Luis Alejandro Camorlinga Benítez
Expediente 626/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 626/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Luis Alejandro Camorlinga Benítez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Incidental
En nueve de noviembre de dos mil veintitrés, la secretaria da cuenta al Juez con un oficio registrado con el número de folio 13950. Conste.Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a través del cual remite el diverso oficio signado por el Fiscal Regional de Uruapan, Michoacán, mediante el cual rinde el informe previo solicitado en auto de dieciocho de septiembre del año que transcurre. No obstante, no se realiza mayor pronunciamiento en virtud de que, el veinticinco de septiembre de este año, se dictó la resolución correspondiente en el presente incidente. Cúmplase. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.
- Principal
En nueve de noviembre de dos mil veintitrés, la secretaria da cuenta al Juez con un oficio registrado con el número de folio 13951. Conste.Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a través del cual remite el diverso oficio signado por el Fiscal Regional de Uruapan, Michoacán, mediante el cual rinde el informe justificado solicitado en auto de dieciocho de septiembre del año que transcurre. No obstante, no se realiza mayor pronunciamiento en virtud de que, el dieciocho de octubre de este año, se dictó la resolución correspondiente en este juicio de amparo. Cúmplase. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.
- Principal
En Uruapan, Michoacán de Ocampo, siendo las diez horas con quince minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 626/2023, señalada para esta fecha.La secretaria da cuenta al Juez con las principales constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: La demanda de amparo; y, Los informes justificados. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Ampro, téngase por hecha la relación de las constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da vista al Juez con las documentales de la parte quejosa y la autoridad responsable ordenadora. El Juez provee: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las referidas documentales en razón de su naturaleza. Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos, la Secretaria hace contar que las partes fueron omisas en emitir alegatos. A lo anterior el Juez acuerda: Se toma conocimiento; y se cierra esta etapa. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se declara cerrada la presente audiencia, y se procede a dictar la siguiente resolución. S E N T E N C I A VISTOS, para resolver el juicio de amparo 626/2023, promovido por ********************, contra actos de la Agente del Ministerio Público de Atención Inmediata de la Fiscalía Regional, con sede en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante ocurso depositado el doce de septiembre de dos mil veintitrés ?fojas 3 a 7?, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el que fue turnado a este Juzgado Federal, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que enseguida se transcriben: "AUTORIDADES RESPONSABLES: Lo son en cuanto ordenadoras: El C. Fiscal Regional de Justicia de Uruapan, Michoacán. El C. Director Regional de Carpetas de Investigación de Uruapan, Michoacán. El C. Agente de Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía Regional de Uruapan, Licenciada María del Rosario Castrejón Rodríguez. Lo son en cuanto EJECUTORAS: El C. Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán. ACTO RECLAMADO: Lo constituye el citatorio urgente emitido por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía Regional de Uruapan, Licenciada María del Rosario Castrejón Rodríguez, en donde se me cita para llevar a cabo una diligencia de carácter ministerial". El promovente del amparo expuso que se violan sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por auto de doce de septiembre de dos mil veintitrés ?fojas 10 a 13?, se radicó la demanda de amparo con el número de expediente 626/2023 y, se previno al promovente para que realizara lo siguiente: a) Indicara de manera clara y precisa cuáles son los actos reclamados de que se dolía en esta instancia constitucional, y a qué autoridad o autoridades les reclamaba dichos actos; esto es, si era su deseo señalar como actos reclamados el citatorio para llevar a cabo una diligencia de carácter ministerial, así como la orden de detención, presentación o comparecencia y, en caso de ser afirmativo, señalara a qué autoridades atribuía cada uno de los actos reclamados. b) Manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado la orden de aprehensión dictada en su contra y, en el caso de que así lo señalara, debía indicar a qué autoridad reclamaba dicho acto. Lo anterior, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se tendría por no presentada la demanda de amparo. A través del escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés ?fojas 15 y 16?, compareció el quejoso a desahogar la prevención formulada, lo que hizo en los términos siguientes: ". Los actos reclamados que me duele lo constituye el citatorio urgente emitido por el Agente del ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía Regional de Uruapan, Licenciada María del Rosario Castrejón Rodríguez, en donde se me cita para llevar a cabo una diligencia de carácter ministerial. Y la autoridad responsable a que atribuyo es al Fiscal Regional de Justicia de Uruapan, Michoacán, Director Regional de Carpetas de Investigación de