Luis Antonio Pardo Valle

Expediente 1836/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 38 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1836/2015
Año
2015
Actuaciones
38
Última actuación
14/11/2017

Partes del expediente

  • Luis Antonio Pardo Valle

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Principal

    VI.- Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, del que se advierte que ya no es necesario el resguardo de las copias certificadas relativas a la carpeta de investigación 165970360041115, en cinco tomos, remitidas como complemento a su informe justificado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Ocho de la Unidad de Investigación "A1" Toluca, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (anteriormente Procuraduría General de Justicia del Estado de México), ya que es un asunto totalmente concluido, devuélvase a la citada autoridad, sin que haya necesidad de solicitar el acuse respectivo, tomando en consideración que no son constancias originales.

  2. Principal

    VI) De la certificación de cuenta se desprende que la parte quejosa, a quien se considera podría causarle algún perjuicio la sentencia de trece de mayo del año en curso, a través de la cual se sobreseyó en el juicio, dentro del plazo de diez días inserto en el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito, por ende, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación siguiente: 1) El cuaderno principal es susceptible de destrucción, porque mediante sentencia de trece de mayo del año en curso, se sobreseyó el juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo General Conjunto de referencia). 2) El original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción (punto vigésimo, inciso III y vigésimo primero, inciso III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009). En el entendido que en ambos expedientes (principal e incidental), no existen documentos exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este juzgado de Distrito carecen de relevancia documental y, además, no encuadran en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción de los mismos, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obre el acuse de notificación del presente proveído, el expediente en que se actúa se enviará materialmente al archivo. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veinte de mayo de dos mil dieciséis. Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Víctor Hugo Espino Hernández, mediante el cual solicita copia certificada de la resolución dictada en el presente juicio de garantías, y solicita le sean entregadas a Juana Salas Ballado y/o Marisol Salas Ballado; en tal virtud, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, y con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2º a la Ley de la Materia, expídanse a costa del promovente las copias que solicita, debiendo dejar en autos constancia de su recibo; asimismo, se autoriza a las personas que refiere para los efectos que indica. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Rafael Becerra Lozano, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    VI) I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1836/2015-VI promovido por Luis Antonio Pardo Valle, por conducto de su apoderado legal Víctor Hugo Espino Hernández, contra actos del Titular de la Fiscalía Regional de Toluca, del Estado de México y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil quince (fojas 2 a 51), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, Luis Antonio Pardo Valle, por conducto de su apoderado legal Víctor Hugo Espino Hernández, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE: "1. TITULAR DE LA FISCALÍA REGIONAL DE TOLUCA, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. 2. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN "A1" DE LA MESA OCHO DE TRÁMITE CON RESIDENCIA EN TOLUCA... 3. TITULAR DEL REGISTRO PÚBLICO Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL. ACTO RECLAMADO De la autoridad señalada con el número 1 y 2, reclamo lo siguiente: A) LA NEGATIVA A ORDENAR Y/O DETERMINAR EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA CONSISTENTE EN ORDENAR LA CANCELACIÓN DE LA ANOTACIÓN MARGINAL DEL FOLIO 202137 DEL INMUEBLE CON EL NÚMERO 35, HOY MARCADO CON EL NÚMERO 29, DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, ESQUINA CON LA CALLE BERLÍN Y TERRENO QUE OCUPA, QUE ES UNA PORCIÓN DE LAS FRACCIONES "A", "B", "C" Y "D", DEL LOTE MARCADO CON EL NÚMERO 14 DE LA MANZANA "A", EN LA COLONIA PORTALES ANTES ALBERT, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO SUS AUXILIARES CORRESPONDIENTES A 10 DEPARTAMENTOS MARCADOS CON LOS NÚMEROS 101, 102, 201, 202, 301, 302, 401, 402, 501 Y 502. B) LA OMISIÓN DE ORDENAR Y/O DETERMINAR DE OFICIO EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA Y CANCELAR LA ANOTACIÓN MARGINAL DEL (SIC) CON EL NÚMERO 35, HOY MARCADO CON EL NÚMERO 29, DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, ESQUINA CON LA CALLE BERLÍN Y TERRENO QUE OCUPA, QUE ES UNA PORCIÓN DE LAS FRACCIONES "A", "B", "C" Y "D", DEL LOTE MARCADO CON EL NÚMERO 14 DE LA MANZANA "A", EN LA COLONIA PORTALES ANTES ALBERT, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, CON NÚMERO DE FOLIOS (SIC) 202137, ASÍ COMO SUS AUXILIARES CORRESPONDIENTES A 10 DEPARTAMENTOS MARCADOS CON LOS NÚMEROS 101, 102, 201, 202, 301, 302, 401, 402, 501 Y 502. C) LA OMISIÓN DE RESOLVER Y/O DETERMINAR LA INCOMPETENCIA, DECLINÁNDOLA A LA FISCALÍA DE TLALNEPANTLA DE BA EN EL ESTADO DE MÉXICO. D) LA OMISIÓN DE RESOLVER Y/O DETERMINAR DE OFICIO, EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL DE LA CARPETA 165970360041115, MISMA QUE SE ENCUENTRA BAJO LA CUSTODIA DE LA FISCALÍA REGIONAL DE TOLUCA, LLEVANDO EL TRÁMITE DE LA INVESTIGACIÓN LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN "A1" DE LA MESA OCHO DE TRÁMITE CON RESIDENCIA EN TOLUCA, LIC. ANGÉLICA RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ, MISMA QUE PERTENECE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. D) (SIC) LOS ILEGALES ACUERDOS DE FECHA 5 DE AGOSTO DE 2015, Y EL DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL PRIMERO DE ELLOS ORDENA LA ILEGAL ANOTACIÓN MARGINAL DE LOS ASIENTOS REGISTRALES DEL INMUEBLE MARCADO CON EL NÚMERO 35, HOY MARCADO CON EL NÚMERO 29, DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, ESQUINA CON LA CALLE BERLÍN Y TERRENO QUE OCUPA, QUE ES UNA PORCIÓN DE LAS FRACCIONES "A", "B", "C" Y "D", DEL LOTE MARCADO CON EL NÚMERO 14 DE LA MANZANA "A", EN LA COLONIA PORTALES ANTES ALBERT, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, CON NÚMERO (SIC) DE FOLIOS 202137, ASÍ COMO SUS AUXILIARES CORRESPONDIENTES A 10 DEPARTAMENTOS MARCADOS CON LOS NÚMEROS 101, 102, 201, 202, 301, 302, 401, 402, 501 Y 502 Y EL SEGUNDO NIEGA LA PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA TOMADA CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 181, NEGANDO GARANTIZAR EN MEDIDA ECONÓMICA LA REPARACIÓN DEL DAÑO. (.)".. De la autoridad señalada con el número 3, reclamo lo siguiente: La ejecución del acuerdo de fecha 5 de agosto del 2015, consistente en la anotación marginal del folio 202137, del inmueble con el número 35, hoy marcado con el número 29, de la calle Benito Juárez, esquina con la calle Berlín y terreno que ocupa, que es una porción de las fracciones "A", "B", "C" Y "D", del lote marcado con el número 14 de la manzana "A", en la colonia Portales antes Albert, Delegación Benito Juárez, en esta ciudad de México, con números de folios 202137, así como sus auxiliares correspondientes a 10 departamentos marcados con los números 101, 102, 201, 202, 301, 302, 401, 402, 501 Y 502.". SEGUNDO. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 14, 16. 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Mediante proveído de tres de diciembre de dos mil quince (fojas 234 a 236), previo desahogo de requerimientos, se admitió la demanda de amparo; se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Mediante escrito presentado el siete de diciembre de dos mil quince (foja 238 a 252) ante la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, Luis Antonio Pardo Valle, por conducto de su apoderado legal Víctor Hugo Espino Hernández, amplió su demanda de amparo por las autoridades y actos siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE: 1. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN "A1" DE LA MESA OCHO DE TRÁMITE CON RESIDENCIA EN TOLUCA. 2. TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. ACTO RECLAMADO De la autoridad señalada con el número 1, reclamo lo siguiente: LA ILEGAL E INDEBIDA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PERSONALES DE LUIS ANTONIO PARDO VALLE; EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA. De la autoridad señalada con el número 2, reclamo lo siguiente: LA EJECUCIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LUIS ANTONIO PARDO VALLE; EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA." QUINTO. Seguido en su cauce legal, previos diferimientos, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta precedente, la cual concluye con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el diverso 54, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues los actos reclamados son atribuidos a unas autoridades que residen dentro de la jurisdicción otorgada a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Previo al análisis de la cuestión debatida en el presente juicio de amparo, resulta indispensable precisar que las tesis que se invoquen en la presente resolución, emitidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de Amparo publicada el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, este juzgado federal las considera aplicables a los supuestos para los que se invocan, al no contravenir las disposiciones de la legislación vigente, en términos de su artículo sexto transitorio. TERCERO. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, debe precisarse que del análisis íntegro de la demanda de amparo y de los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables, se advierte que la parte quejosa reclama, esencialmente lo siguiente: 1) La negativa a ordenar o determinar el levantamiento de la medida preventiva consistente en la anotación marginal que realizó el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal con folio 202137 del inmueble con el número 35, hoy marcado con el número 29, de la calle Benito Juárez, esquina con la calle Berlín, terreno que ocupa una porción de las fracciones "A", "B", "C" y "D", del lote marcado con el número 14 de la Manzana "A", en la colonia Portales antes Albert, Delegación Benito Juárez, en la ciudad de México, correspondientes a 10 departamentos marcados con los números 101, 102, 201, 202, 301, 302, 401, 402, 501 y 502; así como su ejecución. 2) La negativa en determinar la incompetencia por razón de territorio y declinar la carpeta de investigación número 165970360041115, a la fiscalía de Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México. 3) La omisión de resolver o determinar el no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación número 165970360041115, misma que se encuentra bajo la custodia de la Fiscalía Regional de Toluca. 4) La solicitud de información de las cuentas bancarias a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a nombre de Luis Antonio Pardo Valle, en su carácter de persona física. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril del año dos mil, Novena Época, con número de registro 192097, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." CUARTO. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del registro 212775, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." La autoridad responsable Titular de la Fiscalía Regional de Toluca de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (foja 253), en su informe justificado, negó la existencia de la totalidad de los actos reclamados; sin que la parte quejosa aportara prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, razón por la cual debe sobreseerse en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 310, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 209, del Tomo VI, del Apéndice de 1995, primera parte, Sexta Época, materia común, con número de registro 394266, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Ahora, no se desatiende que los actos reclamados son de carácter negativo, por lo que la carga de la prueba recae sobre las responsables al emitir su informe justificado en sentido negativo pero, para tener por acreditada la negativa de la responsable en cita, se tienen el informe justificado de la responsable Agente del Ministerio Púbico adscrita a la unidad de Investigación "A1" de la Mesa Ocho de Trámite con residencia en Toluca, así como las constancias certificadas que remitió como complemento al mismo, consistentes en copia certificada de la carpeta de investigación 165970360041115, de la cual derivan los actos reclamados en la presente instancia, constancias con las que se justifica la negativa de la responsable, pues de estas no se advierte la participación de la autoridad en cuestión, en la emisión o ejecución de los actos reclamados. Por su aplicación, es de citarse la tesis VI.1º.230 K, de la Octava Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-II, febrero de 1995, visible en la página 189, con registro 208122, que en rubro y texto establece: "ACTOS NEGATIVOS, CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LA CARGA DE LA PRUEBA DE LOS. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos imputados a las autoridades responsables, la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino a las responsables." Asimismo, la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6673, del Tomo LXXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 324127, que establece: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia Ley." QUINTO. Son ciertos los actos reclamados a la Agente del Ministerio Púbico adscrita a la unidad de Investigación "A1" de la Mesa Ocho de Trámite con residencia en Toluca (fojas 282 a 283 y 288 de autos), toda vez que al rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos consistentes en: 1) La negativa a ordenar o determinar el levantamiento de la medida preventiva consistente en la anotación marginal que realizó el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal con folio 202137 del inmueble con el número 35, hoy marcado con el número 29, de la calle Benito Juárez, esquina con la calle Berlín, terreno que ocupa una porción de las fracciones "A", "B", "C" y "D", del lote marcado con el número 14 de la Manzana "A", en la colonia Portales antes Albert, Delegación Benito Juárez, en la ciudad de México, correspondientes a 10 departamentos marcados con los números 101, 102, 201, 202, 301, 302, 401, 402, 501 y 502; así como su ejecución. 2) La negativa en determinar la incompetencia por razón de territorio y declinar la carpeta de investigación número 165970360041115, a la fiscalía de Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México. 3) La omisión de resolver o determinar el no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación número 165970360041115, misma que se encuentra bajo la custodia de la Fiscalía Regional de Toluca. 4) La solicitud de información de las cuentas bancarias a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a nombre de Luis Antonio Pardo Valle, en su carácter de persona física. Asimismo, es cierto el acto reclamado al Titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (foja 433 a 436), consistente en la ejecución de solicitud de información de las cuentas bancarias de Luis Antonio Pardo Valle, pedida por la Agente del Ministerio Público del conocimiento, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, por lo que así deberá tenerse. Lo que además se corrobora con las copias certificadas de la carpeta de investigación 165970360041115 en cinco tomos; copias certificadas de la citada carpeta, visibles a fojas (509 a 526), así como copias certificadas remitidas en sobre cerrado (foja 438) de la solicitud de información de las cuentas bancarias de Luis Antonio Pardo Valle, remitidas por el Director Adjunto de Atención a Autoridades "B" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; a las que se les concede pleno valor probatorio como documentos públicos, en términos del artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia publicada en la página 231 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 246389, del contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, primera parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Materia Común, con número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." Por su parte el Titular del Registro Público y del Comercio del Distrito Federal (fojas 463 a 471 de autos), quien, no obstante de haber negado la inscripción de la medida preventiva consistente en la anotación marginal con folio 202137 del inmueble con el número 35, hoy marcado con el número 29, de la calle Benito Juárez, esquina con la calle Berlín, terreno que ocupa una porción de las fracciones "A", "B", "C" y "D", del lote marcado con el número 14 de la Manzana "A", en la colonia Portales antes Albert, Delegación Benito Juárez, en la ciudad de México, correspondientes a 10 departamentos marcados con los números 101, 102, 201, 202, 301, 302, 401, 402, 501 y 502; dado el carácter de autoridad ejecutora se debe tener por cierto el acto reclamado. Al caso se estima aplicable, en lo conducente, la tesis publicada en la página 56, del Semanario Judicial de la Federación, Enero-Junio de 1989, Tomo III, Segunda Parte-I, Octava Época, con número de registro 227890, del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado.". SEXTO. Previo el estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia o sobreseimiento invocadas por las partes o advertidas de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Asimismo, de acuerdo a la jurisprudencia II.1o. J/5, publicada en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con el registro 222780, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Y la tesis publicada con la clave I.7o.P.11 K, en la página 1200 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2008, Tomo XXVIII, Materia Común, Novena Época, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, del registro 169036, cuyo contenido establece: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESTUDIO POR EL JUZGADOR DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE LA MATERIA TIENE UN ORDEN PREFERENTE EN CASO DE CONCURRENCIA. Del artículo 74 de la Ley de Amparo se advierte la exigencia a los órganos jurisdiccionales de realizar el análisis de las causas de sobreseimiento previo a la sustanciación del juicio; sin embargo, éstas deben estudiarse en un orden preferente si fuesen concurrentes, en atención a la naturaleza de su fundamento, esto