Luis Antonio Rivera Martínez

Expediente 342/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
342/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
16/08/2023

Partes del expediente

  • Luis Antonio Rivera Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se negó la protección constitucional; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Archívese el expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a) de dicho ordenamiento, se hace la observación de que el expediente es conservable, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. El cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es conservable, en razón de que se concedió la medida cautelar. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. En cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, la secretaria encargada de la tramitación del expediente certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: https: //www. cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites..htm?pageName=servicios%2Fexpedientes.htm, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    (CITATORIO)EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO EL TREINTA DE JUNIO DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA DE VEINTIOCHO DE JUNIO DE 2023, QUE EN SÍNTESIS DICE: " V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto ********************, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos de la ********************; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo contra actos que consideró violatorios de sus derechos, tutelados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal. Segundo. Admisión. El ********************, el ******************** declinó competencia; el ********************, este órgano jurisdiccional admitió la acción de amparo, dio intervención a la Fiscal Federal adscrita, requirió el informe justificado al juez de origen, ordenó notificar al tercero interesado la radicación del juicio y dio vista con el informe de la Sala responsable. Tercero. Trámite. Se rindieron los informes de ley; se emplazó a la tercera interesada; la representación social no intervino; y la audiencia constitucional se celebró en términos del acta precedente; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, párrafo primero, fracción I, 107, párrafo primero, fracción III, párrafo único, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra una resolución del orden civil, dictada por una autoridad residente dentro del ámbito de competencia, donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme al artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados son: La resolución de ********************emitida por la Primera Sala Civil de esta Ciudad en el toca ********************, que confirmó la interlocutoria dictada el ******************** por el Juez Sexagésimo Quinto de la misma materia y residencia, en la controversia de arrendamiento ******************** que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra la notificación de la sentencia definitiva. La ejecución. Tercero. Existencia. En su informe justificado, las autoridades responsables aceptaron el acto reclamado, y se corrobora con las constancias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Se invoca la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno, de registro 394182, visible en la página 153, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se da noticia de las actuaciones que precedieron el acto reclamado. I. El ********************, se dictó sentencia definitiva donde el aquí quejoso fue condenado como se indica: "R E S U E L V E (.) - - - SEGUNDO.- Se declara rescindido el contrato de arrendamiento de fecha ********************, celebrado entre ********************como arrendador y ********************, como arrendatario, respecto del Local ********************. - - - TERCERO.- Se condena al demandado a pagar al actor o a quien sus derechos represente las pensiones rentísticas causadas, a partir del mes de ******************** hasta el mes en que desocupe y entregue el inmueble litigioso, a razón de ********************cada una, más el Impuesto al Valor Agregado e incremento pactado en la cláusula segunda del contrato básico que serán determinadas en ejecución de sentencia. Se condena al demandado a pagar al actor o a quien sus derechos represente los intereses moratorios, a razón del 15% (QUINCE POR CIENTO) de cada pensión rentística no cubierta oportunamente, que será determinada en ejecución de sentencia. (.)" En la parte final de dicha sentencia, se indicaron los datos de la publicación en los siguientes términos: En el boletín judicial no. 143 correspondiente al día 23 de Agosto de 2022 se hizo la publicación de Ley.- Conste. El 23 de Agosto del 2022, surtió efectos la notificación anterior.- Conste. II. El ********************, el juez de la causa emitió el siguiente auto aclaratorio: " ---Dada nueva cuenta con lo actuado y toda vez que en la Sentencia Definitiva de fecha ********************, en el Resolutivo Tercero, fue omiso en ordenar la desocupación y entrega al actor del inmueble litigioso, debe decir: ". TERCERO.