Luis Ángel Pérez Cano
Expediente 456/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 15 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 456/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 27/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Luis Ángel Pérez Cano
- Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, con el cual se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada (foja 267), quienes no hicieron manifestación alguna al respecto (foja 273). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de once de febrero de dos mil veintiuno este Órgano Colegiado resolvió conceder a Luis Ángel Pérez Cano la protección constitucional para los efectos siguientes (foja 237): "I. Deje insubsistente la sentencia reclamada. II. En su lugar dicte otra en la que al abordar el primero y segundo agravios del recurso de apelación los considere fundados y, en consecuencia, establezca que el Juez incorrectamente determinó que la copia simple de la escritura pública treinta y tres mil ciento veinte (33120), volumen trescientos ochenta y cinco (385), de dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y cinco que obra en autos es apta para tener por acreditado el primer elemento de la acción plenaria de posesión, el cual consiste en que el actor tenga justo título para poseer. III. Una vez establecido lo anterior resuelva lo que en derecho corresponda". Del examen de las copias certificadas remitidas por la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, este Tribunal Colegiado advierte que mediante acuerdo de dos de marzo de dos mil veintiuno dejó insubsistente la sentencia reclamada de veinticinco de abril de dos mil diecinueve y ordenó dictar un nuevo fallo (fojas 250). El veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno dictó una nueva sentencia en los términos siguientes: I. Consideró fundados el primer y segundo de los agravios del recurso de apelación (fojas 260 y 263). II. Estableció que la copia simple de la escritura pública treinta y tres mil ciento veinte (33120), volumen trescientos ochenta y cinco (385), de dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y cinco que obra en autos es insuficiente para tener por acreditado el primer elemento de la acción plenaria de posesión, el cual consiste en que el actor tenga justo título para poseer, pues al respecto en dicho fallo se sostuvo lo siguiente (foja 263): "Bajo la premisa asentada debe decirse que asiste razón al apelante en el segundo agravio al sostener que si la copia simple de la escritura pública treinta y tres mil ciento veinte (33120), volumen trescientos ochenta y cinco (385), de dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y cinco que se dejó agregada en autos una vez que se acordó hacer devolución al actor de ese documento, no se encuentra certificada por el Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado y, por tanto, fue ilegal haberle otorgado valor probatorio y, como consecuencia, con ello tener por demostrada la posesión que el actor dice detentar sobre la fracción del inmueble que afirma está invadida por el demandado." III. Una vez establecido lo anterior, revocó la sentencia recurrida y determinó que el actor no probó la acción plenaria de posesión, pues al respecto se puntualizó lo siguiente (foja 265 y vuelta): "En ese contexto, es patente que la copia simple de la escritura pública treinta y tres mil ciento veinte (33120), volumen trescientos ochenta y cinco (385), de dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y cinco es insuficiente para acreditar el primer elemento de la acción plenaria de posesión el cual consiste en que el actor tenga un justo título para poseer." (.) De tal modo, es inconcuso que no se probó la acción plenaria de posesión puesta en ejercicio, debido a que adolece del primer elemento relativo al justo título para poseer, conforme lo (sic) dispuesto los artículos 869 y 870 del Código de Procedimientos Civiles; y, por ende, lo correcto es revocar la resolución de alzada." De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.
- Juicio de Amparo Directo
Acuerdo que se lista por segunda ocasión en términos del articulo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo. Apizaco, Tlaxcala, a veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, con el cual se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada (foja 267), quienes no hicieron manifestación alguna al respecto (foja 273). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de once de febrero de dos mil veintiuno este Órgano Colegiado resolvió conceder a Luis Ángel Pérez Cano la protección constitucional para los efectos siguientes (foja 237): "I. Deje insubsistente la sentencia reclamada. II. En su lugar dicte otra en la que al abordar el primero y segundo agravios del recurso de apelación los considere fundados y, en consecuencia, establezca que el Juez incorrectamente determinó que la copia simple de la escritura pública treinta y tres mil ciento veinte (33120), volumen trescientos ochenta y cinco (385), de dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y cinco que obra en autos es apta para tener por acreditado el primer elemento de la acción plenaria de posesión, el cual consiste en que el actor tenga justo título para poseer. III. Una vez establecido lo anterior resuelva lo que en derecho corresponda". Del examen de las copias certificadas remitidas por la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, este Tribunal Colegiado advierte que mediante acuerdo de dos de marzo de dos mil veintiuno dejó insubsistente la sentencia reclamada de veinticinco de abril de dos mil diecinueve y ordenó dictar un nuevo fallo (fojas 250). El veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno dictó una nueva sentencia en los términos siguientes: I. Consideró fundados el primer y segundo de los agravios del recurso de apelación (fojas 260 y 263). II. Estableció que la copia simple de la escritura pública treinta y tres mil ciento veinte (33120), volumen trescientos