Luis Antonio Martín Sarlat Cortes
Expediente 663/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 663/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 05/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Luis Antonio Martín Sarlat Cortes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Décimo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que Luis Antonio Martín Sarlat Cortes, hubiera recurrido la sentencia dictada el dieciséis de junio de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se le negó el amparo y la protección de la Justicia Federal; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días hábiles, a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Empero para la devolución de los documentos, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que, la parte promovente o cualquiera de sus autorizados, deberá comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que haya generado su cita, en el entendido que de no recoger los documentos en el plazo señalado en líneas que antecede, se hará efectivo el apercibimiento decretado en el párrafo que precede. Ahora, se hace del conocimiento que de conformidad con el artículo primero del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reforma el Similar 21/2020, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, en Relación con el Periodo de Vigencia y anexo 1, el horario presencial de este juzgado durante la contingencia sanitaria es de ocho horas con treinta minutos a dieciséis horas con treinta minutos; sin embargo, la atención al público de manera presencial según "Agenda OJ", es hasta las quince horas. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. ARCHIVO DE LOS INCIDENTES Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese personalmente.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 663/2022-9, promovido por *********, por propio derecho, contra actos de la Secretaria de Finanzas del Estado de Tabasco y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintinueve de abril de dos mil veintidós, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado el tres de mayo siguiente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el cuatro del mismo mes, Luis Antonio Martín Sarlat Cortes solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 El crédito fiscal número 2022-73616, derivado del mandamiento de ejecución de siete de marzo de dos mil veintidós, así como el acta de requerimiento de pago y embargo relativo. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Secretaria de Finanzas del Estado de Tabasco. 2 Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco. 3 Receptor de Rentas de Centro, Tabasco, de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco. 4 Notificador Ejecutor adscrito a la Receptoría de Rentas de Centro, de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de nueve de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 663/2022-9; se ordenó requerir a las autoridades responsables rindieran informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que las autoridades responsables tienen su residencia en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; para eso, es imprescindible efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Al respecto, es de tomar en cuenta la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Asimismo, es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: El crédito fiscal número 2022-73616, derivado del mandamiento de ejecución de siete de marzo de dos mil veintidós, así como el acta de requerimiento de pago y embargo relativo. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado por haberlo reconocido las autoridades responsables en el informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que remitieron de las constancias que integran el aludido procedimiento de ejecución. Sobre el particular, sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO". CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a Página: 553, Tomo VI, Parte TCC, Fuente: Apéndice de 1995, Materia Común, Octava Época, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, las autoridades responsables aducen que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación al numeral 107 fracción III inciso a), de la Ley de Amparo, Al respecto, arguyen que el Receptor de Rentas en el Municipio de Centro, Tabasco, emitió el mandamiento de ejecución, designación del ejecutor e instrucción al mismo, de siete de marzo de dos mil veintidós, con el cual dio inicio el procedimiento administrativo de ejecución, Asimismo, el acta de requerimiento de pago de seis de abril de dos mil veintidós, sin que se le embargara bien alguno al quejoso. Actos que aducen no son definitivos, pues consideran que, de acuerdo con el artículo 171 Quater del Código Fiscal del Estado de Tabasco, las violaciones cometidas en el procedimiento administrativo de ejecución, solo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora a través del recurso de revocación, hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la misma. Por ello, estiman que, al no ser un acto definitivo, no es procedente el presente juicio de amparo. En apoyo de lo anterior, citan la tesis de rubro "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. POR REGLA GENERAL, LAS VIOLACIONES COMETIDAS ANTES DEL REMATE SON IMPUGNABLES MEDIANTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO HASTA QUE SE PUBLIQUE LA CONVOCATORIA RESPECTIVA, ACORDE CON EL ARTÍCULO 127, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE 2006". De igual forma, hacen valer la causal de improcedente prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, aduciendo que el acto que se les atribuye no causa ningún perjuicio a los intereses jurídicos y legítimos del quejoso, en virtud de que, al