es, primero debe analizarse el supuesto previsto en la fracción II, relativo a la muerte del quejoso durante el juicio, si la garantía reclamada sólo afecta derechos estrictamente personales del agraviado, es decir, inseparables de su persona, como la libertad o la vida, pues sin duda la extinción del juicio de amparo se actualiza al quedar sin parte agraviada y sin garantía que tutelar y, por el contrario, no provocan el sobreseimiento en el juicio los actos que lesionan derechos o intereses jurídicos, generalmente de carácter patrimonial o económico, que no sean inseparables de la persona del agraviado. En segundo lugar debe verificarse la hipótesis prevista en la fracción IV que previene la inexistencia de los actos reclamados, ya que el amparo únicamente puede sustanciarse contra los existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. En tercer lugar resulta preferente el análisis de la fracción I, consistente en que el agraviado desista expresamente de la demanda, en atención al principio básico de que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y atender a su intención de no preservar su propósito de concluir el procedimiento de garantías, esto es, la facultad irrestricta que tiene el agraviado para desistir de su demanda de garantías armoniza perfectamente con el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada que rige el ejercicio de la acción de amparo. En cuarto lugar deben verificarse los supuestos previstos en la fracción V que regulan la caducidad de la instancia por inactividad procesal y, finalmente, atender a la fracción III, relativa a las causales de improcedencia previstas en el artículo 73 de la Ley de Amparo." Conviene establecer que para que el juzgador de amparo pueda resolver el fondo de la cuestión planteada por el quejoso, es necesario previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución procesal en virtud de la cual, en un primer momento del juicio de amparo, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos procesales que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a proveer, y si no lo están, de una manera manifiesta y ostensible, debe sobreseer en el juicio, abstenerse de conocer de ella y concretarse a emitir una providencia en la que se expresen los motivos por los cuales estimó que no se puede entrar al conocimiento del asunto, por faltar los presupuestos del conocimiento de mérito. En suma, constituye un obstáculo que impide se resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado ante la falta de oportunidad, fundamento o derecho para acudir ante la potestad jurisdiccional. Lo que se traduce en un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o pertinencia de la acción intentada. Dicho lo anterior, respecto de los actos atribuidos a la Agente del Ministerio Púbico adscrita a la unidad de Investigación "A1" de la Mesa Ocho de Trámite con residencia en Toluca y al Titular del Registro Público y del Comercio del Distrito Federal, consistentes en: 1) La negativa a ordenar o determinar el levantamiento de la medida preventiva consistente en la anotación marginal que realizó el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal con folio 202137 del inmueble con el número 35, hoy marcado con el número 29, de la calle Benito Juárez, esquina con la calle Berlín, terreno que ocupa una porción de las fracciones "A", "B", "C" y "D", del lote marcado con el número 14 de la Manzana "A", en la colonia Portales antes Albert, Delegación Benito Juárez, en la ciudad de México, correspondientes a 10 departamentos marcados con los números 101, 102, 201, 202, 301, 302, 401, 402, 501 y 502; así como su ejecución. 2) La negativa en determinar la incompetencia por razón de territorio y declinar la carpeta de investigación número 165970360041115, a la fiscalía de Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México. 3) La omisión de resolver o determinar el no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación número 165970360041115, misma que se encuentra bajo la custodia de la Fiscalía Regional de Toluca. Se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." De la cita que antecede se aprecia que para la actualización de esta causa de improcedencia comúnmente denominada "cambio de situación jurídica", se requieren los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que el promovente del amparo se encuentre en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; c) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; d) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. Ahora bien, de las constancias que integran el presente juicio se advierte que el quejoso acudió a este juicio de amparo, el veinticuatro de noviembre de dos mil quince, señalando como acto reclamado la negativa a ordenar o determinar el levantamiento de la medida preventiva del citado bien inmueble, la negativa en determinar la incompetencia por razón de territorio y declinar la carpeta de investigación número 165970360041115, a la fiscalía de Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México y la omisión de resolver o determinar el no ejercicio de la acción penal dentro de la citada carpeta de investigación. En tanto que del informe justificado y las documentales remitidas por el Juez responsable, que constan por separado en el anexo correspondiente, debidamente identificado e integrado por cinco legajos de copias certificadas y copias certificadas de las fojas quinientos noventa y seis a seiscientos cinco de la carpeta de investigación 165970360041115, que se tienen a la vista y al igual que el propio informe, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su artículo 2°, se aprecia lo siguiente: 1. Mediante oficio número 2131B0002-4981-2015, de cinco de agosto de dos mil quince, la Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad de Investigación "A1" de la Mesa Ocho de Trámite con residencia en Toluca, solicitó al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Distrito Federal a efecto de que se realizara la anotación preventiva marginal con folio 202137 del inmueble con el número 35, hoy marcado con el número 29, de la calle Benito Juárez, esquina con la calle Berlín, terreno que ocupa una porción de las fracciones "A", "B", "C" y "D", del lote marcado con el número 14 de la Manzana "A", en la colonia Portales antes Albert, Delegación Benito Juárez, en la ciudad de México, correspondientes a 10 departamentos marcados con los números 101, 102, 201, 202, 301, 302, 401, 402, 501 y 502; con motivo de los hechos posiblemente constitutivos de delito en la carpeta de investigación 165970360041115 (foja 113 de la carpeta de investigación). 