaria e injustificadamente, pues lo que en principio se convirtió en un valor cívico por parte de un miembro de la sociedad, o de alguno o algunos elementos de las diferentes corporaciones policíacas en cumplimiento de un deber, al aprehender a la persona que ante ellos llevó a cabo alguna conducta reprimida por la legislación penal; al mantener innecesariamente a disposición de la autoridad ministerial, se traduce en una violación a los derechos fundamentales del gobernado, pues tal incomunicación produce incertidumbre jurídica y moral de qué es lo que podría pasarle, generándole una inestabilidad emocional que se acentuaría con cada minuto transcurrido en cautiverio. Cobra aplicación al caso la tesis (.). (.) Por esa situación, la declaración ministerial rendida por el acusado LUIS ARTURO DÁVILA MÉNDEZ, carece de validez, por lo que no puede considerarse como confesión, pues quedó probado, de manera injustificada, la detención prolongada de la que fue objeto, y por ello se entiende que lleva inmersa una coacción moral que no le permitió con plena y absoluta libertad, dar su testimonio ante el Agente del Ministerio Público Investigador. Sirve de apoyo a lo argumentado, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (.). (.) Así también, la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostiene en la Tesis (.). Aunado a lo anterior, en actuaciones obran los siguientes medios de prueba: 1.- DILIGENCIA DE FE MINISTERIAL DE INTEGRIDAD FÍSICA, realizada por el Agente del Ministerio Público Investigador, al detenido LUIS ARTURO DÁVILA MÉNDEZ, en diligencia de fecha doce de junio de dos mil dieciséis, misma en la que se indica: (.) Medio de prueba que se valora en términos de lo dispuesto por el artículo 216 del Código de Procedimientos Penales abrogado en el Estado para el sistema tradicional, pues fue practicada por el Agente del Ministerio Público Investigador, ante sus testigos de asistencia; sobre objeto que se puede apreciar por medio de los sentidos y de la cual se desprende que el acusado presentó aliento etílico y lesiones 2.- PERICIAL consistente en el examen médico de integridad física número 1151/2014, expedido por el doctor LUIS ANDRÉS GONZÁLEZ TORICES, Perito Médico Legista y Forense adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de fecha doce de junio de dos mil dieciséis, quien concluyó lo siguiente: (.) Pericial que fue debidamente ratificado por su signante, ante el Agente del Ministerio Público Investigador, el doce de junio de dos mil dieciséis. 3.- PERICIAL consistente en el Dictamen en la Materia de Psicología emitido por VICENTE CRUZ PORTILLO Psicólogo nombrado por la defensa, de fecha diez de mayo de dos mil diecisiete, quien asentó lo siguiente: (.) Pericial que fue debidamente ratificado por su signante, ante esta Autoridad Judicial, el diez de mayo de dos mil diecisiete. 4.- PERICIAL consistente en el Dictamen en la Materia de Medicina, emitido por el doctor CARLOS NASSER CANO Perito Médico Cirujano designado por el Honorable Tribunal de Justicia del Estado de Tlaxcala y realizado al acusado LUIS ARTURO DÁVILA MÉNDEZ, de fecha doce de mayo de dos mil diecisiete, quien concluyó lo siguiente: (.) 5.- PERICIAL consistente en el dictamen en la materia de medicina forense, emitido por MA. DEL RESOLARIO PATRICIA ISLAS GARCÍA, Perito Tercero en Discordia designada por el Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de fecha veintisiete de febrero de dos mil veinte, quien concluyó lo siguiente: (.) Pericial que fue debidamente ratificado por su signante, ante esta Autoridad Judicial, el seis de marzo de dos mil veinte. 6.- PERICIAL consistente en el Dictamen en la Materia de Psicología Jurídica y Criminología emitido por la maestra MARÍA REYNA RIVERA SOSA Perito Tercero en Discordia en Materia de Psicología Jurídica y Criminología designada por el Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, quien examinó al acusado LUIS ARTURO DÁVILA MÉNDEZ, de fecha cinco de marzo de dos mil veinte, quien concluyó lo siguiente: (.) Periciales que al ser ratificados conforme a lo establecido por el artículo 150 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, se valoran en términos de lo establecido por los artículos 200 y 218 del mismo Código, en virtud de haberse emitido por peritos con los conocimientos en las materias de psicología y medicina, quienes en primer término el perito VICENTE CRUZ PORTILLO expuso que el acusado LUIS ARTURO DÁVILA MÉNDEZ, sí poseía signos psicológicos indicativos de una persona que ha sido torturada (respuesta a la pregunta número siete del cuestionario), que el certificado oficial de lesiones físicas y la versión de los hechos del inculpado, demostraba que sí hubo presión física y psicológica al momento de rendir su declaración ministerial de trece de junio de dos mil dieciséis, así como que presentaba el síndrome de estrés postraumático por secuela de tortura psicológica, además, del síndrome de ansiedad generalizada (respuesta a la pregunta número ocho del cuestionario), y que recomendaba que el inculpado