Uruapan, Michoacán, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía Regional de Uruapan, Licenciada María del Rosario Castrejón Rodríguez. Menciono que también incluyo en mi acto reclamado la posible orden de detención, presentación, aprehensión o comparecencia, de las autoridades señaladas, ya que se presume puede estar viciado el citatorio que se reclama su ilegalidad, por lo cual puede derivar un acto como estos y que afectaría a mi seguridad jurídica, así como el acto reclamado de la orden de citatorio esto para todos los efectos legales a que haya lugar". En proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés ?fojas 17 a 19?, se admitió la demanda a trámite; se pidió el informe justificado de las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, lo anterior, de acuerdo con lo establecido en los artículos 17, 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior en virtud de que los actos reclamados provienen de autoridades diversas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que tienen ejecución dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien resuelve precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda de amparo, del escrito aclaratorio y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: Del Fiscal Regional de Justicia, del Director de la Unidad de Carpetas de Investigación y de la Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía Regional, todas de esta ciudad de Uruapan, Michoacán: - El citatorio de siete de septiembre de dos mil veintitrés, remitió al quejoso ********************, para que compareciera a las doce horas del doce de septiembre del mismo año, a la Oficina de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Justicia de esta ciudad, a fin de que rindiera su entrevista en calidad de libre, dentro de la carpeta de investigación ********************, que se iniciaría en su contra por el delito de fraude, cometido en agravio de ********************. - La orden de detención, presentación, aprehensión o comparecencia dictada en su contra. Del Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de esta ciudad de Uruapan, Michoacán: - La ejecución de los referidos actos. Cobra aplicación por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del tomo XI, abril de 2000, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE ACTOS. En principio es necesario pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, ello atendiendo a una cuestión de lógica fundamental, ya que la existencia del acto autoritario es un requisito esencial para efectuar primeramente el análisis de las subsecuentes causales de improcedencia que se actualicen o, en su caso, el estudio relativo a la constitucional de los mismos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia J/10 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 78, del tomo 76, abril de 1994, de la octava época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 212775, que dice: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." I. Inexistencia del acto reclamado del Fiscal Regional de Justicia y del Director de la Unidad de Carpetas de Investigación, consistente en el citatorio remitió al quejoso ********************, el siete de septiembre de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta de investigación ********************. El Director de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de esta ciudad de Uruapan, Michoacán, al rendir su informe de ley ?foja 35?, negó la existencia del acto materia de este apartado. Por su parte, el Fiscal Regional de Justicia de esta ciudad, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante que fue notificado oportunamente del oficio petitorio 15741, como se advierte del acuse de recibo respectivo ?foja 22?. Sin embargo, no es el caso de presumir cierto el acto reclamado en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, ya que las referidas autoridades no constituyen autoridades responsables para efectos del presente juicio de amparo en relación con el referido acto que se les atribuye, ya que el mismo, es cierto respecto de diversa autoridad (Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán) como se verá en su oportunidad. En consecuencia, respecto del acto reclamado del Fiscal Regional de Justicia y Director Regional de Carpetas de Investigación, ambas de esta ciudad, procede sobreseer en el presente juicio de amparo en términos de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. II. Inexistencia de los actos consistentes en la orden de detención, presentación, aprehensión o comparecencia dictada contra el quejoso, así como de los actos de ejecución que se atribuyen al Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán. El Director de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, al rendir su informe justificado ?foja 35?, negó la existencia de los actos reclamados. Por su parte, el Director de Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, al rendir su informe de ley ?foja 29?, negó la existencia de los actos de ejecución que se le atribuyen. La Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado ?foja 33?, únicamente aceptó la existencia del citatorio de siete de septiembre de dos mil veintitrés, dictado dentro de la carpeta de investigación número ********************, por lo que implícitamente negó la existencia de los diversos actos que se le atribuyen, consistentes en la orden de detención, presentación, aprehensión o comparecencia dictada contra el quejoso. Luego, si las citadas autoridades responsables negaron los actos que se les atribuyen, entonces la carga de la prueba recae