Luis Angel Pérez Díaz

Expediente 700/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
700/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
19/04/2022

Partes del expediente

  • Luis Angel Pérez Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado de dicho incidente al cuaderno principal, así como del original en toda vez que encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso c), de dicha normativa, ello en razón de que la medida cautelar fue negada en provisional y definitivamente. Finalmente, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de julio de dos mil veintiuno. Vistos los autos del presente juicio, se advierte que no obra la constancia de notificación a las autoridades responsables respecto de la sentencia dictada en el presente juicio. Por tanto, a fin de integrar debidamente el presente expediente, reenvíese a las responsables copia de la sentencia definitiva. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de septiembre de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a esta autoridad federal, Luis Ángel Pérez Díaz, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".Reclamo la resolución de fecha 19 de agosto de 2020. Del mismo modo, reclamo la resolución de fecha 1 de septiembre de 2020." SEGUNDO. El dieciocho de septiembre de dos mil veinte, esta autoridad, radicó el asunto con el número de expediente 700/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, emplazo a la tercero interesada y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que la ejecución de los actos reclamados se atribuye a autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La resolución interlocutoria que resuelve el recurso de revocación de uno de septiembre de dos mil veinte, que lo desecha de plano, hecho valer contra el acuerdo del juez responsable de diecinueve de agosto de ese año, que acuerda el oficio DOF/EVAL/3498/2020, suscrito por la Psicóloga Martha Maricela Flores Rodríguez, del Departamento de Orientación Familiar del Poder Judicial del Estado de Morelos, que ordena notificar al quejoso y tercero interesada las nuevas fechas programadas para el desahogo de las evaluaciones psicológicas de los cónyuges, en el juicio de controversia familiar 348/2019-2. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, al rendir el informe justificado aceptaron el acto reclamado y remitieron las constancias relativas, que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Causales de improcedencia fundadas. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XVI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. Al efecto, cabe señalar que el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVI. Contra actos consumados de modo irreparable...". Así, los actos consumados se entienden como aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquellos que la finalidad que persiguen, ha sido obtenida con todas sus consecuencias jurídicas; por tanto, atendiendo a su naturaleza y para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pueden clasificarse en: a. Actos consumados de modo reparable, y b. Actos consumados de modo irreparable En efecto, los primeros son aquellos que no obstante de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77 de la Ley de Amparo), de ahí que se justifique la procedencia del juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas por lo que, en este sentido, el juicio de amparo será improcedente. En este orden de ideas, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, debe atenderse a los efectos y consecuencias de su ejecución. Asimismo, conviene señalar que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado, no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque se llegaría al extremo de que cualquier acto por el sólo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, sería un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. En cambio, los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados, para efectos del juicio de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución, porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). Ahora bien, a fin de acreditar la causa de improcedencia aludida, conviene destacar los antecedentes más relevantes derivados del expediente 348/2019-2, a saber: En acuerdo de diez de octubre de dos mil diecinueve, el juez responsable respecto al desistimiento del juicio que hicieron las partes por haber llegado a un acuerdo donde actualmente están viviendo en familia junto con sus menores hijos, por el momento negó la petición hasta en tanto se desahogaran las sesiones de evaluación psicológica tanto de los padres como de sus menores hijos, al haber existido violencia familiar. Resolución interlocutoria de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, que resuelve el recurso de revocación hecho valer contra el acuerdo de diez de octubre de dos mil diecinueve, que lo declara infundado, consecuentemente se lleven a cabo las evaluaciones psicológicas. Sentencia de amparo indirecto 1582/2019 y su acumulado 1584/2019, de diecisiete de agosto de dos mil veinte, del índice de esta autoridad, que por ser hecho notorio se cita y relacionado con el acto reclamado, donde la Justicia de la Unión no ampara y protege al quejoso y tercero interesada, en cuanto a desahogar las evaluaciones psicológicas programadas a las partes en el juicio 348/2019-2. Acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veinte, donde el juez responsable en cuanto a la información proporcionada por el Departamento de Orientación Familiar del Poder Judicial del Estado de Morelos, ordena comunicar tanto al quejoso como a la otra parte, la data para llevar a cabo las evaluaciones psicológicas a su cargo, con apercibimiento de multa en caso de no acatar la orden. Resolución de uno de septiembre de dos mil veinte, que resuelve el recurso de revocación interpuesto por el quejoso contra el acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veinte, que ordena el desahogo de las avaluaciones psicológicas, desechándolo de plano; que constituye el acto reclamado. Dictamen de dieciséis de octubre de dos mil veinte, emitido por la Psicóloga M. en P.P. Martha Maricela Flores Rodríguez, adscrita al Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por el que desahoga las evaluaciones psicológicas ordenadas a cargo de Luis Ángel Pérez Díaz y María Guadalupe Pacheco Adán. Ahora bien, se reitera, la parte quejosa reclama en este juicio la sentencia interlocutoria de uno de septiembre de dos mil veinte, que resuelve el recurso de revocación que interpuso contra el acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veinte, que ordena notificar a las partes la nueva fecha programada que el Departamento de Orientación Familiar fijó para desahogar las avaluaciones psicológicas a cargo Luis Ángel Pérez Díaz y María Guadalupe Pacheco Adán. Sin embargo, de la relación de constancias realizada se advierte que el acto impugnado tanto en el acuerdo de diecinueve de agosto -fija data para evaluaciones psicológicas- y de uno de septiembre ambos de dos mil veinte - que desecha medio de impugnación contra acuerdo que autoriza fecha para evaluaciones psicológicas-, relativos al desahogo de las evaluaciones psicológicas a cargo de Luis Ángel Pérez Díaz y María Guadalupe Pacheco Adán, se ejecutó, al desahogarse mediante el dictamen psicológico de dieciséis de octubre de dos mil veinte, emitido por la Psicóloga Martha Maricela Flores Rodríguez, adscrita al Departamento de Orientación Familiar del Poder Judicial del Estado de Morelos; de ahí que se considere que el acto reclamado se ha consumado de modo irreparable. Debiendo destacarse que la parte demandada, ahora quejosa, en el juicio de alimentos y guarda y custodia de sus menores hijos, 348/2019-2, tuvo conocimiento del juicio de amparo indirecto 1582/2019 y su acumulado 1584/2019, promovido por Luis Ángel Pérez Díaz y María Guadalupe Pacheco Adán, en representación de sus menores hijos respectivamente, reclamando la resolución interlocutoria que resuelve el recurso de revocación de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, que lo declara infundado, que hicieron valer contra el acuerdo de diez de octubre de ese año, que por el momento declara improcedente proveer sobre el desistimiento de las partes en el juicio civil 348/2019, y