Luis Antonio Peñaloza Martinez
Expediente 355/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 355/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 29/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Luis Antonio Peñaloza Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia engrosada el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, SE DECLARA QUE LA CITADA RESOLUCIÓN HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHÍVESE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otro lado, tomando en consideración que juez responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio,...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 355/2021 promovido por ... por propio derecho contra actos del Juez Décimo Noveno Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, la parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto de la autoridad mencionada, por considerarlo violatorio de sus derechos tutelados por los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión. El dos de junio de dos mil veintiuno, previa aclaración, se admitió la acción de amparo, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; y se determinó la inexistencia de terceros interesados. TERCERO. Trámite. La representante social de la Federación adscrita no formuló pedimento; se tuvo por rendido el informe justificado; finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este órgano judicial es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, seguido en un tribunal del fuero común, con jurisdicción dentro del ámbito de competencia donde este juzgador ejerce autoridad constitucional. SEGUNDO. Litis. Acorde al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, como acto reclamado se tendrá: El auto de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, emitido en los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil 395/2019 del índice del Juzgado Décimo Noveno Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde se inadmitió el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de veintiuno de abril de dos mil veintiuno que no acordó favorable la petición del quejoso de no ordenar la diligencia a cargo del presunto demandado y tenerle por reconocida la firma, origen y monto del adeudo, ante la confesión realizada en la demanda del juicio ordinario mercantil 82/2021 del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. TERCERO. Existencia. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado. Certeza corroborada con las copias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Como preámbulo del problema jurídico a resolver, se indican las actuaciones que precedieron el acto reclamado. 1. El veintidós de abril de dos mil diecinueve, ... promovió medios preparatorios a juicio oral mercantil, contra ..., respecto de dos pagarés suscritos por la cantidad de USD$100,000.00 (CIEN MIL DÓLARES AMERICANOS 00/100), cada uno. 2. Del mismo, correspondió conocer al Juez Décimo Noveno Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que lo radicó en el expediente 395/2019. 3. El dos de mayo de dos mil diecinueve, se admitieron a trámite tales medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil, donde se ordenó al Actuario se constituyera en el domicilio del presunto demandado a fin de poner a la vista los documentos exhibidos para que bajo protesta de decir verdad, reconociera las firmas de los pagarés, así como el monto y origen del adeudo. 4. Mediante auto de uno de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo como nuevo titular del crédito materia del procedimiento natural a ..., derivado de la cesión onerosa de derechos litigiosos, por lo que se ordenó el cambio de carátula respectivo. 5. El diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se giraron diversos oficios a dependencias para la localización del domicilio del presunto demandado. 6. Por escrito presentado del veinte de abril siguiente, la presunta actora informó que ... promovió juicio ordinario mercantil contra ..., donde reclamó la prescripción positiva de los pagarés base de la acción, de lo cual tocó conocer al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, bajo el número de expediente 82/2021. Asimismo, solicitó tener por desahogada la diligencia de reconocimiento de firma, origen y monto del adeudo, derivado de la confesión realizada por el actor en el diverso controvertido, en la que Oscar Pedro Castellanos Salas reconoció haber firmado sendos títulos de crédito. 7. Mediante auto de veintiuno de abril del año en curso, el juez natural no acordó favorablemente dicha petición, pues señaló que "en los presentes medios preparatorios debe darse cumplimiento a lo ordenado por auto de dos de mayo del año dos mil diecinueve, a fin de realizar la declaración que solicita la ocursante, sin perjuicio de lo anterior, se hace notar a la ocursante que con las copias simples que acompaña al escrito de cuenta no acredita fehacientemente sus afirmaciones." 8. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revocación, mismo que se desechó mediante auto de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, en los términos siguientes: ". dígasele que no ha lugar a admitir el recurso de revocación que pretende hacer valer, toda vez que el proveído de fecha veintiuno de abril del año dos mil veintiuno, no se encuentra dentro de los supuestos a que se refieren los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, ya que de su contenido se advierte que no es un decreto o simple determinación de trámite, tratándose de un auto preparatorio, recurrible por diverso medio de impugnación." Dicha determinación constituye el acto reclamado. 