2. Por escrito signado por Víctor Hugo Espino Hernández, apoderado legal de Operadora Monteverde, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitó el levantamiento del aseguramiento de la medida cautelar anteriormente descrita por ser excesiva y desproporcional y en su lugar se señalara garantía económica para garantizar la reparación del daño; asimismo, declinara la competencia al Procurador de Justicia en el Distrito Federal, para que se avocara a la investigación sobre los hechos materia de la carpeta de investigación y que se fijará e monto proporcional para garantizar el uno por ciento (1%), a quien tiene derecho el finado Felipe Alberto Melendez Rubio a favor de la sucesión (fojas 150 a 158 de la carpeta de investigación). 3. Por ocurso de Víctor Hugo Espino Hernández, apoderado legal de Operadora Monteverde, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitó nuevamente la devolución del inmueble asegurado; declinara la competencia al Procurador de Justicia en el Distrito Federal, para que se avocara a la investigación sobre los hechos materia de la carpeta de investigación y que se fijará e monto proporcional para garantizar el uno por ciento (1%), a quien tiene derecho el finado Felipe Alberto Melendez Rubio a favor de la sucesión (fojas 213 a 218 de la carpeta de investigación). 4. Con motivo de lo anterior, mediante auto de veintitrés de octubre de dos mil quince, el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, con fundamento en los artículos 20, apartado A y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 63, 67, 68, 100, 102, 105, 221, 241, 245, 250 y 261 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de México en relación con el 196, fracción XXVI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México; numeral 10, subinciso "2", fracción XXVI, del Manual de la Organización y de Procedimientos Administrativos para los Órganos Judiciales del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado de México, fijó la audiencia sobre devolución de bienes asegurados para las trece horas del nueve de noviembre de dos mil quince; asimismo, estimó improcedente verificar las actuaciones de la carpeta de investigación (ilegalidad y declinatoria de competencia), en virtud de que no estaba facultada para ello, sino el superior jerárquico del Ministerio Público del conocimiento (fojas 238 y 239 de la carpeta de investigación). 5. Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil quince, la Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad de Investigación "A1" de la Mesa Ocho de Trámite con residencia en Toluca, negó acordar favorable la solicitud al levantamiento de la medida preventiva tomada respeto del bien inmueble, toda vez que estimó que no se encuentra garantizado la reparación del daño, cuenta habida que existen datos de prueba por recabar en la citada carpeta de investigación (foja 257 de la carpeta de investigación). 6. Por escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil quince, Víctor Hugo Espino Hernández, apoderado legal de Operadora Monteverde, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitó la revisión del acuerdo de cinco de agosto del citado año, donde se fijó la medida preventiva consistente en la anotación marginal de los departamentos 101, 102, 201, 202, 301, 302, 401, 402, 501 y 502, por estar relacionados con la investigación; asimismo, la devolución del inmueble asegurado; se cancelara la anotación preventiva de folio 202137 realizada por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal; se ordenará de manera proporcional se fijara garantía para la posible reparación del daño y se ordenara el desistimiento de la investigación y en consecuencia en no ejercicio de la acción penal (fojas 521 a 526 de la carpeta de investigación). 7. Por otra parte el veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, en los autos de la citada carpeta de investigación, la Agente del Ministerio Público responsable, determinó lo siguiente: "En Toluca, México a veintitrés de febrero de dos mil dieciséis siendo las veinte horas, la suscrita Agente del Ministerio Púbico, adscrita a la mesa ocho de la Fiscalía Regional, siendo las diecisiete horas con treinta minutos (sic),----------------------------------ACUERDA--------------------------Una vez que se ha analizado el contenido de la carpeta de investigación en la que se actúa, y la petición realizada por VÍCTOR HUGO ESPINO HERNÁNDEZ, apoderado legal de OPERADORA MONTEVERDE S.A. DE C.V. y abogado defensor de LUIS ANTONIO PARDO VALLE, en audiencia de peticiones de parte, de fecha diecinueve de febrero del año en curso, celebrada ante el Juez de Control de Distrito Judicial de Toluca con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, y atento a las precisiones que solicita, con fundamento en los artículos 8° y 20, inciso B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estado unidos Mexicanos, 1°, 16, 29, 30, 42, 64, 131, 135, 137, 147 , 150, fracciones I, II, VIII, XIII, 153, fracción VI, 235 y 241 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de México.