ordena continuar con el desahogo de las sesiones de evaluación psicológica de las partes, juicios de amparo del índice de esta autoridad, donde se resolvió no amparar a las partes y en consecuencia, que fueran desahogadas las evaluaciones psicológicas. Entonces, resulta material y físicamente imposible restituir a la parte quejosa en sus derechos fundamentales violados, pues no se puede retrotraer en el tiempo la reparabilidad física y material del acto reclamado, a fin de que el amparo que pudiera obtener surta sus efectos prácticos y jurídicos, debido a que la sentencia interlocutoria de uno de septiembre de dos mil veinte, que desecha de plano el recurso de revocación interpuesto por el quejoso contra el acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veinte, que fija data para desahogar las evaluaciones psicológicas del quejoso y tercero interesada, ha producido todos sus efectos, toda vez que las partes Luis Ángel Pérez Díaz y María Guadalupe Pacheco Adán, acudieron a la cita y la Psicóloga Martha Maricela Flores Rodríguez, adscrita al Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, el dieciséis de octubre de dos mil veinte, emitió su dictamen psicológico, aunado al hecho que mediante juicio de amparo indirecto antes referido les fue negada la protección constitucional respecto de dicho acto. Por tanto, es evidente que el acto reclamado consistente en la orden para desahogar las evaluaciones psicológicas a cargo del quejoso y otra, de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, que impugnó mediante recurso de revocación, mismo que fue desechado de plano el uno de septiembre de dos mil veinte, es un acto consumado de manera irreparable, por haberse desahogado dicha diligencia mediante dictamen emitido por la Psicóloga Martha Maricela Flores Rodríguez, el dieciséis de octubre de dos mil veinte, relativo al juicio de alimentos, guarda y custodia 348/2019-2, dado que la orden para desahogar las evaluaciones psicológicas a cargo del quejoso, se ha cumplido como se advierte del dictamen de dieciséis de octubre de dos mil veinte. Por tanto resultaría jurídica y materialmente imposible restituir al quejoso en los derechos subjetivos reclamados al haberse desahogo la diligencia de evaluación psicológica a su cargo. Máxime que tales actos como se ha señalado fueron analizados en el amparo indirecto 1582/2019 y su acumulado 1584/2019, promovido por Luis Ángel Pérez Díaz y María Guadalupe Pacheco Adán, donde respecto a la diligencia de evaluación psicológica a cargo del quejoso y otros, le fue negada la protección constitucional. En virtud de lo anterior, al quedar acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Al resultar improcedente la acción de derechos fundamentales y ante el sobreseimiento decretado, este juzgado se encuentra legalmente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación propuestos, pues el sentido de este fallo imposibilita el análisis de las cuestiones del fondo del asunto. Sobre el particular deviene ilustrativa la jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal de la República, registro 394465, Sétima Época, Apéndice de 1995, visible en la página 335, rubro y contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido y alcance, la jurisprudencia 1ª./J 22/2014 (10ª.), instada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro 2005917, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, visible en la página 325, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Asimismo, la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2002359, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, visible en la página 530, de voz: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Así como la tesis 2a. LXXXII/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del más alto Tribunal del País, registro 2002179, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, visible en la página 1587, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, del referido ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy diecisiete de junio de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA ARTURO MANZO BELTRÁN, EL CONTENIDO DE LA DETERMINACIÓN EMITIDA EL DIECINUEVE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN EL EXTERIOR DE LA SEDE DEL PODER JUDICIAL FEDERAL, DELEGACIÓN MORELOS, POR LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19 QUE SE VIVE EN LA ACTUALIDAD; ASÍ COMO EN LA LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN III INCISO A) DEL ARTÍCULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Por escrito de once de febrero de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, que por turno correspondió conocer a esta autoridad federal, Arturo Manzo Beltrán por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican: Autoridades responsables: Congreso del Estado, Gobernador Constitucional del Estado, Secretario de Gobierno del Estado, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, Presidente, Tesorero y Director del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, Morelos. Actos reclamados: ". Del Congreso. La aprobación y expedición del artículo 98 fracción I, incisos c), d) e i) de la Ley Estatal de Agua Potable del Estado de Morelos. Del Gobernador., La promulgación del artículo 98 fracción I, incisos c), d) e i) de la Ley Estatal de Agua Potable del Estado de Morelos vigente. Del Secretario de Gobierno. el refrendo y publicación del decreto de aprobación de la Ley Estatal de agua Potable del Estado de Morelos, en específico el artículo 98 fracción I, incisos c), d) e i) de la ley en cita. Del Director del Periódico Oficial. La publicación del artículo 98 fracción I, incisos c), d) e i) de la Ley Estatal de Agua Potable del Estado de Morelos vigente. Del Presidente y Tesorero. y Director del sistema de Agua. El cobro indebido de los derechos por concepto de pago y contratación tarifa de conexión de la toma de agua potable, del inmueble." SEGUNDO. El doce de febrero de dos mil veinte, esta autoridad admitió a trámite la demanda de amparo, radicó el asunto con el consecutivo 187/2020, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; emplazó al tercero interesado, dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la adscripción y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables:  La expedición, promulgación, publicación, y, aprobación del artículo 98 fracción I, incisos c), d) e i), de la Ley Estatal de Agua Potable del Estado de Morelos.  El cobro del derecho por concepto de pago y contratación de tarifa de conexión de la toma de agua potable en el inmueble ubicado en Salto del Ángel condominio 2, manzana 1, casa 43, Conjunto Urbano Cascadas Cocoyoc, población de Oaxtepec, Morelos. TERCERO. Inexistencia de acto reclamado. El Presidente y Tesorero Municipal de Yautepec, Morelos, al rendir su informe justificado, manifestaron que no tienen facultades inherentes al cobro por concepto de de pago y contratación de tarifa de conexión de la toma de agua potable; en ese sentido dichas responsables no tiene la calidad de autoridades para efectos del presente juicio de derechos, pues de las pruebas allegadas por la parte quejosa, en específico del recibo de pago del derecho por conexión de agua potable (foja 14 de autos), se advierte que fue la responsable Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, Morelos, quien realizó el cobro por ese servicio. Por consiguiente, se sobresee en el juicio de derechos fundamentales, respecto del cobro de los derechos por la prestación del servicio de conexión de agua potable, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, de la misma legislación. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a las autoridades responsables Congreso del Estado, Gobernador Constitucional del Estado, Secretario de Gobierno del Estado, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos y Director del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, Morelos, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado cada cual en el ámbito de su respectiva competencia, lo que se corrobora con las constancias que remitió el Director del Sistema de Agua Potable de Yautepec, Morelos, como soporte de su informe justificado, consistente en constancias relacionadas con el contrato de adhesión para el suministro de agua potable en el domicilio que refiere el quejoso, que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como, la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, Materia Común, consultable a página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, Tomo VI, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, en cuanto a que reclama leyes, éstas no son objeto de prueba, pues la existencia de las normas no depende del contenido de los informes de las autoridades responsables, ya que basta con que estén publicadas en el Diario o en el Periódico Oficial correspondiente para tener por acreditada su existencia, así como para que las autoridades estén obligadas a tomarlas en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, en consecuencia, a conocer su contenido y alcance. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J.65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, agosto de 2000, a página 260, de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." QUINTO. Causas de improcedencia fundadas. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que respecto de los actos reclamados al Secretario de Gobierno, por si y como director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, de la Ley Amparo, debido a que se reclama su participación en el proceso legislativo que originó el artículo 98 fracción I, incisos c), d) e i), de la Ley Estatal de Agua Potable del Estado de Morelos, al no haber hecho valer la existencia de algún vicio propio en contra del refrendo y publicación reclamado. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:. III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;". El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que su aplicación deriva de la relación que guarda con las causas de improcedencia establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el numeral en comento. Por su parte, el artículo 108 fracción III de la Ley de Amparo dispone que cuando se impugnen normas generales, tendrán el carácter de autoridades responsables los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su refrendo y promulgación y cuando se señale a las que hubieren intervenido en el refrendo y publicación del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, éstas tendrán tal carácter únicamente cuando se impugnen sus actos por vicios propios. Sin embargo, de la demanda de amparo se advierte que se reclamó del Secretario de Gobierno, por si y como Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" su participación en el proceso legislativo (publicación) que diera origen al artículo 98 fracción I, incisos c), d) e i), de la Ley Estatal de Agua Potable del Estado de Morelos; no obstante lo anterior, no se les atribuyó ningún vicio propio sino que sólo se les reclamó como parte del proceso legislativo. Por tanto, si no se hicieron valer vicios propios respecto de la participación de dichas autoridades en el proceso legislativo (publicación) que dio origen al artículo reclamado al Secretario de Gobierno, por si y como Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto de los actos atribuidos a dicha autoridad. Asimismo, esta autoridad estima que en relación con el acto reclamado consistente en la constitucionalidad del artículo 98, fracción I, incisos d) e i), de la Ley Estatal de Agua Potable del Estado de Morelos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107 fracción I, del mismo ordenamiento legal que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; ." En ese contexto, se actualiza la causal de improcedencia, por las consideraciones que se precisan a continuación. De acuerdo con los numerales trascritos el primer acto de aplicación de una disposición de observancia general que permite impugnar su constitucionalidad a través del juicio de amparo debe trascender a la esfera jurídica del gobernado, y a la vez generar un perjuicio que se traduzca en cualquier afectación jurídicamente tutelada. Así, debe tenerse presente que cuando en el juicio de amparo se reclama una ley, reglamento, decreto o un acuerdo debe demostrar que éste lesione su esfera de derechos ya que de no demostrarse que el quejoso se encuentra dentro de los presupuestos procesales que regulan las leyes cuya constitucionalidad impugnó, no debe tenerse por satisfecho ese requisito procesal consistente en acreditar la afectación, pues, se reitera al tratarse de una norma reclamada como heteroaplicativa no le causa perjuicio a la parte quejosa por su sola vigencia, sino que se necesita un acto posterior de aplicación para que se origine tal afectación. Así, para estar en aptitud de hacer valer la acción de amparo cuando se impugna un ordenamiento legal con motivo del que se dice es su primer acto de aplicación, surge al quedar demostrada que existe la individualización de la ley respecto del gobernado, esto es, que efectivamente la aplicación de la norma general tildada de inconstitucional acarrea una afectación en la esfera jurídica del particular. Da sustento a lo anterior, en lo que corresponda, la tesis del Pleno del Alto Tribunal de Justicia de la Nación, consultable en la página 92 del Tomo II, Noviembre de 1995, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERÉS JURÍDICO. El análisis gramatical y sistemático de los artículos 73, fracción VI, in fine y 4o. de la Ley de Amparo, permite colegir que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejercite con motivo del primer acto de aplicación que afecte al gobernado, en su interés jurídico, pues de lo contrario se vulneraría el principio de 'instancia de parte agraviada', contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente". Ahora bien, el impetrante de amparo tilda de inconstitucional la creación, aplicación y promulgación del artículo 98 fracción I, incisos d) e i), de la Ley Estatal de Agua Potable del Estado de Morelos, que refiere le fue aplicada mediante el cobro por la contratación y conexión del servicio de agua potable en el domicilio ubicado en Salto del Ángel condominio 2, manzana 1, casa 43, Conjunto Urbano Cascadas Cocoyoc, población de Oaxtepec, Morelos, recibo oficial 1553822, o 0000202686, relativo al contrato 20268, cubierto el diecisiete de enero de dos mil veinte, donde cubrió el costo por conexión del servicio de agua potable por el Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, Morelos, y refiere es como se concretó el primer acto de aplicación de la norma reclamada. Dicho numeral dispone: "Artículo 98.- El pago de las cuotas o tarifas a que se refiere el presente artículo, es independiente del cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y serán aplicables de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio de la presente Ley. Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios públicos se calcularán conforme al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y se clasifican en: I. Cuotas y tarifas: [.] D) Por instalación de medidores de agua potable de 13 mm. o ½" pulgada: Cuando el diámetro del medidor sea de 19 mm o ¾" de pulgada se aumentará al rango base correspondiente 5 Unidades de Medida y Actualización. Cuando el diámetro del medidor sea de 25 mm o 1" pulgada se aumentará al rango base correspondiente 10 Unidades de Medida y Actualización. Cuando el diámetro del medidor sea de 38 mm o 1 ½" pulgada se aumentará al rango base correspondiente 20 Unidades de Medida y Actualización. [.] I). Por el servicio de agua potable: Por cada m3 de agua potable consumido, se aplicarán las tarifas mensuales del cuadro siguiente, expresadas en UMA: POR CADA M3 DE AGUA POTABLE CONSUMIDO EN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) CONSUMO-MENSUAL (VER TABLA ANEXA) El precio de m3 consumido se obtendrá colocando el volumen total consumido en un mes, en el renglón correspondiente al rango de consumo que lo abarque y multiplicando el factor correspondiente al tipo de usuario por el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la fecha del cálculo. En los casos en que no exista aparato medidor la cuota fija mínima mensual será: (VER TABLA ANEXA) Los derechos por el servicio publico de suministro de agua potable se causarán mensual o bimestralmente y se hará el pago, dentro de los veinte días hábiles siguientes del mes o bimestre del consumo." Sin embargo, en el caso en concreto de una lectura minuciosa del acto