notificarle el mandamiento de ejecución, designación del ejecutor e instrucción al mismo, de siete de marzo de dos mil veintidós, se le requirió de pago mediante el acta de seis de abril siguiente, sin que se le embargara bien alguno. Esta juzgadora considera infundadas las referidas causales de improcedencia. Efectivamente, el artículo 61 de la Ley de Amparo prevé en la fracción XXIII: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [. ] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Por su parte, el ordinal 107 dispone en la fracción III: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte...". De acuerdo con la precitada disposición normativa, el juicio de amparo es procedente contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de la resolución definitiva, por violaciones cometidas en la misma o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. Este supuesto no se surte en el presente caso porque, como se obtiene de la demanda de amparo y de las constancias remitidas por las autoridades responsables, el quejoso reclama el crédito fiscal número 2022-73616, derivado del mandamiento de ejecución de siete de marzo de dos mil veintidós, así como el acta de requerimiento de pago y embargo relativo. Es decir, el procedimiento administrativo de referencia aún se encuentra en su etapa inicial, lo que indica que no se ha dictado resolución definitiva en el mismo; de ahí que dicho supuesto normativo no se actualiza en el presente caso. No obstante, el precepto legal en comento también prevé que, será procedente el juicio de amparo contra actos que se produzcan en el referido procedimiento, que sean de imposible reparación. Al respecto, el propio legislador definió lo que debe entenderse por "acto de imposible reparación", estableciendo que son los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, para calificar la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" a que se refiere el numeral transcrito, debe atenderse a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales en los que México sea parte. Al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Máximo Tribunal del País refirió que, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el artículo 107, en dos de sus fracciones precisa el alcance de la expresión "actos de imposible reparación". Estableció que, la primera de ellas -fracción III- está dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. En tanto que la segunda -fracción V-, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en esas disposiciones, afirmó que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que, tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Por ende, consideró que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que, adujo, equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". En el caso, el quejoso reclama el crédito fiscal número 2022-73616, derivado del mandamiento de ejecución de siete de marzo de dos mil veintidós, así como el acta de requerimiento de pago y embargo relativo, aduciendo que ello incide en su esfera jurídica por carecer de fundamentación y motivación. En ese tenor, el derecho fundamental que el impetrante aduce se vulnera en su perjuicio, forma parte de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que instituye que el mandamiento de autoridad conste por escrito, en el que funde y motive la causa legal del procedimiento. Lo que implica que, de no cumplir la autoridad con dicha exigencia constitucional, vulneraría el derecho sustantivo del impetrante a una adecuada defensa, lo cual, inevitablemente incidiría en su esfera jurídica. De ahí que sea procedente la acción de amparo, para que esta juzgadora pueda verificar el cumplimiento del aludido mandato constitucional. Con motivo de lo anterior, deviene inaplicable la tesis en que se apoyan las autoridades de mérito. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN. Como quedó establecido en el considerando relativo, la parte quejosa reclama el crédito fiscal número 2022-73616, derivado del mandamiento de ejecución de siete de marzo de dos mil veintidós, así como el acta de requerimiento de pago y embargo relativo. Al respecto, adujo que se vulnera en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exponiendo para ello los correspondientes conceptos de violación, mismos que no se transcriben en términos de la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". No obstante, a efecto de realizar el análisis correspondiente, cabe establecer que el impetrante de amparo, sustancialmente refiere que el acto de autoridad, consistente en el acta de requerimiento de pago y embargo, derivado del mandamiento de ejecución, designación del ejecutor e instrucción al mismo, de fecha siete de marzo de 2022, sobre un crédito fiscal número 2022-73616, incide en su esfera jurídica por la falta de fundamentación y motivación. Esta juzgadora considera infundado el aludido motivo de inconformidad. En efecto, el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instituye: "Articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". El aludido precepto constitucional contiene el derecho fundamental a la legalidad, consistente en que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. La exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad. Presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que, en su aspecto imperativo, consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Mientras que la exigencia de motivación, se traduce en la expresión de las razones por las cuales, la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder, se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Asimismo, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. La anterior consideración tiene sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 