Luis Arcángel Quintal Medina

Expediente 432/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
432/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
19/09/2023

Partes del expediente

  • Luis Arcángel Quintal Medina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Vistos, para resolver el presente juicio de amparo número 432/2023-V, promovido por Luis Arcángel Quintal Medina contra los actos que reclama a la Jueza Especializada en Justicia Penal para Adolescentes del Sistema Acusatorio y Oral del Estado, en funciones del Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal, Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Progreso, Yucatán y otras autoridades, por violación a los artículos 1°, 20, apartado B, fracción I, y 14 constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el quince de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el estado de Yucatán, Luis Arcángel Quintal Medina solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Jueza Especializada en Justicia Penal para Adolescentes del Sistema Penal, Acusatorio y Oral del Estado, en funciones del Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Progreso, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Yucatán y el Tribunal Superior de Justicia del estado de Yucatán, los cuales, a su parecer, eran violatorios de los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1°, 20, apartado B, fracción I, y 14 de la Constitución federal. Segundo. Admisión de demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda relativa a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, la cual quedó registrada con el número 432/2023-V, y previa prevención, se admitió en auto de tres de mayo de dos mil veintitrés; se solicitó a las autoridades responsables rindieran sus informes con justificación; y, se dio la intervención que correspondía a la agente adscrita del Ministerio Público la de Federación. Tercero. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, en términos de los artículos 94, primer párrafo, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo promovido contra actos con ejecución dentro del ámbito territorial donde este Juzgado federal ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados. En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se advierte que Luis Arcángel Quintal Medina, reclama lo siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Jueza Especializada en Justicia Penal para Adolescentes del Sistema Penal, Acusatorio y Oral del Estado, en funciones del Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal, Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Progreso. La violación a sus derechos fundamentales a la privacidad, no discriminación, presunción de inocencia y dignidad humana en la audiencia inicial sin detenido que tuvo verificativo el diez de marzo de dos mil veintitrés, derivada de la causa penal 129/2022, radicada ante al Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal, Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Progreso. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Yucatán La omisión de tener jueces de Control habilitados para llevar a cabo las audiencias respectivas y, en vía de consecuencia, la designación de una Jueza Especializada en Justicia Penal para Adolescentes del Sistema Acusatorio y Oral del Estado, para ese fin. Tribunal Superior de Justicia del estado de Yucatán Tercero. Actos inexistentes. Al rendir su informe con justificación, el Tribunal Superior de Justicia del estado de Yucatán, negó la existencia de los actos que se le atribuyeron, sin que la parte quejosa desvirtuara esa negativa. En esa tesitura, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto de los actos que se le reclamaron, por ser inexistentes, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 310, localizable en el Apéndice de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, visible en la página 209, con registro digital 394266, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Cuarto. Certeza de los actos reclamados. En otro aspecto, deben tenerse por ciertos los actos reclamados a la Jueza Especializada en Justicia Penal para Adolescentes del Sistema Penal, Acusatorio y Oral del Estado, en funciones del Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal, Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Progreso, y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Yucatán, por cuanto a pesar de que negaron de plano su existencia al rendir sus informes con justificación, lo cierto es que inmediatamente después de ello, realizaron manifestaciones que dejaron entrever su indudable existencia. En efecto, al rendir su informe justificado, el Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado, en funciones de Juez Tercero de Control del propio Distrito Judicial, negó que en la audiencia verificada el diez de marzo de dos mil veintitrés, se hubieran violado los derechos fundamentales del quejoso a la privacidad, no discriminación, presunción de inocencia y dignidad humana. En ese sentido, expresó: "Tengo a bien señalar que en la audiencia verificada el 10 de marzo de 2023, la Maestra en Derecho Manuela Francisca Chiu Dorantes, Juez Especializada en Justicia Penal para Adolescentes del Sistema Acusatorio y Oral del Estado, en funciones del Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Acusatorio y Oral del Estado, por designación del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en ningún momento violó los derechos señalados por el promovente, ya que la misma se limitó a individualizar a Quintal Medina, realizando diversas preguntas en relación con su edad, fecha y lugar de nacimiento, estado civil, y otras relacionadas con sus generales a fin de poder identificarlo; sin que el citado Quintal Medina ni su defensa, solicitaran a mi homóloga la reserva de los datos personales de aquel." [Lo resaltado es de este Juzgado] Como se ve, el resolutor reconoció que en audiencia de diez de marzo pasado, se realizaron diversas preguntas al quejoso relacionadas con sus generales a fin de poder identificarlo, lo que, además, se corrobora con el acta mínima y