reclamado -recibo oficial foja 14 de autos-, no se desprende que la responsable Director del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, Morelos, haya aplicado dicho precepto legal en cuanto a los incisos señalados para cobrar el concepto de conexión del servicio de agua potable, -concepto 29 tarifa de conexión, 50 redondeo, anverso del recibo- así no se justifica el primer acto de aplicación de la norma legal que tilda de inconstitucional. De esta forma es dable concluir que al no quedar corroborado el acto de aplicación, y por ende su afectación a la esfera de derechos de la parte gobernada, es inconcuso que se actualizó la causal de improcedencia desarrollada en líneas que anteceden. En relación con lo expresado, resulta aplicable el contenido de las jurisprudencias 340 y 341, visibles en las páginas 395 a 397, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, de rubros y textos siguientes: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE IMPUGNAN POR SU PRETENDIDA APLICACIÓN Y NO POR SU APLICACIÓN CONCRETA, EL JUICIO DE AMPARO RESULTA IMPROCEDENTE. Si se reclama la expedición, promulgación y publicación de una ley porque con base en ella se pretende cobrar a la quejosa determinados derechos, aun cuando los actos de las autoridades se hayan tenido por presuntivamente ciertos, si no se señala el acto de aplicación, sino simplemente se expresa que las ejecutoras tratan de aplicar la ley, como no se impugna propiamente el mencionado cuerpo legal por su aplicación concreta al caso especial de la quejosa, sino por su pretendida aplicación, sin que ésta se haya demostrado, debe sobreseerse en el juicio". "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. Para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, sino que sólo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio". Por tanto, es patente que la parte disconforme no resintió el contenido de la norma que tilda de inconstitucional, puesto que no se encuentra probado el acto de aplicación al que alude en la demanda de amparo, ni su afectación, por lo que en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, de ahí que lo procedente es con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la ley de amparo sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable al caso, la tesis número 2a./J. 12/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 323 del Tomo VII, marzo de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual a la letra dice: "LEYES HETEROAPLICATIVAS QUE NO CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN I, CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a la técnica del juicio de garantías, para analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo de su primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que la misma haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicada. De no ser así, la ley reclamada no causa perjuicio y el amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, ésta en concordancia con el artículo 114, fracción I, contrario sensu, de la ley de la materia." Así como, por identidad de razón jurídica, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, Séptima Época, página 27, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACION. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya." En mérito de lo anterior, se estima innecesario realizar mayor pronunciamiento respecto de los conceptos de violación, debido a que la improcedencia de la acción constitucional impide el estudio de fondo del asunto. A las consideraciones precedentes sirve de apoyo la jurisprudencia 1028 del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Causas de improcedencia infundadas. El Congreso del Estado de Morelos, hace valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por falta de interés jurídico para acudir al juicio de amparo. Resulta infundada la causal de improcedencia hecha valer y para acreditarlo resulta necesaria la transcripción del artículo señalado en el párrafo que antecede, que dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" En primer término, debe puntualizarse que conforme a lo establecido en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, el interés jurídico o legítimo consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio; esto es, se refiere a un derecho subjetivo o de un derecho legítimo, protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, mismo que ocasiona una afectación real y actual en su esfera jurídica. En ese sentido, debe tenerse que el juicio constitucional se creó con la finalidad de cerciorar del goce de derechos humanos establecidos en la carta magna, cuando exista violación a aquellos por un acto de autoridad y éste tenga efectos materiales consistentes en un perjuicio o afectación real y actual en contra del solicitante del amparo. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad de razón la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, página 364, segunda parte-1, julio a diciembre de 1990, la cual establece: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Ahora bien, el interés jurídico a que se refiere el precepto transcrito, se encuentra definido en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 225, tomo XXVII, Enero de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que es del contenido siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Conforme a la jurisprudencia transcrita, es claro que para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad; y, del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; c) No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por tanto, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que implica que uno de los presupuestos que deben concurrir ineludiblemente para la procedencia del juicio constitucional, es justamente la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa sino la ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona. Apoya las consideraciones anteriores, la Jurisprudencia número 358, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 241, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, que reza: "PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona." Así, tenemos por cierto que, para la procedencia de la acción de amparo, es indispensable que quien la promueva acredite fehacientemente ante el juzgador federal que la actuación de la autoridad responsable le causa directamente perjuicios en su persona, derechos, bienes o posesiones, para que de inmediato se analice la posible violación a derechos humanos. Es decir, si bien es cierto que la legitimación activa en la causa como condición necesaria para la procedencia del juicio, consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley, y que como consecuencia está legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde, también es cierto que el juicio de amparo sólo puede ser promovido por aquél que verdaderamente resienta un perjuicio con motivo del acto reclamado en el derecho que se busca ejercer, es decir por aquél a quien le hayan sido violentados sus derechos fundamentales por omisión o insuficiencia de las prestaciones a las que tenga derecho o por actuaciones que impliquen una lesión a un bien jurídico tutelado, lo que de hecho debe estar plenamente probado para la procedencia del juicio de amparo. En este orden de ideas, es conveniente destacar que la parte quejosa promovió el juicio de amparo en contra del cobro por servicio de conexión de agua potable, mediante recibo del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, Morelos, folio en color rojo 1553822, por la suma de seis mil trescientos cuarenta y nueve pesos, cubierto mediante baucher de la responsable de diecisiete de enero de dos mil veinte (foja 14 de autos). En ese sentido, al haber cubierto el costo por conexión de agua potable, a la responsable mediante el recibo citado, al que se le concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, resulta claro que la parte quejosa es sujeto del cobro por ese servicio de agua reclamado en el juicio de amparo, y quedó demostrado en autos que el acto reclamado va dirigido a su persona, con lo que acredita su interés jurídico para combatir el cobro reclamado. De ahí que resulte infundada la causal de improcedencia invocada por la responsable. Nota: Si estamos sobreseyendo por la aplicación en concreto de las fracciones d) e i), entonces tampoco tendría legitimación para reclamar la constitucionalidad de la norma, por no existir precisamente un acto concreto de aplicación. Y solo nos tendríamos que avocar al estudio de la fracción que sí se aplicó Por último la responsable Director del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, Morelos, señala se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII, del artículo 61 de la Ley de amparo, sin motivar como se actualiza. Resulta inatendible la causa de improcedencia planteada por el Director del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, Morelos, en virtud de que dicha autoridad responsable no manifiesta los motivos por los cuales considera que opera, ya que se limitó a citar el precepto legal sin exponer argumento alguno que justifique o motive las razones por las que se actualiza, sin que en el caso particular este juzgador advierta su obvia u objetiva constatación, lo que impide analizarla. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 263 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 284 del Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio". SEXTO. Estudio de fondo del asunto. Los conceptos de violación se analizarán, sin que sea necesaria su transcripción, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca esa obligación, además ello no le causa perjuicio al ahora amparista, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." El quejoso sustancialmente aduce que el artículo 98 fracción I, inciso c), de la Ley Estatal de Agua Potable del Estado de Morelos, transgrede en perjuicio del quejoso los principios de proporcionalidad y equidad tributaria consagrados en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que al fijar el costo por ese servicio contrato de toma de agua potable o tarifa de conexión lo hace atendiendo a la clasificación del inmueble, es decir, lo fija en atención a que el inmueble está clasificado como rural, popular, habitacional y residencial. Sigue argumentando que le fue cobrado la suma de $6,349.00 pesos, por concepto de contrato de uso de redes de agua potable, al clasificar el inmueble como domestico residencial, sin embargo, a los diversos contratantes con el mismo servicio cuando se trate de inmuebles clasificados como domésticos, ya sea de uso rural, popular o habitacional distinto al que reclama se les cobrará una cantidad distinta y menor. Así también, que del ticket expedido por la autoridad responsable así como del contrato de toma de agua, se encuentra carente de fundamentación y motivación, violando con ello lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, en razón a que no citó los preceptos legales no obstante que los artículos 14 y 16 señalan que los actos de molestia entre otros requisitos deben ser emitidos por autoridad competente y cumplir con las formalidades esenciales que les dan eficacia jurídica. Análisis de constitucionalidad del artículo 98 fracción I, inciso c), de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Ley Estatal de Agua Potable del Estado de Morelos Es fundado el concepto de violación antes citado, con base a las siguientes consideraciones: Es conveniente explicar en qué consisten el pago de derechos fiscales, así como su naturaleza específica. La doctrina define a los derechos como: Las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando sean prestados por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. Contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. De esos conceptos, derivan las siguientes características de los derechos: a) Los derechos son contribuciones, pues si bien al particular le corresponde provocar la prestación del servicio, el pago del precio es obligatorio. b) Los derechos deben estar establecidos en una ley, lo anterior a fin de ser congruente con el principio de legalidad que para toda contribución exige el artículo 31, fracción IV, constitucional. c) Los derechos deben pagarse por los siguientes conceptos: 1. Por servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho público; 2. Por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación. En cuanto a los primeros, esto es, los "derechos por servicios", el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que en ellos el hecho imponible consiste en la prestación de un servicio público por parte del Estado, según se aprecia del siguiente criterio jurisprudencial: Jurisprudencia P./J: 41/96, Registro 200083, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Julio de 1996, Página 17, que dice: "DERECHOS TRIBUTARIOS POR SERVICIOS. SU EVOLUCION EN LA JURISPRUDENCIA. Las características de los derechos tributarios que actualmente prevalecen en la jurisprudencia de este alto tribunal encuentran sus orígenes, según revela un análisis histórico de los precedentes sentados sobre la materia, en la distinción establecida entre derechos e impuestos conforme al artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación del año de mil novecientos treinta y ocho, y su similar del Código del año de mil novecientos sesenta y siete, a partir de la cual se consideró que la causa generadora de los derechos no residía en la obligación general de contribuir al gasto público, sino en la recepción de un beneficio concreto en favor de ciertas personas, derivado de la realización de obras o servicios ("COOPERACION, NATURALEZA DE LA.", jurisprudencia 33 del Apéndice de 1975, 1a. Parte; A.R. 7228/57 Eduardo Arochi Serrano; A.R. 5318/64 Catalina Ensástegui Vda. de la O.; A.R. 4183/59 María Teresa Chávez Campomanes y coags.). Este criterio, sentado originalmente a propósito de los derechos de cooperación (que entonces se entendían como una subespecie incluida en el rubro general de derechos), se desarrollaría más adelante con motivo del análisis de otros ejemplos de derechos, en el sentido de que le eran inaplicables los principios de proporcionalidad y equidad en su concepción clásica elaborada para analizar a los impuestos, y que los mismos implicaban en materia de derechos que existiera una razonable relación entre su cuantía y el costo general y/o específico del servicio prestado ("DERECHOS POR EXPEDICION, TRASPASO, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES DE GIROS MERCANTILES, INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 14, FRACCIONES I, INCISO C), II, INCISO D), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA, PARA EL AÑO DE 1962, QUE FIJA EL MONTO DE ESOS DERECHOS CON BASE EN EL CAPITAL EN GIRO DE LOS CAUSANTES, Y NO EN LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS PARTICULARES", Vol. CXIV, 6a. Epoca, Primera Parte; "DERECHOS FISCALES. LA PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE ESTOS ESTA REGIDA POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS", Vol. 169 a 174, 7a. Epoca, Primera Parte; "AGUA POTABLE, SERVICIO MARITIMO DE. EL ARTICULO 201, FRACCION I, DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL TERRITORIO DE BAJA CALIFORNIA, REFORMADO POR DECRETO DE 26 DE DICIEMBRE DE 1967, QUE AUMENTO LA CUOTA DEL DERECHO DE 2 A 4 PESOS EL METRO CUBICO DE AGUA POTABLE EN EL SERVICIO MARITIMO, ES PROPORCIONAL Y EQUITATIVO; Y POR LO TANTO NO ES EXORBITANTE O RUINOSO EL DERECHO QUE SE PAGA POR DICHO SERVICIO", Informe de 1971, Primera Parte, pág. 261). El criterio sentado en estos términos, según el cual los principios constitucionales tributarios debían interpretarse de acuerdo con la naturaleza del hecho generador de los derechos, no se modificó a pesar de que el artículo 2o., fracción III del Código Fiscal de la Federación del año de mil novecientos ochenta y uno abandonó la noción de contraprestación para definir a los derechos como "las contribuciones establecidas por la prestación de un servicio prestado por el Estado en su carácter de persona de derecho público, así como por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público" (A.R. 7233/85 Mexicana del Cobre, S.A. y A.R. 202/91 Comercial Mabe, S.A.). De acuerdo con las ideas anteriores avaladas por un gran sector de la doctrina clásica tanto nacional como internacional, puede afirmarse que los derechos por servicios son una especie del género contribuciones que tiene su causa en la recepción de lo que propiamente se conoce como una actividad de la Administración, individualizada, concreta