Luis Armando Rodríguez Celis
Expediente 1376/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1376/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Luis Armando Rodríguez Celis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de quince días, a fin de que las partes se inconformara en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, del auto de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en autos; por tanto, queda firme el citado proveído y, en consecuencia archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en los numerales 196 y 214 de la Ley de la Materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, vistos los autos del presente expediente y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Quinto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto es CONSERVABLE al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo sexto, artículo 17 fracción III inciso a), del Acuerdo en mención. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito presentado vía electrónica en el portal de servicios informáticos en línea del Consejo de la Judicatura Federal por ... mediante la utilización de la firma electrónica certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL) con número de serie 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.e3.f8, a nombre de la citada promovente, atento a su contenido, téngasele por hechas las manifestaciones a que se contraen en el mismo, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Ahora bien, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, dígasele que no ha lugar a admitir la prueba de inspección Judicial a que se refiere en su ocurso de cuenta, ello en virtud que el ofrecimiento de ésta no se realizó con la anticipación que establece el artículo 119 de la Ley de Amparo en vigor, ya que este numeral dispone que cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial, pericial o inspección ocular para acreditar algún hecho, deberán anunciarla cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento, ni el señalado para la propia audiencia, y es el caso que de la certificación de cuenta, se desprende que entre la fecha de presentación del escrito de ofrecimiento de pruebas y la primera data señalada para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio, no media el término que dispone el artículo en comento, consecuentemente tal ofrecimiento es defectuoso e improcedente, por ser extemporáneo. Sirve de apoyo al anterior criterio la tesis de jurisprudencia número P./J. 423, visible en la página 283, tomo VI, febrero de 1995, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro: "PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO. Los cinco días a que se refiere el artículo 151, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, deben ser hábiles, naturales y completos, sin incluir en ellos el día del ofrecimiento de la prueba, ni el en que debe celebrarse la audiencia constitucional." Sin que sea obstáculo para lo anterior el hecho de que la audiencia constitucional señalada en autos, haya sido diferida, pues ello no implica que resurja su derecho para ofrecer la probanza de mérito, además que los hechos que pretende acreditar con el citado medio de convicción, ya eran de su conocimiento inclusive con anterioridad a que las autoridades responsables rindieran su informe justificado, ello es así, pues el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en: ".a).- El señalamiento de una fecha remota para la diligencia de requerimiento de pago o embargo; b).- La omisión de turnar el expediente al actuario adscrito que le corresponda; y c).- La omisión de enviar el oficio de solicitud de apoyo de la fuerza pública en la diligencia de ejecución, actos derivados del expediente ordinario número 2B-872/2020. Fecha de notificación de los actos reclamados: 25 de septiembre del año 2023.". Por lo que tuvo oportunidad de ofrecerla dentro del término de la fecha señalada en primer término para la celebración de la audiencia constitucional, en términos de lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, (diez horas con veinte minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés), ello en razón a que, debe respetarse el término que dispone el citado precepto legal, tomando como indicador la segunda fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, que lo fue las doce horas del once de diciembre próximo, circunstancias que en la especie no acontecieron. De lo anteriormente expuesto se sigue que los oferentes de la prueba estuvieron en condiciones de ofrecer la misma con anterioridad y dentro de los términos establecidos por la Ley, sin que se adviertan hechos supervinientes que pudieran haberse desprendido de las constancias que integran el presente juicio de garantías. Tienen aplicación a lo anterior en lo que aquí interesa la tesis de jurisprudencia número 359, consultable en las páginas 304 y 305 del Tomo IV, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que dice: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCION JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUES DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA. Este Pleno modifica la jurisprudencia que en la compilación de 1988, Segunda Parte, página 2435, aparece con el número 1533 y que establece "PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO, CUANDO SE DIFIERE LA AUDIENCIA.- Es procedente admitir las pruebas testimonial y pericial para la audiencia en el amparo, cuando la inicialmente señalada ha sido diferida de oficio por el Juez de Distrito, y no a petición de las partes"; y, asimismo, se aparta del criterio contenido en la última tesis relacionada con dicha jurisprudencia, que establece, esencialmente, que es inexacto que cuando la audiencia se difiere de oficio, se puedan ofrecer dichas pruebas para la audiencia diferida, agregando que cuando no se anuncian oportunamente para la primera audiencia, no pueden ofrecerse para la segunda, porque ya se perdió el derecho. Partiendo de la hipótesis de que las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial no fueron ofrecidas antes de la audiencia inicial, que ésta se difirió y que en el nuevo periodo sí se ofrecieron con la anticipación requerida por el artículo 151 de la Ley de Amparo, en relación con la fecha de la segunda audiencia, el nuevo criterio sostenido por este Pleno se apoya en dos principios básicos: En primer lugar, el de la expeditez del procedimiento de amparo que deriva de su naturaleza sumaria, de acuerdo con el cual, si las mencionadas pruebas no se ofrecen con la anticipación exigida por el citado precepto, ya no pueden ofrecerse con posterioridad por haber precluido ese derecho procesal; y en segundo, el cimentado en el respeto a la garantía de defensa de la parte oferente, lo que significa que ésta, para gozar de la oportunidad de ofrecer las pruebas aludidas, no sólo debe contar con el plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el señalado para la celebración de la audiencia, sino además, que tal plazo se dé a partir de la fecha en que tenga conocimiento del hecho que trate de probar o desvirtuar con dichas probanzas, conocimiento que puede inferirse de los datos y elementos objetivos de los autos. Así, por ejemplo, cuando la parte oferente ya tenga conocimiento del hecho o situación cuya certeza trata de probar o