-----------------------------------------------------------------------PRIMERO. Esta representación social tiene a bien el esclarecer la competencia jurídica de los hechos, la cual conforme a los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación por territorialidad corresponde al Juez de Control de Tlanepantla, Estado de México, dado que los hechos ocurren en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México; --------------------------------------------------------SEGUNDO. Ahora bien, tomando en cuenta que es responsabilidad de esta representación social garantizar el acceso a la reparación del daño de la víctima, es por lo que a criterio de la representación social se giró oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Distrito Federal, con la finalidad de que se realizaran la anotación marginal preventiva de los asientos registrales del folio real 202137, así como sus auxiliares, correspondientes a diez departamentos marcados con los números 101, 102, 201, 202, 301, 302, 401, 402, 501 y 502 ubicados en calle Benito Juárez número veintinueve, esquina con calle Berlín, Colonia Portales, Delegación Benito Juárez, en la ciudad de México, Distrito Federal, y de dicha solicitud el Director de esta dependencia determinó el aseguramiento del inmueble en comento, aun y cuando la representación social en ningún momento realizó dicha petición,---------------------------------------TERCERO. Por otra parte el motivo por el cual se fijó la medida preventiva en el inmueble multireferido lo es porque dicho inmueble se encuentra íntimamente relacionado con los hechos (objeto del delito), y por lo que respecta a la proporcionalidad de la medida preventiva lo es debido a que a la fecha se encuentran pendientes datos de prueba que permitan establecer de manera objetiva el monto de la reparación del daño, e incluso hasta este momento no se cuenta con dictamen que establezca el monto del detrimento patrimonial causado a la ofendida, sin soslayar que dicho dictamen fue solicitado con antelación y que el perito en materia contable, adscrito al Instituto de Servicios Periciales refirió entre otras cosas ". que del análisis realizado a la documental contable soporte, presentada por el denunciante se observó que dicha documentación no aportó lo que la guía requiere, para la elaboración del dictamen." aunado a que la denunciante hasta el momento no ha establecido cantidad cierta por lo que respecta a su detrimento patrimonial, de esa guisa esta representación social es que tuvo a bien ordenar únicamente la anotación preventiva, sin en ningún momento ordenar el aseguramiento del inmueble.-CUARTO. De lo anterior es que esta representación social ordena girar atento oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio solicitada en fecha cinco de agosto de dos mil quince, como medida preventiva en el inmueble marcado con el número 35, actualmente 29, de la calle Benito Juárez, esquina con calle Berlín, Colonia Portales, Delegación Benito Juárez en la ciudad de México, Distrito Federal, por lo que respecta a los asientos registrales del inmueble con número de folio real 202137 así como en sus auxiliares correspondientes a ocho departamentos marcados con los números 101, 102, 103, 201, 202, 301, 302, 402 y 501 más no así por lo que respecta a los departamentos marcados con los número s 401 y 502, en los cuales deberán de prevalecer la anotación marginal preventiva, a efecto de inhibir a los interesados a realizar alguna transacción respecto de los mismos, lo anterior, a efecto de no vulnerar garantías individuales del ahora imputado, y tomando en consideración lo manifestado por el LICENCIADO VÍCTOR HUGO ESPINO VALLE, en su calidad de abogado defensor de LUIS ANTONIO PARDO VALLE y apoderado legal de OPERADORA MONTEVERDE S.A. DE C.V. en esta fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, quien refirió que a efecto de garantizar la reparación del daño, señala los departamentos marcados con los números cuatrocientos uno y quinientos dos, del edificio ubicado en la calle Benito Juárez número veintinueve, esquina con calle Berlín, Colonia Portales, Delegación Benito Juárez, en la ciudad de México, Distrito Federal.---------------------------------------------------------------------Agréguese copia del acuse de recibo del oficio ordenado y expídase copia certificada del presente acuerdo remitiéndose la misma al Juez de Control para su conocimiento y en cumplimiento a la prevención de fecha diecinueve de febrero del año en curso, mediante audiencia motivada de la carpeta auxiliar 195/2015, y de igual forma expídase copiar certificada del presente acuerdo a VÍCTOR HUGO ESPINO VALLE." De lo anteriormente transcrito se advierte que el peticionario de amparo promovió juicio de amparo contra la negativa a ordenar o determinar el levantamiento de la medida preventiva del citado bien inmueble, la negativa en determinar la incompetencia por razón de territorio y declinar la carpeta de investigación número 165970360041115, a la fiscalía de Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México y la omisión de resolver o determinar el no ejercicio de la acción penal dentro de la citada carpeta de investigación; sin embargo, con posterioridad a ello, la Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad de Investigación "A1" de la Mesa Ocho de Trámite con residencia en Toluca, en cumplimiento a lo establecido en la carpeta auxiliar 195/2015, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, en la audiencia de peticiones de parte, de diecinueve de febrero del año en curso, determinó: ? Esclarecer la competencia jurídica de los hechos, la cual conforme a los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación por territorialidad corresponde al Juez de Control de Tlanepantla, Estado de México, dado que los hechos ocurren en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. ? Para garantizar el acceso a la reparación del daño de la víctima, a criterio de la representación social ordenó girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, para levantar la medida preventiva solicitada el solicitada el cinco de agosto de dos mil quince en el inmueble marcado con el número 35, actualmente 29, de la calle Benito Juárez, esquina con calle Berlín, Colonia Portales, Delegación Benito Juárez en la ciudad de México, Distrito Federal, por lo que respecta a los asientos registrales del inmueble con número de folio real 202137 así como en sus auxiliares correspondientes a ocho departamentos marcados con los números 101, 102, 103, 201, 202, 301, 302, 402 y 501 más no así por lo que respecta a los departamentos marcados con los número s 401 y 502, en los cuales deberán de prevalecer la anotación marginal preventiva, a efecto de inhibir a los interesados a realizar alguna transacción respecto de los mismos, lo anterior, por así haberlo manifestado por Víctor Hugo Espino Valle, en su apoderado legal de Luis Antonio Pardo Valle y de Operadora Monteverde, Sociedad Anónima de Capital Variable. Por ende, es claro que ha operado un cambio de situación jurídica, pues se han actualizado los requisitos en los incisos señalados en párrafos precedentes. En efecto, los actos reclamados en el presente considerando emanan de la carpeta de