Luis Antonio Tellez Garcia
Expediente 160/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 160/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/02/2018
Partes del expediente
- Luis Antonio Tellez Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
IV. Toluca, Estado de México; veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de cuatro de febrero del presente año, a través del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Luis Antonio Tellez García, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de depuración, porque se concedió la suspensión de plano en el juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción III, párrafos segundo y cuarto del Acuerdo General Conjunto de referencia). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. De igual forma, se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria José Antonio Ruiz Rosales, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
IV. Toluca, Estado de México; quince de febrero de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta y el estado procesal del presente asunto evidencia que ha transcurrido el plazo de cinco días concedido en proveído de cuatro de febrero de dos mil dieciocho, sin que el quejoso haya cumplimentado la prevención que se le hizo en dicho auto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado y con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida. Hágase del conocimiento el contenido del presente acuerdo al Director de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Metepec, Estado de México, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por medio de lista a la parte quejosa por así haberlo solicitado. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el SecretarioJosé Antonio Ruiz Rosales, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
IV. Toluca, Estado de México; ocho de febrero de dos mil dieciocho. Téngase, por recibido el oficio suscrito por el Director de Seguridad Pública y Tránsito de Metepec, Estado de México, a través del cual informa el cumplimiento dado a la suspensión de oficio decretada el cuatro de febrero de dos mil dieciocho. Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para los efectos legales conducentes. De conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia, téngase por designados como delegados de la autoridad responsable a las personas mencionadas. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por la responsable. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Antonio Ruiz Rosales que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa la determinación de treinta y uno de enero pasado por medio de lista, en cumplimiento al aviso de dos de los actuales. V. Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 1444/2017-V; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil diecisiete (foja 2), en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Magdalena Rodríguez Chávez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto que a continuación se mencionan: "AUTORIDAD RESPONSABLE. Magistrados de la Primera Sala Regional Familiar de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado México, con domicilio. . A cada una de las autoridades señaladas como responsables, se les designa como Ordenadoras y Ejecutoras, del acto reclamado, por sí o a través de sus subalternos. IV. ACTO RECLAMADO. .A) de la Autoridad Ordenadora, reclamo la resolución del catorce de agosto del año 2017, dictada en el Toca 540/2017 del índice de la Primera Sala Regional Familiar de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; misma que se pretende consumar en mi perjuicio, mediante sus resolutivos primero y segundo. B) De las autoridades ejecutoras reclamo la ejecución de los actos que se reclaman de la ordenadora y que se pretende ejecutar en su perjuicio C) De todas y cada una de las autoridades indiadas, ya sea en su calidad de ordenadoras o ejecutoras, por si o a través de sus subalternos, las omisiones tendientes a vulnerar a la quejosa de ejercer sus derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado de México es parte." (sic). SEGUNDO. Derechos humanos violados. La quejosa estimó violados los derechos humanos protegidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Recibida la demanda en este Juzgado de Distrito a quien por razón de turno tocó su conocimiento, se radicó con el juicio de amparo indirecto1444/2017-V, se admitió, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención que por ley le compete, se ordenó el emplazamiento a los terceros interesados, y se fijó hora y día para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. CUARTO. Emplazamiento tercero interesado. Por autos de cinco de octubre y diecisiete de noviembre ambos de dos mil