Luis Antonio Becerra Martínez
Expediente 76/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 76/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Luis Antonio Becerra Martínez
- Fiscal Especializado en Delitos Electorales y contra la Libertad de Expresión
Actuaciones
- Principal
"...Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En ese tenor, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como concluido..."
- Principal
"....Visto el escrito de demanda de amparo instaurada por *-*-*-*-*-*-*-*- contra actos del Juez de Control y Oralidad Penal del Distrito Judicial de Papantla, Veracruz, por violación a los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 76/2021-I-B. DESECHAMIENTO Conviene traer a contexto el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual impone al órgano jurisdiccional a examinar si se actualiza una causal de improcedencia manifiesta e indudable. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio.... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". En lo que interesa, de lo previsto por dicho precepto, se obtiene que es improcedente el amparo indirecto cuando se reclaman actuaciones judiciales en relación con las cuales la ley prevé a favor del quejoso, dentro del procedimiento, algún recurso ordinario mediante el que exista la posibilidad de que sean modificadas, revocadas, o nulificadas, no obstante que tal recurso no lo hubiere hecho valer la parte quejosa. Entonces, se afirma que el acto reclamado consiste en la audiencia intermedia de tres de febrero del año en curso, dentro de la causa penal 46/2020, del índice del Juez de Control y Oralidad Penal del Distrito Judicial de Papantla, Veracruz, específicamente en la parte relativa en donde la autoridad responsable determinó desechar los medios de prueba ofrecidos por la parte quejosa, deben ser impugnados dentro del procedimiento de origen a través del recurso de apelación, en términos de lo previsto por los artículos los preceptos 346, último párrafo, en relación con el 467, fracción XI, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales disponen: "Artículo 346. Exclusión de medios de prueba para la audiencia del debate Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a las partes, el Juez de control ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio, aquellos medios de prueba que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para el esclarecimiento de los hechos, así como aquellos en los que se actualice alguno de los siguientes supuestos: I. Cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios, en virtud de ser: a) Sobreabundante: por referirse a diversos medios de prueba del mismo tipo, testimonial o documental, que acrediten lo mismo, ya superado, en reiteradas ocasiones; b) Impertinentes: por no referirse a los hechos controvertidos, o c) Innecesarias: por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos; II. Por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales; III. Por haber sido declaradas nulas, o IV. Por ser aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en este Código para su desahogo. En el caso de que el Juez estime que el medio de prueba sea sobreabundante, dispondrá que la parte que la ofrezca reduzca el número de testigos o de documentos, cuando mediante ellos desee acreditar los mismos hechos o circunstancias con la materia que se someterá a juicio. Asimismo, en los casos de delitos contra la libertad y seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual, el Juez excluirá la prueba que pretenda rendirse sobre la conducta sexual anterior o posterior de la víctima. La decisión del Juez de control de exclusión de medios de prueba es apelable". "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: (.) XI. Las que excluyan algún medio de prueba". De lo anterior, se colige que la interpretación sistemática y funcional de los citados preceptos legales conduce a estimar, que en contra de la exclusión de pruebas decretada en la etapa intermedia, la legislación en comento prevé el recurso ordinario de apelación. De ahí que, en contra de la determinación de desechar los medios de prueba ofrecidos por la defensa del aquí quejoso emitida por el Juez de Control en la audiencia intermedia llevada a cabo el tres de febrero del año en curso, en los autos de la causa penal 46/2020 de su índice, resolución que constituye la materia de reclamo en el presente juicio de amparo, procede el recurso de apelación en términos de los artículos antes precisados; pues de una interpretación sistemática y teleológica -que privilegia la consistencia del sistema normativo- del artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite concluir que la apelación, como medio de defensa que garantiza el derecho a un recurso efectivo, es procedente, por regla general, contra las determinaciones que versen sobre exclusión probatoria, con independencia del sentido de las mismas o de que estas se emitan durante la audiencia intermedia. Dicho artículo prevé los supuestos en los que, durante la audiencia intermedia, el Juez de Control tiene la obligación de excluir medios de prueba, con el fin de que no sean desahogados ni valorados en la audiencia de juicio oral. Su fracción II contempla la circunstancia de que ellos hayan sido obtenidos con violación a derechos