9. Conviene precisar, que previa petición de la presunta actora, el veintiocho de abril de dos mil veintiuno se ordenó nuevamente al Actuario de la adscripción, realizar la diligencia ordenada el dos de mayo de dos mil diecinueve. QUINTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el último párrafo del ordinal 62 de la legislación en cita. En el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con el 107, fracción IV, interpretada contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo vigente, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]" El segundo de los preceptos legales en cita, sienta la base para la procedencia del juicio de amparo, al establecer los casos en los cuales son reclamables los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según se trate de aquellos dictados dentro de juicio, fuera de juicio o después de concluido éste. Por otro lado, atento a la técnica del juicio de garantías, la Ley de la materia contiene normas que regulan a los actos dictados dentro del procedimiento, estableciendo como regla general la procedencia del amparo en la vía directa contra la sentencia, laudo o resolución que ponga fin al juicio, por violaciones cometidas en éstos o durante la tramitación del mismo; y como excepción la procedencia en la vía indirecta cuando se trate de actos de imposible reparación. Por lo que hace a los actos fuera de juicio no se previenen reglas específicas; en esa medida, las directrices que determinan la procedencia del amparo indirecto en este supuesto, son desarrolladas por la casuística jurisprudencial. Respecto de los actos después de concluido el juicio, se dispone que tratándose de ejecución de sentencias, únicamente será reclamable la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, y que en el supuesto de remates, sólo podrá impugnarse la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Para la aplicación al caso concreto de estas reglas de procedencia, es importante precisar primero, si los actos reclamados provienen o no de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; y segundo, de ser así, si tales actos se producen dentro de juicio, fuera de juicio o después de su conclusión. En ese sentido, es importante señalar que en este juicio se reclama el auto de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, emitido en los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil 395/2019 del índice del Juzgado Décimo Noveno Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde se inadmitió el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de veintiuno de abril de dos mil veintiuno que no acordó favorable la petición del quejoso de no ordenar la diligencia a cargo del presunto demandado y tenerle por reconocida la firma, origen y monto del adeudo, ante la confesión realizada en la demanda del juicio ordinario mercantil 82/2021 del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. De lo cual se advierte que los actos que se dicten y ejecuten con tal propósito provienen indudablemente de un tribunal judicial y que, por lo mismo, se encuentran regidos por las normas de procedencia del juicio de amparo transcritas. Ahora, toca precisar si los mismos se producen dentro de un juicio, fuera de, o después de concluido éste; y al respecto basta observar que como ha quedado señalado, los actos que en este juicio constitucional se reclaman, se tratan de actos emitidos fuera de juicio, pues las actuaciones reclamadas tuvieron verificativo en los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil, cuya substanciación no constituye un juicio, pues tiene como objetivo preparar la acción para éste. Por otra parte, el análisis conjunto y sistemático de los principios rectores del juicio de amparo, ha llevado a la doctrina a considerarlo como un medio extraordinario de defensa, al cual debe acudirse en principio, sólo en el caso de que la lesión causada por el acto de autoridad sea definitiva y no pueda ser remediada por otros medios; permite advertir que tratándose de los actos fuera de juicio que se dicten o ejecuten dentro de un procedimiento o un trámite secuencial, así éste sea breve o sumarísimo, el juicio sólo resulta procedente contra la resolución que ponga fin a este último, esto es, cuando de ella derive directamente la lesión de los intereses jurídicos de los particulares. Este principio, operante para los actos de las autoridades administrativas y de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictados dentro de juicio y después de juicio, debe regir igualmente, por razones de congruencia y unidad, para los actos fuera de juicio, considerando que el legislador, de haber tenido presente este supuesto -inusual por lo demás, pues la mayoría de esos actos se producen fuera de todo procedimiento- habría adoptado la misma solución. Si de acuerdo con lo anterior, en el supuesto de los actos fuera de juicio que provengan de un procedimiento así sea breve o sumarísimo, el juicio constitucional sólo procede en contra de la resolución que pone fin a éste; entonces, cabe concluir que el juicio de amparo únicamente resultará procedente en contra de la última resolución que se dicte en los