diecisiete, se tuvo por apersonadas los terceros interesados (foja 116 y 129) QUINTO. Diferimiento. Por auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, se difirió la audiencia constitucional señalada para ese día, la cual, se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37 párrafo primero y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclaman actos emitidos por una autoridad con residencia en el lugar en que este juzgado de distrito ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador al momento de dictar resolución se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por el quejoso, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de amparo e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de garantías y de los datos que emanan del presente expediente, se advierte que el quejoso reclama: la resolución de catorce de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación 540/2017 del índice de la Primera Sala Regional Familiar de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Magistrado integrante de la Sala Familiar de Toluca, Estado de México (foja 23), al rendir su al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le reclama. Certeza que se corrobora tanto del contenido del informe justificado como de las constancias que acompañó al mismo, consistentes en copias certificadas del expediente de origen, a las cuales por ser documentos públicos se les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria acorde con el numeral 2° de la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Al no actualizarse causa de improcedencia, ya sea que las partes hayan hecho valer, diversa a la comentada, ni este juzgador advierta de oficio, se procede al estudio del asunto. QUINTO. Análisis del fondo del asunto. La parte quejosa sustancialmente refiere en sus conceptos de violación lo siguiente: La autoridad responsable hace referencia a un auto declarativo de herederos pronunciado el ocho de abril de dos mil quince, lo cual resulta falso; por lo que existe una omisión en el estudio de los agravios, en relación con las constancias existentes en el expediente de origen. La responsable rompe el equilibrio procesal en el expediente de origen, dado que las hoy tercero interesadas consintieron de manera tácita los hechos. Existe una inexacta aplicación de los artículos 6.250, 6.251 y 6.252 del Código Civil vigente en la entidad, toda vez que el dispositivo 5.251 de la citada legislación, refiere "Usufructo por donación. Artículo.- 5.251. El donante que se reserva el usufructo de los bienes donados está exento de otorgar garantía." La autoridad responsable fue omisa en la aplicación de las causales para la conclusión del cargo de albacea, contenidas en la fracción I del artículo 6.259 del Código Civil en la entidad. Al día de la presentación de la demanda de amparo, están pendientes por resolver tres incidencias planteadas en el expediente 133/2005, del índice del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. La Sala responsable no satisface la garantía de legalidad, en la que haciendo uso de las facultades que la ley le confiere, aborde directamente el estudio de las pruebas, con las cuales estime comprobados los elementos del tipo penal y la responsabilidad penal. La resolución reclamada adolece de falta de fundamentación y motivación, lo cual se puede dilucidar por medio de un examen oficioso, con el objeto de evitar un estudio ocioso de aspectos no controvertidos por el reo o su defensor. De la resolución reclamada se advierte que la responsable se remitió a las consideraciones y fundamentos de la sentencia de primer grado, con el objeto de evitar un estudio oficioso de aspectos no controvertidos por la impetrante en el escrito de agravios o en ausencia de ellos. La autoridad responsable no está eximida de fundar y motivar su resolución, como tampoco de analizar si en la sentencia de primer grado, se aplicó la ley correspondiente o no se aplicó, si se violaron los principios reguladores de la prueba de la valoración de la prueba, si se alteraron los hechos, si se falló en contra de constancias, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1.195 del Código de Procedimientos Civiles en la entidad. En ese orden, el primer concepto de violación precisado en el inciso 1, resulta infundado, ello en virtud de que la quejosa medularmente expuso como agravios: La inactividad procesal fue derivada de un acuerdo de voluntades de la coherederas y no así porque la hoy quejosa haya mostrado falta de interés por dar continuidad al procedimiento. En fecha veinte de diciembre de dos mi dieciséis la hoy quejosa presentó incidente de modificación al caudal hereditario del intestamentario, por encontrar motivos de que existen bienes muebles