Luis Antonio García Flotti
Expediente 602/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 602/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Luis Antonio García Flotti
Actuaciones
- Principal
".... Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de cinco de octubre de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido; y, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del citado Acuerdo; este asunto se clasifica como destruible, pues se desechó la demanda de amparo. Por otro lado, el presente expediente no se considera de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Y como lo dispone el artículo 34 del referido acuerdo, hágase constar la valoración asignada, en la caratula del expediente. Realícense las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). ...
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"...NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE..."
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LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. "......" En el caso concreto, se actualiza de manera notoria la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La causal de improcedencia prevista en la porción normativa transcrita, no establece un motivo concreto de improcedencia, dado que requiere complementarse con otra norma jurídica, con la jurisprudencia del Pleno, de alguna Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese tenor, es dable destacar que los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 1, fracción I y 5 fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, disponen lo siguiente: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.] De las normas legales antes transcritas, se colige que la improcedencia del juicio de garantías puede derivar de alguna disposición de la propia ley de la materia. En la especie, la causal de improcedencia se vincula con los citados artículos 1°, fracción I, y 5, fracción II, al disponer que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos que emanen de una autoridad y vulneren garantías individuales, en tanto el segundo de esos numerales define el concepto de autoridad. Sobre esa base, es menester atender al concepto de "autoridad responsable" a que se refiere el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, el cual ha sido delimitado con precisión por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución. En ese sentido, una autoridad para efectos del juicio de amparo es aquella que cuenta con características de órgano público otorgadas por la norma jurídica; por tanto, tiene potestad de emitir o realizar actos unilaterales, a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Dicho de otro modo, es autoridad aquella persona física o moral perteneciente a la Federación, los Estados o los Municipios, que con facultades de facto o de jure, en uso del poder público de decisión o ejecución, o bien de ambas, de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho, o jurídicas, en perjuicio del gobernado. Lo anterior, permite establecer que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: a) Que su emisor tenga características de órgano público; b) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y, c) Que sea dictado unilateralmente afectando la esfera jurídica del gobernado. Así mismo, para determinar cuándo se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo", además de los elementos precisados, también se requiere el análisis de mayores requisitos, los cuales dependerán del estudio del caso concreto que se presente; por tanto, se debe analizar de igual modo, cuando menos: 1) El origen material y la finalidad del acto respectivo; 2) El carácter de la relación jurídica entre los sujetos (actualización de la relación de supra a subordinación); y 3) El sentido de afectación del acto sobre la esfera jurídica del particular. En este contexto, se concluye que el concepto de autoridad para efectos del amparo excluye los actos de particulares, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste resulta improcedente. Así, en relación con esta distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, tiene injerencia y relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación que, como se dijo líneas anteriores, resulta necesario tener en cuenta para demostrar plenamente que el acto aquí reclamado no es de autoridad. Ahora, con el objeto de comprender adecuadamente porqué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza una causal de improcedencia, conviene precisar el acto reclamado: "[.] BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD de la autoridad señalada como ordenadora y ejecutora a la vez, se reclama el ilegal procedimiento para privar al suscrito de uso y disfrute del servicio de corriente eléctrica instalada en el inmueble ubicado en *******************, identificado con número de servicio ******************************, número de medidor *****. Derivado de un cobro excesivo por la cantidad de ************************), Mismo que el suscrito en ningún momento me fue notificado por escrito hasta este momento, empero, trabajadores de la empresa COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD se apersonaron a mi domicilio con el fin de llevar a cabo el corte de cables para el suministro de energía eléctrica, el día de ayer MARTES TRES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, y estos mismos trabajadores de manera verbal me hicieron del conocimiento del supuesto adeudo que se mantenía de las ordenes de llevar a cabo el corte del suministro de luz eléctrica en agravio del suscrito [.] De lo anteriormente expuesto, válidamente se arriba a la conclusión que al Director y/o Encargado y/o Superintendente de la empresa Comisión Federal de Electricidad, con sede en Poza Rica, Veracruz, no les reviste el carácter de autoridades para los efectos del juicio de amparo, respecto al acto que se les atribuye consistente en el posible corte de suministro de energía eléctrica, así como el cobro por dicho servicio . Esto es así, porque el acto que reclama la impetrante deriva de la celebración del contrato de adhesión de suministro de energía eléctrica donde la Comisión Federal de Electricidad y el particular tienen obligaciones y derechos recíprocos, lo que evidencia que la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de una autoridad y un gobernado, sino a una relación de coordinación y correspondencia entre el interés del organismo subsidiario y el particular usuario del servicio; por tanto, los derechos y obligaciones son bilaterales, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de retención de la obligación en favor de la parte afectada mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. En ese sentido, resulta que el referido acto reclamado consistente en el posible corte de suministro de energía eléctrica, no es acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo pues deriva, como ya se dijo, de una relación contractual entre el usuario y dicho organismo y, por tanto, el mismo no puede ser considerado con tal carácter. Por tanto, en observancia a la tesis aislada y jurisprudencial invocadas, se estima que el procedimiento o protocolo por el cual se guían para cortar el suministro de energía eléctrica no son susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo, porque no derivan de una relación de supra a subordinación, sino de una relación entre particulares, dado que deriva de una empresa productiva del Estado, que en la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica actúa como un particular que se rige por el derecho mercantil. Lo expuesto debido a que dichos actos derivan del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado con la Comisión Federal de Electricidad, es decir, se relaciona directamente con las obligaciones y derechos que nacen de un contrato de suministro de energía. Consecuentemente, se estima que la Comisión Federal de Electricidad no tiene las características de autoridad responsable y, por ende, no se satisfacen los requisitos establecidos en la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo, pues se insiste su relación tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia a que se ha hecho referencia en líneas precedentes la cual es obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Lo anterior se corrobora debido a que en términos del artículo 7° de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad prevé, en la parte que interesa, que, para cumplir su objeto, esa comisión podrá celebrar con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios y contratos. Además, dispone que los contratos y, en general, todos los actos jurídicos que celebre para el cumplimiento de su objeto podrán incluir cualquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil y común. Esa disposición faculta a la Comisión Federal de Electricidad, por un lado, a celebrar contratos de naturaleza mercantil con particulares con la finalidad de prestarles el servicio de suministro de energía eléctrica y, por otro, a fijar las condiciones de prestación del servicio en los términos permitidos por la legislación mercantil y común. Así las cosas, los actos que se emitan en cumplimiento al contrato, o ante su ausencia, o como los aquí reclamados, consistentes en el procedimiento o protocolo por el cual se guían para cortar el suministro de energía eléctrica y el cobro por el servicio de energía eléctrica no pueden ser equiparados a los de autoridad en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pues la facultad de dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar u omitir algún acto en forma unilateral y obligatoria no deriva de una norma general y abstracta, sino de los contratos mercantiles que suscribe con los particulares, como en el caso del aquí quejoso. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución General de la República; y 1, fracción I y 5, fracción II, de la ley de la materia. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia.
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