Luis Ángel Rodríguez Cruz

Expediente 688/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
688/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
11/08/2023

Partes del expediente

  • Luis Ángel Rodríguez Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de agosto de dos mil veintitrés. Causa estado determinación. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo a la parte quejosa (única a quien pudiera afectar la determinación emitida), para hacer valer el recurso de revisión contra el acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; sin que lo hubiere hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2, de la ley de la materia, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dese cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo, relevancia documental y destino del expediente. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con el "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 20, fracción I, del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades correspondientes.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Informe justificado Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio signado por el Síndico Hacendario del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, mediante el cual, rinde el informe justificado solicitado en autos, por sí y en favor de las diversas autoridades responsables 1) Director de Seguridad Pública Municipal, 2) Director de Seguridad Pública y Vialidad y 3) Juez Calificador en turno, adscrito a la Policía Municipal, todas de ese Municipio. Prueba Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba documental en este juicio, la copia certificada que se anexa al ocurso de cuenta, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora bien, del estado de autos y de las constancias que obran en este juicio de amparo, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º, se aprecia en lo siguiente: Mediante demanda de amparo recibida a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el ocho de julio de dos mil veintitrés, Israel Contreras García solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal a favor del directo agraviado Luis Ángel Rodríguez Cruz, contra actos del Síndico Municipal del Municipio de Santa Lucía del Camino, Distrito del Centro, Oaxaca y otras autoridades, que hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO: De las autoridades señaladas como responsables ORDENADORA Y EJECUTORA, reclamo la ORDEN DE DETENCIÓN e INCOMUNICACIÓN EJECUTADA EN CONTRA DEL QUEJOSO, en los separos de la Policía Municipal del Municipio de la [sic] Santa Lucía del Camino. [.]" b) En acuerdo de ocho de julio del año en curso, en lo que interesa, se radicó la demanda con el número 688/2023 y se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados. c) En diligencia de notificación personal de esa misma fecha, el directo agraviado ratificó la demanda de amparo promovida a su favor, por lo que mediante acuerdo de diez de julio del año en curso, se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se citó a las partes a la audiencia constitucional. Ahora, analizadas las constancias de autos, se estima que en relación con el acto reclamado consistente en la detención del directo agraviado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". Causal de improcedencia que se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye los efectos del acto reclamado, de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En la especie, la parte quejosa, entre otro acto, reclama la orden de detención emitida en su contra y su ejecución. Sin embargo, de las constancias que anexó la autoridad oficiante, se advierte que el ocho de julio de esta anualidad, el Juez calificador Municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, encargado del primer turno, giró boleta de libertad al Comandante en turno de la Policía de ese Municipio, a fin de que se dejara en inmediata libertad al directo quejoso ***** derivado de la suspensión de plano decretada en este juicio de amparo. En este contexto, resulta evidente que los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo, han cesado, pues con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo motivo del juicio que nos ocupa, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; tomando en cuenta que el ocho de julio en curso, el quejoso fue puesto en libertad. Lo que resulta suficiente para concluir que el acto reclamado cesó en sus efectos, quedando restituido el agraviado en el goce de sus derechos, como si se hubiese concedido la protección constitucional. Sobre el tema se cita la tesis P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, registro digital: 197367, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Por otra parte, respecto del diverso acto reclamado, consistente en la incomunicación del quejoso, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 63 fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley; (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)". En ese sentido, respecto a la incomunicación que según el promovente de la instancia constitucional fue víctima el aquí quejoso desde el momento de su detención, es necesario precisar lo siguiente: La incomunicación se caracteriza por la prohibición absoluta, impuesta a una persona, para hablar o comunicarse con otra; pero, en el caso, de lo expuesto en la demanda de amparo, se advierte que el quejoso no estuvo incomunicado, ya que su privación de la libertad fue con motivo de la orden de arresto emitida en su contra por haber incurrido en falta administrativa consistente en "conducir en estado de ebriedad." Mientras que en la diligencia de ocho de julio en curso, la actuaria adscrita a este Juzgado hizo constar que se hizo presente en los separos de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, lugar en que se encontraba el quejoso, ante quien se comunicó e incluso ratificó la demanda que se promovió a su favor. Además, como ya quedó precisado anteriormente, de las constancias que obran en autos, permite apreciar que el ocho de julio de dos mil veintitrés, el Juez calificador Municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, encargado del primer turno, giró boleta de libertad al Comandante en turno de la Policía de ese Municipio, a fin de que se dejara en inmediata libertad al directo quejoso ****. De ahí que se advierta que la incomunicación del quejoso es inexistente. Se invocan en apoyo las tesis de rubros y textos siguientes: "INCOMUNICACION DEL REO. La incomunicación se caracteriza por la prohibición absoluta, impuesta a un detenido, para hablar o comunicarse con tercera persona". "INCOMUNICACION DEL REO. No obstante que los testigos hayan manifestado que no se les había permitido hablar con el reo, ello no demuestra en lo absoluto que éste estuviese incomunicado, pues no a todas las personas se permite la comunicación con los reos". En consecuencia, en términos de lo expuesto y dada la actualización de la causas de improcedencias invocadas, con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO FUERA DE AUDIENCIA. Ante el sobreseimiento decretado, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada en autos. Sin que el hecho de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo cause agravio a la parte quejosa o la prive de defensa, ya que, ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causa de improcedencia, con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Al caso, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, Materias(s): Común, con registro digital 184572, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Finalmente, notifíquese a las partes la presente determinación; háganse las anotaciones relativas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, mediante oficio a las autoridades responsables y por lista electrónica a la representación social.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio signado por el Síndico Hacendario del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca; con el cual rinde su informe relativo a la suspensión de plano decretada en este juicio y anexa las constancias correspondientes. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales en este juicio, las constancias que anexa dicha autoridad, las cuales se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. Con dicho informe y anexos, dese vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se agregan a los autos los oficios signados por el 1) Juez Calificador del Segundo Turno del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca y 2) Director de Seguridad Pública y Vialidad de Santa Lucía del Camino, Oaxaca (este último en su denominación correcta); con los cuales rinden su respectivo informe relativo a la suspensión de plano decretada en este juicio y anexan las constancias correspondientes. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales en este juicio, las constancias que anexan dichas autoridades, las cuales se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. Con dichos informes y anexos, dese vista a la parte quejosa para los efectos legales a que haya lugar. Denominación de autoridad Finalmente, en cuanto a la precisión relativa a la denominación que hace el Director de Seguridad Pública y Vialidad de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, instrúyase al Oficial Judicial "A" de la adscripción, para que asiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) la anotación correspondiente respecto de la denominación correcta de la autoridad responsable. Notifíquese por lista electrónica.

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