- Se condena al demandado a desocupar y entregar al actor o a quien sus derechos represente el inmueble litigioso, identificado en el resolutivo que antecede, entrega que deberá efectuar dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir de que el presente fallo sea legalmente ejecutable, apercibido de lanzamiento en caso de incumplimiento. Se condena al demandado a pagar al actor o a quien sus derechos represente las pensiones rentísticas causadas, a partir del mes de ******************** hasta el mes en que desocupe y entregue el inmueble litigioso, a razón de ********************cada una, más el Impuesto al Valor Agregado e incremento pactado en la cláusula segunda del contrato básico que serán determinadas en ejecución de sentencia. Se condena al demandado a pagar al actor o a quien sus derechos represente los intereses moratorios, a razón del 15% (QUINCE POR CIENTO) de cada pensión rentística no cubierta oportunamente, que será determinada en ejecución de sentencia..." lo que se aclara, con fundamento en el artículo 84 del Código de Procedimientos Civiles, por tratarse de una mera aclaración que no altera la esencia de la Sentencia Definitiva señalada. Esta aclaración pasa a formar parte integrante de la misma, para todos los efectos legales conducentes. NOTIFIQUESE." III. El ********************, el quejoso promovió incidente de nulidad de actuaciones contra la notificación de la sentencia definitiva, el cual se admitió el ********************. IV. El ********************, se dictó la sentencia correspondiente, como se indica: "PRIMERO.- Ha sido procedente la vía intentada en la que el demandado no acreditó su pretensión y el actor justificó sus defensas. SEGUNDO.- Se declara improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el demandado." (.) VI. Inconforme, el aquí quejoso apeló lo sentenciado y el ********************se emitió el fallo cuyos puntos resolutivos son: "PRIMERO.- Ha resultado infundado e inoperante lo argumentado por el demandado en el recurso de apelación que hizo valer en contra de la sentencia interlocutoria de ********************, por lo que se confirma la presente resolución. SEGUNDO.- No se hace especial condena en costas en esta instancia." (.) Esta última sentencia y su ejecución integran la materia del acto reclamado. Quinto. Conceptos de violación. El acto reclamado contraviene las garantías de seguridad jurídica, legalidad, debido proceso, contradicción exhaustividad y congruencia, tuteladas en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal, en relación a los ordinales 84 y 87 del Código de Procedimientos Civiles para la hoy Ciudad de México. Las resoluciones judiciales si pueden aclararse pero hasta que surta efectos la notificación de la resolución que se deba aclarar, por ello, si en el sello de la sentencia definitiva se asentó que su notificación surtía efectos el mismo día de su publicación, se debió ordenar nuevamente su publicación para que pudiera surtir efectos correctamente, de lo contrario se equipara a no haberse publicado. La resolución reclamada no es clara, precisa ni congruente porque el error u omisión respecto del sello de publicación de la sentencia definitiva no se puede subsanar con el auto aclaratorio, ni hacerlo parte de la sentencia. Los conceptos de violación son infundados, los cuales serán analizadas como fueron agrupados porque atañen a temas afines, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo, aunque no corresponda a la forma planteada por la parte quejosa. La Constitución Federal reconoce el principio de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica, que tiene como finalidad que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. Sobre lo indicado, cabe destacar el contenido del artículo 16 de la Constitución Federal, que en lo relativo dice: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo invocado, relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el por qué y para qué de la conducta de la autoridad. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; mientras que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Tiene aplicación, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página ciento cuarenta y tres, tomo 97-102 tercera parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Ahora, el acto reclamado sostuvo las siguientes razones: - La controversia de arrendamiento inmobiliario de donde emanan los reclamos se rige por el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México no así por las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, ni la de los estados de Chihuahua, Morelos, Durango, Tabasco o Estado de México. - La notificación de la sentencia definitiva surtió efectos al día siguiente de la publicación de la aclaración oficiosa que realizó el juez de la causa porque ésta última forma parte integrante de la primera. - El artículo 84 de la legislación procesal permite aclarar algún concepto ambiguo, oscuro, contradictorio o para subsanar alguna omisión, y que forma parte integral de la determinación judicial aclarada, por ello, aunque la sentencia definitiva se publicó el ********************, debe surtir efectos hasta el veintiséis, correspondiente al auto aclaratorio. - La prórroga en que surte efectos la notificación de la sentencia no causa agravio, y la presunción de legalidad no fue desvirtuada por el inconforme. Conforme a la causa de pedir, el quejoso sostiene que la aclaración depende de que surta efectos la publicación de la sentencia definitiva, porque