ochenta y cinco (385), de dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y cinco que obra en autos es insuficiente para tener por acreditado el primer elemento de la acción plenaria de posesión, el cual consiste en que el actor tenga justo título para poseer, pues al respecto en dicho fallo se sostuvo lo siguiente (foja 263): "Bajo la premisa asentada debe decirse que asiste razón al apelante en el segundo agravio al sostener que si la copia simple de la escritura pública treinta y tres mil ciento veinte (33120), volumen trescientos ochenta y cinco (385), de dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y cinco que se dejó agregada en autos una vez que se acordó hacer devolución al actor de ese documento, no se encuentra certificada por el Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado y, por tanto, fue ilegal haberle otorgado valor probatorio y, como consecuencia, con ello tener por demostrada la posesión que el actor dice detentar sobre la fracción del inmueble que afirma está invadida por el demandado." III. Una vez establecido lo anterior, revocó la sentencia recurrida y determinó que el actor no probó la acción plenaria de posesión, pues al respecto se puntualizó lo siguiente (foja 265 y vuelta): "En ese contexto, es patente que la copia simple de la escritura pública treinta y tres mil ciento veinte (33120), volumen trescientos ochenta y cinco (385), de dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y cinco es insuficiente para acreditar el primer elemento de la acción plenaria de posesión el cual consiste en que el actor tenga un justo título para poseer." (.) De tal modo, es inconcuso que no se probó la acción plenaria de posesión puesta en ejercicio, debido a que adolece del primer elemento relativo al justo título para poseer, conforme lo (sic) dispuesto los artículos 869 y 870 del Código de Procedimientos Civiles; y, por ende, lo correcto es revocar la resolución de alzada." De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.
- Juicio de Amparo Directo
Acuerdo que se lista por segunda ocasión en términos del articulo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo. Apizaco, Tlaxcala, a veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, con el cual se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada (foja 267), quienes no hicieron manifestación alguna al respecto (foja 273). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de once de febrero de dos mil veintiuno este Órgano Colegiado resolvió conceder a Luis Ángel Pérez Cano la protección constitucional para los efectos siguientes (foja 237): "I. Deje insubsistente la sentencia reclamada. II. En su lugar dicte otra en la que al abordar el primero y segundo agravios del recurso de apelación los considere fundados y, en consecuencia, establezca que el Juez incorrectamente determinó que la copia simple de la escritura pública treinta y tres mil ciento veinte (33120), volumen trescientos ochenta y cinco (385), de dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y cinco que obra en autos es apta para tener por acreditado el primer elemento de la acción plenaria de posesión, el cual consiste en que el actor tenga justo título para poseer. III. Una vez establecido lo anterior resuelva lo que en derecho corresponda". Del examen de las copias certificadas remitidas por la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, este Tribunal Colegiado advierte que mediante acuerdo de dos de marzo de dos mil veintiuno dejó insubsistente la sentencia reclamada de veinticinco de abril de dos mil diecinueve y ordenó dictar un nuevo fallo (fojas 250). El veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno dictó una nueva sentencia en los términos siguientes: I. Consideró fundados el primer y segundo de los agravios del recurso de apelación (fojas 260 y 263). II. Estableció que la copia simple de la escritura pública treinta y tres mil ciento veinte (33120), volumen trescientos ochenta y cinco (385), de dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y cinco que obra en autos es insuficiente para tener por acreditado el primer elemento de la acción plenaria de posesión, el cual consiste en que el actor tenga justo título para poseer, pues al respecto en dicho fallo se sostuvo lo siguiente (foja 263): "Bajo la premisa asentada debe decirse que asiste razón al apelante en el segundo agravio al sostener que si la copia simple de la escritura pública treinta y tres mil ciento veinte (33120), volumen trescientos ochenta y cinco (385), de dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y cinco que se dejó agregada en autos una vez que se acordó hacer devolución al actor de ese documento, no se encuentra certificada por el Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado y, por tanto, fue ilegal haberle otorgado valor probatorio y, como consecuencia, con ello tener por demostrada la posesión que el actor dice detentar sobre la fracción del inmueble que afirma está invadida por el demandado." III. Una vez establecido lo anterior, revocó la sentencia recurrida y determinó que el actor no probó la acción plenaria de posesión, pues al respecto se puntualizó lo siguiente (foja 265 y vuelta): "En ese contexto, es patente que la copia simple de la escritura pública treinta y tres mil ciento veinte (33120), volumen trescientos ochenta y cinco (385), de dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y cinco es insuficiente para acreditar el primer elemento de la acción plenaria de posesión el cual consiste en que el actor tenga un justo título para poseer." (.) De tal modo, es inconcuso que no se probó la acción plenaria de posesión puesta en ejercicio, debido a que adolece del primer elemento relativo al justo título para poseer, conforme lo (sic) dispuesto los artículos 869 y 870 del Código de Procedimientos Civiles; y, por ende, lo correcto es revocar la resolución de alzada." De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.
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