Luis Arturo Becerra Castañeda

Expediente 1626/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 13 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1626/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
20/12/2018

Partes del expediente

  • Luis Arturo Becerra Castañeda
  • Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    . TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se desprende que dentro del plazo de diez días que prevé el numeral 86 de la Ley de Amparo, no se interpuso medio de impugnación en contra de la sentencia de cinco de octubre del año en curso en el presente juicio; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en su arábigo 2, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con fundamento en el ordinal 214 de la Ley en comento, aplicado contrario sensu, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Luego, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto Vigésimo Primero, del capítulo Quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción II, del citado punto Vigésimo Primero del capítulo Quinto, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es destruible, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno. Por otra parte, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, los cuadernos incidentales derivados de este juicio son destruibles, debido a que la medida cautelar se negó respecto del acto reclamado; por ende, déjense por separado. El cuaderno original del incidente de suspensión respectivo es susceptible de destrucción junto con el juicio principal una vez que transcurran más de cinco años; en tanto que el duplicado, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, previa acta que se elabore para constancia y realizada la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Finalmente, devuélvanse las constancias remitidas por el Magistrado de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Incidental

    Resuelve: ÚNICO. Se NIEGA a *** la suspensión definitiva del acto reclamado, atribuido a la Magistrado de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por los motivos y fundamentos precisados en el considerando único de esta interlocutoria.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso Luis Arturo Becerra Castañeda, a través del cual solicita la suspensión provisional y en su momento definitiva contra la resolución emitida por la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con fecha veintiséis de junio del presente año. En ese tenor, como lo solicito tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión solicitado, en términos de lo dispuesto en el ordinal 128 de la ley de la materia. Finalmente, respecto al señalamiento de autorizados y domicilio para oír y recibir notificaciones, deberá estarse a lo acordado mediante auto de veintiséis de julio de dos mil dieciocho, toda vez que ya se proveyó lo conducente, a excepción de Esther Herrera González, en virtud que no se había designado como autorizada de la parte promovente, por tanto, se le tiene e como autorizada únicament para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, conforme lo dispone la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la materia, por no tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

