Luis Ángel Romero Rojas
Expediente 1075/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1075/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/08/2023
Partes del expediente
- Luis Ángel Romero Rojas
Actuaciones
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, uno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de veinte de junio de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que el citado proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto: De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes en el archivo de trámite. En términos del artículo 14, fracción III, y 20, fracción IV del referido acuerdo el cuaderno principal es destruible, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que, de conformidad con el primer párrafo, del artículo 20, del Acuerdo en comento, el presente expediente será destruido una vez que cumpla tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Además, de conformidad, con el artículo 34 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, veinte de julio de dos mil veintitrés. Vista la comparecencia de diecinueve de julio del año en curso, de la que se advierte que el quejoso ** compareció ante este órgano jurisdiccional a fin de ratificar el contenido y firma de su escrito presentado el catorce de julio de dos mil veintitrés, registrado en el libro de correspondencia interna bajo el número de folio 11153, mediante el cual, desahogó la prevención que le fue realizada en acuerdo de diecisiete de julio de los actuales. Atento a lo anterior, se tiene por cumplida la prevención de referencia, y se deja sin efectos el apercibimiento inserto el diecisiete de julio del año en curso. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado: El auto de cinco de julio de dos mil veintitrés, dictado en la carpeta administrativa 25/2020, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México. Ahora bien, respecto de dicho acto, este juzgador advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." De la fracción IX, del artículo 61 trascrito, establece que el juicio de amparo es improcedente tratándose de resoluciones emitidas, ya sea durante el trámite de los juicios de amparo o bien, en ejecución de las mismas. Esta causal se encuentra dirigida a evitar que se tramiten juicios de amparo respecto a otros juicios de la misma naturaleza, generando inseguridad jurídica a través de procedimientos interminables. De esta forma, la improcedencia deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Cabe decir que al margen de determinar sobre el correcto cumplimiento dado a una ejecutoria de amparo anterior, es evidente que ello no puede ser materia de un nuevo juicio de garantías, al advertirse que los argumentos contenidos en los conceptos de violación y, en general, las consideraciones del fallo reclamado inciden nuevamente en los mismos aspectos específicos y precisos por los que se otorgó el amparo en el juicio previamente resuelto. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1ª./J. 57/2018, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, página 829, Materias Constitucional y Común, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración". Por lo que, si el acto que aquí se reclama lo es el auto de cinco de julio de dos mil veintitrés, dictado en la carpeta administrativa 25/2020, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México, donde el juez responsable da cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de Alzada en los autos del toca 88/2021, es decir, ordena la reposición del procedimiento a fin de que subsista la medida cautelar de prisión preventiva justificada, en contra del ahora quejoso; y resulta un hecho notorio para este juzgador que en el diverso juicio de amparo 1768/2022-III del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por Luis Ángel Romero Salas, contra la resolución dictada el once de noviembre de dos mil veintidós, en el toca 88/2021 de su índice, en la que en esencia se dejó sin efectos la resolución que modificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada dictada a favor del quejoso, y en su lugar ordenó reponer el procedimiento con la finalidad de que prevaleciera la prisión preventiva justificada contra la prisión preventiva, se sobreseyó el treinta y uno de marzo del año en curso, al estimarse actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, y el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (estos últimos interpretados a contrario sensu), sobreseimiento que se hizo extensivo a la autoridad ejecutora Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México -autoridad aquí responsable-; contra la cual, interpuso recurso de revisión de la cual, le correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, quien lo radicó con el número 122/2023, el cual, desechó por extemporáneo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, que aprobó la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 285, del Tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de 2007, Novena Época, con número de registro 172215, que establece: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Por tanto, resulta inconcuso que, el acto que ahora se reclama consistente en el auto de cinco de julio de dos mil veintitrés, dictado en los autos de la carpeta administrativa 25/2022 por el Juzgado de Control de Lerma de Villada Estado de México, en el que, se determinó que debido a que en el juicio de amparo 1768/2022, se declaró que había causado ejecutoria la sentencia de treinta y uno de marzo del año en curso, en consecuencia, en cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal de Alzada, ordenó la reposición del procedimiento a fin de que subsistiera la medida cautelar personal de prisión preventiva justificada que le fuera impuesta al imputado Luis Ángel Romero Rojas -ahora quejoso-, deriva de otro que, ya fue materia de estudio en el diverso juicio de amparo 1768/2022 del índice de este órgano jurisdiccional, pues el sobreseimiento decretado en dicho juicio se hizo extensivo a los actos de ejecución, esto es a la autoridad que aquí se reclama. Apoya lo anterior, la tesis 2ª.XLIX/2017, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo II, página 1391, Materias Constitucional y Común, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ LA CAUSAL RELATIVA, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO A UN RECURSO EFICAZ. El artículo citado, al señalar que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, no viola ese derecho humano reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni el 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque en las resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, es decir, aquellas en las que les da lineamientos para cumplir con el fallo protector, no tienen libertad de decisión; de ahí que emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo o en ejecución de ésta, provoca que el nuevo amparo intentado resulte improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. Admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica, sin que lo anterior transgreda el derecho a contar con un recurso eficaz, ya que no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica, pues la autorización de combatir las consideraciones de la autoridad responsable que no emite en ejercicio de su libre arbitrio judicial sino del propio Tribunal Colegiado de Circuito que conoció previamente del juicio de amparo que se cumplimenta, resultaría en una cadena interminable de juicios de amparo. En consecuencia, por los motivos desarrollados en el cuerpo de la presente determinación procede desechar la demanda intentada por el quejoso Luis Ángel Romero Rojas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el comunicado de cuenta, (con anexos), mediante el cual, la actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia Naucalpan de Juárez, remite testimonio de la resolución de fecha veintinueve de junio de dos mil veintitrés, pronunciada por dicho órgano colegiado, dentro del recurso de revisión ********************de su índice, el cual se colige que la superioridad determinó: "PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida". "SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ******************** y Carlos Armando Malváez Marín en representación de su hija, de identidad reservada de iniciales ******************** respecto del acto reclamado consistente en la omisión de aplicar la vacuna en contra del virus SARS-CoV2 para la prevención de la COVID-19 a la infante quejosa, en los términos y para los efectos precisados en el último considerando del presente fallo. Atento a lo anterior, no se emite mayor pronunciamiento, dado que en proveído de trece de julio del año en curso, se recibió la ejecutoria de que se trata y se proveyó lo conducente. Asimismo, devuelve los autos originales que le fueron remitidos a efecto de resolver el medio de impugnación en comento; por tanto, acúsese recibo de estilo al Tribunal de Alzada y, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno.
- Principal
Toluca, Estado de México, doce de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de dos de junio de dos mil veintitrés, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos de los artículos 14, fracción II, y 17 del referido acuerdo el cuaderno principal es conservable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción III inciso a), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se otorgó la protección constitucional. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Asimismo, por lo que hace al presente cuaderno de conformidad con el artículo 17, párrafo primero del Acuerdo en comento, permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, se procederá a su transferencia. Finalmente, de conformidad, con el artículo 34 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de José Miguel Castillo Pérez, secretario con quien actúa. Doy fe.
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