LUIS ÁNGEL GARCÍA RODRÍGUEZ y Otros.

Expediente 161/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
161/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
07/06/2022

Partes del expediente

  • CÉSAR ARMANDO QUEZADA CORDOVA y Otros.
  • LUIS ÁNGEL GARCÍA RODRÍGUEZ y Otros.
  • Luis Ángel García Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, siete de junio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, se provee lo siguiente: CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación secretarial de cuenta y toda vez que no fue impugnada en legal término la sentencia dictada en el presente asunto que sobreseyó en el juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ORDEN DE ARCHIVO Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. En esa virtud, de conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal; debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que en el presente asunto no se tramitó incidente de suspensión. Notifíquese.

  2. Principal

    S E N T E N C I A VISTOS, para resolver el juicio de amparo número ********************, promovido por ********************, a nombre de ********************y********************, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número diecisiete "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo; y, RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante ocurso presentado el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, ********************, a nombre de ********************y********************, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto de la autoridad que hizo consistir en: "III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: En su carácter de Ejecutoras y ordenadoras: A). COMITÉ TÉCNICO DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 17, con domicilio en Morelia, Michoacán. b) DIRECTOR DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 17, con domicilio en Morelia, Michoacán. c) SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN, con domicilio en Morelia, Michoacán. d) COORDINADOR GENERAL DE CENTROS FEDERALES, QUE DEPENDE DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, con domicilio conocido en la Ciudad de México. e) COMISIONADO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL QUE DEPENDE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, con domicilio en la Ciudad de México. IV. ACTO RECLAMADO. La incomunicación y orden de traslado del quejoso de un centro penitenciario a otro, dictada por autoridad administrativa sin intervención de autoridad judicial. ADEMÁS SE RECLAMA LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE TRASLADO EN CUESTIÓN". El promovente expuso que se violaron los derechos humanos reconocidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO EN EL JUZGADO DECIMOPRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de mérito al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Chihuahua, Chihuahua, mismo que la registró con el número ********************, decretó la suspensión de plano, respecto de los actos reclamados consistentes en la incomunicación y la omisión de proporcionar alimentos de que pudieran estar siendo sujetos los quejosos ********************y ********************; y se declaró legalmente incompetente para conocer del libelo constitucional de mérito, al estimar que los actos reclamados tendrían ejecución en el lugar donde se encuentran internos los quejosos, por lo que ordenó remitirla a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgado de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad para su returno. TERCERO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO EN ESTE JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÀN DE OCAMPO. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de mérito a este órgano de control constitucional, por lo que en proveído de dieciocho de marzo del año en curso, se radicó con el número ********************, se ratificó la suspensión de plano decretada por el Juez declinante y se ordenó ratificar el escrito de demanda. En auto de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo única y exclusivamente, respecto del acto reclamado consistente en la posible orden de traslado y su ejecución, al estimarse actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del numeral 61 de la Ley de Amparo, esto es, que los quejosos previo a acudir al amparo, debieron de haber agotado el principio de definitividad e interponer el medio de defensa que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal contra el referido acto. En el mismo proveído, se admitió a trámite el libelo constitucional, únicamente por lo que ve a los actos reclamados al Director General y Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlan, Michoacán consistentes en: "La incomunicación y maltratos físicos de que son objeto; y, la omisión de proporcionarles alimentos", se solicitaron los informes de ley, se ordenó dar la vista correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que una vez realizados los trámites de ley, tuvo verificativo en esta misma data, al tenor del acta que antecede, por lo que se emite la siguientes sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclama un acto de autoridad, con ejecución dentro de la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/20001 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlan, Michoacán de Ocampo. Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlan, Michoacán de Ocampo. La incomunicación y maltratos físicos. La omisión de proporcionarles alimentos TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Respecto del acto reclamado consistente en la incomunicación y malos tratos físicos, el Encargado de la Dirección del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlan, Michoacán de Ocampo por sí y en representación del Comité Técnico de dicho centro, al rendir su informe de ley, niega categóricamente la existencia de los actos que se les reclaman. Ahora, la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, dispone expresamente que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado o no se probare su existencia en la audiencia constitucional. En el caso, como se ve la autoridad responsable negó categóricamente la existencia del acto que se les reclama, y para corroborar la inexistencia de los actos, exhibió diversas documentales consistentes en las papeletas de control de llamadas realizadas por los aquí quejosos, durante el año dos mil veintiuno y parte de dos mil veintidós. Documentales que adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Además, de que los quejosos, no aportaron medios de convicción alguno, a fin de comprobar la existencia de los referidos actos reclamados. Si bien, pudiera estimarse que correspondía a las autoridades responsables acreditar la inexistencia de los actos reclamados, del análisis de las constancias antes precisadas y las diversas que integran el presente juicio de amparo ********************, en forma alguna, se pone en evidencia aun de manera indiciaria, que los quejosos están siendo objeto de incomunicación y malos tratos, pues como se vio, sí han tenido comunicación con sus familiares. Incluso de la notificación realizada por la Actuaria Adscrita al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Apatzingán, al momento de requerirles si ratificaban o no su escrito de demanda, ésta en forma alguna, expresó que no se hubiera podido entrevistar con los quejosos, pues asentó haber realizado la notificación de manera personal con ellos, sin que los impetrantes del amparo, hayan controvertido de alguna manera tales constancias, con el propósito de obtener algún otro dato que resultara eficaz para justificar la existencia de los actos reclamados, ello con independencia de sus condiciones de internamiento. En esa tesitura, no hay indicio alguno, de que los quejosos estén siendo objeto de incomunicación y malos tratos por parte de las autoridades responsables, en consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio en términos del numeral 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Es aplicable, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6673, del Tomo LXXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 324127, que establece: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia Ley." Así como, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo.". Por ende, ante la inexistencia del acto reclamado a las citadas autoridades, se sobresee en el juicio, en términos de la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Respecto del acto reclamado consistente en la falta de alimentos, el Encargado de la Dirección del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlan, Michoacán de Ocampo por sí y en representación del Comité Técnico de dicho centro, al rendir su informe de ley, niega la existencia del acto que se le reclama, y agrega de manera general, que toda la alimentación que se proporciona en esa institución es nutritiva, suficiente, de calidad y balanceada; de ahí que, deban tenerse por cierto el acto reclamado. Lo anterior con apoyo en la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas 391, del Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 211004, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora con las constancias que integran el juicio de amparo número ********************; a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancia emitida por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia de los actos reclamados. Ilustra, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo, antes de proceder al estudio de los motivos de disenso que atañen el fondo del asunto, deben analizarse las causales de improcedencia cuya materialización aleguen las partes o se aprecian actualizadas oficiosamente, ya que ello implica una cuestión de orden público, tal y como se establece en el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son aplicables, las jurisprudencias, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." No obstante la existencia del acto reclamado, en los términos que se precisan en el considerando anterior, no será sometido a análisis constitucional, en razón que se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente, por tratarse de una cuestión de orden público, en términos de lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Respecto del acto reclamado, consistente en la falta de alimentos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone que, contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, estos deben promoverse antes de acudir a la instancia de amparo. Dicho precepto alude, al principio de definitividad, al establecer que el juicio de amparo, es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales administrativos o del trabajo, cuando: Deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o bien, Proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En el entendido de que la última hipótesis opera siempre y cuando conforme a las leyes que rijan los actos tildados de inconstitucionales, se suspendan sus efectos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la legislación de la materia y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la invocada normatividad. Al respecto, el mecanismo establecido en la legislación aplicable al particular, dispone la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por las autoridades penitenciarias, como se precisará párrafos posteriores e incluso, si la parte quejosa, desea que su acto sea suspendido, tiene la posibilidad de acudir directamente al Juez que corresponda a presentar su petición, quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto, a fin de que cese la omisión, por lo que dicha suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, tiene los mismos alcances que la regulada por la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos que los que ésta requiere, ni tampoco mayor plazo para su otorgamiento. Ahora, de los artículos 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116 y 