tomara urgentemente tratamiento psicológico a fin de prevenir episodios de shock, como apoyo a los hechos que vivió en el momento de su detención, la cual fue con lujo de violencia y tortura psicológica (respuesta a la pregunta número diez del cuestionario), además, el perito concluyó que LUIS ARTURO DÁVILA MÉNDEZ, sí mostraba rasgos característicos de estrés postraumático por tortura física y psicológica, por lo que era urgente que recibiera tratamiento psicológico (conclusión tercera), que había quedado demostrado científicamente que el inculpado fue torturado psicológica y físicamente, lo que le provoca estados de angustia constantes, miedos y zozobra (conclusión cuarta) y que todo apuntaba a que había sido obligado a hacer una confesión falsa, por medio de tortura tanto física como psicológica (conclusión quinta). Y de la conclusión emitida por el perito CARLOS NACER CANO (sic), expuso que el mecanismo de tortura de LUIS ARTURO DÁVILA MÉNDEZ, recordaba haber sufrido (en el que relató le "pusieron una bolsa de plástico en la cabeza, me estaban asfixiando hasta que me hicieron firmar") se emplea para generar asfixia al impedir entrada de aire a las vías respiratorias y por ende a los pulmones, produciendo una sensación de muerte inminente, y que suele no dejar huellas visibles en el cuerpo, pero no obstante el acusado presentó en el cuerpo diversas lesiones excorativas y equimóticas, producidas por contusión, además, en su conclusión número 4 estableció que de acuerdo a los resultados de la entrevista y examen médico que le fue practicado a LUIS ARTURO DÁVILA MÉNDEZ, existen indicadores de haber sido objeto de actos de tortura física, así como evidencia de malos tratos hacia su persona. De la conclusión del perito MA. DEL ROSARIO PATRICIA ISLAS GARCÍA estableció que LUIS ARTURO DÁVILA MÉNDEZ presentó lesiones físicas externas recientes producidas por las alegaciones de tortura y malos tratos que sufrió por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, y son las lesiones que tardaron en sanar menos de quince días, y que si se evidenciaron actos de tortura física. Además, la perito MARÍA REYNA RIVERA SOSA, concluyó que LUIS ARTURO DÁVILA MÉNDEZ, presenta afectaciones psicológicas con sentimientos profundos de culpa, incertidumbre, inseguridad afectadas sus áreas afectiva y conductual, lo que limita su sano desarrollo normal de sus capacidades y habilidades sociales, creándole un desbalance en todo su ambiente, generándole mucho temor al futuro así como al pasado, si, se observaron grados de coherencia que existe entre el relato que hace LUIS ARTURO DÁVILA MÉNDEZ, de hechos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, también conocido como protocolo de Estambul, el diagnostico de acuerdo a los criterios del DSM-5 para el trastorno por estrés postraumático (TEPT) el DSM-5 (apa, 2013) LUIS ARTURO DÁVILA MÉNDEZ, presenta: 309.81 (F 43.10) trastorno de estrés postraumático. Fe ministerial de lesiones y periciales que se encuentra concatena con la ampliación de declaración emitida por el acusado LUIS ARTURO DÁVILA MÉNDEZ el veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, ante este órgano jurisdiccional, en la que fue coincidente en señalar que fue objeto de tortura por parte de sus captores, presumiéndose así que el retraso de la puesta a disposición por parte de los oficiales preventivos, se debió a que el acusado fue objeto de aquellas, robusteciéndose con ello el desmérito de la confesión que de primera mano realizó ante el Agente del Ministerio Público Investigador, declaración que adquiere valor probatorio de indicio en términos de lo que establecen los artículos 200 y 231 del Código de Procedimientos Penales abrogado en el Estado para el sistema tradicional, pues fue coincidente en manifestar respecto de la sustancia de los hechos vejatorios que sufrió en manos de los oficiales preventivos, al momento de que fue detenido el doce de junio de dos mil dieciséis, con pleno conocimiento y sin coacción, ni violencia física o moral, ante esta autoridad judicial, con la asistencia de su respectivo defensor, fue debidamente informado del proceso, narró hechos propios y no existen datos que a juicio del que resuelve las haga inverosímil; por tanto, se determina que se violentaron los derechos humanos del acusado al haber sido objeto de tortura. Así es, el Agente del Ministerio Público Investigador, en diligencia de doce de junio de dos mil dieciséis, se percató de las lesiones con las que contaba el procesado, y solo se limitó a dar fe de ellas, no obstante que se encontraba obligado hacer indagaciones bajo el marco jurídico y conforme a las atribuciones que legalmente justifiquen su proceder, a fin de demostrar que la confesión emitida ante ellos fue voluntaria y no coaccionada. De ahí que, si la detención de una persona, por aducida flagrancia, no se da bajo el respeto irrestricto del sistema constitucional y convencional, es decir, a partir del estricto cumplimiento de los requisitos y garantías establecidos de forma mínima a favor de la persona que sufrió la