Luis Ángel Romero Rojas

Expediente 643/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
643/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
21/06/2021

Partes del expediente

  • Luis Ángel Romero Rojas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual, la Presidenta del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, acusa de recibo del oficio mediante el cual este órgano jurisdiccional hizo del conocimiento del proveído de ocho de junio de dos mil veintiuno, en el que en esencia, se ordenó el archivo del juicio de amparo en que se actúa; asimismo, solicita se le informe el contenido de la determinación de doce de abril del año dos mil veintiuno, así como la devolución de las constancias que remitió como complemento del informe justificado rendido por esa autoridad. Atento a lo anterior, infórmese a la autoridad responsable que en el presente asunto no hay determinación dictada el doce de abril del año en curso, no obstante, infórmese que mediante proveído de quince de abril de dos mil veintiuno, en esencia, se concluyó que se dio cumplimiento al fallo protector por parte de esa autoridad responsable, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se restituyó al quejoso Luis Ángel Romero Rojas en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituyó el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar cabalmente los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado, se declaró cumplida la sentencia. Ahora bien, respecto a la devolución de las constancias a que hace referencia la autoridad oficiante, mediante misiva que se gire para tal efecto, remitanse constancias, como se ordenó mediante auto de ocho de junio del presente año.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, ocho de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que el quejoso Luis Ángel Romero Rojas, no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de doce de abril de dos mil veintiuno, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de depuración, en términos del artículo 18 de dicho Acuerdo, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo en comentario, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y, dentro de los noventa días siguientes se depurará el expediente y terminado dicho proceso se solicitará u transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, que el cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), toda vez que por una parte, se concedió la suspensión definitiva. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo en comentario, el original del incidente permanecerá en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y, dentro de los noventa días siguientes se depurarán y terminado dicho proceso se solicitará su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se hace la indicación que, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Por tanto, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos seis meses de haberse dictado el presente acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión será destruido, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, devuélvase al Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, las constancias que adjuntó a su informe justificado. Por otra parte, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, quince de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, de lo que se aprecia que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable, por analogía, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: "La resolución de veintisiete de agosto de dos mil veinte, emitida en los tocas penales 155/2020 y 156/2020 (ambos acumulados en una sola resolución), emitida por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, integrado colegiadamente por los Magistrados Presidente Tomás Santana Malvaez, Magistrada Lucía Núñez Aguilar y Magistrado Armando Muñoz Jaimes, en la que confirman el auto de vinculación a proceso, e imposición de medida cautelar, dictados en fechas veintidós y veintisiete de febrero del año dos mil veinte, por el Juez de Control de Lerma de Villada, Estado de México." Previa substanciación del juicio de amparo, el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, se emitió la sentencia correspondiente, en la que por una parte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso para los siguientes efectos: "a) Deje insubsistente la resolución reclamada. b) Señale día y hora para la celebración de la audiencia oral y, en su caso, la desahogue con la presencia de las partes; y c) Con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda, explicando de manera oral el sentido de la determinación adoptada, además de que posteriormente podrá emitir la versión escrita de la misma, en términos de lo establecido en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales." El dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Posteriormente, mediante auto de veinticuatro de marzo del año en curso, se tuvieron por recibidos los oficios 3011600P00/787/2021 y 3011600P00/815/2021, remitidos por la Magistrada Presidenta del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, a través de los cuales, con el primero, informó el proveído de diecinueve de marzo del año en curso, por el cual, en inicial acatamiento a la ejecutoria de amparo dejó insubsistente la resolución de veintisiete de agosto de dos mil veinte, dictada en el toca de apelación 155/2020 y su acumulado 156/2020, de su estadística, y turnó los autos a la ponencia correspondiente para la elaboración del proyecto de resolución; asimismo, que señaló las doce horas del veintidós de marzo del año en curso, para emitir en presencia de las partes el pronunciamiento de la nueva resolución. Mientras que con el segundo comunicado, remitió copias certificadas de la resolución emitida el veintidós de marzo pasado, así como de la videograbación que contiene la audiencia de la misma fecha. Constancias que por ser documentos públicos tiene valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la directriz de la concesión del amparo, es decir, dejó insubsistente la resolución reclamada, señaló día y hora para la celebración de la audiencia oral y con plenitud de jurisdicción, resolvió lo que en derecho correspondía, explicando de manera oral a las partes el sentido de la determinación adoptada, además de que posteriormente emitió la versión escrita de la misma, en términos de lo establecido en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar cabalmente los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Previas anotaciones en el libro de gobierno, hágase del conocimiento de la quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, AUTO QUE EN ESENCIA REFIERE: Toluca, Estado de México, quince de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, de lo que se aprecia que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable, por analogía, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: "La resolución de veintisiete de agosto de dos mil veinte, emitida en los tocas penales 155/2020 y 156/2020 (ambos acumulados en una sola resolución), emitida por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, integrado colegiadamente por los Magistrados Presidente Tomás Santana Malvaez, Magistrada Lucía Núñez Aguilar y Magistrado Armando Muñoz Jaimes, en la que confirman el auto de vinculación a proceso, e imposición de medida cautelar, dictados en fechas veintidós y veintisiete de febrero del año dos mil veinte, por el Juez de Control de Lerma de Villada, Estado de México." Previa substanciación del juicio de amparo, el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, se emitió la sentencia correspondiente, en la que por una parte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso para los siguientes efectos: "a) Deje insubsistente la resolución reclamada. b) Señale día y hora para la celebración de la audiencia oral y, en su caso, la desahogue con la presencia de las partes; y c) Con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda, explicando de manera oral el sentido de la determinación adoptada, además de que posteriormente podrá emitir la versión escrita de la misma, en términos de lo establecido en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales." El dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Posteriormente, mediante auto de veinticuatro de marzo del año en curso, se tuvieron por recibidos los oficios 3011600P00/787/2021 y 3011600P00/815/2021, remitidos por la Magistrada Presidenta del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, a través de los cuales, con el primero, informó el proveído de diecinueve de marzo del año en curso, por el cual, en inicial acatamiento a la ejecutoria de amparo dejó insubsistente la resolución de veintisiete de agosto de dos mil veinte, dictada en el toca de apelación 155/2020 y su acumulado 156/2020, de su estadística, y turnó los autos a la ponencia correspondiente para la elaboración del proyecto de resolución; asimismo, que señaló las doce horas del veintidós de marzo del año en curso, para emitir en presencia de las partes el pronunciamiento de la nueva resolución. Mientras que con el segundo comunicado, remitió copias certificadas de la resolución emitida el veintidós de marzo pasado, así como de la videograbación que contiene la audiencia de la misma fecha. Constancias que por ser documentos públicos tiene valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la directriz de la concesión del amparo, es decir, dejó insubsistente la resolución reclamada, señaló día y hora para la celebración de la audiencia oral y con plenitud de jurisdicción, resolvió lo que en derecho correspondía, explicando de manera oral a las partes el sentido de la determinación adoptada, además de que posteriormente emitió la versión escrita de la misma, en términos de lo establecido en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar cabalmente los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Previas anotaciones en el libro de gobierno, hágase del conocimiento de la quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.

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