desvirtuar con tiempo anterior al término señalado en el citado artículo 151, tomando como referencia la audiencia inicial, ya no podrá válidamente ofrecerlas en el período posterior, porque ha precluido su derecho por su abandono; en cambio, si el oferente no conocía el hecho con la oportunidad legal suficiente, como cuando el quejoso se entera de él con motivo del informe justificado rendido poco antes de la audiencia, o como cuando el tercero perjudicado es llamado a juicio sin tiempo suficiente para ofrecer esos elementos probatorios, entonces sí pueden proponerse legalmente con posterioridad a la primera fecha de la audiencia, respetando siempre los términos del artículo 151, sólo que tomando como indicador la segunda fecha, ejemplos que pueden multiplicarse teniendo en común, todos ellos, que desde el punto de vista jurídico el oferente no debe quedar indefenso en la materia probatoria examinada, por causas ajenas a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Conforme a este criterio, por tanto, carece de importancia el hecho de que la audiencia se haya diferido de oficio o a petición de parte, debiendo atenderse a los principios expuestos, cuya aplicación permite dar a cada parte el trato que amerita su propia situación procesal." Así como la tesis aislada, IV.3o.A.25 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible en la página 2581, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRUEBA DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR NO HABERSE OFRECIDO CON LA OPORTUNIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO PRO PERSONA, PREVISTO EN EL PRECEPTO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 119 de la Ley de Amparo dispone que la prueba de inspección judicial debe ofrecerse, a más tardar, cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el día del ofrecimiento ni el de la propia celebración, y que dicho plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad suficiente para su ofrecimiento, con la condición de que no medien causas de descuido o negligencia dentro del procedimiento atribuibles al oferente. Por tanto, si no se ofrece dicha probanza en el plazo concedido para tal efecto ni se señala alguna causa que pusiera de manifiesto que no se conocieron los hechos de que se trata con la oportunidad legal para ofrecerla, resulta correcto su desechamiento, sin que esa determinación transgreda el principio pro persona de los derechos humanos, contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si bien es cierto que el juicio de amparo busca la vigencia del derecho humano a la tutela judicial efectiva, reconocido tanto en la citada Carta Magna como en los tratados internacionales, también lo es que el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos procesales necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, en preservación del principio de seguridad jurídica, consecutivo de la justicia, no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano, sino el respeto a elementos procesales sine qua non, como el de la preclusión de un derecho, como una sanción a un desinterés o descuido". Finalmente, sin que pase desapercibido para la parte oferente de la prueba, que por auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, se requirió la totalidad de las constancias que existan en el juicio de origen a partir del auto de siete de septiembre del año en curso a la fecha; ello, por ser necesarias para resolver en el momento procesal oportuno el presente sumario Constitucional. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, adjuntó como complemento copias certificadas de algunas de las constancias que integran el juicio ordinario laboral ********************; consecuentemente, por resultar necesarias para resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, y 75 de este último ordenamiento legal, requiérase a la autoridad responsable de que se trata, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que reciban el oficio correspondiente, remitan copias certificadas de la totalidad de las constancias que integran el citado juicio de origen, en específico de todas las constancias emitidas después del auto de siete de septiembre último, en particular del oficio a que se hace mención en el mismo, a fin de estar en posibilidad de resolver el presente asunto, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo concedido, se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo V, febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.". Asimismo, resulta aplicable la tesis número I.11o.T.1 K (10a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 2675, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2019418, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUEZ DEBE INDAGAR O RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA DETERMINAR SI AQUÉLLA SE ACTUALIZA, Y SI EL INDICIO SE CONOCIÓ EN EL RECURSO DE REVISIÓN, EL TRIBUNAL DEBE REVOCAR LA SENTENCIA IMPUGNADA Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE AQUÉL REALICE LA INDAGATORIA. Conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio, por lo que deben estudiarse por el juzgador aunque no las invoquen las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, regla que debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales, cuando éstas se adviertan mediante un indicio; por consiguiente, si de las constancias de autos el Juez advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio, oficiosamente debe indagar y, en todo caso, allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza y sobreseer en el juicio, o bien, en caso contrario, abordar el fondo del asunto, sin que obste a lo anterior que las pruebas documentales deban ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la ley citada, de manera que las exhibidas con posterioridad no podrán tomarse en cuenta porque, de hacerlo, se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal. No obstante, esa regla general no opera cuando se acredite un motivo de sobreseimiento conforme al artículo 63 de la propia ley, aun con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional o después de dictada la sentencia, como pudiese acontecer al promoverse el recurso de revisión, donde puede presentarse una prueba documental de la cual derive la existencia de un indicio, al no haber limitación alguna para ello, por lo que el órgano colegiado, al ocuparse del recurso de revisión, tiene la facultad para sobreseer en el juicio, valorando esas pruebas cuando aparezca fehacientemente demostrada o sobrevenga una causal de improcedencia, sin que exista obstáculo para que se revoque el fallo impugnado y se ordene la reposición del procedimiento.". Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia Constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS DEL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio JLCA/J2/2632/2023, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado, con el cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la materia, se tiene como pruebas de la citada responsable, las documentales que adjunta a su comunicado de cuenta, mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva, con las cuales de se ordena dar vista a las partes, a efecto de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese.
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