Luis Armando Rodríguez Celis

Expediente 16/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
16/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Arnold Rafael Tinoco Cuaraqui
  • Luis Armando Rodríguez Celis

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Morelia, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio sin número, remitido vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), signado por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, de la Secretaría de Salud (COFEPRIS) en representación de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de seis de noviembre del año en curso y remite la totalidad de las constancias requeridas. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 210, Fracción I, último párrafo de la Ley de Amparo, se ordena poner los autos para dictar sentencia dentro de tres días siguientes al presente proveído dictado en la Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad en que se actúa. Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese.

  2. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Morelia, Michoacán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número 110.03.22552.23, signado por la Directora General de Procedimientos Constitucionales y Legales, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México; mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución interlocutoria de trece de septiembre del año en curso; consecuentemente, con fundamento en los artículos 81, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, y para los efectos de la ulterior tramitación del mencionado recurso, distribúyanse las copias del escrito de expresión de agravios como corresponda y remítanse los originales del escrito de agravios, así como de este asunto al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, dentro del término de tres días que establece el último de los numerales en cita. En la inteligencia que el término de tres días a que se hizo referencia en el párrafo que antecede, comenzará a transcurrir a partir del día siguiente al en que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de la sentencia recurrida y del presente proveído. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, y toda vez que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En tal, virtud y toda vez de que por auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso b), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 140/2023, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el laudo dictado en el expediente laboral ******************** de su índice, con lo que se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tiene ofreciendo como pruebas de su parte, la documental que acompaña a su oficio de cuenta, consistente en copia certificada del laudo dictado en el expediente laboral ******************** de su índice, prueba que dada su especial naturaleza, se tiene por admitida y desahogada. Ahora bien, de las constancias remitidas por la citado presidente a su oficio de cuenta, se advierte que el treinta y uno de enero del año en curso, dictó el laudo, en el juicio laboral de origen. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante auto de once de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por ********************, por conducto de su apoderada ********************, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de las constancias que obran en el sumario Constitucional se advierte que la parte quejosa reclama: - La omisión de elaborar el proyecto y emitir el laudo en el juicio laboral ********************, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, así como su notificación a las partes. Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable acompañó en copia certificada al oficio de cuenta, consistente en laudo dictado el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral ********************, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, dentro del juicio laboral del que emanan los actos reclamados en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral ********************, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; también lo es que el treinta y uno de enero del año en curso, la Junta responsable dictó el laudo, según se advierte de las constancias respectivas. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Sobreseimiento que se hace extensivo, respecto del acto consistente en la notificación del citado laudo, toda vez que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no existía el mismo, esto es, aún no se dictaba el laudo, de lo cual se sigue que no podía existir la omisión de su notificación a las partes en el juicio de origen. En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las nueve horas con diez minutos del veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. 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