ello permite computar el término para efectuarla y el cual es un requisito de la propia figura. Al respecto, se contesta que la aclaración no se condiciona por la firmeza de la notificación publicada, para que la autoridad judicial pueda dictarla. De los artículos 111, 123 y 125 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, se advierte que las notificaciones en juicio podrán hacerse 1. Personalmente; 2. Por Boletín Judicial, en términos de los artículos 123 y 125; 3. Por edictos; 4. Por correo; 5. Por telégrafo; 6. Por cualquier otro medio de comunicación efectivo que de constancia indubitable de recibido, y 8. Por medios electrónicos. Asimismo, que la primera notificación al promovente se hará por boletín judicial siempre y cuando la ley o el tribunal no disponga otra cosa. Si los interesados o sus apoderados, procuradores o autorizados se presentaran al tribunal o juzgado respectivo el mismo día en que se dicten las resoluciones que hayan de notificarse, el tribunal tiene la obligación de notificar personalmente, entregando copia simple o fotostática de la resolución, sin necesidad de esperar a que se publique en el Boletín Judicial, dejando constancia en autos de dicha actuación judicial, la cual deberá estar firmada por el notificado y el fedatario, y en caso de que el primero de los mencionados se negare a firmar, se asentará dicha situación. Ahora bien, si las partes, sus autorizados o sus procuradores no ocurren al tribunal o juzgado a notificarse personalmente el mismo día en que se dicten las resoluciones, el órgano jurisdiccional las mandará publicar en el Boletín Judicial, dándose por hecha y surtirá sus efectos el día siguiente al de su publicación. Por su parte, del artículo 84 del Código de Procedimientos Civiles para la hoy Ciudad de México, permite aclarar una determinación o sentencia sin variar ni modificar su contenido, de dos formas: De oficio, las cuales deberán hacerse dentro del tercer día hábil siguiente al de la publicación de la resolución correspondiente; y, 2. A instancia de parte, la cual deberá ser presentada dentro del tercer día siguiente al de la notificación. En este caso, el juez o tribunal resolverá lo que estime procedente dentro del tercer día hábil siguiente al de la presentación del escrito en que se solicite la aclaración. Como se advierte, la aclaración es una herramienta que está disponible en el proceso tanto para las partes como para la autoridad, de modo que puede solicitarse por actor y/o demandado, o puede dictarse por el propio órgano jurisdiccional. El artículo 84 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México es la norma que contiene y regula la aclaración como figura procesal, porque indica sus características, límites, términos y condiciones bajo los cuales puede accederse a ella. En tal sentido, no asiste razón al inconforme al sostener que la aclaración depende de que surta efectos la publicación, porque está supeditada a que las partes la soliciten o alternativamente, la autoridad motu proprio considere que hay algún aspecto que lo amerita, en ambos casos debe demostrarse que la materia de la aclaración es un punto obscuro o impreciso, que no implique alterar la esencia del pronunciamiento aclarado. En ese orden, tampoco asiste razón al inconforme al sostener que al asentarse en el sello del fallo aclarado que su notificación surtía efectos el mismo día de su publicación, impedía el cómputo del término para tales fines y obligaba a una segunda publicación. Es así, porque la normativa literalmente refiere que las aclaraciones de oficio deberán realizarse "dentro del tercer día hábil siguiente al de la publicación de la resolución correspondiente" y no al tercer día hábil siguiente al en que haya surtido efectos la publicación de la resolución, como lo alega el accionante de amparo. De ese modo, la consecuencia procesal de surtir efectos depende previamente de la publicación y no a la inversa como se sugiere, como se corrobora del artículo 125 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, aplicable a la controversia de origen, que dice: "Artículo 125.- Si las partes, sus autorizados o sus procuradores no ocurren al tribunal o juzgado a notificarse personalmente el mismo día en que se dicten las resoluciones, el tribunal las mandará publicar en el Boletín Judicial. La notificación por Boletín Judicial se dará por hecha y surtirá sus efectos al día siguiente al de su publicación." Por ello, aunque en la sentencia definitiva se asentó como fecha de publicación la misma data en la que surtió efectos dicha notificación (********************), lo cierto es que esa circunstancia no conllevaría la nulidad de ese acto, porque el cómputo del término de la aclaración se califica o cuenta a partir de la publicación que consiste en que la resolución se incorpore en el Boletín Judicial. Por tales razones, es que el juzgador no estaba obligado a volver a publicar la sentencia para aclarar los aspectos obscuros o imprecisos, ni a imponer esa circunstancia como requisito, pues como se explicó únicamente depende de que la sentencia aclarada sea incorporada en el instrumento de comunicación procesal, que vincula a la autoridad y sus decisiones con las partes. De igual modo se contesta que es infundado sostener que la aclaración y la sentencia aclarada no son una unidad procesal, como se sugiere en los conceptos de violación. Al respecto debe tenerse presente la siguiente tesis de registro digital 204140 que dice: "SENTENCIA, ACLARACION DE. COMPUTO DEL TÉRMINO PARA LA INTERPOSICION DE LA APELACION. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que la resolución de aclaración de sentencia, sea en sentido positivo o negativo, forma parte integrante de la misma sentencia, puesto que hasta que se dicte el segundo fallo, el primero viene a tener el carácter de sentencia definitiva; tal como se desprende de la jurisprudencia con el rubro: "ACLARACION DE SENTENCIA.", que está marcada con el número 46 que puede observarse en la página 78 de la Segunda Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación. Consecuentemente, como la aclaración de una sentencia viene a formar parte integrante del veredicto correspondiente y por ello hasta que se pronuncia la resolución por la que se decide la aclaración tiene el carácter de definitiva, debe concluirse en que por ello la interposición de la aclaración relativa suspende el término para hacer valer el recurso de apelación en contra de la definitiva, y por ende, el plazo para impugnar la sentencia corre a partir de la notificación de su aclaración." Del criterio citado se advierte que el máximo tribunal ha sustentado la opinión de que el auto aclaratorio, en sentido positivo o negativo, forma parte integrante de la sentencia, pues hasta que el segundo se dicte, el primero tiene el carácter de definitivo. Lo anterior incluso tiene como consecuencia la interrupción del término para la interposición del recurso procedente contra la sentencia que fue objeto de aclaración, ya que dicho plazo correrá a partir de la notificación del aclaratorio. Entonces, si el auto aclaratorio comprende tanto los aspectos sustantivos (contenido) de la determinación y/o resolución aclarada, como los procesales; ello no puede analizarse de forma individual sino que debe ser estudiada de manera conjunta ya que es parte integrante de la sentencia definitiva. De ahí lo infundado de los conceptos de violación. Consecuentemente, al ser infundados los conceptos de violación, procede negar el amparo solicitado. Negativa extensiva a los actos de ejecución, por no combatirse por vicios propios, sino en vía de consecuencia, conforme a la jurisprudencia 91 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 917625, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Finalmente, no se analizan los alegatos formulados en el trámite del juicio de amparo, porque no forman parte de la litis, conforme a la tesis P./J. 27/94, del Tribunal Pleno, de rubro "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por propio derecho, contra actos de la ********************, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintiocho de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. (Firma electrónica) (Firma electrónica) EL JUEZ EL SECRETARIO.".

  3. Principal

    día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 342/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación la Secretaria hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: a) demanda de amparo; b) informes justificados; c) emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que el tercero interesado ofreció la documental. Pronunciamiento: se admiten y desahogan por su propia naturaleza, y al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre el de alegatos, donde se hace constar que el tercero interesado los formuló; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  4. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto ********************, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos de la ********************; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. La parte quejosa demandó el amparo contra actos que consideró violatorios de sus derechos, tutelados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal. Segundo. Admisión. El ********************, el ******************** declinó competencia; el ********************, este órgano jurisdiccional admitió la acción de amparo, dio intervención a la Fiscal Federal adscrita, requirió el informe justificado al juez de origen, ordenó notificar al tercero interesado la radicación del juicio y dio vista con el informe de la Sala responsable. Tercero. Trámite. Se rindieron los informes de ley; se emplazó a la tercera interesada; la representación social no intervino; y la audiencia constitucional se celebró en términos del acta precedente; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, párrafo primero, fracción I, 107, párrafo primero, fracción III, párrafo único, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra una resolución del orden civil, dictada por una autoridad residente dentro del ámbito de competencia, donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme al artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados son: La resolución de ********************emitida por la Primera Sala Civil de esta Ciudad en el toca ********************, que confirmó la interlocutoria dictada el ******************** por el Juez Sexagésimo Quinto de la misma materia y residencia, en la controversia de arrendamiento ******************** que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra la notificación de la sentencia definitiva. La ejecución. Tercero. Existencia. En su informe justificado, las autoridades responsables aceptaron el acto reclamado, y se corrobora con las constancias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Se invoca la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno, de registro 394182, visible en la página 153, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se da noticia de las actuaciones que precedieron el acto reclamado. I. El ********************, se dictó sentencia definitiva donde el aquí quejoso fue condenado como se indica: "R E S U E L V E (.) - - - SEGUNDO.