Luis Antonio Sánchez Cadenas
Expediente 49/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 49/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 12/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Luis Antonio Sánchez Cadenas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
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VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación; se tiene que las partes no desahogaron la vista ordenada en auto de uno de los actuales, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES Por sentencia de siete de marzo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a Luis Antonio Sánchez Cadena, contra el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y otra autoridad. El veinticinco de marzo de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió el cumplimiento de la misma a la autoridad responsable. Mediante oficio recibido el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, la responsable remitió copia certificada de la constancia de emplazamiento de la parte demandada Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, relativa del expediente laboral 392/2020 de su índice, relacionado con el cumplimiento al fallo protector. Documento al que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, registro número 394182, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR En la ejecutoria de amparo, se otorgó la protección de la justicia federal al quejoso para que la autoridad responsable: Realizara la notificación y emplazamiento de la parte demandada, Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, en el juicio laboral 392/2020 de su índice, ciñéndose estrictamente a los términos señalados en los numerales 106 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y 750 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente. No obstante, de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que el actuario de su adscripción realizó el emplazamiento de la precitada parte demandada, el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, por lo que resulta evidente que, a la fecha de emisión de la ejecutoria de mérito -siete de marzo del aludido año-, ya se había satisfecho la pretensión del quejoso. CONCLUSIÓN En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara sin materia el procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo emitida en el presente juicio. Sobre el particular, sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 82/2004, formulada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materias(s): Común, Tomo XX, octubre de 2004, página 137, con número de registro 180337, del siguiente rubro y texto: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo". Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Finalmente, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente.
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mesa 10 ILLAHERMOSA, TABASCO, UNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante el cual remite copia certificada de la constancia de emplazamiento de la parte demandada Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, relativa del expediente laboral 392/2020 de su índice. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, esta Juzgadora efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.
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MESA 10 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos;, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el siete de marzo de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ el juicio de amparo y en el segundo se CONCEDIÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Luis Antonio Sánchez Cadenas; por lo que, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales procedentes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, por conducto del actuario de su adscripción, para que dentro del término de tres días hábiles, al en que quede notificado del presente acuerdo, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa, consistente en: [.] Realice la notificación y emplazamiento de la parte demandada, Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, en el juicio laboral 392/2020 de su índice, ciñéndose estrictamente a los términos señalados en los numerales 106 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y 750 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente. Para esos efectos deberá tomar las medidas idóneas y suficientes para salvaguardar la salud de los integrantes de dicho órgano jurisdiccional y de los justiciables, en turno a la actual contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). [.] Debiendo remitir las constancias certificadas relativas por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa de 100 (cien) ) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós. Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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AUDIENCIA Y SENTENCIA CONSTITUCIONAL En Villahermosa, Tabasco, a las once horas con veinte minutos del siete de marzo de dos mil veintidós, en audiencia pública Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, quien actúa asistido de René Peña Morgan, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 49/2022-10, promovido por Luis Antonio Sánchez Cadenas. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el secretario da cuenta con 1. La presuncional en su doble aspecto e instrumental de actuaciones, que ofreció la parte quejosa en su escrito de demanda, 2. Copia simple del escrito con sello de recibido de diecisiete de agosto de dos mil veinte, y 3. Copias certificadas de los acuerdos de nueve de abril de dos mil veintiuno y treinta y uno de enero del año actual, dictados en el expediente laboral 392/2020, que remitió el Tribunal responsable al rendir su informe justificado, mismos que obran en autos. En consecuencia, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten los medios de convicción de referencia y se tienen por desahogados en razón de su propia y especial naturaleza. No habiendo más probanzas que desahogar, se cierra la presente etapa. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 49/2022-10, promovido por Luis Antonio Sánchez Cadenas, contra los actos que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y actuario de su adscripción con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios del artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el trece de enero de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado el diecisiete siguiente en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el dieciocho del mismo mes y año, Luis Antonio Sánchez Cadena solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 La omisión de emitir el auto de radicación de la demanda laboral presentada el diecisiete de agosto de dos mil veinte. 2 La omisión de señalar fecha para la audiencia de conciliación en el juicio laboral 392/2020. 3 La omisión de notificar y emplazar a la parte demandada Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. 2 Actuario del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 49/2022-10; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 , fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: a) La omisión de emitir el auto de radicación de la demanda laboral presentada el diecisiete de agosto de dos mil veinte. b) La omisión de señalar fecha para la audiencia de conciliación en el juicio laboral 392/2020, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. c) La omisión de notificar y emplazar a la parte demandada Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO IDENTIFICADO CON EL INCISO A. No es cierto el acto reclamado, consistente en la omisión de emitir el auto de radicación de la demanda laboral, presentada el diecisiete de agosto de dos mil veinte, porque, además de haberlo negado el Magistrado Presidente del aludido órgano jurisdiccional, de las copias certificadas que remitió del referido expediente, se obtiene que en proveído de nueve de abril de dos mil veintiuno, se emitió el auto de admisión correspondiente. Con motivo de lo anterior, se advierte que, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -trece de enero de dos mil veintidós-, no existía el precitado acto reclamado. Lo anterior es así, ya que la existencia del acto reclamado en el juicio de amparo indirecto, debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda relativa. Sobre el particular, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, formulada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, cuy rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". En ese tenor, respecto del aludido acto reclamado, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS IDENTIFICADOS CON LOS INCISOS B Y C. Son ciertos los actos reclamados concernientes a la omisión de señalar fecha para la audiencia de conciliación, así como de notificar y emplazar a la parte demandada en el juicio laboral de mérito, aun cuando los hayan negado las autoridades responsables en los informes justificados, pues de las copias certificadas referidas anteriormente, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo subsistente los mismos. Sobre el particular, sirve de apoyo la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, del tomo 97-102 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA OMISIÓN SE SEÑALAR FECHA PARA LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 814, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese tenor, la suscrita advierte que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado, relativo a la omisión de señalar fecha para la audiencia de conciliación, en el juicio laboral 392/2020, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, el artículo 61 fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese tenor, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se desprende que en proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio natural, se señalaron las nueve horas del veintitrés de marzo siguiente, para la audiencia de mérito. Luego, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa -trece de enero de dos mil veintidós-, indudablemente existía el acto reclamado. Por tanto, a la presente fecha en que se celebró la audiencia constitucional, los efectos del referido acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN. Como quedó establecido en el considerando relativo, en esencia, el impetrante reclama la omisión de notificar y emplazar a la parte demandada Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, en el juicio laboral 392/2020, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Sobre el particular, concretamente aduce que la autoridad responsable transgrede el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no se le imparte justicia dentro de los términos y plazos que fija la ley de la materia. Al respecto, la suscrita considera que, suplido en su deficiencia, es fundado el motivo de inconformidad. En efecto, el segundo párrafo del aludido precepto constitucional, tutela a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la justicia para que se les administre por tribunales expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales, además, están obligados a emitir sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. La prontitud comprende tanto el desarrollo del procedimiento como el dictado de la resolución, a través de la cual se dirima la controversia. Cabe precisar que los principios generales referidos, aplicados a los juicios laborales, abarcan desde la presentación de la demanda hasta el dictado del laudo y, de ser condenatorio, su ejecución. En esa tesitura, el incumplimiento del principio de justicia pronta se puede manifestar a través de dos vertientes: La primera, consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda, implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio, y la tramitación del procedimiento respectivo. En razón de lo anterior, basta que el retardo u omisión anotados se prolonguen más allá de los términos y plazos legales previstos para la tramitación y solución del juicio o procedimientos respectivos, para así actualizar la violación al derecho a la impartición de justicia pronta, lo cual afecta a todo el procedimiento, pues éste se configura por una serie de actos y etapas concatenadas o unidas entre sí, que se van desarrollando una tras otra en forma lógica y sistematizada para la consecución del resultado. Ahora, en materia de términos y plazos, la norma fundamental remite a las leyes secundarias, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, según lo establece la jurisprudencia 33, emitida por el Pleno del Tribunal Constitucional Nacional, visible en la página 56, del Apéndice (actualización 2001), Tomo I, Materia Constitucional, del siguiente rubro y texto: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da". Al respecto, el artículo 106 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, establece que el procedimiento ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje será público, gratuito e inmediato, debiéndose tomar medidas conducentes para lograr la mayor economía del tiempo, concentración y sencillez en el proceso. Empero, dicho ordenamiento jurídico no prevé plazo alguno en el que deban realizarse las notificaciones, citaciones o emplazamientos en el procedimiento laboral burocrático. Por ende, de conformidad con el numeral 8, fracción II, del aludido ordenamiento legal, procede aplicar supletoriamente la Ley Federal del Trabajo. En ese tenor, el numeral 750 de la Ley Federal del Trabajo, instituye: "Artículo 750.- Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario". Conforme a la disposición normativa precitada, las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la ley exista disposición en contrario. En el caso, mediante auto de nueve de abril de dos mil veintiuno, la autoridad responsable ordenó al actuario de su adscripción, notificar y correr traslado de la demanda a la contraparte del actor. Sin embargo, a la fecha de presentación de la demanda de amparo -trece de enero de dos mil veintidós-, aún no se había realizado la aludida diligencia, lo cual transgrede el derecho fundamental de la parte quejosa a que se le imparta justicia pronta y expedita, al no respetarse los plazos previstos para ello en los numerales anteriormente citados. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 219/2006, determinó como una de las características del juicio ordinario laboral la sencillez y prontitud en el desarrollo de sus etapas, por lo cual en la ley se hace uso de los términos "inmediato" para referirse a la contigüidad de los actos en el tiempo y "día" como unidad temporal más grande para graduar el tiempo, lo cual no da lugar a dudas sobre la expedites en la tramitación y resolución de los asuntos. Sostuvo que la omisión o retardo de la autoridad que prolongue más allá de los términos y plazos legales previstos para la tramitación y resolución del procedimiento respectivo, actualiza la violación al derecho de impartición de justicia pronta, lo cual afecta todo el procedimiento, pues éste se configura por una serie de actos y etapas concatenados, que se van desarrollando una tras otra en forma lógica y sistematizada. Así, desde una perspectiva integral, es inminente que una vez salido de sus cauces legales el procedimiento, ya no podrá desarrollarse dentro de los plazos y términos originalmente previstos, y dada la conexión de las etapas procesales, el que se desarrollen tardíamente o no se realicen, desfasa el ámbito temporal en que los subsecuentes deben desplegarse, y, por tanto, el tiempo en el que la controversia debe quedar resuelta. Aunado a ello, la aludida Segunda Sala del más Alto Tribunal del país, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, en sesión de nueve de enero de dos mil diecinueve, estableció que, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, la demanda de amparo será procedente cuando hayan transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, el cual se tomó como parámetro dado que es el periodo máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. De esa contradicción se emitió la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), publicada el uno de marzo de dos mil diecinueve, en el Semanario judicial de la Federación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS". De ahí que se considere que la omisión reclamada a la responsable, transgrede el derecho del quejoso a que se le imparta justicia de manera pronta y expedita. No pasa inadvertido que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus SARS-CoV2 y la enfermedad COVID-19 debían calificarse como una pandemia, razón por la cual se hizo "un llamamiento a los países para que adopten medidas urgentes y agresivas". Sin embargo, tal circunstancia no puede considerarse válida para postergar el emplazamiento en cuestión, pues el artículo primero, fracción II, inciso b), del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de marzo de dos mil veinte, prevé que la procuración e impartición de justicia son consideradas "actividades esenciales". Asimismo, en la Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1/20, de nueve de abril de dos mil veinte, se estableció que todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a la pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos, deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos. De igual forma, se indicó que debe velarse porque se respeten los derechos laborales de todos los trabajadores y trabajadoras, garantizándose el acceso a la justicia, lo cual es congruente con lo dispuesto por el artículo 17 constitucional. Por las anteriores consideraciones, se concede al impetrante el amparo y protección de la justicia federal. SÉPTIMO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en los artículos 74 fracción V y 77 fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la protección constitucional se concede para que la autoridad responsable, Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por conducto del Actuario de su adscripción: Realice la notificación y emplazamiento de la parte demandada, Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, en el juicio laboral 392/2020 de su índice, ciñéndose estrictamente a los términos señalados en los numerales 106 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y 750 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente. Para esos efectos, deberá tomar las medidas idóneas y suficientes para salvaguardar la salud de los integrantes de dicho órgano jurisdiccional y de los justiciables, en torno a la actual contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). OCTAVO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Luis Antonio Sánchez Cadenas, por las razones expuestas en los considerandos TERCERO y QUINTO de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Luis Antonio Sánchez Cadenas, por las razones y para los efectos expuestos en los considerandos SEXTO y SÉPTIMO del presente fallo. TERCERO. En atención a lo señalado en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la misma con supresión de datos personales. Notifíquese.
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