y determinada, con motivo de la cual se establece una relación singularizada entre la Administración y el usuario, que justifica el pago del tributo." También ha sostenido que para fijar el monto de esa clase de derechos debe atenderse al objeto real del servicio prestado por el ente público y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos. Al respecto se cita la jurisprudencia P./J. 2/98, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, enero de 1998, página 41, de rubro y texto: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. Las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: 'las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten', de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos." El Código Fiscal del Estado de Morelos, define a los derechos en su artículo 20, fracción II, que dispone: "Artículo 20. Las contribuciones se clasifican en impuestos, derechos y contribuciones especiales, que se definen de la siguiente manera: (.) II. Derechos son las contraprestaciones establecidas en la Ley por los servicios públicos que presta el Estado o los municipios, las Entidades Paraestatales, Paramunicipales o Intermunicipales, en sus funciones de derecho público, así como los generados por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público, y (.)". Ahora bien, el tema motivo de reclamo lo constituye los derechos por la conexión para usar las redes de agua potable, así como por el acto de aplicación en el recibo oficial 1553822, el cual está previsto en el artículo 98 fracción I, inciso c), de la Ley Estatal del Agua Potable, que establece: " ARTÍCULO *98.- El pago de las cuotas o tarifas a que se refiere el presente artículo es independiente del cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y serán aplicables de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio de la presente Ley. Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios públicos se calcularán conforme al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y se clasifican en: I.- cuotas y tarifas: (.) C) Por derecho de conexión del servicio de agua potable (contrato), donde ya exista la instalación: RURAL 10 Unidades de Medida y Actualización POPULAR 15 Unidades de Medida y Actualización HABITACIONAL 20 Unidades de Medida y Actualización RESIDENCIAL 30 Unidades de Medida y Actualización COMERCIAL 50 Unidades de Medida y Actualización INDUSTRIAL 100 Unidades de Medida y Actualización Como se advierte de lo anterior, el precepto legal transcrito establece el mecanismo para la fijación del pago de derechos por la autorización para la conexión del servicio de agua potable (contrato) donde ya existía la instalación, a las redes de agua potable, tomando como base para el cálculo de la cuota respectiva, el tipo de inmueble a conectar (rural, popular, habitacional, residencial, comercial e industrial). Para determinar si esa disposición se ajusta a los principios de equidad y proporcionalidad tributaria que establece el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, es menester señalar que la Suprema Corte de Justicia ha considerado que para juzgar sobre la proporcionalidad y equidad de los derechos por servicios no se debe tomar en consideración exclusivamente la pura correlación entre el costo del servicio y el monto de la cuota, sino también los beneficios recibidos por los usuarios, las posibilidades económicas de éstos y, en determinado momento, razones de tipo extrafiscal, atendiendo al objeto real del servicio prestado por la administración pública, el cual trasciende, tanto al costo como a otros elementos. Al respecto se cita la tesis P. XLVIII/94, Registro 205418, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 83, Noviembre de 1994, Página 33, de rubro y texto: "DERECHOS FISCALES. PARA EXAMINAR SI CUMPLEN CON LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD, DEBE ATENDERSE AL OBJETO REAL DEL SERVICIO PRESTADO POR LA ADMINISTRACION PUBLICA Y QUE TRASCIENDE TANTO AL COSTO COMO A OTROS ELEMENTOS. Esta Suprema Corte ha sentado en la tesis jurisprudencial 9, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo I, Primera Parte-1, Pleno, página 158, que las leyes que establecen derechos fiscales por inscripción de documentos sobre constitución de sociedades mercantiles o aumentos de sus capitales en el Registro Público correspondiente, fijando como tarifa un porcentaje sobre el capital, son contrarias a los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, porque no toman en cuenta el costo del servicio que presta la Administración Pública, sino elementos extraños que conducen a concluir que por un mismo servicio se paguen cuotas diversas. En cambio, tratándose de derechos por servicio de agua potable, ha tomado en consideración para juzgar sobre la proporcionalidad y equidad del derecho, no la pura correlación entre el costo del servicio y el monto de la cuota, sino también los beneficios recibidos por los usuarios, las posibilidades económicas de éstos y razones de tipo extrafiscal, como se infiere de la tesis XLVII/91 publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo VIII, Primera Parte, página 5. El examen de ambas tesis no hace concluir que ha cambiado el criterio de este alto Tribunal, sino que ha sentado criterios distintos para derechos fiscales de naturaleza diferente, atendiendo al objeto real del servicio prestado por el ente público y que trasciende tanto al costo como a otros elementos. Ello, porque tratándose de derechos causados por el registro de documentos o actos similares, el objeto real del servicio se traduce, fundamentalmente, en la recepción de declaraciones y su inscripción en libros, exigiendo de la Administración un esfuerzo uniforme a través del cual puede satisfacer todas las necesidades que se presenten, sin aumento apreciable del costo del servicio, mientras que la prestación del servicio de agua potable requiere de una compleja conjunción de actos materiales de alto costo a fin de lograr la captación, conducción, saneamiento y distribución del agua que, además, no está ilimitadamente a disposición de la administración pública, pues el agotamiento de las fuentes, la alteración de las capas freáticas, los cambios climáticos y el gasto exagerado, abusivo o irresponsable por los usuarios, repercuten en la prestación del servicio porque ante la escasez del líquido, es necesario renovar los gastos para descubrir, captar y allegar más agua, todo lo cual justifica, cuando son razonables, cuotas diferentes y tarifas progresivas." El anterior precedente está íntimamente relacionado con la jurisprudencia P./J. 4/98, Registro 196936, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, Página 5, que dice: "DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE. PARA EXAMINAR SI CUMPLEN CON LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD, DEBE ATENDERSE AL OBJETO REAL DEL SERVICIO PRESTADO POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONSIDERANDO SU COSTO Y OTROS ELEMENTOS QUE INCIDEN EN SU CONTINUIDAD. La Suprema Corte ha sustentado en diversas tesis jurisprudenciales que las leyes que establecen contribuciones, en su especie derechos por servicios, fijando una tarifa o una cuota aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos ajenos al costo del servicio público prestado, violan los principios de proporcionalidad y equidad, ya que ello da lugar a que por un mismo servicio se contribuya en un monto diverso. Por otro lado, tratándose de los derechos por el servicio de agua potable, ha tomado en consideración, para juzgar sobre los citados principios constitucionales, no la simple correlación entre el costo del servicio y el monto de la cuota, sino también los beneficios recibidos por los usuarios, las posibilidades económicas de éstos y otras razones de tipo extrafiscal. Del examen de ambos criterios, se concluye que este Alto Tribunal ha sentado criterios distintos para derechos por servicios de naturaleza diversa, atendiendo al objeto real del servicio prestado por el ente público, que trasciende tanto a su costo como a otros elementos que inciden en la continuidad y permanencia de su prestación. Ello porque tratándose de derechos causados por servicios el objeto real de la actividad pública se traduce, generalmente, en la realización de actividades que exigen de