Luis Arcangel Quintal Medina

Expediente 885/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
885/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
22/03/2021

Partes del expediente

  • Luis Arcangel Quintal Medina y Otros.
  • Luis Arcangel Quintal Medina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Vista al cuenta que antecede, se tiene por recibida la copia del oficio 04/2021 remitido por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, con la que comunica que canalizó al Fiscal General del Estado, la vista que se le dio en el presente juicio de amparo por acuerdo de dos de octubre de dos mil veinte, toda vez que de un análisis de los hechos contenidos en la misma, advierte que resultaron ser competencia de la Fiscalía General del Estado, solicitándole que inicie la carpeta de investigación correspondiente, la cual se agrega a estos autos para que obre como legalmente corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente y toda vez que no obra constancia alguna que acredite que se haya notificado a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal el proveído de dos de octubre de dos mil veinte, en el que se le dio vista con las lesiones que presentó el directo quejoso, de la cuales dio fe el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, en la constancia de veintisiete de septiembre de dos mil veinte, a fin de que la referida autoridad ministerial determine lo que a su representación social corresponda; por lo tanto, se ordena a cualquiera de los Actuarios adscritos a este juzgado notifique el acuerdo referido a la citada representante de la federación a través del correo institucional (rossana.rosas971@gmail.com) para su conocimiento y efectos legales conducentes. Notifíquese por correo institucional a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente y la certificación que antecede, de los que se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de dos de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, es evidente que este asunto constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, de ahí que al carecer de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por licencia del Titular, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha fenecido el término de tres días otorgado al directo quejoso Luis Arcángel Quintal Medina, en proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veinte, a efecto de ratificar la demanda de amparo promovida a su favor por Rodrigo Jafed Zapata Sulub, sin que lo hubiere hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veinte y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo y, por tanto, quedan sin efectos todas las providencias decretadas en el presente juicio. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para todos los efectos legales pertinentes. Asimismo, en virtud que de la constancia actuarial de cuenta se desprende que el quejoso Luis Arcángel Quintal Medina, presentó lesiones (golpe en el rostro, un golpe en la cadera y en los brazos); y por cuanto dichas lesiones pudieran ser constitutivas del delito previsto en el artículo 24 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y, en atención a los diversos compromisos internacionales que ha adquirido el Estado Mexicano, este Tribunal determina lo siguiente: Así, debe precisarse, que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, establece en su artículo 24 que "Comete el delito de tortura el Servidor Público que, con el fin de obtener información o una confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva, o por razones basadas en discriminación, o con cualquier otro fin: I. Cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona; II. Cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la Víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento, o III. Realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo". Entonces, al ser la tortura un delito, está sujeto a un procedimiento penal debidamente establecido para su comprobación, como sucede con cualquier otro ilícito y que, por ende, no puede presumirse, sino que debe probarse suficientemente y por las vías legales idóneas, previamente establecidas; máxime que el hecho de que para dar credibilidad a la existencia de la tortura sea necesario que se encuentre probada, garantiza seguridad jurídica para todos los gobernados y con ello, sustenta el Estado de derecho. En esa perspectiva, debe tenerse en cuenta también que de conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no solo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro-persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido en el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Pues bien, de conformidad con los artículos 22 Constitucional y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ninguna persona puede ser sometida a torturas. Este derecho humano fue garantizado y robustecido por el Estado Mexicano al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, cuyos artículos 1, 6o. y 8o. disponen: "Artículo 1. Los Estados Partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los términos de la presente convención". "Artículo 6o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, los Estados Partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción. ..." "Artículo 8o. Los Estados Partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente. Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados Partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal. ...". De los preceptos transcritos, se colige que el Estado Mexicano se obligó a tomar medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura. En congruencia con los referidos deberes del Estado Mexicano, en el artículo 33 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, se estableció: "Artículo 33.- El delito de tortura se investigará y perseguirá de oficio, por denuncia, noticia o vista de la autoridad judicial. La vista judicial tendrá por efecto que la autoridad competente inicie la investigación del delito de tortura en términos de lo dispuesto en la presente Ley y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En el caso de que la autoridad que tenga conocimiento de los hechos constitutivos del delito de tortura no tenga competencia para iniciar la investigación, ésta deberá remitir el asunto de manera inmediata y por cualquier medio, a las Fiscalías Especiales competentes. Todo Servidor Público que tenga conocimiento de la comisión del delito de tortura tiene la obligación de denunciarlo de manera inmediata ante las autoridades competentes". De modo que las personas que denuncien actos de tortura tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata, imparcial y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal; así atento al principio interpretativo pro homine, para efectos de la protección del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura todo tipo de noticia o aviso sobre ese ilícito que se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. En este contexto, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tomen conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a las autoridades ministeriales que deban investigar sobre ese probable ilícito. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, que este tribunal federal comparte, publicada en la página 1107 del Libro XI, agosto de 2012, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor señala: "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 11 de junio de 2011, establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esa disposición también adopta el principio hermenéutico pro homine, según el cual, en la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación más favorable para las personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. Además, este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato. Así, del análisis de los preceptos invocados se concluye: a) Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en el ámbito de sus competencias), y no solo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso; y c) Atento al principio interpretativo pro homine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito." En consecuencia, dese vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con las lesiones que presentó el directo quejoso, de la cuales dio fe el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, en la constancia de veintisiete de septiembre de dos mil veinte, a fin de que la referida autoridad ministerial determine lo que a su representación social corresponda; lo anterior, a través del correo institucional (blanca.ortiz@pgr.gob.mx) para su conocimiento y efectos legales conducentes. En el entendido que con fundamento en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, la Fiscal Federal, dentro del término de diez días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, deberá informar lo que corresponda en virtud de la vista otorgada y de ser así remita copia certificada de la documentación que lo acredite. Notifíquese personalmente y por correo institucional a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

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