Luis Angel Garcia Altamirano
Expediente 699/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 21 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 699/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 16/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Luis Angel Garcia Altamirano
- Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Causa ejecutoria sentencia. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia engrosada el ocho de febrero de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó y negó el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos *** y *** (única parte a quien puede afectar dicha determinación, dado el sentido de la misma), sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2, de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, y con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, y dentro de los siguientes noventa días, procédase a su DEPURACIÓN, conforme el artículo 18 del referido acuerdo; y, en su oportunidad, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Firma y envío de oficios. Por otro lado, se faculta al actuario adscrito a este juzgado de control constitucional, a efecto de que firme los oficios que se emitan para notificar este acuerdo, los cuales deberá remitir en el plazo legal, a través de los medios autorizados (entrega en el domicilio respectivo, fax, correo electrónico, vía postal o mensajería acelerada), hecho lo cual deberá digitalizar y subir al expediente electrónico de forma inmediata el acuse de entrega, la guía de correo o mensajería acelerada y/o la razón respectiva en la cual deberá señalar nombre, fecha y cargo de la persona con quien confirma la recepción del oficio; o bien, señalar la imposibilidad que hubiera tenido para su entrega, lo cual deberá hacer del conocimiento de la secretaria encargada de la mesa. Devolución de discos. Finalmente, de autos se advierte que en resguardo de esta Secretaría obran dos discos, remitidos por el Juez de Control de San Pedro Pochutla, Oaxaca, como justificación a su informe; en consecuencia, toda vez que carece de objeto su permanencia en este Órgano Jurisdiccional, remítanse los mismos a la referida autoridad, sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo, toda vez que bastará para tal efecto el sello que en la constancia respectiva al efecto se estampe. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto ********************y su acumulado ********************, promovido por ******************** y********************; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta localidad, el veinticuatro de junio del año en curso y remitido el veinticinco siguiente, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, ********************y********************, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la orden de aprehensión, detención, presentación, y/o comparecencia dictada en su contra por las autoridades que señaló como ordenadoras, y el cumplimiento de dichas ordenes por parte de las autoridades ejecutoras (fojas 2 a 12 y 69 a 79 ). Narraron los antecedentes de los actos reclamados, invocaron como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresaron los conceptos de violación que estimaron pertinentes. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por autos de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se registraron las demandas de amparo en el libro de gobierno con los números ******************** y ******************** se admitieron a trámite las demandas de amparo, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento, se solicitó de las autoridades señaladas como responsables sus informes justificados, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En proveído de veinte de julio de dos mil veintiuno, se decretó de oficio, la acumulación del juicio ******************** al ********************, en razón, que se consideró existe identidad de actos reclamados y autoridades responsables (fojas 122 a 128). Realizado el trámite correspondiente, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previó diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 59/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el similar 3/2013, por tratarse de un asunto de naturaleza penal, y los actos reclamados tendrían ejecución en donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y apoyo en la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Se fijan de forma clara y precisa los actos reclamados, por lo que de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: De los jueces de Control de los Circuitos Judiciales de: Valles Centrales, sede Tanivet, Miahuatlan de Porfirio Díaz, y de San Pedro Pochutla; Agente del Ministerio Público adscrito al área de delitos de Alto Impacto de la Fiscalía de San Pedro Pochutla (autoridades ordenadoras): La orden de aprehensión, detención, presentación, y/o comparecencia dictada en su contra. Del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, Director Jurídico de la Policía Estatal y Agente Estatal de Investigaciones encargado del servicio en la Comandancia Pochutla, de la Fiscalía General del Estado (autoridades ejecutoras): La ejecución material de las mismas. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados, en los términos que enseguida se describen: Juez de Control del Circuito Judicial de: Valles Centrales, sede Tanivet. orden de aprehensión, detención, presentación, y/o comparecencia Niega (fojas 24 y 90) Juez de Control de Miahuatlan de Porfirio Díaz orden de aprehensión, detención, presentación, y/o comparecencia Niega (fojas 40 y 110) Agente del Ministerio Público adscrito al área de delitos de Alto Impacto de la Fiscalía de San Pedro Pochutla orden de aprehensión, detención, presentación, y/o comparecencia Niega (fojas ******************** y 100) Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones. Ejecución material Niega (fojas 29 y 96) Director Jurídico de la Policía Estatal Ejecución Material Niega (fojas 52 y 104) Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.). Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa en el juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, la parte promovente está obligada a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/********************8, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia de los actos anteriormente precisados, se sobresee en el juicio por lo que hace a dichas autoridades y actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de Jurisprudencia número 310, consultable en la página 209, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394266, de rubro y texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. También cobra vigencia en su aplicación al caso, la tesis aislada VI.2o.A.4K que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Materia Común, Novena Época del siguiente tenor: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Cuarto. Existencia del acto reclamado. La existencia de los actos reclamado al Juez de Control de Pochutla, Oaxaca y Agente Estatal de Investigaciones encargado del servicio en la Comandancia Pochutla, de la Fiscalía General del Estado, quedaron legalmente acreditadas a partir de sus respectivos informes justificados (fojas 35, 45, 102 y 115); lo que se corrobora con las constancias que adjuntó la autoridad judicial, en dos discos certificados en formato DVD, que contienen el registro de audio y video de la audiencia de solicitud de orden de aprehensión reclamada. Medio de prueba (DVD) que adquiere la naturaleza jurídica de documental pública y que adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 1******************** y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyos epígrafe y texto son: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Quinto. Procedencia. En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. Sexto. Estudio de fondo. Los quejosos ********************y********************, hacen valer como conceptos de violación en contra de la determinación reclamada lo siguiente: Vulneración al derecho fundamental de la igualdad previsto en el artículo primero de la Constitución Federal. Asimismo el numeral 14 de la Constitución Federal, porque aduce que pretenden privarlos de sus derechos, sin que antes se haya seguido un juicio ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Alegan que el acto reclamado es violatorio de la garantía de legalidad y seguridad jurídica a que alude el artículo 16 de la Constitución Federal, toda vez que carece de debida fundamentación y motivación. Argumentan que se vulnera el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el numeral 17 Constitucional, derivado que aducen que no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, por lo que los imposibilita a acceder a tribunales independientes e imparciales para atender sus pretensiones y defensas; agregan que no se les está administrando justicia sino por el contrario se les pretende desposeer de ella. Señalan que la resolución reclamada infringe el derecho fundamental de presunción de inocencia, porque la autoridad responsable no les dio la oportunidad de conocer las conductas u omisiones que se le imputan y ejercer el derecho de defensa, portando argumentos y medios de prueba tendentes a desvirtuar las imputaciones vertidas en su contra. La autoridad al emitir el acto reclamado les está dando un tratamiento de culpables, a pesar de tener formas de conducción del imputado al proceso, menos lesivos, contemplados en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, el precepto constitucional que regula el dictado de la orden de aprehensión es el artículo 16, primer párrafo; en tanto los numerales 141 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen los requisitos y procedimiento para la procedencia de la orden de aprehensión como forma de conducción del imputado al proceso. La interpretación de dichos preceptos se advierte que para emitir una orden de aprehensión con motivo de la comisión de un hecho que la ley señala como delito se deben cumplir con los requisitos siguientes: 1) Que sea dictada por autoridad judicial competente (juez de control). 2) Que se haya formulado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito sancionado con pena privativa de libertad. 3) Que el Ministerio Público anuncie datos que obran en la carpeta de investigación que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. 4) Que el agente del Ministerio Público advierta la necesidad de cautela o que el imputado se resista o evada la orden de comparecencia judicial. Al reproducir el disco compacto que obra en autos, remitido por la autoridad responsable como justificación de su informe, se apreció el video de la audiencia celebrada el veintidós de junio de dos mil veintiuno, relativa a la petición del Ministerio Público para el libramiento de la orden de aprehensión en la causa penal ********************, en relación con lo cual se advierte que el juez responsable cumplió con los requisitos anteriores por lo que se ajustó a las exigencias constitucionales de fundamentación y motivación. Debe estimarse cumplido el requisito precisado con el número 1 porque el Juez de Control de Pochutla, Oaxaca, es competente para conocer de la solicitud de orden de aprehensión en razón de territorio, materia y fuero, así como de grado. Además, se considera cumplido el requisito señalado con el número 2 porque existe un informe policial homologado suscrito por policías estatales ********************, ********************, ********************, ********************, e inspección ocular realizada por el Agente Estatal de Investigaciones, de nombre ********************, ambos de diecinueve de junio de dos mil veintiuno, de los que se advierte como tuvieron conocimiento de los hechos probablemente delictuosos. Por otra parte, el requisito indicado en el punto 3 se cumple, esto es, que el Ministerio Público anuncie datos que obran en la carpeta de investigación que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probable responsabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. En cuanto al cuarto requisito -consistente en que obren datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y, que exista la probabilidad de que los indiciados (imputados), lo cometieron o participaron en su comisión-, este juzgador advierte que la Juez responsable se basó en la referencia que hizo el Ministerio Público a los siguientes datos de prueba: Informe policial homologado suscrito por los policías estatales ********************, ********************, ********************, ********************, de fecha diecinueve de junio de dos mil veintiuno. Diligencia de inspección ocular de diecinueve de junio de junio de dos mil veintiuno, realizada por el Agente Estatal de Investigaciones de nombre ********************, en el lugar ubicado en carretera federal 200, crucero de escobilla, Santa María Tonameca, San Pedro Pochutla, Oaxaca; y en el que describe lo que observó cuando arribó al lugar donde acontecieron los hechos Declaración de ******************** (víctima lesionada) de diecinueve de junio de dos mil veintiuno. Dictamen suscrito por el Doctor ********************, con cédula profesional ********************, de veinte de junio de dos mil veintiuno, en el que certificó las lesiones de ********************, en la superficie de la región lumbar derecha aparece un orificio de entrada por disparo de arma de fuego, a nivel de la línea axilar media, aparece otra herida que corresponde al orificio de salida; dichas lesiones afectaron a tejidos blandos, no ponen en peligro la vida, tardan en sanar menos de quince días, y no dejan ninguna secuela de tipo incapacitante o funcional. Diligencia de identificación de cadáver realizada por ********************, de diecinueve de junio de dos mil veintiuno. Dictamen de reconocimiento médico exterior y necropsia de ley, de diecinueve de junio de dos mil veintiuno, suscrito por el médico legista ********************, con cédula profesional ********************, en el que observo un orificio de entrada por disparo de arma de fuego en la región lumbar derecha, y en la región del abdomen, en cuadrante superior izquierdo, un orificio de salida; asimismo, determinó como la causa de muerte de ********************, una hemorragia interna masiva en la cavidad abdominal, por una laceración en la víscera abdominal causada por disparo de arma de fuego. Dictamen emitido por el perito ********************, con cédula profesional ********************, de veinte de junio de dos mil veintiuno, con motivo de la prueba de rodizonato de sodio en la región dorsal y palmar de ambas manos de las personas de nombre ********************,********************, ********************y ********************. Dictamen emitido por el perito ********************, con cédula profesional ********************, de veinte de junio de dos mil veintiuno, en el que asentó las conclusiones a las que arribó después de haber analizado los dos indicios (armas de fuego) puestos a disposición de la autoridad ministerial. El juez responsable señaló que con estos datos de prueba se podía establecer los siguientes hechos: El día diecinueve de junio de dos mil veintiuno, aproximadamente a las dos horas con treinta y cinco minutos, ******************** y ********************, se dirigieron hacía la población de la comunidad La Vainilla, Tonameca. Al llegar a la comunidad de La Vainilla, Tonameca, sobre la carretera federal 200, como referencia a un costado de la gasolinera, ya los esperaba ********************,********************, ******************** y********************, quienes iban a bordo de una camioneta de la marca Ford, tipo Pick-up, con placas de circulación ********************, del Estado de Oaxaca. Que una vez que ********************, platicó con las personas arriba mencionadas, se dirigieron hacia la carretera federal 200 con dirección hacia Puerto Escondido, Oaxaca. Que quien conducía la camioneta marca Ford, tipo Pick-up, con placas de circulación ********************, del Estado de Oaxaca, era********************, mientras que ******************** y ********************, viajaban a bordo de una camioneta Tacoma, color blanco, siendo conducida por ********************. Que sobre la misma carretera, al emparejarse los vehículos,********************, le preguntó a ********************, sobre un lugar donde vendieran refresco, éste a su vez le contestó, que existía un lugar aproximadamente a cinco minutos. Enseguida se trasladaron a un comedor que se ubica sobre carretera federal 200, como referencia en el crucero de escobilla, y carretera a Santo Domingo de Morelos, estacionando los imputados su vehículo a la altura de un poste, y la camioneta de las víctimas, con la frente hacia el camino que conduce a la escobilla. Aproximadamente a las tres horas con veinte minutos, una vez que terminaron de tomar unas cervezas, se despidieron, y enseguida ******************** y ********************, se dirigieron a su camioneta, momento en el cual, ******************** escuchó unos disparos, en el mismo momento en que sintió dolor a la altura de su espalda, cayó al piso, y al voltearse se percató que ********************, ya se encontraba tirado boca abajo, momento en el cual, se percató que la persona que seguía haciendo disparos era ********************. Enseguida se percató que los cuatro se subieron a la camioneta y se dirigieron sobre la carretera a Santo Domingo de Morelos, falleciendo en este lugar ********************, a consecuencia de las lesiones producidas; mientras que ********************, fue trasladado al hospital Ángel del Mar, en la población de Puerto Escondido, Oaxaca. Que siendo aproximadamente las catorce horas con quince minutos del diecinueve de junio de dos mil veintiuno, los policías estatales de nombre ********************, ********************, ********************, ********************, al estar realizado recorridos en la población de Piedras Negras, Santo Domingo de Morelos, una persona le refirió que una camioneta con placas