disco versátil digital que remitió en apoyo a su informe, a los cuales este órgano jurisdiccional confiere pleno valor probatorio, con fundamento en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su artículo 2°, y la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, Materias Común y Penal, localizable en la página 703, con registro digital 2004362, que dispone: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por su parte, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por conducto de su Secretaria Ejecutiva, también negó la existencia de los actos que se le atribuyeron. No obstante, aseveró que fue en la segunda sesión extraordinaria celebrada el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de esta entidad federativa, designó a la Maestra en Derecho Manuela Francisca Chiu Dorantes, Jueza Especializada en Justicia Penal para Adolescentes del Sistema Penal, Acusatorio y Oral del Estado, para desahogar las audiencias del Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal, Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Progreso, por el periodo comprendido del diez al quince de marzo de dos mil veintitrés. De ahí que deban tenerse por ciertos los actos atribuidos a las responsables. Resulta aplicable la tesis aislada sin número del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, julio de 1994, Octava Época, Materia Común, visible en la página 391, con registro digital 211004, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Aún más, la certeza de los actos atribuidos al Consejo de la Judicatura del Estado se robustece con la copia certificada de la parte conducente del acuerdo que adoptó en la segunda sesión extraordinaria de referencia, y el oficio 707, suscrito por su Secretaria Ejecutiva, en la que se informa la designación hecha a favor de la nombrada Chiu Dorantes, como apoyo para desahogar las audiencias del Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial de esta entidad federativa; documentales que obran agregadas a autos y tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Quinto. Estudio oficioso de las causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, este Juzgado de Distrito procede a analizar, en primer término, si en el caso se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el particular, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXII, de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y." Al respecto, debe destacarse que el juicio de amparo es improcedente cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su objeto o materia. En efecto, el legislador consideró que existen situaciones en las que el subsistiendo el acto de autoridad cuya inconstitucionalidad se reclama, en caso de concluirse que, en efecto, es inconstitucional, sería imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que aduce vulnerado o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia que conceda la protección constitucional. En esa línea argumentativa, la causa de improcedencia de mérito se actualiza en los supuestos en que: i) el derecho afectado por el acto de autoridad se encontró incorporado temporalmente a la esfera jurídica del quejoso; ii) la situación jurídica de la que emanaba el derecho afectado se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación o, iii) por cualquier otra razón que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del agraviado. Al respecto, es ilustrativa la tesis aislada 2a. XCVIII/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, Novena Época, Materia Común, visible en la página 358, con registro digital 191327, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE SUBSISTE, PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. SI SE DEMUESTRA QUE EL TERCERO PERJUDICADO DECLARÓ ANTE EL JUEZ NATURAL QUE LAS PRERROGATIVAS CUYA TUTELA JURISDICCIONAL SOLICITÓ Y LE FUERON RECONOCIDAS, HAN SIDO CUMPLIDAS POR LA QUEJOSA EN VIRTUD DE UN CONVENIO, OPERA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Al tenor de lo establecido en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, si estando pendiente de resolver un juicio de garantías promovido en contra de una sentencia judicial, cuyo objeto se traduce en que un gobernado deba cumplir en favor de otro, con quien previamente había celebrado un determinado acto jurídico, determinadas prestaciones consecuencia de ese vínculo, debe estimarse que el objeto o la materia de aquélla habrá dejado de existir, aun cuando tal sentencia subsista, si las partes dentro del juicio natural llegan a un convenio y en virtud de éste, el tercero perjudicado acude ante el Juez que conoció del litigio declarando que el demandado, promovente del juicio de amparo, ha cumplido a su entera satisfacción con las prerrogativas cuya tutela judicial solicitó y le fueron reconocidas, ya que si la materia de la resolución en comento se traduce en la incorporación a la esfera jurídica del tercero perjudicado de las referidas prerrogativas, mediante el respectivo procedimiento de ejecución, al declarar éste ante la autoridad judicial competente que la totalidad de los derechos que le asistían, en razón del acto jurídico subyacente al fallo correspondiente, le fueron restituidos por el quejoso, al tenor de un convenio celebrado entre ellos, resulta inconcuso que tal objeto o materia ha desaparecido del mundo jurídico, aun cuando subsista la sentencia de mérito. Debiendo señalarse que el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acto jurídico que dio lugar al juicio, cuando acontece en virtud de un convenio celebrado entre las partes no constituye, en manera alguna, un efecto jurídico de la sentencia impugnada, sino, en todo caso, de la relación jurídica que con anterioridad habían entablado, por lo que el pago correspondiente no puede considerarse como un efecto de la resolución judicial, que haya dejado una huella en la esfera jurídica de la quejosa, susceptible de repararse mediante la sentencia de amparo que, en su caso, llegare a emitirse." En la especie, como se vio, el quejoso reclama de la Jueza Especializada en Justicia Penal para Adolescentes del Sistema Penal, Acusatorio y