no incluidos al formular la segunda sección de inventarios y avalúos. Las actoras incidentitas han consentido el cargo de albacea y funciones realizadas. Se vulnera en su contra las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no ser oído y vencido en su calidad de albacea. Las incidentistas se limitan a señalar que se declare removida la hoy quejosa en la cargo de albacea, sin precisar el motivo y razones por las que se consideran removidas. La demora en el asunto de origen no es causa imputable a la hoy quejosa, sino derivó de un acuerdo de voluntades con las coherederas. Es falso que desde el veinticuatro de mayo de mayo de dos mil cinco, hasta la fecha (del escrito de apelación), no se haya realizado ningún movimiento o este inactivo, pues se dejó de observar que el cinco de octubre de dos mil siete, la hoy quejosa solicitó que se tuviera por integrada la segunda sección de inventarios y avalúos, la cual se tuvo por iniciada el ocho siguiente y al no haber oposición se tuvo por aprobada el once de diciembre de dos mil siete. En ningún momento de las respuestas de posiciones formuladas por las coherederas, se aprecia que la apelante haya dejado de tener actividad procesal en el juicio de origen. Se infringió lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al faltar al debido proceso y a los precios rectores del proceso. El A quo permitió la promoción de escritos de incidentes frívolos, maliciosos e intempestivos y fundados en disposiciones legales no aplicables en el Estado de México. El artículo 6.233 del Código Civil del Estado de México, le impide la extracción de bienes antes del inventario. En ese orden, la autoridad responsable en la emisión de la resolución reclamada expuso, lo siguiente: La apelación tiene por objeto que el tribunal de alzada, revoque o modifique la resolución impugnada, en los puntos relativos a los agravios, los que de no prosperar, motivaran su confirmación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1.366 del Código de Procedimientos Civiles en vigor. Los argumentos vía agravios se tuvieron por reproducidos y se precisó que se analizarían en relación con las actuaciones judiciales de primera instancia, a las que otorgó valor probatorio de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1.293, 1.294 y 1.359 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, los cuales resultaron infundados. Como antecedentes relató que el ocho de abril de dos mil quince (la fecha correcta es dos mil cinco foja 30 del expediente de origen), se declaró como únicos herederos de la sucesión intestamentaria a bienes de Mario Rodríguez Peñaloza a Magdalena, Elizabeth Ana Maria, Laura Mirella, Mario Genaro y Diana de apellidos Rodríguez Chávez; el veinticuatro de mayo de dos mil cinco, se designó como albacea a Magdalena Rodríguez Chávez quien aceptó y protestó el cargo. Elizabeth Ana Maria Laura Mirella y Diana de apellidos Rodríguez Chávez, promovieron el incidente de remoción del cargo de albacea de su hermana Magdalena Rodriguez Chávez, narrando en sus hechos, en lo particular en el número 5, que el asunto estuvo sin actividad procesal, por falta de interés de la albacea de dar una continuidad al procedimiento; por lo que contrario a lo expuesto en los agravios, se cumplió con lo dispuesto en el artículo 2.108 del Código de Procedimientos Civiles en la entidad. La autoridad responsable expuso que el hecho 5 en comento, se encontró acreditado con las constancias que integran el asunto de origen, valoradas en términos del artículo 1.293 y 1.359 del código adjetivo civil, pues de las mismas advirtió que en diversas ocasiones por inactividad procesal se remitió el asunto al archivo; asimismo, la albacea no fue continúa en realizar los trámites de la sucesión. La autoridad responsable citó los artículos 6.250, 6.251 y 6.252 del Código Civil en la entidad, y refirió que el albacea debe cumplir su encargo dentro de un año, contado desde su aceptación y que de las actuaciones judiciales se advirtió que desde el veinticuatro de mayo de dos mil cinco, en que fue nombrada albacea Magdalena Rodríguez Chávez, a la fecha en que se promovió el incidente de origen vente de abril de dos mil diecisiete, han trascurrido doce años -más de un año-, sin que las herederas hubieran prorrogado el cargo de albacea, por lo que resultó bastante para que procediera la remoción del albacea, al no cumplir con su encargo dentro del plazo legal. Asimismo, la autoridad responsable precisó que no era óbice que la pretensión de la recurrente en el sentido de que "no se habían concluido todas las secciones de la presente sucesión derivado de la interposición de frívolos incidentes de oposición y remoción de albacea es que no han podido concluir". Citó la tesis