Luis Arturo Becerra Castañeda

Expediente 210/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 20 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
210/2018
Año
2018
Actuaciones
20
Última actuación
20/08/2018

Partes del expediente

  • Luis Arturo Becerra Castañeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficios y anexos signados por el Magistrado de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad (fojas 95 a 96, 100 a 117 y 132 a 151, respectivamente), comunicó la forma en que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso **********. Asimismo, mediante proveído de siete de agosto de esta anualidad (foja 152), se dio vista a la parte quejosa, tercera interesada y representante especial de los menores, con los referidos oficios y anexos, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El citado proveído les fue notificado el diez, trece y nueve de agosto de esta anualidad, respectivamente (fojas 155, 158 y 159), surtió efectos al día hábil posterior; por lo que, el plazo otorgado de tres días, transcurrió para el promovente del amparo del catorce al dieciséis de este mes, para la parte tercera del quince al diecisiete del actual mes y representante especial de los menores del nueve al trece del propio mes; luego, dentro de ese lapso, no se realizaron manifestaciones. Por consiguiente, este Órgano procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ".....". Luego, en el considerando quinto de dicha determinación, se precisó lo siguiente: ".En el caso, el estudio efectuado por la Sala refleja que identificó los agravios, como señala la tesis 1a. CCCXXXVI/2014 (10a.), sustentada por la Primera del Máximo Tribunal del País, pues como quedó reflejado en el considerando anterior atendió cuál era el motivo de lesión, pues en el fallo reclamado resaltó: i) En el primer agravio expuso que no existía debate en cuanto al fundamento de la procedencia del incidente, sino que no podía determinarse quien acreditó su acción o sus defensas y excepciones y que los actores incidentistas no demostraron el fundamento de su pretensión para que se decretara el incremento de la pensión, por lo que se violaron los principios de la valoración de las pruebas (folio 156 reverso del cuaderno de pruebas); ii) en el segundo motivo de inconformidad alegó que era insuficiente un informe de su patrón para que se dejara sin efectos el convenio celebrado por las partes y que se modificara la forma en la que el demandado tenía que pagar la pensión alimenticia, máxime que evidenció que cumplía con su obligación (folio 156 reverso ídem); iii) el apelante expuso en el tercer agravio que no existía razonamiento alguno de cómo el Juez arribó a la conclusión de condenar al demandado a pagar el incremento de la pensión alimenticia a un treinta por ciento de los ingresos que percibía y que al dar contestación en el incidente realizó una propuesta de aumento de la pensión que era acorde con el incremento de su salario, aunado a que la fijación de ese porcentaje no atendía al principio de proporcionalidad que regía en los alimentos y que no se fundó ni motivó el aumento de dicha prestación en el porcentaje indicado (folio 157 ídem); y, iv) En el último motivo de queja argumentó que el Juez natural se extralimitó al dictar su resolución, ya que la parte actora incidentista no solicitó que se condenara al demandado a pagar la pensión alimenticia sobre los ingresos que percibía en términos del numeral 84 de la ley obrera y que en el convenio que obraba en el juicio de origen no se pactó que dicha pensión se otorgaría con base en el salario integrado de aquél y que de la confesional que fue desahogada a cargo de la actora incidentista se desprendía que no se convino que debía otorgar una parte de su aguinaldo, prima vacacional, utilidades, vales de despensa y demás prestaciones que percibía (folios 157 reverso y 158 ídem). Así las cosas, la responsable incurrió en una omisión de estudio, porque no era factible el análisis conjunto de los agravios, pues aunque la ley no determina un método de análisis y, por ello, aquélla práctica de estudio global no necesariamente transgrede los derechos de acceso a la justicia, según explicó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CCCXXXIX/2014 (10a.), de rubro: "AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. SU ANÁLISIS CONJUNTO NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS AL DEBIDO PROCESO Y DE ACCESO A LA JUSTICIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).", lo cierto es que la condición es que exista una correcta identificación de la litis; pero, lo que no se advirtió fue que la causa de pedir no solamente se circunscribió a controvertir que no procedía la modificación del pacto de alimentos a que se contrae el convenio de divorcio que obraba en autos, sino particularmente, que el Juez primario no había justificado el porcentaje determinado por concepto de alimentos en relación con el principio de proporcionalidad que regía en la materia alimenticia. En esos términos, aun cuando la Sala responsable goza de la libertad para determinar el orden en el que estudiara los agravios planteados en el recurso de apelación, lo cierto es