- Se declara rescindido el contrato de arrendamiento de fecha ********************, celebrado entre ********************como arrendador y ********************, como arrendatario, respecto del Local ********************. - - - TERCERO.- Se condena al demandado a pagar al actor o a quien sus derechos represente las pensiones rentísticas causadas, a partir del mes de ******************** hasta el mes en que desocupe y entregue el inmueble litigioso, a razón de ********************cada una, más el Impuesto al Valor Agregado e incremento pactado en la cláusula segunda del contrato básico que serán determinadas en ejecución de sentencia. Se condena al demandado a pagar al actor o a quien sus derechos represente los intereses moratorios, a razón del 15% (QUINCE POR CIENTO) de cada pensión rentística no cubierta oportunamente, que será determinada en ejecución de sentencia. (.)" En la parte final de dicha sentencia, se indicaron los datos de la publicación en los siguientes términos: En el boletín judicial no. 143 correspondiente al día 23 de Agosto de 2022 se hizo la publicación de Ley.- Conste. El 23 de Agosto del 2022, surtió efectos la notificación anterior.- Conste. II. El ********************, el juez de la causa emitió el siguiente auto aclaratorio: " ---Dada nueva cuenta con lo actuado y toda vez que en la Sentencia Definitiva de fecha ********************, en el Resolutivo Tercero, fue omiso en ordenar la desocupación y entrega al actor del inmueble litigioso, debe decir: ". TERCERO.- Se condena al demandado a desocupar y entregar al actor o a quien sus derechos represente el inmueble litigioso, identificado en el resolutivo que antecede, entrega que deberá efectuar dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir de que el presente fallo sea legalmente ejecutable, apercibido de lanzamiento en caso de incumplimiento. Se condena al demandado a pagar al actor o a quien sus derechos represente las pensiones rentísticas causadas, a partir del mes de ******************** hasta el mes en que desocupe y entregue el inmueble litigioso, a razón de ********************cada una, más el Impuesto al Valor Agregado e incremento pactado en la cláusula segunda del contrato básico que serán determinadas en ejecución de sentencia. Se condena al demandado a pagar al actor o a quien sus derechos represente los intereses moratorios, a razón del 15% (QUINCE POR CIENTO) de cada pensión rentística no cubierta oportunamente, que será determinada en ejecución de sentencia..." lo que se aclara, con fundamento en el artículo 84 del Código de Procedimientos Civiles, por tratarse de una mera aclaración que no altera la esencia de la Sentencia Definitiva señalada. Esta aclaración pasa a formar parte integrante de la misma, para todos los efectos legales conducentes. NOTIFIQUESE." III. El ********************, el quejoso promovió incidente de nulidad de actuaciones contra la notificación de la sentencia definitiva, el cual se admitió el ********************. IV. El ********************, se dictó la sentencia correspondiente, como se indica: "PRIMERO.- Ha sido procedente la vía intentada en la que el demandado no acreditó su pretensión y el actor justificó sus defensas. SEGUNDO.- Se declara improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el demandado." (.) VI. Inconforme, el aquí quejoso apeló lo sentenciado y el ********************se emitió el fallo cuyos puntos resolutivos son: "PRIMERO.- Ha resultado infundado e inoperante lo argumentado por el demandado en el recurso de apelación que hizo valer en contra de la sentencia interlocutoria de ********************, por lo que se confirma la presente resolución. SEGUNDO.- No se hace especial condena en costas en esta instancia." (.) Esta última sentencia y su ejecución integran la materia del acto reclamado. Quinto. Conceptos de violación. El acto reclamado contraviene las garantías de seguridad jurídica, legalidad, debido proceso, contradicción exhaustividad y congruencia, tuteladas en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal, en relación a los ordinales 84 y 87 del Código de Procedimientos Civiles para la hoy Ciudad de México. Las resoluciones judiciales si pueden aclararse pero hasta que surta efectos la notificación de la resolución que se deba aclarar, por ello, si en el sello de la sentencia definitiva se asentó que su notificación surtía efectos el mismo día de su publicación, se debió ordenar nuevamente su publicación para que pudiera surtir efectos correctamente, de lo contrario se equipara a no haberse publicado. La resolución reclamada no es clara, precisa ni congruente porque el error u omisión respecto del sello de publicación de la sentencia definitiva