de Pleno, publicada en la página 894, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XVIII, Quinta Época, con registro 283310, cuyo rubro y texto son: "ALBACEAS. El albacea a quien el testador no haya fijado plazo, debe cumplir su encargo dentro de un año, contado desde su aceptación, o desde que terminen los litigios que se promovieron sobre la validez o nulidad del testamento, y como las actuaciones judiciales hacen prueba plena, si con las del juicio sucesorio no se comprueba la existencia de esos litigios, tal hecho es bastante para que proceda la remoción del albacea, que no cumple con su encargo dentro del plazo legal." La Sala responsable agregó que la recurrente no acreditó que la inactividad procesal, fuera derivada de un acuerdo de voluntades con las herederas, y al analizar la respuesta a la posición 14, concluyó que la albacea no fue continúa al hacer los trámites de la sucesión como lo pretende hacer valer. La Sala responsable relató, que si bien la apelante refirió que no fue continúa en los trámites, es en atención a que sus contrarias promovieron diversos escritos; sin embargo, la autoridad responsable expuso que dichas circunstancias tenía que hacerlas valer en diverso incidente, pues en el que se actuaba era el de remoción de albacea. Que contrario a lo que adujo el promovente, el juez A quo no violó sus garantías constitucionales previstas en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, al haber realizado la junta de herederos para designar nuevo albacea, pues al ser procedente la remoción de albacea se tiene que llevar a cabo la junta de herederos para que nombren nuevo albacea que represente la sucesión intestamentaria a bienes de Mario Rodríguez Peñaloza. La responsable citó en apoyo a sus consideraciones la jurisprudencia 132, publicada en la página 218 del apéndice de 1985 Tercera Sala, Quinta Época, con registro 395308, cuyo rubro y texto son: "ALBACEAZGO, TERMINACION DEL. El cargo de albacea, acaba, entre otras causas, por el término natural del mismo, por lo cual, la remoción de quien lo desempeña, fundándose en esa causa, es legal y no viola garantía alguna". Que el artículo 6.233 del Código Civil en la entidad, no es aplicable al incidente en cuestión, pues éste es aplicable al diverso de inventario y avalúo, contrario a lo que expresó en sus agravios la recurrente. De lo anterior se constata que no existe la omisión que refiere la promovente del amparo, pues se advierte que se dio respuesta a los agravios propuestos; además si bien existe error en la cita de la fecha (año) del auto declarativo de herederos, pues no es del año dos mil quince, sino de dos mil cinco, ello no trasciende el sentido de la resolución reclamada, pues se constata de la misma, cual es el año correcto, tan es así que al referir la autoridad responsable la citada fecha, acto continuo señala la fecha de la designación de albacea, siendo esta el veinticuatro de mayo de dos mil cinco; además, tal error no es motivo de omisión en contestar los agravios expuestos de acuerdo a las constancias, pues de lo relatado se advierte que los mismos se tuvieron por reproducidos y que se analizarían en relación con las actuaciones judiciales de primera instancia, lo cual aconteció en los términos precedentes. En relación con el concepto de violación precisado en el inciso 2, resulta infundado, pues del incidente de origen y de la resolución reclamada no se advierte que se haya infringido el equilibrio procesal de las partes, al tomar en consideración que comparecieron a defender sus intereses con relación a la litis planteada; además, no se advierte que las hoy tercero interesadas hayan consentido los hechos, pues contrario a lo que aduce la inconforme, ellas interpusieron el incidente de remoción de albacea por los motivos expuestos en su demanda incidental, con lo que se constata que no hay consentimiento de hechos. El concepto de violación sintetizado en el inciso 3, resulta infundado, pues es precisamente con apoyo en el artículo 6.250 del Código Civil de la entidad, que dispone que el albacea está obligado a cumplir con su encargo dentro de un año, contado desde su aceptación, o desde que terminen los litigios que se promovieron sobre la validez o nulidad del testamento; sin que en el caso se haya demostrado ante la autoridad responsable, que exista prórroga por parte de las coherederas, situación que prevé el numeral 6.251 del mismo ordenamiento; por ende, se actualizó el supuesto que prevé el diverso 6.253 de dicha legislación, es decir la remoción del albacea; sin que en el caso haya sido materia de análisis lo dispuesto en el artículo 5.251 del código en cita, relativo a la donación que reserva el usufructo, pues estamos ante un incidente de remoción de