de circulación ********************, del Estado de Oaxaca, viajaban unos sicarios que habían ejecutado a una persona en escobilla, que iban con rumbo a Santo Domingo. Enseguida los policías estatales se percataron que a quinientos metros aproximadamente de la comunidad de Piedras Negras, circulaba una camioneta de color gris, y al marcarles el alto, observaron que en el interior llevaban armas de fuego, donde viajaba como chofer ********************, como copiloto********************, y las personas que viajaban en la parte trasera lo eran ********************y ********************. Encontrando en el asiento trasero una arma de fuego tipo ******************** ********************, ******************** ********************, matrícula ********************, y arma de juego tipo ********************, marca ********************, ******************** 9 ********************, matrícula ********************, y en el asiento del copiloto cinco casquillos ******************** 20. Hechos de los cuales la juez de control señaló que se actualizaba el supuesto previsto en la ley como delito de homicidio calificado con ventaja y lesiones calificadas con ventaja, y que existía la probabilidad de que los aquí quejosos lo cometieron. Homicidio calificado con ventaja. Ahora bien, la descripción típica del delito de homicidio calificado con la agravante ventaja, previsto en el artículo 285 en relación con los numerales 299, ********************1 fracción IV y ********************2; y sancionado por el diverso 291, todos del Código Penal para el Estado de Oaxaca, es la siguiente: Código Penal para el Estrado de Oaxaca. 285.- Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. 299.- Se entiende que las lesiones y el homicidio, son calificados, cuando se cometen con premeditación, con ventaja, con alevosía o a traición. ********************1.- Se entiende que hay ventaja: IV.- Cuando éste se halle inerme o caído y aquél armado o de pie; ********************2.- Sólo será considerada la ventaja como colificativa (sic) de los delitos de que hablan los capítulos anteriores de este título, cuando sea tal que el delincuente no corra riesgo alguno de ser muerto ni herido por el ofendido y aquél no obre en legítima defensa. 291.- A los autores de un homicidio calificado se les aplicará la pena de treinta a cuarenta años de prisión. Se impondrán de 70 a 105 años de prisión, cuando el sujeto pasivo haya sido servidor público integrante de las corporaciones de seguridad pública o de las instituciones de procuración o impartición de justicia, dentro de los cinco años anteriores a la fecha de la comisión del delito y éste se haya cometido con motivo de sus funciones. Cuando el sujeto pasivo fuera prestador del servicio público de transporte en cualquiera de sus modalidades y el homicida utilice los instrumentos de trabajo, medios o circunstancias propias de la prestación del servicio para cometer el delito, se impondrá de 40 a 50 años de prisión y cuando este sea el sujeto activo la pena se aumentara un tercio de la pena mínima. Artículos de los se desprende que para la acreditación probable del hecho que nos está ocupando se requiere: 1.- Que una persona prive de la vida a otra; 2.- Que esa privación de la vida se realice con ventaja, en virtud de que el sujeto pasivo se halle inerme o caído y el activo armado o de pie. En el caso en estudio y como acertadamente señala el juez responsable, el diecinueve de junio de dos mil veintiuno, aproximadamente a las tres horas con veinte minutos, sobre carretera federal 200, como referencia en el crucero de escobilla y carretera a Santo Domingo de Morelos; después de haberse tomado unas cervezas, y mientras los sujetos pasivos se dirigían a su camioneta, cuatro sujetos les dispararon sobre sus cuerpos; causándoles alteraciones en su integridad física que a uno de ellos le provocó la muerte, por laceración en la víscera abdominal, con hemorragia interna masiva en la cavidad abdominal, causada por el disparo de arma de fuego; y al otro lesiones que afectaron a tejidos blandos. De ese modo trasgredieron el bien jurídico tutelado por la norma que es la vida humana. Por cuanto a la agravante, es claro que con dichos datos de prueba, se acredita no sólo que los sujetos activos llevaban armas sino que los pasivos estaban desprovistos de armas o medios para defenderse; sin que los agresores corrieran riesgo alguno de ser muertos o heridos ni obraron en legítima defensa. Ventaja que se advierte porque conforme al relato de ********************, las víctimas no tuvieron la oportunidad de defensa, dado que les dispararon por la espalda, mientras caminaban hacía su camioneta. Por lo cual, como bien lo refiere el juez responsable, los pasivos obraron con dolo, en tanto, que de los datos anunciados por la representación social, se advierte la intención de los sujetos activos de privar de la vida a la víctima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, fracción I, del Código Penal del Estado, pues tenían conocimiento del resultado de su conducta y quisieron su realización, sin que existiera alguna causa de justificación. Lesiones calificadas con la agravante de ventaja. Ahora bien, la descripción típica del delito de lesiones calificadas con la agravante ventaja, previsto en el artículo 271 en relación con los numerales 299, ********************1 fracción IV y ********************2; y sancionado por el diverso 272, primer párrafo, primera parte en relación con el numeral 280, todos del Código Penal para el Estado de Oaxaca, es la siguiente: Código Penal para el Estrado de Oaxaca. 271.- Bajo el nombre de lesiones se comprenden, no solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, si esos efectos son producidos por una causa externa. 299.- Se entiende que las lesiones y el homicidio, son calificados, cuando se cometen con premeditación, con ventaja, con alevosía o a traición. ********************1.- Se entiende que hay ventaja: IV.- Cuando éste se halle inerme o caído y aquél armado o de pie; ********************2.