sobre el solicitante de amparo, de modo que, al no hacerlo, la negativa de las referidas autoridades no fue desvirtuada. Tiene aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo interpretada, y el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, la tesis jurisprudencial 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos reclamados que se les atribuyen, y los quejosos, no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia 1089, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." Y, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 748, tomo XC, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega haber ejecutado el acto que se le atribuye, la carga de la prueba recae sobre el quejoso, pues es de explorado derecho que cuando las autoridades responsables niegan los actos reclamados, su afirmación debe tenerse por verídica, mientras el afectado no rinda pruebas suficientes y bastantes para destruir la negativa, pues de lo contrario, debe sobreseerse en el juicio, sin estudiar otras cuestiones que únicamente podrían tratarse en el supuesto de que estuviera demostrado la existencia del acto reclamado." Por otra parte, el Fiscal Regional de Justicia de Uruapan, Michoacán, fue omiso en rendir su informe de ley, no obstante que fue oportunamente notificado del oficio petitorio 15741, como se advierte del acuse de recibo respectivo ?foja 22?. Empero, no es el caso de presumir ciertos los actos que se le atribuyen consistentes en la orden de detención, presentación, aprehensión o comparecencia dictada contra el quejoso ********************, en atención a que de las constancias no se advierte que existan dichas órdenes. Máxime que, de conformidad con lo que dispone el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo, entre las facultades de los Fiscales Regionales no se encuentran las relativas a la emisión de órdenes de detención, presentación, aprehensión o comparecencia, pues se encargan de atender los asuntos relativos a la atención temprana, mecanismos alternativos de solución de conflictos, integración de carpetas de investigación, ejercicio de la acción penal, litigación, amparo, servicios a la comunidad, servicios administrativos. De lo anterior se observa que resultan inexistentes los actos reclamados, a las autoridades responsables precisadas, de ahí que, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto de los actos y autoridades precisadas en este apartado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, consistente en el citatorio de siete de septiembre de dos mil veintitrés, que remitió al quejoso ********************, para que compareciera a las doce horas del doce de septiembre del mismo año, a la Oficina de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Justicia de esta ciudad, a fin de que rindiera su entrevista en calidad de libre, dentro de la carpeta de investigación ********************, que se iniciaría en su contra por el delito de fraude, cometido en agravio de ********************, pues lo aceptó al rendir su informe de ley ?foja 33?. Sirve de sustento a lo expuesto, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo anterior se corrobora con la copia certificada del citatorio reclamado, la cual goza de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2, al tratarse de una documental pública, por haber sido expedida por un servidor público en ejercicio de sus atribuciones. Es aplicable, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, consultable en la página 153, del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, con número de registro 394182, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse de manera preferente al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia 5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95, del tomo VII, mayo de 1991, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 222780, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Este Juez Federal advierte, de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, numerales que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo." En términos de los preceptos transcritos, el juicio de amparo sólo es procedente cuando el acto reclamado afecte de manera real y positiva dichos intereses jurídicos, los cuales se definen como el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio; así, el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular, es decir, ocasionar un perjuicio directo en su campo de derechos; entendiendo como perjuicio para la procedencia del amparo, aquel acto que produce una lesión u ofensa material a los intereses o derechos de una persona legítimamente tutelados. Ahora, si bien es cierto que el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece la figura del "interés legítimo" en el juicio de amparo, a la par del "interés jurídico", cuyos contenidos y alcances son diversos, de acuerdo con la jurisprudencia y doctrina, no menos lo es también que la norma Constitucional refiere de manera expresa y clara que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la parte quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, esto es, deberá acreditar su interés jurídico. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, para acreditar el interés jurídico, el promovente del amparo debe ser titular del derecho que se aduce violado con el acto reclamado, y que éste produzca una afectación a su esfera jurídica; asimismo, que el interés jurídico es considerado por la doctrina como un derecho subjetivo que supone la facultad de exigir y una obligación correlativa que se traduce en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia; lo anterior, según lo establecido en la jurisprudencia número 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225, Tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 170500, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Conviene apuntar que el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Mientras que el interés legítimo no necesariamente ha de dar lugar a un derecho subjetivo, ya que para que éste se actualice es suficiente una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, pues no requiere necesariamente la titularidad del derecho subjetivo como ocurre con el interés jurídico. El perjuicio, entendido como el menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario de amparo, que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos y/o objetivos, en forma tal que la afectación originada no puede ser reparada por un acto jurídico posterior. Entonces, si uno de los presupuestos para el ejercicio de la acción constitucional, es la existencia de un derecho legítimamente tutelado, puede afirmarse que es obligación del promovente del amparo acreditar plenamente la titularidad de ese derecho, ya que éste no puede inferirse o presumirse. Conceptualizado el concepto de interés jurídico desde la perspectiva del juicio de amparo, resulta trascendente precisar que en la especie, el acto reclamado por el quejoso consiste en el citatorio de siete de septiembre de dos mil veintitrés, remitió al quejoso ********************, para que compareciera a las doce horas del doce de septiembre del mismo año, a la Oficina de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Justicia de esta ciudad, a fin de que rindiera su entrevista en calidad de libre, dentro de la carpeta de investigación ********************, que se iniciaría en su contra por el delito de fraude, cometido en agravio de ********************; acto que no supone una afectación cierta e irreparable a sus derechos sustantivos. Ello es así, pues el citatorio no es más que la simple citación a comparecer ante el Ministerio Público, lo que cualquier persona (sea indiciado, testigo, perito, etc.), en caso de atenderlo, lo hace por propia voluntad. Así entonces, el citatorio emitido por la responsable dentro de una carpeta de investigación, no es un acto de imposible reparación, pues no afecta los derechos sustantivos de la parte quejosa. Lo que se corrobora de la naturaleza de dichas citaciones, las cuales no restringen la libertad personal de la persona, pues ese no es su objeto, sino lograr la comparecencia para la realización de un acto procesal. Lo anterior, en virtud de que el Ministerio Público, en ejercicio de su actividad de investigación, conforme a lo previsto por los artículos 90 y 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, está en posibilidades de emitir citatorios a cualquier persona, con la excepción que los mismos preceptos establecen. Asimismo, cabe destacar que una vez terminada la diligencia, el citado podrá reincorporarse a sus actividades cotidianas, ya que ésta no es sino una actuación más para integrar el material probatorio del cual el representante social se debe allegar para poder judicializar su carpeta de investigación, misma que de no lograrse, no constituye un impedimento para que, en su caso, la representación social ejerza la acción penal de estimar actualizados los presupuestos para tal efecto. En ese sentido, la citación para el desahogo de una diligencia en una carpeta de investigación, por sí misma, -se considera- no afecta a la libertad personal de la persona citada, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia ministerial. Sobre el tema, el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro de la contradicción de tesis 1/2018, esencialmente sostuvo que el juicio de amparo indirecto no era procedente contra una citación emitida por el agente del Ministerio Público en una averiguación previa seguida en el sistema penal mixto o tradicional, cuando en dicho citatorio no se contenía apercibimiento en el supuesto de que el gobernado no asistiera a la cita. Ello, porque señaló, contra las diligencias llevadas a cabo por el Ministerio Público tendentes a la integración de una averiguación previa, por regla general, el amparo era improcedente; y si bien esa regla admitía excepciones, precisó, ello sería cuando se afectaren, o existiera la posibilidad de que se afectaren derechos sustantivos de los gobernados. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 141/2018, de la cual derivó la jurisprudencia 78/2018, sostuvo que la cita a la audiencia inicial para formulación de la imputación (en el nuevo sistema de justicia penal), no afectaba la libertad de la persona citada, pues ?afirmó?, constituía un acto mediante el cual el juez le comunicaba que requería su presencia para llevar a cabo una diligencia judicial en la que el Ministerio Público formalizará la investigación en su contra y le comunicará la imputación respectiva. De forma que, ?precisó?, la orden de aprehensión con la que apercibía al investigado en la hipótesis de no comparecer, no era inminente, pues dependía de hechos futuros e inciertos, como son su inasistencia, su falta injustificada y en la eventual solicitud del fiscal para que el juez ordenara su captura. Dicha jurisprudencia es de rubro y texto siguiente: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo". Lo anterior, orilló a que dicha sala del Máximo Tribunal del País abandonara el criterio plasmado en la jurisprudencia 1a./J. 93/2013, en donde se