Luis Antonio Campos Villegas

Expediente 100/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 34 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
100/2020
Año
2020
Actuaciones
34
Última actuación
07/04/2022

Partes del expediente

  • Luis Antonio Campos Villegas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de abril de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de tres de marzo de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que no fue ejercido por las partes; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". 1. Deje insubsistente la determinación emitida en la audiencia de dieciséis de enero de dos mil veinte, celebrada en los autos del expediente 71/2017 y acumulado 138/2017, relativa al régimen de convivencias del quejoso con su menor hijo. 2. En su lugar, dicte otra debidamente fundada y motivada, en la que subsane las deficiencias formales que fueron analizadas y destacadas en el presente fallo y, con base en ello, resuelva con libertad de jurisdicción lo que en derecho corresponda, en el entendido que en su determinación deberá tener como eje rector el interés superior del menor de edad quejoso. 3. De estimarlo necesario, el juzgador deberá recabar, aun de oficio, las pruebas que estime conducentes para el esclarecimiento de la verdad y poder determinar lo conducente en relación con el régimen de convivencias entre el menor y el aquí quejoso; esto, únicamente en el supuesto de que el juez responsable advierta que pudieran existir actitudes o comportamientos que pueden dañar la integridad física, psíquica o sexual del menor; para lo cual, incluso, puede tomar las medidas necesarias que estime pertinentes, tales como someter a los padres a exámenes psicológicos y, en su caso, a terapia psicológica, así como efectuar un estudio social, una inspección y todo lo que sea necesario para conocer la realidad de los hechos, y poder resolver en beneficio del infante. Al respecto, debe precisarse que el sentido de esta sentencia no prejuzga sobre el fondo del asunto, toda vez que, lo único sobre lo que versa la presente concesión del amparo, encuentra su razón de ser en la obligación de la responsable de fundar y motivar debidamente su determinación, por lo que la autoridad responsable puede emitir la resolución en cualquier sentido que legalmente corresponda, pero purgando el vicio de falta de fundamentación y motivación que la afecta. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, remitió mediante oficios 783 de quince de julio de dos mil veintiuno y 170 de uno de marzo de dos mil veintidós, respectivamente, copia certificada de la determinación de quince de julio de dos mil veintiuno, donde ordenó dejar sin efectos la determinación emitida el dieciséis de enero de dos mil veinte, en autos del expediente 71/2017 y su acumulado 138/2017, relativa al Régimen de Convivencias, y seguido el procedimiento así como el desahogo de pruebas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad el diez de febrero del dos mil veintidós procedió a dictar una nueva determinación en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria; constancias con las cuales se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que mediante determinación de quince de julio de dos mil veintiuno, ordenó dejar sin efectos la determinación emitida el dieciséis de enero de dos mil veinte, en autos del expediente 71/2017 y su acumulado 138/2017, relativa al Régimen de Convivencias, y seguido el procedimiento así como el desahogo de pruebas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad el diez de febrero del dos mil veintidós procedió a dictar una nueva determinación en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria y con libertad de jurisdicción fundando y motivando su nuevo actuar, haciendo saber los hechos y motivos de su nueva determinación para protección del menor al régimen de convivencias; en ese sentido se tiene que la responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable deje insubsistente la determinación emitida en la audiencia de dieciséis de enero de dos mil veinte, celebrada en los autos del expediente 71/2017 y acumulado 138/2017, relativa al régimen de convivencias del quejoso con su menor hijo, y en su lugar, dicte otra debidamente fundada y motivada, en la que subsane las deficiencias formales que fueron analizadas y destacadas en el presente fallo y, con base en ello, resuelva con libertad de jurisdicción lo que en derecho corresponda, en el entendido que en su determinación deberá tener como eje rector el interés superior del menor de edad quejoso, así también, de estimarlo necesario, el juzgador deberá recabar, aún de oficio, las pruebas que estime conducentes para el esclarecimiento de la verdad y poder determinar lo conducente en relación con el régimen de convivencias entre el menor y el aquí quejoso; esto, únicamente en el supuesto de que el juez responsable advierta que pudieran existir actitudes o comportamientos que pueden dañar la integridad física, psíquica o sexual del menor; para lo cual, incluso, puede tomar las medidas necesarias que estime pertinentes, tales como someter a los padres a exámenes psicológicos y, en su caso, a terapia psicológica, así como efectuar un estudio social, una inspección y todo lo que sea necesario para conocer la realidad de los hechos, y poder resolver en beneficio del infante, al respecto, debe precisarse que el sentido de esta sentencia no prejuzga sobre el fondo del asunto, toda vez que, lo único sobre lo que versa la presente concesión del amparo, encuentra su razón de ser en la obligación de la responsable de fundar y motivar debidamente su determinación, por lo que la autoridad responsable puede emitir la resolución en cualquier sentido que legalmente corresponda, pero purgando el vicio de falta de fundamentación y motivación que la afecta. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las cuales se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°; se advierte que mediante determinación de quince de julio de dos mil veintiuno, donde ordenó dejar sin efectos la determinación emitida el dieciséis de enero de dos mil veinte, en autos del expediente 71/2017 y su acumulado 138/2017, relativa al Régimen de Convivencias, y seguido el procedimiento y desahogo de pruebas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad el diez de febrero del dos mil veintidós procedió a dictar una nueva determinación en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria y con libertad de jurisdicción fundando y motivando su nuevo actuar haciendo saber los hechos y motivos de su nueva determinación para protección del menor al régimen de convivencias; en ese sentido se tiene que la responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en los párrafos que anteceden y a lo que establece el artículo el artículo 18, fracción I, inciso a), y 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Por otra parte, con apoyo en el artículo 21 inciso c), en el término señalado en su oportunidad, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, toda vez que, tanto la suspensión provisional como la definitiva se determinó negarlas. En atención que dicho Incidente (duplicado y original) de suspensión carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que en los términos señalados respectivamente pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Hago constar y doy fe, que transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo; en consecuencia, se le notifica a la parte quejosa el contenido de la determinación de siete de abril de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente al rubro citado, por medio de lista que se fija en el exterior de la sede del Poder Judicial Federal, Delegación Morelos, por la situación de pandemia que se vive actualmente, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: Cuernavaca, Morelos, siete de abril de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de tres de marzo de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que no fue ejercido por las partes; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". 1. Deje insubsistente la determinación emitida en la audiencia de dieciséis de enero de dos mil veinte, celebrada en los autos del expediente 71/2017 y acumulado 138/2017, relativa al régimen de convivencias del quejoso con su menor hijo. 2. En su lugar, dicte otra debidamente fundada y motivada, en la que subsane las deficiencias formales que fueron analizadas y destacadas en el presente fallo y, con base en ello, resuelva con libertad de jurisdicción lo que en derecho corresponda, en el entendido que en su determinación deberá tener como eje rector el interés superior del menor de edad quejoso. 3. De estimarlo necesario, el juzgador deberá recabar, aun de oficio, las pruebas que estime conducentes para el esclarecimiento de la verdad y poder determinar lo conducente en relación con el régimen de convivencias entre el menor y el aquí quejoso; esto, únicamente en el supuesto de que el juez responsable advierta que pudieran existir actitudes o comportamientos que pueden dañar la integridad física, psíquica o sexual del menor; para lo cual, incluso, puede tomar las medidas necesarias que estime pertinentes, tales como someter a los padres a exámenes psicológicos y, en su caso, a terapia psicológica, así como efectuar un estudio social, una inspección y todo lo que sea necesario para conocer la realidad de los hechos, y poder resolver en beneficio del infante. Al respecto, debe precisarse que el sentido de esta sentencia no prejuzga sobre el fondo del asunto, toda vez que, lo único sobre lo que versa la presente concesión del amparo, encuentra su razón de ser en la obligación de la responsable de fundar y motivar debidamente su determinación, por lo que la autoridad responsable puede emitir la resolución en cualquier sentido que legalmente corresponda, pero purgando el vicio de falta de fundamentación y motivación que la afecta. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, remitió mediante oficios 783 de quince de julio de dos mil veintiuno y 170 de uno de marzo de dos mil veintidós, respectivamente, copia certificada de la determinación de quince de julio de dos mil veintiuno, donde ordenó dejar sin efectos la determinación emitida el dieciséis de enero de dos mil veinte, en autos del expediente 71/2017 y su acumulado 138/2017, relativa al Régimen de Convivencias, y seguido el procedimiento así como el desahogo de pruebas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad el diez de febrero del dos mil veintidós procedió a dictar una nueva determinación en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria; constancias con las cuales se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que mediante determinación de quince de julio de dos mil veintiuno, ordenó dejar sin efectos la determinación emitida el dieciséis de enero de dos mil veinte, en autos del expediente 71/2017 y su acumulado 138/2017, relativa al Régimen de Convivencias, y seguido el procedimiento así como el desahogo de pruebas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad el diez de febrero del dos mil veintidós procedió a dictar una nueva determinación en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria y con libertad de jurisdicción fundando y motivando su nuevo actuar, haciendo saber los hechos y motivos de su nueva determinación para protección del menor al régimen de convivencias; en ese sentido se tiene que la responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable deje insubsistente la determinación emitida en la audiencia