investigación número 165970360041115, seguida ante la Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad de Investigación "A1" de la Mesa Ocho de Trámite con residencia en Toluca, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México; sin embargo al promoverse el amparo, la quejosa se encontraba en un estado jurídico determinado, derivado de lo resuelto en auto de cinco de agosto de dos mil quince, debido a que se ordenó como medida preventiva la inscripción de diversos departamentos y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronunció una resolución que cambió la situación jurídica en que se encontraba con motivo de los actos que reclamó en el amparo, ya que actualmente fueron sustituidos mediante auto del veintitrés de febrero de dos mil dieciséis. Y sí se decidiere sobre la constitucionalidad del acto reclamado, se afectaría la nueva situación jurídica, pues podría modificarse el sentido de la resolución emitida en la carpeta de investigación. Máxime que la negativa a ordenar o determinar el levantamiento de la medida preventiva del citado bien inmueble, es una facultad reservada al Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, pues así lo establece el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México en sus artículos 250, 258.1, 260.3, 261 y 263, cuyo texto dicen: "Devolución de objetos Artículo 250. Las solicitudes de devolución de objetos asegurados se tramitarán ante el juez de control. La resolución se limitará a declarar el derecho de quien la solicita, pero no se efectuará ésta, sino hasta después de concluido el procedimiento, a menos que el juez considere innecesaria su conservación, después de escuchar a las partes. Lo dispuesto en el párrafo anterior no se extenderá al objeto material del hecho delictuoso, el cual se entregará al dueño en cualquier estado del procedimiento, una vez comprobado su dominio por cualquier medio y establecido su valor. En todo caso, se dejará constancia en fotografía u otros medios de los objetos devueltos. Aseguramiento de bienes por el ministerio público Artículo 258.1. El ministerio público ordenará el aseguramiento de los bienes que sean instrumento, objeto o producto del hecho delictuoso, así como de aquéllos que puedan ser útiles para garantizar la reparación del daño. En la práctica del aseguramiento, el ministerio público proveerá las medidas conducentes e inmediatas para evitar que se destruyan, alteren o desaparezcan. En caso de que los bienes asegurados pueden servir como medios de prueba, se observarán las reglas para su resguardo y en materia de cadena de custodia. Tratándose de delitos vinculados a la violencia de género, el ministerio público ordenará de inmediato, de oficio, el aseguramiento de bienes suficientes para garantizar la reparación del daño. Solicitud de audiencia Artículo 260.3. En caso de que se presente el interesado y acredite tener derechos sobre los bienes, el ministerio público podrá ordenar el levantamiento del aseguramiento y la devolución de éstos, si ello resulta procedente, o bien, mantendrá el aseguramiento para los efectos legales a que haya lugar. Devolución de bienes Artículo 261. Las autoridades deberán devolver a la persona legitimada, los bienes incautados que no estén sometidos a decomiso, aseguramiento, restitución o embargo, inmediatamente después de realizadas las diligencias para las cuales se obtuvieron. Control Artículo 263. Las partes podrán objetar ante el juez de control, las medidas que adopten la policía o el ministerio público, sobre las facultades a que se refiere esta sección. El juez resolverá en definitiva lo que corresponda. De lo anteriormente transcrito se advierte que las partes podrán objetar ante el juez de control, las medidas que adopten la policía o el ministerio público, mediante solicitud de devolución de objetos asegurados ante el Juez de Control y la resolución se limitará a declarar el derecho de quien la solicita, pero no se efectuará ésta, sino hasta después de concluido el procedimiento, a menos que el juez considere innecesaria su conservación, después de escuchar a las partes Además, se estima de igual forma actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado." Conforme al contenido de dicho precepto, para que se actualice la improcedencia del juicio por ese motivo es necesario que se configuren las condiciones siguientes: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa, contra el acto de autoridad por el cual solicita el amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se encuentre en trámite cuando se resuelva el juicio de amparo; y; c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto reclamado en el juicio de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo.". En esas condiciones, se debe considerar que el citado acto reclamado en la presente vía constitucional no tiene el carácter de definitivo para los efectos del juicio de amparo, en virtud de que la parte quejosa mediante escrito de veintiuno de octubre de dos mil quince (foja 213 de la carpeta de investigación), Víctor Hugo Espino Valle, en su apoderado legal de Luis Antonio Pardo Valle y de Operadora Monteverde, Sociedad Anónima de Capital Variable, interpuso contra la medida preventiva de cinco de agosto de dos mil quince, recurso de revisión ante el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, el cual fue admitido el veintitrés de octubre de dos mil quince y se señaló fecha de audiencia el nueve de noviembre del citado año para el análisis de los bienes asegurados (foja 238 y 239 de la carpeta de investigación). Luego, si la demanda de amparo se presentó el veinticuatro de noviembre de dos mil quince, es evidente que en ese momento ya existía en trámite el citado recurso. Por otra parte, también resulta que a la presente fecha no se tiene noticia que haya sido resuelto de forma completa o que haya quedado firme tal determinación, pues en las constancias remitidas por la responsable, obra el proveído de diecinueve de febrero del año en curso, por el cual informó que en cumplimiento a lo establecido en la audiencia de petición de parte, dentro de la carpeta auxiliar 195/2015, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, se dejaba levantaba la inscripción de diversos departamentos asegurados, con motivo de la reparación del daño y que se daba competencia