estableció, en su momento, que el juicio de amparo indirecto era procedente contra el auto que ordenaba la citación del investigado a la audiencia de formulación de la imputación, por estimar que el apercibimiento de orden de aprehensión que contenía, transgredía el derecho sustantivo a la libertad deambulatoria, porque colocaba al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, perturbándolo en su esfera jurídica de manera inminente por el hecho de no acudir. Por tanto, el nuevo criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el sostenido por el Pleno en Materia Penal citado, permiten arribar a la conclusión de que la cita a una diligencia de carácter ministerial emitida por la representación social dentro de una carpeta de investigación, incluso con apercibimiento de imposición de alguna medida de apremio conforme al Código Nacional, no afecta a la libertad personal del quejoso ni su deambulatoria. Lo anterior, porque, en todo caso, la posibilidad de hacer efectivo un apercibimiento estaría sujeta a tres condiciones futuras de realización incierta: la primera, la inasistencia del citado; la segunda, que no existiera justificación de tal inasistencia; y, la tercera, que ante la concurrencia de estas dos condiciones, el Ministerio Público emitiera la determinación respectiva. En el caso, considerando lo anterior, queda mayormente manifiesta la falta de afectación a los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues si bien es cierto, que del citatorio despachado al quejoso se aprecia que la responsable lo apercibió en el sentido que de no asistir a la cita se le aplicarían los medios de apremio establecidos en el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, la amonestación, multa de veinte a mil días de salario mínimo, auxilio de la fuerza pública o arresto hasta por treinta y seis horas; también lo es, que como se dijo, la posibilidad de hacer efectivo alguno de los apercibimientos señalados estaría sujeta a que el impetrante no se presentara a la cita y, que la autoridad responsable emitiera una determinación en la que señalara cuál sería el medio de apremio que se le aplicaría con motivo de su inasistencia. De ahí la actualización de la causal de improcedencia señalada. Es aplicable al caso, la jurisprudencia J/3 P, del Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada la página 3937, del libro 21, enero de 2023, tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital: 2025762, de rubro y texto siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA CITACIÓN GIRADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE EL INVESTIGADO ACUDA ANTE SU POTESTAD CON EL FIN DE QUE SE LE HAGAN SABER LOS HECHOS DENUNCIADOS Y, EN SU CASO, SE TOME SU ENTREVISTA COMO IMPUTADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 107, FRACCIÓN IV, EN SENTIDO CONTRARIO, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios al analizar si se actualiza la fracción IV o la V, interpretadas en sentido contrario, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, de la misma ley, cuando el acto reclamado consiste en la orden de citación del Ministerio Público en una carpeta de investigación, para que el quejoso comparezca a imponerse de los hechos denunciados en su contra y rinda su entrevista como imputado. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito determina que la causal de improcedencia que se actualiza cuando el acto reclamado consiste en la citación del Ministerio Público en una carpeta de investigación, para hacer saber al investigado los hechos denunciados y recabar su entrevista ministerial en calidad de imputado, es la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción IV, en sentido contrario, de la misma ley, al no actualizarse una afectación directa ni actual a la libertad del investigado o a algún otro de sus derechos sustantivos. Justificación: La fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, que prevé la procedencia del juicio de amparo en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, es la aplicable, en sentido contrario, para fundar la improcedencia del juicio de amparo, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, de la misma ley, cuando el acto sea la citación del Ministerio Público en una carpeta de investigación para hacer saber al investigado los hechos imputados y recabar su entrevista por tratarse de un acto dictado por una autoridad ministerial, fuera de juicio, que no afecta de manera directa ni actual la libertad del quejoso investigado, por tratarse de una comunicación del Ministerio Público en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una diligencia ministerial dentro de una carpeta de investigación, en la que se le harán saber los hechos denunciados y la oportunidad que tiene de rendir o no su entrevista en ese momento, y si bien el artículo 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que para el caso de incumplimiento a una cita del Ministerio Público, el quejoso podrá incurrir en responsabilidad y ser sancionado conforme a las leyes penales aplicables, esa posibilidad está sujeta a condiciones futuras de realización incierta, esto es a la inasistencia del citado, y a que no exista justificación para su inasistencia, por lo cual, en este supuesto no se advierte una afectación directa y actual a la libertad del investigado o a algún otro de sus derechos sustantivos". Asimismo, orienta lo expuesto por contener la idea jurídica, la tesis número II.2o.P.51 P, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 2601, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2015368, que dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente". En ese tenor, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley antes invocada, lo que impide entrar al estudio de los conceptos de violación, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 57, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 70, octubre de 1993, correspondiente a la octava época, cuyo rubro texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." SEXTO. Transparencia y acceso a la información pública. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de dicha ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo. Por lo expuesto y fundado en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos reclamados de las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en los diversos tercero apartados I y II y quinto de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de la última consideración de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma [en forma electrónica] René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, ante Rocío Guía Calderón, secretaria que autoriza y da fe. La suscrita Rocío Guía Calderón, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, hace constar que la presente foja corresponde a la última parte de la resolución constitucional de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, en el que se determinó sobreseer en el juicio de amparo 626/2023, promovido por ********************, contra actos de la Agente del Ministerio Público de Atención Inmediata de la Fiscalía Regional, con sede en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, y de otras autoridades. Conste. El dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, la suscrita Rocío Guía Calderón, Secretaria con adscripción en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 108 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta versión pública suprime toda aquella información considerada legalmente como reservada y confidencial, por tratarse de: nombres de personas físicas o morales que tienen el carácter de parte dentro del juicio de origen o del expediente de amparo o intervienen dentro del asunto, sin la calidad de autoridad; y, el expediente natural, al ser un dato que hace identificable la identidad de la parte quejosa y de las demás partes involucradas en este sumario, de manera directa o indirecta, a través de cualquier información. Conste.
- Incidental
En Uruapan, Michoacán de Ocampo siendo las diez horas con veinte minutos del veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, procede a celebrar la audiencia incidental señalada para este día, asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, en el incidente de suspensión 626/2023, sin la asistencia de las partes. Acto continuo, para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia y la Secretaria da cuenta con el oficio registrado bajo el folio 12092, signado por el Fiscal Regional de Uruapan, Michoacán, mediante el cual rinde el informe previo solicitado en autos.El Juez acuerda, téngase por recibido el referido oficio; en atención a su contenido y en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo INFORME PREVIO. Asimismo, se da cuenta al Juez con los informes previos rendidos por las autoridades responsables Director de la Unidad de Carpetas de Investigación; Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Inmediata; y, el Director de Policía de Investigación, todos de la Fiscalía Regional con sede en esta ciudad. Al respecto, el Juez acuerda; ténganse por hecha la relación de los informes previos de las autoridades responsables, los cuales se ordena tomar en consideración al momento de resolver la presente incidencia. Acto seguido, se declara abierto el periodo probatorio y la Secretaria da cuenta con las documentales que la parte quejosa anexó a su escrito inicial de demanda. A lo que el Juez determina, con fundamento en los artículos 119 y 143, de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de pruebas documentales, que en su oportunidad fueron admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza; y se cierra esta etapa. En el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos, por lo que el Juez declara cerrada esta etapa; y, procede a dictar la resolución. VISTOS; y, RESULTANDO: PRIMERO. Solicitud de suspensión. En su demanda de amparo, ********************, solicitó la suspensión de los actos reclamados. SEGUNDO. Trámite. El incidente se tramitó por su cauce legal y la audiencia de ley fue celebrada en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 48 en relación con el 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LA NORMA, ACTO U OMISIÓN RECLAMADO. En el caso el quejoso reclama de las autoridades responsables lo siguiente: El citatorio en el que se le cita para llevar a cabo una diligencia de carácter ministerial, dentro de la carpeta de investigación ********************, que se iniciaría por el delito de fraude cometido en agravio de ********************. La orden de detención, presentación, aprehensión o comparecencia, girada en contra del quejoso y su ejecución. TERCERO. INEXISTENCIA DE ACTOS RECLAMADOS. En el caso, resultan inexistentes los actos reclamados consistentes en la orden de detención, presentación, aprehensión o comparecencia, girada en contra del quejoso y su ejecución, toda vez que no se encuentra acreditada su existencia. Al respecto las autoridades responsables Director de la Unidad de Carpetas de Investigación y Director de Policía de Investigación, ambos de la Fiscalía Regional con sede