que su labor jurisdiccional está condicionada a que no incurra en omisiones, como en la especie sucedió al no analizar los planteamientos que el apelante formuló en cuanto a la validez de la decisión adoptada por el Juez de primera instancia respecto del incremento de la pensión alimenticia decretada en su contra por el treinta por ciento de los salarios que percibe de su fuente de trabajo y la proporcionalidad de esa condena." (subrayado añadido). De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad aquí responsable, para cumplir con dicho fallo protector, son los siguientes: *Dejar insubsistente la resolución de dieciocho de enero de este año, dictada en el toca civil 113/2017 y en su lugar, emitir otra en la que con plenitud de jurisdicción, analizara los agravios atendiendo a la causa de pedir y resolviera lo que en derecho corresponda. Es decir, gozando de libertad para determinar el orden en el que estudiaría los agravios planteados en el recurso de apelación, pero sin incurrir en omisiones, al analizar los planteamientos que el ahí apelante planteó en cuanto al incremento de pensión alimenticia decretada por el juez, en su contra por el treinta por ciento de los salarios que percibe de su fuente de trabajo y la proporcionalidad de esa condena. Posteriormente, mediante oficio y anexo recibido el veinte de junio de este año (fojas 95 a 96), el Magistrado de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, informó que dejó insubsistente la sentencia emitida el dieciocho de enero de este año; luego, por libelo de veintiocho de junio de dos mil dieciocho y documentales adjuntas, dicho ente responsable, remitió la resolución dictada el veintiséis de junio de este año, en la que, confirmó la resolución revisada de catorce de junio de dos mil diecisiete, emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, residente en esta ciudad y declaró procedente el incidente de incremento de pensión alimenticia promovido por la parte tercera interesada (fojas 101 a 117); así, de la misma, no se advirtió que dicha responsable siguiera los lineamientos establecidos. Por lo que, el veinte de julio de este año, se le requirió nuevamente, a efecto de que justificara cómo arribó a la conclusión de que el treinta por ciento de las percepciones que recibe el deudor alimentario es acorde con el principio de proporcionalidad de acuerdo a la regla que rige en materia de alimentos, pues únicamente se limitó a manifestar que cuando los ingresos del deudor alimentario tengan aumento, ello reflejará también un incremento proporcional en el monto de la pensión alimenticia que se proporciona a los menores; de igual manera, hizo referencia al numeral 304 del Código Civil para el Estado de Nayarit, que consagra el principio de que los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades de quien debe darlos y a las necesidades de quien debe recibirlos; además, sostuvo que dadas las facultades de las que se encuentra investido el juzgador para intervenir aún de oficio en los asuntos de carácter familiar, especialmente tratándose de menores y alimentos debe tomar en cuenta las circunstancias del menor para fijar el pago de los alimentos a cargo del deudor alimentista, realizando un estudio detallado de las necesidades del acreedor para fijar el pago por concepto de alimentos; con base en dichas consideraciones incrementó la pensión alimenticia a un treinta por ciento de los ingresos que obtiene el ahora quejoso, de acuerdo al numeral 84 de la Ley Federal del Trabajo; por ende, se reiteró la Sala responsable omitió justificar por qué el treinta por ciento de las percepciones que obtiene el deudor alimentario con motivo de su trabajo era acorde con el principio de proporcionalidad que rige la materia de alimentos, esto es, conforme a las necesidades de quien debe recibirlos y a las posibilidades de quien debe proporcionarlos. Así, el tres de agosto de esta anualidad (fojas 132 a 151), el Magistrado de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, remitió la resolución de dos del citado mes y año, en la que se advierte que dejó insubsistente las diversas resoluciones de dieciocho de enero y veintiséis de junio, ambas de dos mil dieciocho; además, justificó cómo arribó a la conclusión de que el treinta por ciento de las percepciones que recibe el deudor alimentario es acorde con el principio de proporcionalidad de acuerdo a la regla que rige en materia de alimentos, siguiendo así lo establecido en la ejecutoria de que se trata. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos y garantías violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es, declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Legislación de Amparo en vigor, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo; sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficios y anexos signados por el Magistrado de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad (fojas 95 a 96, 100 a 117 y 132 a 151, respectivamente), comunicó la forma en que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso **********. Asimismo, mediante proveído de siete de agosto de esta anualidad (foja 152), se dio vista a la parte quejosa, tercera interesada y representante especial de los menores, con los referidos oficios y anexos, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El citado proveído les fue notificado el diez, trece y nueve de agosto de esta anualidad, respectivamente (fojas 155, 158 y 159), surtió efectos al día hábil posterior; por lo que, el plazo otorgado de tres días, transcurrió para el promovente del amparo del catorce al dieciséis de este mes, para la parte tercera del quince al diecisiete del actual mes y representante especial de los menores del nueve al trece del propio mes; luego, dentro de ese lapso, no se realizaron manifestaciones. Por consiguiente, este Órgano procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ".....". Luego, en el considerando quinto de dicha determinación, se precisó lo siguiente: ".En el caso, el estudio efectuado por la Sala refleja que identificó los agravios, como señala la tesis 1a. CCCXXXVI/2014 (10a.), sustentada por la Primera del Máximo Tribunal del País, pues como quedó reflejado en el considerando anterior atendió cuál era el motivo de lesión, pues en el fallo reclamado resaltó: i) En el primer agravio expuso que no existía debate en cuanto al fundamento de la procedencia del incidente, sino que no podía determinarse quien acreditó su acción o sus defensas y excepciones y que los actores incidentistas no demostraron el fundamento de su pretensión para que se decretara el incremento de la pensión, por lo que se violaron los principios de la valoración de las pruebas (folio 156 reverso del cuaderno de pruebas); ii) en el segundo motivo de inconformidad alegó que era insuficiente un informe de su patrón para que se dejara sin efectos el convenio celebrado por las partes y que se modificara la forma en la que el demandado tenía que pagar la pensión alimenticia, máxime que evidenció que cumplía con su obligación (folio 156 reverso ídem); iii) el apelante expuso en el tercer agravio que no existía razonamiento alguno de cómo el Juez arribó a la conclusión de condenar al demandado a pagar el incremento de la pensión alimenticia a un treinta por ciento de los ingresos que percibía y que al dar contestación en el incidente realizó una propuesta de aumento de la pensión que era acorde con el incremento de su salario, aunado a que la fijación de ese porcentaje no atendía al principio de proporcionalidad que regía en los alimentos y que no se fundó ni motivó el aumento de dicha prestación en el porcentaje indicado (folio 157 ídem); y, iv) En el último motivo de queja argumentó que el Juez natural se extralimitó al dictar su resolución, ya que la parte actora incidentista no solicitó que se condenara al demandado a pagar la pensión alimenticia sobre los ingresos que percibía en términos del numeral 84 de la ley obrera y que en el convenio que obraba en el juicio de origen no se pactó que dicha pensión se otorgaría con base en el salario integrado de aquél y que de la confesional que fue desahogada a cargo de la actora incidentista se desprendía que no se convino que debía otorgar una parte de su aguinaldo, prima vacacional, utilidades, vales de despensa y demás prestaciones que percibía (folios 157 reverso y 158 ídem). Así las cosas, la responsable incurrió en una omisión de estudio, porque no era factible el análisis conjunto de los agravios, pues aunque la ley no determina un método de análisis y, por ello, aquélla práctica de estudio global no necesariamente transgrede los derechos de acceso a la justicia, según explicó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CCCXXXIX/2014 (10a.), de rubro: "AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. SU ANÁLISIS CONJUNTO NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS AL DEBIDO PROCESO Y DE ACCESO A LA JUSTICIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).", lo cierto es que la condición es que exista una correcta identificación de la litis; pero, lo que no se advirtió fue que la causa de pedir no solamente se circunscribió a controvertir que no procedía la modificación del pacto de alimentos a que se contrae el convenio de divorcio que obraba en autos, sino particularmente, que el Juez primario no había justificado el porcentaje determinado por concepto de alimentos en relación con el principio de proporcionalidad que regía en la materia alimenticia. En esos términos, aun cuando la Sala responsable goza de la libertad para determinar el orden en el que estudiara los agravios planteados en el recurso de apelación, lo cierto es que su labor jurisdiccional está condicionada a que no incurra en omisiones, como en la especie sucedió al no analizar los planteamientos que el apelante formuló en cuanto a la validez de la decisión adoptada por el Juez de primera instancia respecto del incremento de la pensión alimenticia decretada en su contra por el treinta por ciento de los salarios que percibe de su fuente de trabajo y la proporcionalidad de esa condena." (subrayado añadido). De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad aquí responsable, para cumplir con dicho fallo protector, son los siguientes: *Dejar insubsistente la resolución de dieciocho de enero de este año, dictada en el toca civil 113/2017 y en su