  4. Incidental

    TEPIC, NAYARIT, ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples del escrito de cuenta, como lo prevén los artículos 110 y 128, último párrafo de la Ley de Amparo, tramítese por separado y en duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1626/2018, promovido por Luis Arturo Becerra Castañeda, acorde a lo dispuesto en los numerales 125 y 128 del citado ordenamiento legal, contra actos de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad. Lo anterior, tomando en consideración que, de conformidad con el artículo 130 de la ley de amparo, el promovente del amparo se encuentra en tiempo para ello, con independencia de que en el juicio principal de donde deriva la presente incidencia se haya dictado sentencia definitiva, pues ésta no ha causado ejecutoria, de ahí que resulte la procedencia de la incidencia de mérito. Por tanto, con apoyo en los ordinales 138, fracción III, 140, primer párrafo y 142, primer párrafo de la Ley de la Materia, pídase informe previo a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo por duplicado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes al en que reciban el oficio respectivo, en el cual deben concretarse a expresar si es o no cierto el acto reclamado que se les atribuye; asimismo, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permita a este juzgado federal establecer el monto de las garantías correspondientes que puedan fijarse; al efecto se le remite copia simple del escrito de demanda y del diverso en el que solicitó la apertura del presente incidente. Lo anterior, bajo apercibimiento que en caso de no rendir su informe previo en forma oportuna, de conformidad con lo dispuesto en el precepto 142 del ordenamiento legal en cita, se presumirá la certeza del acto que se les reclama. Por otro lado, se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia en este incidente, en términos de lo dispuesto por el arábigo 138, fracción II de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, los requisitos para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados a petición de parte son: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza; 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. Las consideraciones anteriores se encuentran contenidas en la jurisprudencia XXVII.3o. J/2 (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, página: 2347: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: i) los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; ii) los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; iii) las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, iv) las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal". Hecha tal precisión, en el caso, el quejoso señaló como acto reclamado y autoridad responsable los siguientes: Autoridad responsable: Segunda Sala Civil Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad. Actos reclamados: Resolución emitida con fecha veintiséis de junio del presente año por la autoridad responsable. Precisado lo anterior y tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado que, en esencia, consiste en la resolución emitida el veintiséis de junio del presente año, en el toca civil número 113/2017, por la que el magistrado responsable confirmó la resolución de catorce de junio de dos mil diecisiete emitida por el Juez Segundo de Primera instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, en la que declaró procedente el incidente de incremento de pensión alimenticia promovido por la ahora tercera interesada, resulta improcedente conceder la suspensión provisional solicitada, toda vez que se trata de un acto que se consumó desde el momento mismo en que se realizó, es decir, desde que se emitió la determinación combatida. En atención a lo anterior, con fundamento en lo previsto en los dispositivos 128, fracción I y II y 131 de la Ley de Amparo se NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada, por lo que respecta al acto reclamado citado, en razón de que, se reitera, a tal acto le reviste el carácter de consumado, contra el cual resulta improcedente conceder la medida cautelar solicitada, ya que de hacerlo se darían efectos restitutorios que son propios de la sentencia que se dicte en el juicio principal de donde emana este incidente, pues la concesión de la suspensión actúa desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero de ninguna manera al pasado, toda vez que lo ya consumado, no puede ser objeto de medida cautelar alguna, pues de concederse, se reitera, se darían los efectos restitutorios de que se habla. Lo anterior, toda vez que de no ser así se concedería la suspensión solicitada para que se dejara sin efectos la determinación combatida; sin embargo, se reitera, eso sería dar efectos restitutorios a la medida cautelar de mérito, los cuales solo se pueden otorgar con la sentencia que se dicte en el juicio principal de donde deriva este incidente. Cobra aplicación al respecto, la Jurisprudencia número 12, sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trece, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, cuyo contenido versa al tenor siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie." Por otro lado, respecto de los efectos y consecuencias del acto reclamado también SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA POR EL QUEJOSO, en razón de que resulta improcedente conceder dicha medida cautelar, pues no existe materia para ello, toda vez que los efectos de la resolución combatida han cesado y, por ende, ésta no puede ejecutarse. Lo anterior es así, toda vez que resulta un hecho notorio para la suscrita que en este juzgado se tramitó y resolvió el juicio de amparo 210/2018, promovido por el aquí quejoso contra actos de la Segunda Sala Civil Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en cual reclamaba la diversa resolución de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, dictada en el toca civil 113/2017, por la cual confirmó la resolución de catorce de junio de dos mil diecisiete, emitida por el Juez Segundo de Primera instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, en el juicio de controversias del orden familiar 153/2012, por la que declaró procedente el incidente de incremento de pensión alimenticia promovido por la ahora tercera interesada; asimismo, se tiene certeza de que en dicho juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos ahí precisados. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud jurídica, la tesis de jurisprudencia XXII.J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Por tanto, se ordena agregar copia fotostática simple del oficio U.A.C. 447/2018, de dos de agosto de la presente anualidad, así como de la resolución emita en el toca civil de origen el dos de agosto de la presente anualidad y del diverso proveído dictado por este juzgado el veinte de agosto posterior; para que obren en el presente juicio como prueba documental pública, en razón de que, se reitera, constituye un hecho notorio para esta juzgadora que en este órgano jurisdiccional se tramitó dicho juicio, por lo que en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su arábigo 2°, basta que al momento de resolver se tenga a la vista como hecho notorio el juicio de mérito, de ahí que resulte innecesario glosar copia certificada de las constancias aludidas. Tiene aplicación, al caso la Jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos ochenta y cinco, del Tomo XXV, Junio de dos mil siete, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, misma que es aplicada por identidad de criterio y por no oponerse a las disposiciones de la Nueva Ley de Amparo, cuyo contenido literal siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.- Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Entonces, de dicha documental pública se advierte, en lo que aquí interesa, el seis de agosto de dos mil dieciocho, se recibió el comunicado U.A.C. 447/2018, de dos de agosto de la presente anualidad, suscrito por el Magistrado de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, a través del cual adjuntó copia certificada de la resolución pronunciada el dos de agosto de dos mil dieciocho, en el toca civil de origen, la cual se dictó en cumplimiento a la ejecutoria de amparo indirecto 210/2018 de la estadística de este órgano jurisdiccional, en la que se determinó, por un lado, dejar insubsistente en su totalidad la resolución emitida el veintiséis de junio de la presente anualidad (determinación que constituye el del acto reclamado en la presente instancia constitucional) y, por otro, confirmar la resolución pronunciada el catorce de junio de dos mil diecisiete, por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, residente en esta ciudad; luego, por proveído de veinte de agosto actual, se declaró cumplida la ejecutoria de amparo en comento y, consecuentemente, se ordenó al archivo como asunto totalmente concluido. De lo anterior se advierte, en concreto, que, como se precisó, cesaron los efectos del acto reclamado en la presente instancia constitucional, toda vez que por resolución de dos de agosto de dos mil dieciocho se dejó sin efecto la determinación aquí combatida, de ahí que no existe consecuencia alguna que paralizar en torno al acto del que se duele el quejoso, pues los efectos que éste pudiera tener se han destruido con motivo del dictado de la diversa resolución citada antelativamente, pues ésta sustituyó procesalmente a aquélla. Por otro lado, como se encuentra ordenado en el juicio principal de donde deriva la presente incidencia, se tiene, como autorizados para oír y recibir notificaciones en términos amplios del ordinal 12 de la Ley de la materia a Ramón López Martínez, toda vez que dicho profesionista tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y por no contar con dicho requisito se tienen únicamente como autorizados para oír y recibir notificaciones en términos restringidos a Edgar Emmanuel López Jiménez, Armida Carvajal Fragoso, Patricia Anahí Ulloa Barragán y Esther Herrera González; y, como domicilio para tal fin el que precisa en su escrito de cuenta

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