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé el Procedimiento Administrativo, mediante el cual las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esa ley pueden interponerlo a su favor sin mayores formalidades y auxiliadas por la propia autoridad carcelaria, en el que pueden formular por escrito peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, la cual tiene la obligación de atender tal petición dentro de las veinticuatro horas siguientes y una vez allegada de la información necesaria, resolverá sobre el fondo de la cuestión planteada dentro del término de cinco días. Incluso, si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario o si ésta no fue resuelta dentro del término legal, en términos de lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el interno puede formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución recurrida. Además, si el reclamo se relaciona con hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, la persona legitimada puede acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición, supuesto en el cual el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva y, tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. De lo anterior se concluye que este juicio es improcedente porque los promoventes antes de acudir a la instancia de amparo debieron agotar el procedimiento administrativo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que a través del mismo, es posible lograr que las autoridades responsables se pronuncien respecto de los actos reclamados analizado en este apartado y, en su caso, formular controversia ante el juez de ejecución, pues no se actualiza algún caso de excepción al citado principio de definitividad. Cobra aplicación, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 230, Décima Época, del tenor siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad". En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y, por tanto, lo procedente es sobreseer en los autos del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la mencionada legislación. En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide a este órgano de control constitucional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, página 335, Séptima Época, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. NOTIFICACIÓN. Tomando en consideración que ********************y********************, se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, se comisiona al actuario respectivo, para que por el método de comunicación denominado videoconferencia, el cual se encuentra regulado por el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, proceda a llevar a cabo la notificación ordenada, en hora y día hábil, observando los protocolos correspondientes; en el entendido, que de no ser posible llevar a cabo dicha notificación, por el método referido, el citado funcionario, queda comisionado desde este momento, para que en la hora y fecha correspondiente y que se habilite para tal efecto, se constituya en el centro de reclusión de que se trata y notifique personalmente a los quejosos la presente resolución. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número ********************, promovido por ********************y********************, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número diecisiete "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo y otra autoridad, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Notifíquese al quejoso, en términos del considerando sexto de la presente sentencia. TERCERO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, ante Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, cuatro de mayo de dos mil veintidós. En atención al contenido del AG 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, se provee lo siguiente: ESTADO PROCESAL Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, del que se aprecia que aún no transcurre el plazo a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa para imponga de los informes justificados rendidos por el Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, por si y en representación del Comité Técnico de dicho centro penitenciario; por tanto, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con base en el Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, este Juzgado emite las siguientes determinaciones: 1. Se reciben oficios. Agréguense a los autos, los oficios del Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre; en su atención, se le tiene remitiendo el informe rendido por el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación de las autoridades responsables Comisionado de Prevención y Readaptación Social y Coordinador General de Centros Federales, ambos de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, en torno a la suspensión de plano decretada a favor de la parte quejosa; por tanto, se provee. 1.1. Informe de suspensión de plano. Con apoyo en el artículo 126 de la Ley de Amparo, téngase a las aludidas autoridades responsables, rindiendo su informe respecto a la suspensión de plano que le fue otorgada a la parte quejosa, lo cual realizan en la forma y términos del oficio relativo. 1.2. Acceso a expediente electrónico. Con apoyo en el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza a las referidas autoridades responsables el acceso al expediente electrónico, únicamente para consultarlo, a través de los usuarios "amats", "rafa_lozada", "laura.gillescas" y "Maria.avila", toda vez que se encuentra registrado en el Sistema del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; ello, por así solicitarlo expresamente. 1.3. Delgados y domicilio procesal. Por último, con fundamento en el ordinal 9 de la ley en la materia, se tiene a las autoridades responsables designado como sus delegados, a las personas que nombran; y, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indican. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Albina Alvarado Santos, quien da fe.

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