la administración un esfuerzo uniforme, a través del cual puede satisfacer todas las necesidades que se presenten, sin un aumento apreciable del costo del servicio, mientras que la prestación del diverso de agua potable requiere de una compleja conjunción de actos materiales de alto costo a fin de lograr la captación, conducción, saneamiento y distribución del agua que, además, no está ilimitadamente a disposición de la administración pública, pues el agotamiento de las fuentes, la alteración de las capas freáticas, los cambios climáticos y el gasto exagerado, abusivo o irresponsable de los usuarios, repercuten en la prestación del servicio, porque ante la escasez del líquido, es necesario renovar los gastos para descubrir, captar y allegar más agua, todo lo cual justifica, cuando son razonables, cuotas diferentes y tarifas progresivas." Como puede observarse, en esos criterios se destaca que, tratándose del cobro de derechos fiscales, debe haber una correlación entre la prestación del servicio público y el monto de la cuota; y que tratándose de derechos por servicio de agua potable, para juzgar su proporcionalidad, no solamente se debe tomar en cuenta esa correlación, sino también otros elementos; concluyendo que tratándose del pago de derechos por la prestación del mencionado servicio se justifican, cuando son razonables, cuotas diferentes y tarifas progresivas. Ahora bien, el pago de derechos por la prestación del servicio de agua potable, en el que sí se debe considerar la conjunción de diversos actos materiales a fin de lograr la prestación de ese servicio, tales como el costo de la captación, conducción y distribución de agua, así como para lograr, como fin extrafiscal, que los consumidores eviten abusos en la utilización del líquido y su desperdicio, se encuentra previsto en el artículo 67 de la Ley Estatal del Agua del Estado de Morelos, que establece: " ARTÍCULO 67.- Están obligados a contratar los servicios de agua potable alcantarillado y el de tratamiento de aguas residuales así como la conexión a las respectivas redes, en los lugares en que existan dichos servicios: I.- Los propietarios o poseedores por cualquier título de predios edificados; II.- Los propietarios o poseedores por cualquier título de predios no edificados cuando frente a los mismos existan instalaciones adecuadas para que los servicios sean utilizados, y III.- Los propietarios o poseedores de giros mercantiles, industriales o de cualquier otra actividad que por su naturaleza estén obligados al uso de agua potable y saneamiento incluyendo el alcantarillado." Lo anterior pone en evidencia que el gobernado, está obligado a contratar los servicios de agua potable, así como la conexión a la red de agua potable, deberá cubrir el costo de la prestación de ese servicio; con independencia del derecho correspondientes al suministro de agua potable que comprenderá las erogaciones necesarias para adquirir, extraer, conducir y distribuir el líquido, así como su descarga a la red de drenaje, y las que se realicen para mantener y operar la infraestructura necesaria para ello, todo lo cual justifica, cuando son razonables, cuotas diferentes y tarifas progresivas para este último servicio. Sin embargo, a diferencia de los derechos por la sola autorización para conexión al uso de las redes de agua potable, previstos en el controvertido artículo 98 fracción I, inciso c), de la Ley Estatal del Agua Potable del Estado de Morelos, respecto del cual no es indispensable algún despliegue técnico para verificar si procede o no otorgar dicha conexión, ya que para hacerlo la administración no debe realizar actos materiales para determinar la forma en que se prestará el servicio, toda vez que el objeto real de éste se traduce, fundamentalmente, en la recepción de la solicitud, el análisis de la documentación presentada por el solicitante y el trámite de la autorización y conexión a la red hídrica. En esas condiciones el hecho de que se trate de un inmueble, rural, popular, habitacional, residencial comercial o industrial, donde se realizará la conexión del inmueble a la red de agua potable, no justifica el trato diverso que da el mencionado precepto a quienes solicitan esa autorización, pues tales elementos no atienden al objeto real del servicio prestado por el ente público. En esa tesitura, si tratándose del cobro de cuotas por derechos derivados de la autorización para usar las redes de agua potable, no se requiere un despliegue técnico para verificar su procedencia, es de concluirse que el artículo 98 fracción I inciso c), de la Ley Estatal del Agua Potable del Estado de Morelos, infringe los principios de proporcionalidad y equidad previstos en la fracción IV del artículo 31, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues al servicio que recibe el particular por parte del Estado introduce un elemento ajeno como lo es el uso que se le dará al inmueble a conectar a la red hidráulica (rural, popular, habitacional, residencial, comercial e industrial), sin tomar en cuenta, como debería, el costo que representa la prestación de ese servicio; lo que origina que por un mismo servicio se paguen cuotas diversas. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 46/2000, de Registro 191797, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Mayo de 2000, Página 198, de rubro y texto: "REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE. EL ARTÍCULO 204-B, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE ESTABLECE LAS CUOTAS RELATIVAS A LA AUTORIZACIÓN PARA USARLAS, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1999). En relación a las contribuciones conocidas como derechos cuando son causados como contraprestación de un servicio público, la Suprema Corte de Justicia ha determinado que para juzgar sobre su proporcionalidad y equidad debe atenderse, fundamentalmente, al objeto real del servicio prestado, a fin de poder apreciar la razonable correlación que debe haber entre la prestación del servicio y el monto de la cuota. El artículo 204-B, fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal, establece diferentes cuotas para el pago de derechos por la autorización para usar las redes de agua potable y drenaje, tomando en cuenta el fin al que se va a destinar el inmueble y los metros cuadrados de construcción. Luego, tomando en cuenta que el objeto del servicio prestado se traduce fundamentalmente en la recepción de la solicitud y el trámite de la autorización correspondiente, se concluye que el mencionado artículo es contrario a los principios de proporcionalidad y equidad previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pues el fin a que se destinará el inmueble y los metros cuadrados de construcción, son elementos ajenos a la prestación del servicio, que originan el pago de cuotas distintas." Así como la jurisprudencia 2a./J. 45/2000, Registro: 191798, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Mayo de 2000, Página 225, que dice: "REDES DE AGUA Y DRENAJE. EL ARTÍCULO 204-B, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS CUOTAS DE DERECHOS POR AUTORIZACIÓN PARA USARLAS RESPECTO DE NUEVOS FRACCIONAMIENTOS O CONJUNTOS HABITACIONALES, COMERCIALES, INDUSTRIALES O DE SERVICIOS Y DEMÁS EDIFICACIONES DE CUALQUIER TIPO, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE 1999). El artículo 204-B, fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal, que establece las cuotas correspondientes a los derechos por la autorización para usar las redes de agua y drenaje para nuevos fraccionamientos o conjuntos habitacionales, comerciales, industriales o de servicios y demás edificaciones de cualquier tipo, viola los principios de proporcionalidad y equidad tributarias al consignar diferentes cuotas dependiendo de que el inmueble se destine a uso habitacional o a usos diversos a éste, así como a los metros cuadrados de construcción y a que se tengan o no zonas para estacionamiento de vehículos y la superficie de éstas, pues tales criterios diferenciales de las cuotas a cubrir no guardan una relación con el costo del servicio prestado por la administración pública consistente en la autorización del uso de las redes de agua y drenaje, sino que son elementos ajenos a él, lo que determina también que se dé un trato desigual a sujetos iguales, al cobrarse diferentes cuotas a quienes