lugar, emitir otra en la que con plenitud de jurisdicción, analizara los agravios atendiendo a la causa de pedir y resolviera lo que en derecho corresponda. Es decir, gozando de libertad para determinar el orden en el que estudiaría los agravios planteados en el recurso de apelación, pero sin incurrir en omisiones, al analizar los planteamientos que el ahí apelante planteó en cuanto al incremento de pensión alimenticia decretada por el juez, en su contra por el treinta por ciento de los salarios que percibe de su fuente de trabajo y la proporcionalidad de esa condena. Posteriormente, mediante oficio y anexo recibido el veinte de junio de este año (fojas 95 a 96), el Magistrado de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, informó que dejó insubsistente la sentencia emitida el dieciocho de enero de este año; luego, por libelo de veintiocho de junio de dos mil dieciocho y documentales adjuntas, dicho ente responsable, remitió la resolución dictada el veintiséis de junio de este año, en la que, confirmó la resolución revisada de catorce de junio de dos mil diecisiete, emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, residente en esta ciudad y declaró procedente el incidente de incremento de pensión alimenticia promovido por la parte tercera interesada (fojas 101 a 117); así, de la misma, no se advirtió que dicha responsable siguiera los lineamientos establecidos. Por lo que, el veinte de julio de este año, se le requirió nuevamente, a efecto de que justificara cómo arribó a la conclusión de que el treinta por ciento de las percepciones que recibe el deudor alimentario es acorde con el principio de proporcionalidad de acuerdo a la regla que rige en materia de alimentos, pues únicamente se limitó a manifestar que cuando los ingresos del deudor alimentario tengan aumento, ello reflejará también un incremento proporcional en el monto de la pensión alimenticia que se proporciona a los menores; de igual manera, hizo referencia al numeral 304 del Código Civil para el Estado de Nayarit, que consagra el principio de que los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades de quien debe darlos y a las necesidades de quien debe recibirlos; además, sostuvo que dadas las facultades de las que se encuentra investido el juzgador para intervenir aún de oficio en los asuntos de carácter familiar, especialmente tratándose de menores y alimentos debe tomar en cuenta las circunstancias del menor para fijar el pago de los alimentos a cargo del deudor alimentista, realizando un estudio detallado de las necesidades del acreedor para fijar el pago por concepto de alimentos; con base en dichas consideraciones incrementó la pensión alimenticia a un treinta por ciento de los ingresos que obtiene el ahora quejoso, de acuerdo al numeral 84 de la Ley Federal del Trabajo; por ende, se reiteró la Sala responsable omitió justificar por qué el treinta por ciento de las percepciones que obtiene el deudor alimentario con motivo de su trabajo era acorde con el principio de proporcionalidad que rige la materia de alimentos, esto es, conforme a las necesidades de quien debe recibirlos y a las posibilidades de quien debe proporcionarlos. Así, el tres de agosto de esta anualidad (fojas 132 a 151), el Magistrado de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, remitió la resolución de dos del citado mes y año, en la que se advierte que dejó insubsistente las diversas resoluciones de dieciocho de enero y veintiséis de junio, ambas de dos mil dieciocho; además, justificó cómo arribó a la conclusión de que el treinta por ciento de las percepciones que recibe el deudor alimentario es acorde con el principio de proporcionalidad de acuerdo a la regla que rige en materia de alimentos, siguiendo así lo establecido en la ejecutoria de que se trata. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos y garantías violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es, declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Legislación de Amparo en vigor, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo; sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Magistrado de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia de amparo, remite copia certificada de la resolución dictada el dos de agosto del presente año; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, tercera interesada y representante especial de los menores, con el libelo y anexo de cuenta; además, con el símil y anexo, presentado el veinte de junio de esta anualidad; para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidas que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Magistrado de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia de amparo, remite copia certificada de la resolución dictada el dos de agosto del presente año; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, tercera interesada y representante especial de los menores, con el libelo y anexo de cuenta; además, con el símil y anexo, presentado el veinte de junio de esta anualidad; para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidas que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

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