204, está publicada en el tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, página 166, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Consideraciones similares informan la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, página 162, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE". Debe distinguirse entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad. La falta de dichos presupuestos constitucionales, es la omisión total de expresar el dispositivo legal aplicable al particular y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa. En cambio, la indebida fundamentación, ocurre cuando la autoridad invoca el precepto legal, empero resulta inaplicable al caso. Mientras que la indebida motivación, se actualiza cuando la autoridad expresa razones para emitir su acto, pero éstas no se adecuan a la hipótesis normativa, o bien, ésta se interpreta en forma errónea. Ahora bien, de las constancias remitidas por las autoridades responsables, se obtiene que el siete de marzo de dos mil veintidós, el Receptor de Rentas de la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco, dictó el mandamiento de ejecución en los términos siguientes: Como se puede advertir, dicha determinación, que le fue entregada al quejoso y la anexa a la demanda de amparo, establece la resolución que le da origen (de cuatro de febrero de dos mil veintidós), el número de crédito fiscal (2022-73616), el expediente del que deriva (065/2021), oficio por el que le fue requerida la ejecución del cobro de la multa a la Secretaria de Finanzas del Estado de Tabasco por la autoridad ordenadora (oficio 287), el motivo de la multa y cobro ("NO DIO CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO ORDENADO POR ESTA JUZGADORA MEDIANTE AUTO DE FECHA 29/10/2021"), el importe que se requiere de pago ($5,000.00), el importe por gastos de ejecución ($480.00) y el total del cobro ($5,480.00). Asimismo, se advierte que la referida autoridad precisa que la autoridad que impuso la multa y ordenó el cobro de la misma es el Juzgado de Oralidad Mercantil de Centro, Tabasco, lo cual reconoce el quejoso, ya que en la demanda de amparo manifiesta que fue demandado en el expediente 65/2021, del índice del aludido órgano jurisdiccional. En el mandamiento de ejecución de mérito también se establece que, al no haber cubierto el causante el importe antes mencionado, dentro del plazo de treinta días siguientes, señalado en el artículo 51 del Código Fiscal del Estado de Tabasco, es exigible de conformidad con los artículos 8 fracción XV y último párrafo; 22, 94 fracciones I, III y V, 115, 119, 120 y 122 del precitado ordenamiento jurídico; 1, 2, 3 primer párrafo, 4, 11, 14 fracción XVII, 25 primer párrafo, 29 primer párrafo, fracción III, 32 fracción I, II, VII, XVII, XIX, XXVII, XXVI, LVI, LX, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 1, 2, apartado 3, número 3.3 numeral 3.3.1, concatenado con el último párrafo del artículo 40, 5, 6 y 41 fracciones I, II, III, IV, VII, IX, X, XII, XIII y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco publicado en el suplemento 7433, del Periódico Oficial del Estado número 1392, de treinta de noviembre de dos mil trece, en relación con los artículos SÉPTIMO, NOVENO y DÉCIMO transitorios de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. Con motivo de lo anterior, la referida autoridad ordenó se requiriera de pago al ahora quejoso, lo cual se llevó a cabo el seis de abril de dos mil veintidós, en cuya acta consta la resolución que le da origen (de cuatro de febrero de dos mil veintidós), el número de crédito fiscal (2022-73616), el expediente del que deriva (065/2021), oficio por el que le fue requerida la ejecución del cobro de la multa a la Secretaria de Finanzas del Estado de Tabasco por la autoridad ordenadora (oficio 287), el motivo de la multa y cobro ("NO DIO CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO ORDENADO POR ESTA JUZGADORA MEDIANTE AUTO DE FECHA 29/10/2021"), el importe que se requiere de pago ($5,000.00), el importe por gastos de ejecución ($480.00) y el total del cobro ($5,480.00). Ello de acuerdo con la siguiente acta: En ese contexto, los actos reclamados se encuentran suficientemente fundados y motivados porque las autoridades responsables expresan las normas legales aplicadas, así como los razonamientos tendientes a adecuar el caso concreto a las hipótesis normativas en que se apoya. Esto es, proporcionan elementos al gobernado para defender sus derechos, ya que le permiten conocer la esencia de los argumentos legales y de hecho en que se apoyó la autoridad, y queda plenamente capacitado para desvirtuarlos en el procedimiento del que derivan los actos reclamados. De ahí que se considere infundado el motivo de inconformidad planteado e inaplicables las tesis en que se apoya. Con motivo de lo expuesto, se niega al quejoso el amparo y protección de la justicia federal. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de nueve de mayo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisadas en el resultando primero, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública del mismo con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, en representación de la Secretaría de Finanzas, Director de Recaudación, Receptor de Rentas en el municipio de Centro, Tabasco y Notificador Ejecutor adscrito a la Receptoría de Rentas en el municipio de Centro, Tabasco, todos de la Secretaría que representa, mediante el cual rinde su informe justificado; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante la copia certificada de diversas constancias que anexó al oficio que se provee, de las que se hará relación al celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese.
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