reciben la autorización correspondiente en condiciones análogas." La aplicación de los criterios transcritos al caso concreto deriva de que ambos se refieren a la autorización para usar las redes de agua potable y drenaje, prevista en el artículo 204-B del Código Financiero del Distrito Federal vigente a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y nueve, la cual se declaró contraria a los principios de equidad y proporcionalidad tributaria por tomar en cuenta el fin al que se va a destinar el inmueble. Situación similar a la que prevé el ordenamiento legal que se analiza. En tales condiciones, es de concluirse que el artículo 98 fracción I inciso c), de la Ley Estatal del Agua Potable, del Estado de Morelos, al establecer cuotas diversas para la autorización para usar las redes de agua potable, tomando en cuenta elementos ajenos al servicio, como son el uso del inmueble a conectar a la red de agua potable, (rural, popular, habitacional, residencial, comercial e industrial), infringe las garantías de proporcionalidad y equidad tributaria, previstas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución. Lo anteriormente considerado sustenta la jurisprudencia 2a./J. 192/2004, Registro 180011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, Página 385, que versa: "AGUA Y DRENAJE. EL ARTÍCULO 204-B DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE LOS DERECHOS POR LA AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE SUS REDES, O BIEN PARA MODIFICAR LAS CONDICIONES DE ÉSTAS, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2003). La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en términos del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para juzgar sobre la proporcionalidad y equidad de los derechos por servicios, debe atenderse al objeto real del servicio prestado por la administración pública, el cual trasciende tanto a los costos como a otros elementos. En ese sentido, el artículo 204-B del Código Financiero del Distrito Federal, vigente en 2003, al establecer que para fijar las cuotas por la autorización para usar las redes de agua y drenaje o modificar las condiciones de uso, debe considerarse el destino del inmueble por construir (habitacional, no habitacional o bodegas), los metros cuadrados de construcción y si tienen o no zonas de estacionamiento, transgrede los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el referido precepto constitucional, toda vez que por un mismo servicio otorgado en condiciones análogas se pagan cuotas diversas y se desatiende el objeto real del servicio prestado, que se traduce, fundamentalmente, en la recepción de la solicitud, el análisis de la documentación presentada por el solicitante y el trámite de la autorización; sin que resulte indispensable algún despliegue técnico para verificar si procede o no otorgar dicha autorización, pues la administración no debe realizar actos materiales para determinar la forma en que prestará el servicio." En consecuencia, atendiendo a lo antes resuelto en donde que se declaró la inconstitucionalidad del precepto en el que se fundó el acto de aplicación en el juicio, es inconcuso que se actualiza también la inconstitucionalidad del acto de aplicación reclamado por la parte quejosa, consistente en el cobro por el derecho de conexión de agua potable. En términos de las consideraciones expuestas, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicita la parte quejosa en contra de los actos legislativos reclamados al Congreso y Gobernador del Estado de Morelos, origen del artículo 98 fracción I, inciso c), de la Ley Estatal del Agua del Estado de Morelos. SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo y dadas las razones que se han dejado precisadas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder a Arturo Manzo Beltrán, la protección de la Justicia Federal solicitada, para los efectos siguientes: 1. Que no se aplique ni en lo presente ni en lo futuro, el cobro por derecho de conexión a la red de agua potable prevista en el artículo 98 fracción I, inciso c), esto es, para que no se le aplique la norma declarada inconstitucional durante el lapso de su vigencia, exclusivamente en relación con el referido municipio. Resulta aplicable la tesis 2a. CXI/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 603, Tomo XXI, enero de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 179635, cuyo rubro y texto son: "CONSTITUCIONALIDAD FORMAL. EL AMPARO CONCEDIDO POR ESTE ASPECTO TIENE EFECTOS LIMITADOS HACIA LOS ARTÍCULOS APLICADOS EN PERJUICIO DEL QUEJOSO, SIN ABARCAR A TODA LA LEY. La individualización de un precepto legal en perjuicio del gobernado le permite combatir todos aquellos relacionados en cuanto a su sentido, alcance o aplicación, así como los vicios en el proceso legislativo que culminó con la expedición del ordenamiento en el que tales normas están contenidas. En consecuencia, si se estima que el proceso legislativo es contrario a la Constitución Federal, y que por este motivo debe concederse el amparo, éste no puede abarcar a toda la ley en la que están inmersos los preceptos reclamados por virtud de un acto concreto de aplicación, sino sólo a estos últimos de acuerdo con las reglas del amparo contra leyes, pues de lo contrario se desincorporarían de la aplicación artículos que no han sido aplicados en perjuicio del gobernado, ni reclamados en la demanda de garantías, por lo que dicha concesión debe tener efectos limitados hacia los preceptos impugnados individual o conjuntamente, sin abarcar a todo el ordenamiento legal." 2. Como consecuencia de lo anterior, deberá reintegrar a Arturo Manzo Beltrán, la cantidad que acredite el pagó por el derecho de conexión de agua potable, contemplada en el recibo oficial 1553822 o 0000202686, contrato 20268, (foja 14 de autos), y que hubiese ingresado a las arcas de la responsable Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, Morelos; lo cual será materia de prueba en el periodo de ejecución de la ejecutoria concesoria de amparo. En sustento a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, se cita la jurisprudencia 2a./J. 188/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 470, Tomo XXI, enero de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 179675, del tenor siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS. Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido." 3. Resulta necesario establecer que el cumplimiento de la resolución no implica anular las normas inconstitucionales, atento al principio de relatividad de las sentencias de amparo; por tanto, las autoridades Congreso y Gobernador del Estado de Morelos, quedan exentos de cumplimiento alguno de este fallo; esto es así, porque la protección constitucional solo abarca los actos de aplicación dirigidos a la parte quejosa y que, en concreto, corresponden al Director del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, Morelos; en consecuencia, tan pronto como cause ejecutoria la resolución, deberá requerirse a dicha autoridad, reintegre a la parte quejosa la cantidad que por concepto de derecho de conexión a la red de agua potable, que erogó, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Amparo. Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 57/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 144, Tomo XXV, mayo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 172605, que dispone: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." Sin que lo anterior implique que la parte quejosa deje de cubrir el derecho por suministro de agua potable al inmueble de mérito. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo en términos del considerando tercero y quinto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a al quejoso Arturo Manzo Beltrán, contra los actos que reclamó del Congreso y Gobernador del Estado de Morelos, consistentes en el proceso legislativo de la Ley Estatal del Agua del Estado de Morelos, en concreto, el artículo 98 fracción I, inciso c), con motivo del cobro de derecho de Conexión a la red de agua potable por el Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, Morelos, en los términos y para los efectos precisados en la última parte considerativa de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

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