medios preparatorios a juicio. En esa lógica, el procedimiento en cita ha sido definido por la doctrina como determinadas diligencias (casi todas de prueba), que deben llevarse a cabo antes de iniciar el juicio, para que éste proceda legalmente o para afianzar mejor sus derechos. También han sido definidos como las diligencias de prueba que deben verificarse en actos prejudiciales, a fin de que el actor en su acción, o, el demandado en su excepción, puedan probar los elementos constitutivos de éstas, a través del procedimiento contencioso correspondiente. Al respecto, por identidad jurídica sustancial, resulta aplicable la jurisprudencia 1ª./J.16/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 2003301, que dice: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubros: "PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA."; "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO."; y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad." También la tesis VI.2o.C.18 K (10a.), de la Décima Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, de registro 2007389, que dice: "MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN O CONTRA ACTOS INTERMEDIOS QUE SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Los medios preparatorios consisten en diligencias que preparan la acción para promover un juicio, generalmente preconstitutivas de pruebas, que si bien no forman parte del juicio, sí lo preparan. Ahora bien, en términos del artículo 107, fracción IV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, el juicio de protección de derechos humanos procede en la vía indirecta contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido. Por otro lado, en la jurisprudencia P./J. 50/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, septiembre de 1996, página 5, de rubro: "ACTOS PREPARATORIOS DEL JUICIO O PREJUDICIALES. LAS RESOLUCIONES DICTADAS CON MOTIVO DE ELLOS, SON EMITIDAS FUERA DE JUICIO Y, POR ELLO, IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO.", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que si para los efectos del amparo, el juicio inicia con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, entonces las resoluciones que se dictaran con motivo de los actos preparatorios o prejudiciales, se producen fuera del juicio, porque le preceden y, por tanto, en su contra es procedente el amparo indirecto. Sin embargo, en la ejecutoria de referencia no se definió el tema de si el amparo indirecto procede en contra de cualquier acto emitido en los medios preparatorios a juicio o si sólo contra la última resolución que se dicte en ellos. Así, de una interpretación sistemática e integral de las fracciones III, IV y V, del invocado artículo 107, se concluye que cuando se reclaman actos intraprocesales emitidos fuera de juicio, como los que se dictan en relación con la admisión, desechamiento y forma de desahogo de pruebas en los medios preparatorios que, por tanto, no constituyen la última resolución dictada en ellos, por identidad jurídica se aplica la regla general que impera tratándose de los actos, omisiones o resoluciones emitidas por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en procedimientos seguidos en forma de juicio; así como en los actos dentro de juicio; y en los actos de ejecución de sentencia, incluidos los procedimientos de remate; en el sentido de que el amparo biinstancial procederá contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, salvo que ese acto intermedio tenga una ejecución que sea de imposible reparación, porque esta circunstancia permite su reclamación inmediata en el juicio de amparo indirecto." Al amparo de los elementos descritos, resulta improcedente el juicio de amparo contra los actos que se reclaman en los medios preparatorios a juicio de origen, cuando no constituyen la última resolución dictada en ese procedimiento como en el caso ocurre; porque el acto reclamado constituye el desechamiento del recurso de revocación comparte la naturaleza de aquél que negó al impetrante su petición de no ordenar la diligencia a cargo del presunto demandado y tenerle por reconocida la firma, origen y monto del adeudo, ante la confesión realizada en la demanda del juicio ordinario mercantil 82/2021 del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. Máxime que de las constancias remitidas en apoyo al informe justificado, se advierte que no existe actuación mediante la cual se tuvieran por concluidos los medios preparatorios de origen. En ese sentido, la materia del acto reclamado no pone fin al procedimiento, tampoco lo da por concluido, no lo tiene por agotado ni indica la imposibilidad para concluirlo; pues se desestimó la revocación planteada contra la negativa de omitir ordenar la diligencia a cargo del presunto demandado y tenerle por reconocida la firma, origen y monto del adeudo, ante la confesión realizada en la demanda del juicio ordinario mercantil 82/2021 del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; actuación que únicamente envuelve cuestiones adjetivas o procedimentales que inciden en la integración del proceso natural. De ahí que no se afecten los derechos sustantivos constitucionales de la accionante de amparo, como la vida, la propiedad, la familia, o la libertad, etc. De este modo el acto reclamado sólo tuvo el efecto de inadmitir el recurso de revocación interpuesto por el promovente contra el que negó al impetrante su petición de tenerle por reconocida las firmas, origen y monto del adeudo al presunto demandado ante su confesión realizada en el diverso juicio ordinario mercantil 82/2021. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 3ª./J.43 29/89, de la Octava época, de la entonces Tercera Sala del Alto Tribunal, visible en la página 291, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. ... ." También, analógicamente la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), de la Décima Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, en Materia Común, publicada el dos de mayo de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En virtud de lo anterior, lo reclamado no puede considerarse como de imposible reparación, pues no tiene como consecuencia directa e inmediata, la afectación de alguno de los derechos tutelados por la Constitución Federal, porque dicho acto consistió en inadmitir el medio de impugnación contra la auto que no acordó favorable la petición del quejoso de no ordenar la diligencia a cargo del presunto demandado y tenerle por reconocida la firma, origen y monto del adeudo, ante la confesión realizada en la demanda del juicio ordinario mercantil 82/2021 del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, lo que no afecta en lo particular a la esfera jurídica del quejoso o sus derechos fundamentales, ni se trata de cuestiones autónomas al procedimiento (verbigracia, imposición de medidas de apremio), para estimar conducente la procedencia del juicio de amparo, sino que atañe a la continuación de los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil. Al respecto cobra aplicación por analogía la tesis I.130.A.3K, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, de marzo de 2001, página 1742, novena época, en materia común, que dice: "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El artículo 107, fracción III, inciso b, de nuestro Texto Constitucional señala que: "Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". Del texto anterior se desprende que cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo." Asimismo, se cita al respecto la tesis I.7o.C.14 K de la Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1445 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Junio de 2004, en Materia Civil, de registro 181326, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, CONTRA EL AUTO QUE ADMITE A TRÁMITE LAS DILIGENCIAS DE MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO. De conformidad con el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra los actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; sin embargo, por similitud jurídica procesal, es también aplicable dicha disposición legal, en ese sentido, cuando el acto reclamado lo constituye el auto que únicamente admite a trámite las diligencias de medios preparatorios a juicio, mediante el cual se ordene notificar personalmente a la parte inconforme para que comparezca al juzgado a absolver posiciones, con el apercibimiento de declararla confesa de las que previamente sean calificadas de legales, en caso de no comparecer, pues no es un acto que lleve en sí mismo una ejecución de imposible reparación, toda vez que no le causa algún daño jurídico que no sea reparable, que produzca afectación directa e inmediata en sus derechos sustantivos protegidos por las garantías constitucionales, y cualquier afectación que pudiera resentir, dependerá de actuaciones posteriores que se deben verificar dentro de esas mismas diligencias." Por tal motivo, la última resolución en los medios preparatorios, brindan al quejoso la aptitud de reclamar todas aquellas violaciones procesales que se le hayan cometido en el acto que pretende combatir. Consecuentemente, al no constituir los actos que reclama el quejoso, la última resolución dictada dentro de los medios preparatorios a juicio, cobra vigencia la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV, interpretada contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; por lo que, procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 1°, fracción I, 73, 74, 75, 119 y 217 de la Ley de Amparo se RESUELVE ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto 355/2021, promovido por ..., contra actos del Juez Décimo Noveno Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por los motivos precisados en el último considerando. NOTIFÍQUESE COMO CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 355/2021, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
Visto el estado procesal de autos se advierte que está transcurriendo el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado acordado en veintiuno de junio de dos mil veintiuno, sin embargo, la audiencia constitucional está señalada para el dos de julio posterior, por lo cual, dada su proximidad y para dar oportunidad a lo anterior, se difiere anticipadamente y en su lugar se fijan las diez horas con cuarenta minutos del veinte de julio de dos mil veintiuno, para su verificativo. Sirve de apoyo, la tesis I.5º.C.1 K (10a) sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, página 1322, de la Décima Época, en Materia Común, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU DIFERIMIENTO ANTICIPADO OFICIOSAMENTE NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL EN PERJUICIO DE LAS PARTES." NOTIFÍQUESE.
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