detención, esta se considera como arbitraria, al estar prohibida tanto a nivel nacional como internacional y las consecuencias y efectos de la vulneración a lo anterior, son la invalidez legal de la propia detención, así como de los datos de prueba obtenidos de forma directa e inmediata con motivo de la misma; esto conforme a los principios de debido proceso y obtención de prueba licita. Apoya lo anterior, los criterios sustentados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establecen: (.) De todo lo anterior, las pruebas nulificadas con motivo de las violaciones destacadas en párrafos que anteceden, y que, por tanto, no pueden ni deben tomarse en cuenta, son las siguientes: - El PARTE INFORMATIVO Y PUESTA A DISPOSICIÓN CON NÚMERO DE OFICIO 2810/DSP/2016 Y PARTE INFORMATIVO NÚMERO 0681/SPM/2016, suscrito por GELACIO MONTIEL LÓPEZ y MA. AURELIA GUADALUPE GARCÍA, Oficiales Preventivos de la Policía Municipal de Seguridad Pública del Municipio de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala, de fecha doce de junio de dos mil dieciséis, y las declaraciones rendidas por los policías aprehensores tendentes a su ratificación. - La declaración ministerial del acusado LUIS ARTURO DAVILA MÉNDEZ, rendida ante el Agente del Ministerio Público Investigador, el trece de jun/o ale dos mil dieciséis. Bajo esas circunstancias y advirtiendo el estudio de las pruebas a las que se les ha dejado sin efecto a fin de no vulnerar los Derechos Humanos del sentenciado LUIS ARTURO DÁVILA MÉNDEZ, por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA en agravio de MAYRA ALEJANDRA HARO DE LA CRUZ, se procede al estudio del delito por el cual acusa el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado, sin tomar en consideración las pruebas excluidas." L. Tomando en consideración lo antes expuesto, el Juez penal estableció (por las razones que expuso), que Luis Arturo Dávila Méndez, es penalmente responsable de la comisión del delito de homicidio calificado en grado de tentativa previsto en los artículos 7, 9, 14, 16, 17, fracción I, 18, párrafo primero, 19, 21, fracción I, 79 y 24 del Código Penal en el Estado de Tlaxcala, en agravio de Mayra Alejandra Haro De La Cruz, por lo que lo condenó a cuatro años y seis meses de prisión, la que empezaría a contar a partir del doce de junio de dos mil dieciséis, fecha en que se dictó auto de formal prisión y, toda vez que el quejoso había cumplido la pena impuesta se ordenó su inmediata liberación (fojas 365-395 de autos). Consecuentemente, debe concluirse que la autoridad responsable dio cumplimiento a los lineamientos 3, 4, 5 y 6 establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución de este, pues circunscribió su actuación a los efectos ahí precisados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Por tanto, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 196 de la ley invocada. Notifíquese por lista al quejoso (lo anterior, toda vez que el impetrante señaló como domicilio las instalaciones del C.E.R.E.S.O. donde se encontraba interno, sin embargo, de la sentencia dictada el siete de diciembre de dos mil veinte, se advierte que fue puesto en libertad inmediata) y a la tercera interesada Mayra Alejandra Haro de la Cruz; por oficio al Juez Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado y al Agente del Ministerio Público Adscrito a dicha Sala. Así lo acordó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigesimoctavo Circuito, quien actúa con la licenciada Miriam Ramírez Alanís, Secretaria de Acuerdos que da fe.- Doy fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe. MRA/jcsp La Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis C E R T I F I C A: que la presente foja corresponde al acuerdo dictado el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno en el amparo directo******************** y que, con fundamento en el párrafo penúltimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, se hace constar que el presente acuerdo obra en sus términos en el expediente electrónico, por lo que éste coincide en su totalidad con el expediente impreso. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el oficio de cuenta mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se remite copia certificada de la sentencia de siete del mes y año en curso emitida por el juez oficiante; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, así como con los diversos oficios enviados por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el expediente en que se actúa, entregando copia autorizada de la sentencia correspondiente para que dentro del término de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, expresen lo que a su interés corresponda. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, por lista a la tercera interesada Mayra Alejandra Haro de la Cruz y por oficio a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Así lo proveyó y firma el Magistrado Jesús Eduardo Hernández Fonseca, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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