- Sólo será considerada la ventaja como colificativa (sic) de los delitos de que hablan los capítulos anteriores de este título, cuando sea tal que el delincuente no corra riesgo alguno de ser muerto ni herido por el ofendido y aquél no obre en legítima defensa. 272.- Al que infiera una lesión que no ponga en peligro la vida del ofendido y tarde en sanar quince días o menos se le impondrán de seis días a seis meses de prisión y además podrá imponerse multa de cincuenta a quinientos pesos según la gravedad del caso. Si el ofendido tardare en sanar más de quince días se impondrán de cuatro meses a tres años de prisión y multa de cien a mil pesos. Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella. 280.- Cuando concurra una sola de las circunstancias a que se refiere el artículo 299 se aumentará en un tercio la sanción que correspondería, si la lesión fuere simple; cuando concurren dos, se aumentará la sanción en una mitad y si concurren más de dos de las circunstancias dichas se aumentará la pena en dos terceras partes. Artículos de los se desprende que para la acreditación probable del hecho que nos está ocupando se requiere: 1.- Toda alteración en la salud y cualquier daño que deje huella material en el cuerpo humano; 2.- Una causa externa que los origine. 3.- Que la conducta se realice con ventaja, en virtud de que el sujeto pasivo se halle inerme o caído y el activo armado o de pie En el caso en análisis y como correctamente lo señala el juez responsable, el diecinueve de junio de dos mil veintiuno, aproximadamente a las tres horas con veinte minutos, sobre carretera federal 200, como referencia en el crucero de escobilla y carretera a Santo Domingo de Morelos; después de haberse tomado unas cervezas, y mientras los sujetos pasivos se dirigían a su camioneta, cuatro sujetos les dispararon sobre sus cuerpos; causándoles alteraciones en su integridad física (bien jurídico tutelado) que a uno de ellos le provocó la muerte, por laceración en la víscera abdominal, con hemorragia interna masiva en la cavidad abdominal, causada por el disparo de arma de fuego; y al otro lesiones en la región lumbar derecha (orificio de entrada) y a nivel de la línea axilar media, (orificio de salida), las cuales de acuerdo al certificado médico, afectaron a tejidos blandos, y se trataron de aquellas que no ponen en peligro la vida, tardan en sanar menos de quince días, y no dejan ninguna secuela de tipo incapacitante o funcional. Conducta que realizaron con la agravante de ventaja, porque de acuerdo con los datos de prueba que describió el Ministerio Público y específicamente lo declarado por ******************** (víctima), los sujetos activos llevaban armas y los pasivos estaban desprovistos de armas o medios para defenderse; asimismo, que de acuerdo a la mecánica de los hechos les dispararon por la espalda; sin que los agresores corrieran riesgo alguno de ser muertos o heridos ni obraron en legítima defensa. De ahí que, como correctamente lo señala el juez de control, la conducta de los quejosos fue dolosa, de conformidad con el precepto 8, fracción I del Código Penal del Estado, en virtud de que conociendo la ilicitud de su actuar, decidieron concretarla en los términos antes descritos; sin que sin que existiera alguna causa de justificación. Probable responsabilidad. De acuerdo a lo argumentado por el Juez de Control responsable, y con fundamento en lo establecido en el artículo 11, fracción III, del código sustantivo aplicable, la conducta desplegada por los ahora quejosos ********************y******************** la realizaron como cuautores materiales, pues llevaron a cabo la acción conjuntamente con otros dos sujetos. Lo anterior, porque de acuerdo con la mecánica de los hechos se advierte que, probablemente, existió un reparto de actividades y acuerdo previo a la comisión del ilícito, a fin de lograr su objetivo, que era privar de la vida a ********************, y lesionar a ********************. Esto es así, toda vez que de la información que obra en la carpeta de investigación, anunciada por el ministerio público, es probable que el diecinueve de junio de dos mil veintiuno, aproximadamente a las tres horas con veinte minutos, sobre carretera federal 200, como referencia en el crucero de escobilla y carretera a Santo Domingo de Morelos; después de haberse tomado unas cervezas, y mientras ******************** y ******************** se dirigían a su camioneta, ********************y******************** junto con otros dos sujetos más, les dispararon sobre sus cuerpos; causándoles alteraciones en su integridad física, que al primero de ellos le provocó la muerte, por laceración en la víscera abdominal, con hemorragia interna masiva en la cavidad abdominal, causada por el disparo de arma de fuego; y al segundo lesiones en la región lumbar derecha (orificio de entrada) y a nivel de la línea axilar media, (orificio de salida), las cuales de acuerdo al certificado médico, afectaron a tejidos blandos, y se trataron de aquellas que no ponen en peligro la vida, tardan en sanar menos de quince días, y no dejan ninguna secuela de tipo incapacitante o funcional. Bajo esa tesitura, y respecto a los conceptos de violación marcados con los incisos b) y d), no le asiste razón a los quejosos cuando alegan vulneración del numeral 14 de la Constitución Federal, porque aducen que pretenden privarlos de sus derechos, sin que antes se haya seguido un juicio ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Asimismo, respecto al argumento que se vulnera el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el numeral 17 Constitucional, derivado que mencionan que no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, por lo que los imposibilita a acceder a tribunales independientes e imparciales para atender sus pretensiones y defensas; agrega que no se le está administrando justicia sino por el contrario se le pretende desposeer de ella. Esto es así, porque la orden de aprehensión reclamada no viola el derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que para emitir este acto de autoridad, el numeral 16 del citado ordenamiento, no exige como requisito observar la garantía de audiencia de la persona en contra de quien se dicta. En razón de que la resolución reclamada es un acto de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, sólo restringe de manera provisional la libertad ambulatoria del imputado con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento; lo anterior, con la finalidad de que una vez realizada la imputación y dictado el auto de vinculación a proceso, se pase a una segunda etapa de investigación supervisada por la autoridad judicial. Para corroborar la conclusión, se remite al contenido de las tesis que se invocan a continuación: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional" "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. POR SÍ MISMA, CONSTITUYE UN ACTO MEDIANTE EL CUAL SÓLO SE RESTRINGE PROVISIONALMENTE LA LIBERTAD AMBULATORIA DEL IMPUTADO Y SU FINALIDAD ES PASAR A UNA SEGUNDA ETAPA DE INVESTIGACIÓN SUPERVISADA POR LA AUTORIDAD JUDICIAL, UNA VEZ REALIZADA LA IMPUTACIÓN Y DICTADO EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. La orden de aprehensión es una medida efímera, al cobrar vigencia únicamente desde el momento en el que se expide, se localiza a la persona contra la que se emitió y se pone a ésta a disposición del Juez que la dictó, para dar paso a la audiencia de formulación de la imputación, lo que debe realizarse inmediatamente, ya que una vez que aquélla es localizada, la autoridad encargada de su cumplimentación debe dejarla a disposición del órgano jurisdiccional en la sala de audiencias correspondiente, para continuar con el procedimiento relativo a la imputación, con el fin de que se dicte, en su caso, un auto de vinculación a proceso, el que constituirá una autorización posterior para continuar con la investigación de los hechos, de manera formalizada y judicializada, en la medida en que la privación de la libertad ambulatoria sólo ocurre en el tiempo en el que el indiciado es presentado a una audiencia, donde conforme al principio de presunción de inocencia, deberá comparecer libre en su persona; de ahí que la orden de aprehensión en el sistema procesal penal acusatorio y oral, por sí misma, constituye un acto mediante el cual sólo se restringe provisionalmente la libertad ambulatoria del imputado y su finalidad es la de pasar a una segunda etapa de investigación supervisada por la autoridad judicial, una vez realizada la imputación y dictado el auto de vinculación a proceso". "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES REQUISITO OBSERVAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; sin embargo, cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, al establecer el artículo 16 de la Constitución Federal, los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, no comprendió el relativo a que previamente se oiga al presunto indiciado, sino únicamente, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado". "ORDEN DE APREHENSION. NO ES REQUISITO PARA DICTARLA, OBSERVAR LA GARANTIA DE AUDIENCIA. De la interpretación sistemática del artículo 16 constitucional, se deduce que para dictar una orden de aprehensión es suficiente que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado; por tanto, la emisión de este acto de autoridad no exige como requisito observar la garantía de audiencia de la persona en contra de quien se dicta". En ese contexto, tampoco les asiste razón a los ahora quejosos en cuanto arguyen en el concepto de violación marcado con el inciso c), que el acto reclamado es violatorio de la garantía de legalidad y seguridad jurídica a que apunta el artículo 16 de la Constitución Federal, toda vez que carece de debida fundamentación y motivación. Ello, pues como lo señaló el juez de la causa, los datos de prueba presentados por la representación social son idóneos, pertinentes y suficientes para demostrar hasta este momento procesal, el hecho que la ley señala como delito (homicidio calificado con ventaja y lesiones calificadas con ventaja) y existe la probabilidad de que los quejosos participaron en su comisión. De ahí que la resolución reclamada, se estime ajustada a las exigencias de fundamentación y motivación necesarias para emitir el mandamiento de aprehensión, como medio de conducción al proceso, a fin de que pueda comunicársele al gobernado, en su oportunidad procesal, la imputación que le formule la representación social. Respecto a que los quejosos alegan violación al derecho de igualdad previsto en el artículo 1º de la Constitución Federal, y que la resolución reclamada infringe el derecho fundamental de presunción de inocencia, porque la autoridad responsable no les dio la oportunidad de conocer las conductas u omisiones que se le imputan y ejercer el derecho de defensa, portando argumentos y medios de prueba tendentes a desvirtuar las imputaciones vertidas en su contra. Ahora bien, la circunstancia de que los citados principios no sólo estén consagrados en la Constitución Federal, sino también en los tratados internacionales, como en el artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no significa que no pueda justificarse un mandamiento de captura emitido por un Juez de Control, o que todo acto de autoridad que afecte los intereses del imputado, como su libertad, trastoquen esos principios. Lo anterior, porque si de los datos de prueba reseñados por la fiscalía se desprenden la la existencia de hechos delictivos, así como la probable participación de los imputados, se obtiene que la afectación a su libertad, se justifica por haberse cumplido los requisitos legales exigidos por el caso y con base en la normatividad aplicable. Consecuentemente, en el caso en estudio, al haber el Juez de Control responsable observado los requisitos previstos en el artículo 16 de la Constitución Federal, así como en los numerales 141 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, resulta obvio que no se transgredieron los principios aludidos y consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales; de ahí que se estime que la afectación reclamada por los quejosos quedó enmarcada dentro de la legalidad, en aras del interés público que es inherente al proceso penal y, en general, a la persecución de los delitos. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia II.2o.P. J/20, del de rubro: "DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 28/2016 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA." Necesidad de cautela La orden de aprehensión, entre otros supuestos (citatorio y orden de comparecencia), constituye una de las formas de conducir al indiciado a la audiencia inicial para efectos de formular la imputación en su contra, esto es, hacerle de su conocimiento que se lleva una investigación en su contra por un hecho considerado por la ley como delito, y que existe la probabilidad de que lo cometió o participó en su comisión, siendo que la situación en la que permanecerá durante el procedimiento será definida al momento de solicitarse, en su caso, alguna medida cautelar. Así también, se tiene que la orden de aprehensión constituye una medida restrictiva de la libertad de toda persona, la que se reconoce y protege como el derecho humano de primer rango tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 1o., 14 y 16), como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 9) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7); de ahí que su tutela debe ser la más amplia posible, conforme a la fuente jurídica que mejor la garantice, y sólo puede limitarse bajo determinados supuestos de excepcionalidad, de no ser así, se estará ante una detención o privación de la libertad personal prohibida tanto a nivel nacional como internacional. Conforme a ello, la orden de aprehensión a que se refiere el artículo 141 fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye una medida excepcional para que el imputado sea conducido a la presencia del Juez de Control, sin previa cita, a fin de formular la imputación, por lo que, además de cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberá satisfacer la necesidad de cautela que exige tal fracción. En el caso, el agente del Ministerio Público, como medio de conducción del imputado para la formulación de la imputación, solicitó orden de aprehensión en contra de ********************,********************, ******************** y********************, la cual fue concedida por el juez responsable, porque consideró que dicho requisito se satisfacía porque de conformidad al artículo 19 de la Constitución Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen que para el caso de que una persona se llegue a vincular por un homicidio o lesiones calificadas con ventaja por el uso de armas de fuego (como en el caso) debe necesariamente imponerse como medida cautelar la prisión preventiva de manera oficiosa; lo cual consideró como un aliciente para que los imputados no comparezcan de manera voluntaria al proceso y por el contrario se sustraigan de la acción de la justicia. Agregó que de los hechos narrados se advierte que después de haber disparado con armas de fuego y privado de la vida a ******************** y lesionado a ********************, los ahora imputados se dieron a la fuga, lo que evidencia que no se someterán de manera voluntaria al proceso, porque saben que su actuar está prohibido por la ley; tal es así que para lograr su detención posterior, fue necesaria la intervención de la policía estatal. Esa conducta posterior al hecho ejecutado evidencia que los imputados pretendían sustraerse de la acción de la justicia, lo cual también harían para el caso de que fueran citados a una audiencia de formulación de la imputación, es decir, no comparecerían de manera voluntaria si no reiterarían su actuar que sería el intentar sustraerse de la acción justicia. También tomó en cuenta que el artículo 291 del Código relativo a la materia, prevé una pena de prisión como mínima de treinta años y una máxima de cuarenta años, y aun cuando se imponga la pena mínima, evidentemente se trata de una pena de prisión alta, lo cual estimó que es un aliciente para que los imputados no comparezcan de manera voluntaria. Que si bien se tiene que atender al principio de mínima intervención del Derecho Penal y a la presunción de inocencia de los imputados, estimó que es evidente que aún en esta etapa procesal, se debe considerar la punibilidad, ya que ello si genera un aliciente para que los imputados no comparezcan de manera voluntaria y prefieran sustraerse de la acción de la justicia. Además, dado los hechos que se le atribuyen a cada uno de los imputados, sobre todo el de homicidio calificado con ventaja, estimó que por dicho delito no podrían alcanzar un acuerdo reparatorio ni una suspensión condicional del proceso, entonces eso también le sirvió de base para poder establecer que pueden sustraerse de la acción de la justicia y no comparecer de manera voluntaria a dicho proceso. Por lo tanto, estimó que la única forma de hacerlos comparecer ante el citado órgano jurisdiccional para que se les formule la imputación respectiva, es atreves de la orden de aprehensión que se encuentra prevista en el artículo 141 fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tales consideraciones se estiman correctas, y contrario a lo que estima el quejoso en su concepto de violación marcado en el inciso f), dicha determinación no vulnera los derechos fundamentales del quejoso de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que la necesidad de la cautela está justificada. Lo anterior, toda vez que como lo argumentó el juez de control, en la especie existen datos objetivos para estimar que los inculpados no se presentarán voluntariamente en caso de ser citados y que, por ende, sus comparecencias pudieren verse demoradas o con dificultadas para ser conducidos ante la presencia del juez a fin de formularles imputación. De ahí que la necesidad de cautela, como presupuesto o requisito de procedencia para librar una orden de aprehensión, se estime acreditado. Resulta aplicable el criterio contenido en la tesis del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable a página 1943 del libro 46, septiembre de 2017, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del siguiente tenor: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. AUN CUANDO ÉSTA ES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL, EL JUEZ DE CONTROL PUEDE DECRETARLA CONFORME AL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES SIN NECESIDAD DE QUE EXISTA CITA PREVIA U ORDEN DE COMPARECENCIA POR MEDIO DE LA FUERZA PÚBLICA, SIEMPRE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO DEMUESTRE LA NECESIDAD DE CAUTELA. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: citatorio al imputado para la audiencia inicial (fracción I); orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna (fracción II); orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela (fracción III); de donde se colige que la orden de aprehensión, como forma de conducción del imputado al proceso, tiene un carácter excepcional, porque su procedencia sólo se actualiza una vez que el citatorio y la orden de comparecencia respectivas no hayan cumplido su objeto; sin embargo, el Juez de control puede ordenar la aprehensión del imputado, sin necesidad de que también exista cita previa u orden de comparecencia a través de la fuerza pública, siempre y cuando el Ministerio Público demuestre la necesidad de cautela, esto es, que existan circunstancias que evidencien la posibilidad de que se evada de la acción de la justicia." Asimismo, por las razones que la contienen, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, visible a página 2994 del libro 57, agosto de 2018, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA MOTIVACIÓN DE LA NECESIDAD DE CAUTELA PARA SU EMISIÓN, NO SE SATISFACE CON LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDEN CON UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. El artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la posibilidad de que el Juez de Control, a solicitud del Ministerio Público, emita una orden de aprehensión contra una persona, cuando exista necesidad de cautela; sin embargo, la motivación de esa necesidad de cautela no se satisface con la circunstancia de que los hechos del caso corresponden con un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, en términos del párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ello es un supuesto que será materia de una etapa posterior, una vez que se establezca la audiencia inicial y se vincule, en su caso, a proceso al imputado. De ahí que con independencia de que el delito amerite prisión preventiva oficiosa, ese requisito de necesidad de cautela debe justificarse de conformidad con el artículo 16, párrafos primero y tercero, de la Constitución Federal, por ser ésta una de las exigencias más importantes para preferir la orden de aprehensión, frente a otras formas de conducción del imputado al proceso." En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación planteados por los quejosos y al no existir motivo de suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procede negar la protección constitucional solicitada. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución que se atribuyen al Agente Estatal de Investigaciones encargado del servicio en la Comandancia Pochutla, de la Fiscalía General del Estado, en razón de que no se le reclamaron por vicios propios, sino como consecuencia del diverso pronunciado por el juez de control. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia VI.2o. J/338, visible en la página 69, volumen 83, Noviembre de 1994, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución". Séptimo. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil diecisiete. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio promovido por ********************y********************, respecto de las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************y********************, contra los actos del Juez de Control de Pochutla, Oaxaca, y Agente Estatal de Investigaciones encargado del servicio en la Comandancia Pochutla, de la Fiscalía General del Estado, en términos del considerando sexto de esta sentencia. Tercero. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con el contenido del oficio SEADS/1093/2021, suscrito por el encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, el Titular de este Juzgado será el Juez Víctor Manuel Jaimes Morelos, lo que se comunica para los efectos legales a que haya lugar. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, de los mismos se advierte que el veintisiete de octubre del año en curso, se agregó debidamente diligenciado el exhorto con número de orden 313/2021 (origen 113/2021), del índice de este juzgado, enviado en proveído de dieciséis de agosto del año en curso, con la finalidad de emplazar a la víctima indirecta de la persona que en vida respondió al nombre de ******y, a la víctima *****; y, a efecto que en su caso se apersone a este juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional y se fijan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del día dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, para su celebración vía remota. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes, que con fundamento en el artículo 27, fracciones II y III del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, podrán asistir virtualmente a la citada audiencia, en los mismos términos precisados en acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Por otra parte, se hace de su conocimiento que, en caso de estimar necesario presentar alegatos, se deberá hacer en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, atendiendo a la materia del juicio de amparo en que se provee. Notifíquese por lista electrónica.
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