Oral del Estado, la violación a sus derechos fundamentales a la privacidad, no discriminación, presunción de inocencia y dignidad humana, en la audiencia inicial sin detenido a su cargo, que tuvo verificativo el diez de marzo de dos mil veintitrés, y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, la omisión de tener jueces de Control habilitados para llevar a cabo las audiencias respectivas y, en vía de consecuencia, la designación de una Jueza Especializada en Justicia Penal para Adolescentes en el desahogo de su audiencia inicial. Ahora bien, del informe justificado remitido por el Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado, en funciones de Juez Tercero de Control del propio Distrito Judicial, el cual tiene valor probatorio pleno, de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en audiencia de doce de mayo de dos mil veintitrés, se formuló imputación al aquí quejoso por el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión simple del narcótico denominado cannabis o mariguana, previsto y sancionado con pena privativa de la libertad por los artículos 477, 473, fracciones V, VI y VIII, y 479 de la Ley General de Salud, y que en la propia audiencia se resolvió su situación jurídica ya que se dictó a su favor auto de no vinculación a proceso por el ilícito de referencia. En esas condiciones, es incuestionable que si bien continúa existiendo la violación a los derechos fundamentales del quejoso, derivado del desahogo de la audiencia inicial de diez de marzo de dos mil veintitrés, en la que se le realizaron diversas preguntas relacionadas con sus generales a fin de poder identificarlo, y su celebración por parte de la Jueza Especializada en Justicia Penal para Adolescentes del Sistema Penal, Acusatorio y Oral del Estado, lo cierto es que al no vinculársele a proceso, la situación jurídica de la que derivaban esas transgresiones se modificó sin dejar huella alguna en su esfera jurídica, susceptible de reparación. De otro modo dicho, aunque formalmente subsisten los actos reclamados, dejó de existir su objeto o materia, en virtud de la modificación del entorno en el cual estos acaecieron, por lo que en caso de concluirse que son inconstitucionales, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de los derechos humanos que estima violados. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, diciembre de 2006, Novena Época, Materia Común, visible en la página 189, con registro digital 173858, que establece: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Por las anotadas consideraciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, respecto de los actos atribuidos a la Jueza Especializada en Justicia Penal para Adolescentes del Sistema Penal, Acusatorio y Oral del Estado y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la invocada legislación. Sexto. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la ley. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 76 al 78 y 217 de la Ley de Amparo, se Resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Luis Arcángel Quintal Medina contra los actos que reclamó a las autoridades señaladas como responsables, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, hasta el día de hoy, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitió las labores del Juzgado, ante la secretaria Georgina Pacheco Hernández, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    AVISO-PARTE QUEJOSA. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 76 al 78 y 217 de la Ley de Amparo, se Resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Luis Arcángel Quintal Medina contra los actos que reclamó a las autoridades señaladas como responsables, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, hasta el día de hoy, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitió las labores del Juzgado, ante la secretaria Georgina Pacheco Hernández, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, y remite copias certificadas de relativas a la sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de fecha veintiocho de febrero de dos mil veintitrés; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo aplicable, pónganse a la vista de las partes para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, autorizado mediante oficio CCJ/ST/1003/2023, de trece de marzo de dos mil veintitrés, ante la licenciada Georgina Pacheco Hernández, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y el informe justificado rendido por la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el que informó que en la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, fue designada la Maestra en Derecho Manuela Francisca Chiu Dorantes, para que desahogue las audiencias del Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Estado, por el periodo del diez al quince de marzo de dos mil veintitrés. En consecuencia, a efecto de proveer lo conducente respecto al acto reclamado consistente en la omisión de habilitar a jueces de control para llevar a cabo las audiencia respectivas y como consecuencia, la designación de una Jueza Especializada para Adolescentes para dicho fin, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que en el término tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, remita a este órgano de control constitucional las constancias certificadas relativas a la sesión extraordinaria a la que hace alusión en su informe de Ley, a fin de que este órgano de control constitucional esté en aptitud de analizar la constitucionalidad del acto reclamado, apercibida que de no dar cumplimiento o no informar las causas que se lo impidan se hará efectiva la multa señalada en auto de tres de mayo de dos mil veintitrés, consistente en multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva hora y fecha para su celebración las once horas con veinte minutos del cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Sin que el presente acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables, dado que no se considera de trascendencia, acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese. (...)

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