no se puede subsanar con el auto aclaratorio, ni hacerlo parte de la sentencia. Los conceptos de violación son infundados, los cuales serán analizadas como fueron agrupados porque atañen a temas afines, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo, aunque no corresponda a la forma planteada por la parte quejosa. La Constitución Federal reconoce el principio de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica, que tiene como finalidad que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. Sobre lo indicado, cabe destacar el contenido del artículo 16 de la Constitución Federal, que en lo relativo dice: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo invocado, relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el por qué y para qué de la conducta de la autoridad. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; mientras que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Tiene aplicación, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página ciento cuarenta y tres, tomo 97-102 tercera parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Ahora, el acto reclamado sostuvo las siguientes razones: - La controversia de arrendamiento inmobiliario de donde emanan los reclamos se rige por el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México no así por las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, ni la de los estados de Chihuahua, Morelos, Durango, Tabasco o Estado de México. - La notificación de la sentencia definitiva surtió efectos al día siguiente de la publicación de la aclaración oficiosa que realizó el juez de la causa porque ésta última forma parte integrante de la primera. - El artículo 84 de la legislación procesal permite aclarar algún concepto ambiguo, oscuro, contradictorio o para subsanar alguna omisión, y que forma parte integral de la determinación judicial aclarada, por ello, aunque la sentencia definitiva se publicó el ********************, debe surtir efectos hasta el veintiséis, correspondiente al auto aclaratorio. - La prórroga en que surte efectos la notificación de la sentencia no causa agravio, y la presunción de legalidad no fue desvirtuada por el inconforme. Conforme a la causa de pedir, el quejoso sostiene que la aclaración depende de que surta efectos la publicación de la sentencia definitiva, porque ello permite computar el término para efectuarla y el cual es un requisito de la propia figura. Al respecto, se contesta que la aclaración no se condiciona por la firmeza de la notificación publicada, para que la autoridad judicial pueda dictarla. De los artículos 111, 123 y 125 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, se advierte que las notificaciones en juicio podrán hacerse 1. Personalmente; 2. Por Boletín Judicial, en términos de los artículos 123 y 125; 3. Por edictos; 4. Por correo; 5. Por telégrafo; 6. Por cualquier otro medio de comunicación efectivo que de constancia indubitable de recibido, y 8. Por medios electrónicos. Asimismo, que la primera notificación al promovente se hará por boletín judicial siempre y cuando la ley o el tribunal no disponga otra cosa. Si los interesados o sus apoderados, procuradores o autorizados se presentaran al tribunal o juzgado respectivo el mismo día en que se dicten las resoluciones que hayan de notificarse, el tribunal tiene la obligación de notificar personalmente, entregando copia simple o fotostática de la resolución, sin necesidad de esperar a que se publique en el Boletín Judicial, dejando constancia en autos de dicha actuación judicial, la cual deberá estar firmada por el notificado y el fedatario, y en caso de que el primero de los mencionados se negare a firmar, se asentará dicha situación. Ahora bien, si las partes, sus autorizados o sus procuradores no ocurren al tribunal o juzgado a notificarse personalmente el mismo día en que se dicten las resoluciones, el órgano jurisdiccional las mandará publicar en el Boletín Judicial, dándose por hecha y surtirá sus efectos el día siguiente al de su publicación. Por su parte, del artículo 84 del Código de Procedimientos Civiles para la hoy Ciudad de México, permite aclarar una determinación o sentencia sin variar ni modificar su contenido, de dos formas: De oficio, las cuales deberán hacerse dentro del tercer día hábil siguiente al de la publicación de la resolución correspondiente; y, 2. A instancia de parte, la cual deberá ser presentada dentro del tercer día siguiente al de la notificación. En este caso, el juez o tribunal resolverá lo que estime procedente dentro del tercer día hábil siguiente al de la presentación del escrito en que se solicite la aclaración. Como se advierte, la aclaración es una herramienta que está disponible en el proceso tanto para las partes como para la autoridad, de modo que puede solicitarse por actor y/o demandado, o puede dictarse por el propio órgano jurisdiccional. El artículo 84 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México es la norma que contiene y regula la aclaración como figura procesal, porque indica sus características, límites, términos y condiciones bajo los cuales puede accederse a ella. En tal sentido, no asiste razón al inconforme al sostener que la aclaración depende de que surta efectos la publicación, porque está supeditada a que las partes la soliciten o alternativamente, la