por territorialidad al Juez de Control de Tlanepantla, Estado de México, dado que los hechos ocurren en el Municipio de Naucalpan de Juárez, lo cual se insiste, aún no ha quedado firme. Otro aspecto, no menos importante, es que la revisión de los bienes embargados sub judice, es el medio ordinario de defensa idóneo y procedente para obtener la confirmación, modificación o revocación, de los bienes asegurados y por ende, las consecuencias de aquéllos pueden desaparecer, pues, de revocarse la citada medida preventiva restituiría a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos que dice afectados, circunstancia que pretende en esta vía constitucional. Además, se debe cumplir el fin de la norma estatuida en la fracción XIX del artículo 61 citado de la Ley de Amparo, que es evitar que dos medios de defensa, el ordinario y el constitucional, culminen con resoluciones contradictorias. Apoya esta determinación, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con registro 288609, Tomo VI, página 49, de contenido: "RECURSOS PENDIENTES. El juicio de amparo es improcedente contra los autos respecto de los cuales existan, pendientes de resolución, ante los tribunales ordinarios, recursos que tengan por objeto confirmar, revocar o enmendar dichos fallos, para evitar que puedan existir dos resoluciones contradictorias en el mismo asunto.". De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis pronunciada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con registro 353421, Tomo LXI, página 494, que refiere: "RECURSOS ORDINARIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN, COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo, no exige para la improcedencia del juicio de garantías, como la fracción XV del mismo precepto, que el medio de defensa hecho valer contra el acto reclamado, tenga la virtud de suspender los procedimientos de ejecución, sino que es suficiente que se esté tramitando, ante los tribunales ordinarios, un recurso o medio de defensa legal interpuesto por el quejoso.". Finalmente, respecto al acto consistente en la solicitud de información de las cuentas bancarias a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a nombre de Luis Antonio Pardo Valle, en su carácter de persona física, por parte de la Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad de Investigación "A1" de la Mesa Ocho de Trámite con residencia en Toluca, de igual modo resulta improcedente el juicio de amparo, ello es así dado que se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (texto anterior a las reformas del dieciocho de junio de dos mil ocho, toda vez que los hechos materia de la averiguación previa ocurrieron antes de la entrada en vigencia del nuevo sistema de justicia penal en el Estado de México). "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 21. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso. Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley. El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. La Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se coordinarán en los términos que la ley señale, para establecer un sistema nacional de seguridad pública". En este sentido, se tiene que la integración de la carpeta de investigación consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, específicamente, del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las citadas diligencias tienen el objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables. Por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional; sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de la citada investigación sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control, como aquellos que, en su caso, afecten derechos sustantivos de las partes (como lo es la vida, la integridad personal, la libertad entre otros) o cuando dichas violaciones procesales afecten a las partes en grado predominante o superior (cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el procedimiento, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a los derechos fundamentales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento). En razón de lo anterior, una vez analizado el acto reclamado, se tiene que no afectan los derechos fundamentales de la parte quejosa, ni en grado predominante o superior. Apoya lo anterior, la tesis P. LXIII/2004, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, de diciembre de 2004, en la página 1113, con registro 179988, que señala: "AVERIGUACIÓN PREVIA. SU TRÁMITE, GENERALMENTE, NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL. La averiguación previa consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional; sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una averiguación previa sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control." Asimismo, se cita por analogía, la Jurisprudencia número 189, que aparece en la página 154, Tomo VI, Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917723, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Así como la diversa tesis P. LVIII/2004, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, de octubre de 2004, en la página 10, con registro 180217, por su idea jurídica, que señala: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio." En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencias previstas en las fracciones XVII, XIX y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 21 de la Carta Magna, procede sobreseer en el juicio respecto de actos reclamados, emitidos en la carpeta de investigación 165970360041115, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 107, fracción II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 74 a 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Luis Antonio Pardo Valle, por conducto de su apoderado legal Víctor Hugo Espino Hernández, contra los actos y las autoridades precisados en el considerando quinto, por las razones expresadas en el último considerando de este fallo. Notifíquese y personalmente al quejoso, por medio de lista a la tercero interesada. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, hasta el trece de mayo de dos mil dieciséis, fecha en que las labores de este Juzgado permitieron su engrose, ante el Secretario de Juzgado, Nicolás de Luna González, quien da fe.

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