albacea. El concepto de violación precisado en el inciso 4, resulta infundado, pues contrario a lo que expone la inconforme, la autoridad responsable atendió acertadamente a la remoción de albacea por los motivos que se exponen en la resolución reclamada y no así por la extinción de los derechos y obligaciones derivados de la sucesión, de acuerdo al artículo que cita en su concepto de violación -por ser diverso supuesto-. El concepto de violación precisado en el numeral 5, resulta infundado, dado que como acertadamente lo refirió la autoridad responsable, no es óbice el que estén pendientes de resolver las incidencias que refiere, pues como lo sustentó en diverso párrafo de la resolución reclamada el albacea debe cumplir su encargo dentro de un año, contado desde su aceptación y de las actuaciones judiciales aprecio que había trascurrido más de un año, sin que las herederas hubieran prorrogado el cargo de albacea, por lo que resultó bastante para que procediera la remoción del albacea, al no cumplir con su encargo dentro del plazo legal, lo cual fue robustecido con el criterio de rubro "ALBACEAS", tesis que se tiene por reproducida, a fin de evitar obvias repeticiones innecesarias. Los conceptos de violación precisados en los numerales 6 y 7, resultan infundados, dado pues el asunto de origen es de naturaleza civil y no penal, como lo aduce en su concepto de violación, por ende no se puede analizar el cuerpo del delito, así como la probable responsabilidad que refiere, como tampoco aspectos no controvertidos por el reo o su defensor. El concepto de violación precisado en el numeral 8, resulta infundado, pues en el caso, la autoridad responsable no omitió el estudio de los agravios propuestos por el apelante, tan es así que al resolver, señaló que la apelación tenía por objeto que el tribunal de alzada, revocara o modificara la resolución impugnada, en los puntos relativos a los agravios, los que de no prosperar, motivarían su confirmación, situación que aconteció, por lo que al no controvertir mediante agravio, la Sala responsable se encontraba impedida para hacer un análisis de aspectos no combatidos. El concepto de violación precisado en el numeral 9, resulta infundado, dado que de párrafos precedentes, se advierte que la autoridad responsable emitió la resolución reclamada fundando y motivando la misma en los términos que anteceden, atendiendo a la garantía que tutela el artículo 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, de la cual no se advierte que se haya dejado de aplicar la ley correspondiente, se violaran los principios reguladores de la valoración de la prueba, se alteraran los hechos, o se fallara en contra de constancias, por lo que la Sala responsable cumplió con el mandato constitucional inmerso en dicho numeral. Además, la quejosa no refiere qué aspectos debieron estudiarse de oficio, ya sea controvertidos en vía de agravios o aún en ausencia de ellos, como lo refiere la promovente; asimismo, de la simple lectura del acto reclamado, se advierte que se encuentra fundado y motivado, sin que se haya controvertido de manera frontal el sustento que soporta la resolución reclamada, o demostrado que se dejó de analizar la sentencia de primer grado, no se aplicó la ley correspondiente, se violaron los principios reguladores de la prueba de la valoración de la prueba, se alteraron los hechos o se falló en contra de constancias. Por tanto, al no desvirtuar la quejosa los razonamientos que tuvo la autoridad responsable para declarar infundados los agravios expuestos en el recurso de apelación, o en su caso, desvirtuar la procedencia de remoción de albacea, por no cumplir con su encargo dentro del plazo legal, es que resultan ineficaces sus conceptos de violación y por ende debe continuar rigiendo el sentido de la resolución reclamada. De lo expuesto en el presente fallo al resultar infundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado contra la resolución de catorce de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el toca de apelación 540/2017 del índice de la Primera Sala Regional Familiar de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 73 al 76, 123, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se, R E S U E L V E: Único. La Justicia de Unión no ampara ni protege a Magdalena Rodríguez Chávez, en contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo y tercero de este fallo; por los razonamientos y motivos jurídicos expresados en el último considerando de esta determinación. Notifíquese y personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante José Mauricio Neira Villarreal, Secretario que da fe, hoy treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.
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