autoridad motu proprio considere que hay algún aspecto que lo amerita, en ambos casos debe demostrarse que la materia de la aclaración es un punto obscuro o impreciso, que no implique alterar la esencia del pronunciamiento aclarado. En ese orden, tampoco asiste razón al inconforme al sostener que al asentarse en el sello del fallo aclarado que su notificación surtía efectos el mismo día de su publicación, impedía el cómputo del término para tales fines y obligaba a una segunda publicación. Es así, porque la normativa literalmente refiere que las aclaraciones de oficio deberán realizarse "dentro del tercer día hábil siguiente al de la publicación de la resolución correspondiente" y no al tercer día hábil siguiente al en que haya surtido efectos la publicación de la resolución, como lo alega el accionante de amparo. De ese modo, la consecuencia procesal de surtir efectos depende previamente de la publicación y no a la inversa como se sugiere, como se corrobora del artículo 125 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, aplicable a la controversia de origen, que dice: "Artículo 125.- Si las partes, sus autorizados o sus procuradores no ocurren al tribunal o juzgado a notificarse personalmente el mismo día en que se dicten las resoluciones, el tribunal las mandará publicar en el Boletín Judicial. La notificación por Boletín Judicial se dará por hecha y surtirá sus efectos al día siguiente al de su publicación." Por ello, aunque en la sentencia definitiva se asentó como fecha de publicación la misma data en la que surtió efectos dicha notificación (********************), lo cierto es que esa circunstancia no conllevaría la nulidad de ese acto, porque el cómputo del término de la aclaración se califica o cuenta a partir de la publicación que consiste en que la resolución se incorpore en el Boletín Judicial. Por tales razones, es que el juzgador no estaba obligado a volver a publicar la sentencia para aclarar los aspectos obscuros o imprecisos, ni a imponer esa circunstancia como requisito, pues como se explicó únicamente depende de que la sentencia aclarada sea incorporada en el instrumento de comunicación procesal, que vincula a la autoridad y sus decisiones con las partes. De igual modo se contesta que es infundado sostener que la aclaración y la sentencia aclarada no son una unidad procesal, como se sugiere en los conceptos de violación. Al respecto debe tenerse presente la siguiente tesis de registro digital 204140 que dice: "SENTENCIA, ACLARACION DE. COMPUTO DEL TÉRMINO PARA LA INTERPOSICION DE LA APELACION. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que la resolución de aclaración de sentencia, sea en sentido positivo o negativo, forma parte integrante de la misma sentencia, puesto que hasta que se dicte el segundo fallo, el primero viene a tener el carácter de sentencia definitiva; tal como se desprende de la jurisprudencia con el rubro: "ACLARACION DE SENTENCIA.", que está marcada con el número 46 que puede observarse en la página 78 de la Segunda Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación. Consecuentemente, como la aclaración de una sentencia viene a formar parte integrante del veredicto correspondiente y por ello hasta que se pronuncia la resolución por la que se decide la aclaración tiene el carácter de definitiva, debe concluirse en que por ello la interposición de la aclaración relativa suspende el término para hacer valer el recurso de apelación en contra de la definitiva, y por ende, el plazo para impugnar la sentencia corre a partir de la notificación de su aclaración." Del criterio citado se advierte que el máximo tribunal ha sustentado la opinión de que el auto aclaratorio, en sentido positivo o negativo, forma parte integrante de la sentencia, pues hasta que el segundo se dicte, el primero tiene el carácter de definitivo. Lo anterior incluso tiene como consecuencia la interrupción del término para la interposición del recurso procedente contra la sentencia que fue objeto de aclaración, ya que dicho plazo correrá a partir de la notificación del aclaratorio. Entonces, si el auto aclaratorio comprende tanto los aspectos sustantivos (contenido) de la determinación y/o resolución aclarada, como los procesales; ello no puede analizarse de forma individual sino que debe ser estudiada de manera conjunta ya que es parte integrante de la sentencia definitiva. De ahí lo infundado de los conceptos de violación. Consecuentemente, al ser infundados los conceptos de violación, procede negar el amparo solicitado. Negativa extensiva a los actos de ejecución, por no combatirse por vicios propios, sino en vía de consecuencia, conforme a la jurisprudencia 91 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 917625, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Finalmente, no se analizan los alegatos formulados en el trámite del juicio de amparo, porque no forman parte de la litis, conforme a la tesis P./J. 27/94, del Tribunal Pleno, de rubro "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por propio derecho, contra actos de la ********************, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintiocho de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. (Firma electrónica) (Firma electrónica) EL JUEZ EL SECRETARIO

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