de dieciséis de enero de dos mil veinte, celebrada en los autos del expediente 71/2017 y acumulado 138/2017, relativa al régimen de convivencias del quejoso con su menor hijo, y en su lugar, dicte otra debidamente fundada y motivada, en la que subsane las deficiencias formales que fueron analizadas y destacadas en el presente fallo y, con base en ello, resuelva con libertad de jurisdicción lo que en derecho corresponda, en el entendido que en su determinación deberá tener como eje rector el interés superior del menor de edad quejoso, así también, de estimarlo necesario, el juzgador deberá recabar, aún de oficio, las pruebas que estime conducentes para el esclarecimiento de la verdad y poder determinar lo conducente en relación con el régimen de convivencias entre el menor y el aquí quejoso; esto, únicamente en el supuesto de que el juez responsable advierta que pudieran existir actitudes o comportamientos que pueden dañar la integridad física, psíquica o sexual del menor; para lo cual, incluso, puede tomar las medidas necesarias que estime pertinentes, tales como someter a los padres a exámenes psicológicos y, en su caso, a terapia psicológica, así como efectuar un estudio social, una inspección y todo lo que sea necesario para conocer la realidad de los hechos, y poder resolver en beneficio del infante, al respecto, debe precisarse que el sentido de esta sentencia no prejuzga sobre el fondo del asunto, toda vez que, lo único sobre lo que versa la presente concesión del amparo, encuentra su razón de ser en la obligación de la responsable de fundar y motivar debidamente su determinación, por lo que la autoridad responsable puede emitir la resolución en cualquier sentido que legalmente corresponda, pero purgando el vicio de falta de fundamentación y motivación que la afecta. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las cuales se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°; se advierte que mediante determinación de quince de julio de dos mil veintiuno, donde ordenó dejar sin efectos la determinación emitida el dieciséis de enero de dos mil veinte, en autos del expediente 71/2017 y su acumulado 138/2017, relativa al Régimen de Convivencias, y seguido el procedimiento y desahogo de pruebas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad el diez de febrero del dos mil veintidós procedió a dictar una nueva determinación en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria y con libertad de jurisdicción fundando y motivando su nuevo actuar haciendo saber los hechos y motivos de su nueva determinación para protección del menor al régimen de convivencias; en ese sentido se tiene que la responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en los párrafos que anteceden y a lo que establece el artículo el artículo 18, fracción I, inciso a), y 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Por otra parte, con apoyo en el artículo 21 inciso c), en el término señalado en su oportunidad, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, toda vez que, tanto la suspensión provisional como la definitiva se determinó negarlas. En atención que dicho Incidente (duplicado y original) de suspensión carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que en los términos señalados respectivamente pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Hago constar y doy fe, que transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo; en consecuencia, se le notifica a la parte tercera interesada el contenido de la determinación de siete de abril de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente al rubro citado, por medio de lista que se fija en el exterior de la sede del Poder Judicial Federal, Delegación Morelos, por la situación de pandemia que se vive actualmente, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: Cuernavaca, Morelos, siete de abril de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de tres de marzo de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que no fue ejercido por las partes; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". 1. Deje insubsistente la determinación emitida en la audiencia de dieciséis de enero de dos mil veinte, celebrada en los autos del expediente 71/2017 y acumulado 138/2017, relativa al régimen de convivencias del quejoso con su menor hijo. 2. En su lugar, dicte otra debidamente fundada y motivada, en la que subsane las deficiencias formales que fueron analizadas y destacadas en el presente fallo y, con base en ello, resuelva con libertad de jurisdicción lo que en derecho corresponda, en el entendido que en su determinación deberá tener como eje rector el interés superior del menor de edad quejoso. 3. De estimarlo necesario, el juzgador deberá recabar, aun de oficio, las pruebas que estime conducentes para el esclarecimiento de la verdad y poder determinar lo conducente en relación con el régimen de convivencias entre el menor y el aquí quejoso; esto, únicamente en el supuesto de que el juez responsable advierta que pudieran existir actitudes o comportamientos que pueden dañar la integridad física, psíquica o sexual del menor; para lo cual, incluso, puede tomar las medidas necesarias que estime pertinentes, tales como someter a los padres a exámenes psicológicos y, en su caso, a terapia psicológica, así como efectuar un estudio social, una inspección y todo lo que sea necesario para conocer la realidad de los hechos, y poder resolver en beneficio del infante. Al respecto, debe precisarse que el sentido de esta sentencia no prejuzga sobre el fondo del asunto, toda vez que, lo único sobre lo que versa la presente concesión del amparo, encuentra su razón de ser en la obligación de la responsable de fundar y motivar debidamente su determinación, por lo que la autoridad responsable puede emitir la resolución en cualquier sentido que legalmente corresponda, pero purgando el vicio de falta de fundamentación y motivación que la afecta. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, remitió mediante oficios 783 de quince de julio de dos mil veintiuno y 170 de uno de marzo de dos mil veintidós, respectivamente, copia certificada de la determinación de quince de julio de dos mil veintiuno, donde ordenó dejar sin efectos la determinación emitida el dieciséis de enero de dos mil veinte, en autos del expediente 71/2017 y su acumulado 138/2017, relativa al Régimen de Convivencias, y seguido el procedimiento así como el desahogo de pruebas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad el diez de febrero del dos mil veintidós procedió a dictar una nueva determinación en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria; constancias con las cuales se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que mediante determinación de quince de julio de dos mil veintiuno, ordenó dejar sin efectos la determinación emitida el dieciséis de enero de dos mil veinte, en autos del expediente 71/2017 y su acumulado 138/2017, relativa al Régimen de Convivencias, y seguido el procedimiento así como el desahogo de pruebas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad el diez de febrero del dos mil veintidós procedió a dictar una nueva determinación en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria y con libertad de jurisdicción fundando y motivando su nuevo actuar, haciendo saber los hechos y motivos de su nueva determinación para protección del menor al régimen de convivencias; en ese sentido se tiene que la responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable deje insubsistente la determinación emitida en la audiencia de dieciséis de enero de dos mil veinte, celebrada en los autos del expediente 71/2017 y acumulado 138/2017, relativa al régimen de convivencias del quejoso con su menor hijo, y en su lugar, dicte otra debidamente fundada y motivada, en la que subsane las deficiencias formales que fueron analizadas y destacadas en el presente fallo y, con base en ello, resuelva con libertad de jurisdicción lo que en derecho corresponda, en el entendido que en su determinación deberá tener como eje rector el interés superior del menor de edad quejoso, así también, de estimarlo necesario, el juzgador deberá recabar, aún de oficio, las pruebas que estime conducentes para el esclarecimiento de la verdad y poder determinar lo conducente en relación con el régimen de convivencias entre el menor y el aquí quejoso; esto, únicamente en el supuesto de que el juez responsable advierta que pudieran existir actitudes o comportamientos que pueden dañar la integridad física, psíquica o sexual del menor; para lo cual, incluso, puede tomar las medidas necesarias que estime pertinentes, tales como someter a los padres a exámenes psicológicos y, en su caso, a terapia psicológica, así como efectuar un estudio social, una inspección y todo lo que sea necesario para conocer la realidad de los hechos, y poder resolver en beneficio del infante, al respecto, debe precisarse que el sentido de esta sentencia no prejuzga sobre el fondo del asunto, toda vez que, lo único sobre lo que versa la presente concesión del amparo, encuentra su razón de ser en la obligación de la responsable de fundar y motivar debidamente su determinación, por lo que la autoridad responsable puede emitir la resolución en cualquier sentido que legalmente corresponda, pero purgando el vicio de falta de fundamentación y motivación que la afecta. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las cuales se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°; se advierte que mediante determinación de quince de julio de dos mil veintiuno, donde ordenó dejar sin efectos la determinación emitida el dieciséis de enero de dos mil veinte, en autos del expediente 71/2017 y su acumulado 138/2017, relativa al Régimen de Convivencias, y seguido el procedimiento y desahogo de pruebas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad el diez de febrero del dos mil veintidós procedió a dictar una nueva determinación en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria y con libertad de jurisdicción fundando y motivando su nuevo actuar haciendo saber los hechos y motivos de su nueva determinación para protección del menor al régimen de convivencias; en ese sentido se tiene que la responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en los párrafos que anteceden y a lo que establece el artículo el artículo 18, fracción I, inciso a), y 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Por otra parte, con apoyo en el artículo 21 inciso c), en el término señalado en su oportunidad, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, toda vez que, tanto la suspensión provisional como la definitiva se determinó negarlas. En atención que dicho Incidente (duplicado y original) de suspensión carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que en los términos señalados respectivamente pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de marzo de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Daniel Adán Rodríguez Apac, Juez Civil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, mediante el cual informa que el veintitrés de febrero del año en curso, se llevó a cabo la ratificación del dictamen en materia de psicología practicado a Crystal Rumbo Nava y Luis Antonio Campos Villegas, y el veinticuatro de febrero siguiente se dictó la resolución interlocutoria en el expediente 71/2017-2, remitiendo copia certificada para acreditar su dicho. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexos, en ese sentido, dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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