fundamentales. Asimismo, su último párrafo prevé la procedencia de la apelación contra la decisión de exclusión de medios de prueba durante la audiencia intermedia. Por su parte, el artículo 467, fracción XI, del mismo Código establece la procedencia del recurso de apelación contra las determinaciones del Juez de Control que excluyan algún medio de prueba, sin especificar en qué etapa ello se realice. Ahora bien, señalada la existencia del recurso legal, es necesario dejar claro que las determinaciones que excluyen medios de prueba por ilicitud forman parte de una categoría más amplia, compuesta también por las decisiones que niegan la exclusión de medios de prueba por ilicitud y las que determinan improcedente pronunciarse al respecto. El rasgo común de todas ellas es que se pronuncian sobre la depuración del material probatorio válido para los efectos de la audiencia de juicio. Un pronunciamiento sobre exclusión de medios de prueba por ilicitud (decretándola o negándola) tiene por objetivo -ratio legis- garantizar que de todo el material probatorio recabado durante la investigación, sólo se desahogue y valore en la audiencia de juicio el que sea lícito, pero también que sea todo el que cumpla con esta característica. Esto es, todo el material probatorio lícito debe ser desahogado y valorado en audiencia de juicio, todo el material probatorio ilícito debe ser excluido. El elemento común a ellas es precisamente la finalidad que persiguen: delimitar (depurando o conservando) el material probatorio, para el cual son igualmente importantes. Esto es, tan relevante resulta la exclusión de medios de prueba, como su validación cuando han sido controvertidos, pues ambas decisiones determinan cuáles podrán ser reproducidos ante el Juez o Tribunal de enjuiciamiento para emitir una decisión de fondo, y de ahí la trascendencia de que las decisiones que al respecto se emitan puedan ser controladas mediante el recurso legalmente previsto. Pues bien, este rasgo común coloca en la misma categoría a tales decisiones, y la ausencia de una diferencia relevante entre ellas, permite concluir que con respecto de todas ellas debe garantizarse igualmente el derecho a un recurso efectivo y que si el Código ya prevé un recurso contra una de ellas, a similitud, este procede contra las demás. En el caso, como ya se indicó, se trata del recurso de apelación. En otras palabras, si el recurso legal está previsto para un elemento de una cierta categoría, que guarda identidad con otros elementos de la misma, debe entenderse procedente contra todos ellos, pues de esta manera cumple la finalidad constitucional implícita al haberlo previsto contra el primero, que es garantizar el derecho a un recurso efectivo. En consecuencia, si en el caso a estudio se está ante un acto que es susceptible de ser impugnado a través del recurso de apelación indicado; en esas condiciones, el solicitante del amparo estaba obligado a agotar ese medio de defensa, previo al ejercicio de la acción constitucional, y al no haber demostrado que lo hizo valer, es inconcuso que el amparo promovido en contra de aquél resulta improcedente por no haberse agotado el principio de definitividad. Ello, máxime que de conformidad con el artículo 472 de la citada codificación procesal, la interposición del recurso de apelación contra la exclusión de pruebas tendrá como efecto inmediato suspender el plazo de remisión del auto de apertura de juicio al Tribunal de enjuiciamiento, en atención a lo que resuelva el Tribunal de alzada competente. En mérito de lo anterior, es ineludible que previo a la presentación de este juicio se debió agotar el principio de definitividad del acto reclamado, a través de la interposición del recurso de apelación; pues éste es idóneo para modificar o revocar la determinación combatida. .... Cabe señalar que en el presente caso, no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción que prevén los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII, del artículo 61 de la ley. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado no importa peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitadas y trascendentales; así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se reclama una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o en el que se establezcan los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Sin que pase desapercibido que se trata de una determinación emitida dentro de una causa penal, sin embargo, se trata de una resolución de mero trámite que califica si es procedente o no excluir datos de prueba obtenidos en la investigación, pues no resuelve el fondo del proceso penal o pone término al procedimiento. ....En mérito de lo anterior, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVIII de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Como lo solicita el promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en este Juzgado de Distrito; por tanto, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones que emanen de este asunto, incluso las de carácter personal, efectúensele de esa manera. Asimismo, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, a de Federico Méndez Alva y Pedro Jorge Santiago Salazar, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo.
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