en esta ciudad, negaron la existencia de los actos reclamados. Es de invocarse por analogía, la jurisprudencia 20, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable la foja 627, del tomo IV, segunda parte, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 227634, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia 1089, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 755, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 395045, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo". Y, la tesis de la Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable en la página 748, del tomo XC, de la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321449, que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega haber ejecutado el acto que se le atribuye, la carga de la prueba recae sobre el quejoso, pues es de explorado derecho que cuando las autoridades responsables niegan los actos reclamados, su afirmación debe tenerse por verídica, mientras el afectado no rinda pruebas suficientes y bastantes para destruir la negativa, pues de lo contrario, debe sobreseerse en el juicio, sin estudiar otras cuestiones que únicamente podrían tratarse en el supuesto de que estuviera demostrado la existencia del acto reclamado". Por otro lado el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Inmediata y, el Fiscal Regional ambos de la Fiscalía Regional de esta ciudad, únicamente aceptaron la existencia del citatorio reclamado, con lo cual negaron implícitamente la existencia de los actos reclamados consistentes en la orden de detención, presentación, aprehensión o comparecencia, girada contra el quejoso y su ejecución. Sin que sea el caso de desvirtuar las negativas informadas, toda vez que dentro del presente incidente no obran constancias que acrediten la existencia de alguna una orden de detención, presentación, aprehensión o comparecencia, girada en contra del quejoso y, por tanto, tampoco que se haya ordenado su ejecución. En esas condiciones, con apoyo en el numeral 144, de la Ley de Amparo, se NIEGA a la parte quejosa la suspensión definitiva solicitada, por lo que corresponde a los actos y autoridades mencionadas. CUARTO. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN CUYA EXISTENCIA SÍ QUEDÓ ACREDITADA. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Fiscal Regional y Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Inmediata, ambos de la Fiscalía Regional de esta ciudad, consistente en el citatorio en el que se cita al quejoso para llevar a cabo una diligencia de carácter ministerial, dentro de la carpeta de investigación ********************, que se iniciaría por el delito de fraude cometido en agravio de ********************, pues lo aceptaron al rendir sus informes previos. QUINTO. IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN RESPECTO A LA CITACIÓN RECLAMADA. En relación con el acto reclamado consistente en la cita ordenada dentro de la carpeta de investigación número ********************, es menester precisar que para que proceda conceder la suspensión, de conformidad con el dispositivo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 128 de la Ley de Amparo, se requiere tomar en cuenta los siguientes elementos: I. Que la solicite el agraviado; II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. En el caso, se cumple con el primero de los requisitos a que se contrae el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues existe solicitud del quejoso para la suspensión de los actos reclamados. Sin embargo, no se satisface el segundo de los requisitos, relativo a que con el otorgamiento de la suspensión no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El interés social se traduce en cualquier hecho, acto o situación de los cuales la sociedad pueda obtener un provecho o una ventaja o evitarse un trastorno bajo múltiples y diversos aspectos, previniéndose un mal público, satisfaciéndose una necesidad colectiva o lográndose un bienestar común. Mientras que el orden público, debe entenderse como la situación y estado de legalidad normal en que las autoridades ejercen sus atribuciones propias y los ciudadanos las respetan y obedecen; es una noción en sí que bajo su imperio restringe la libertad individual; es la fórmula del bienestar general, y su función es asegurar el orden jurídico, pues se encuentra constituido por un conjunto de principios de orden superior, políticos, económicos y morales a los cuales la sociedad considera estrechamente vinculada a la existencia y conservación de la organización social establecida. Se dice que no se cumple con el segundo de los requisitos a que se contrae el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues aun cuando se haya ordenado la citación del quejoso a efecto de que rindiera su entrevista en calidad de libre dentro de la carpeta de investigación ********************, iniciada por el delito de fraude, cometido en agravio de ********************, es incuestionable que de conceder la medida cautelar se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, dado que con ello se paralizaría el procedimiento, que persigue el propósito del esclarecimiento de hechos con apariencia de delito. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, no se justifica que se conceda a favor de la parte quejosa la medida cautelar en la forma solicitada, pues como se dijo, la suspensión de los actos reclamados procede concederla siempre y cuando con ella no se afecte el interés social y el orden público, y en el caso, hasta el momento no se justifica tal requisito. En consecuencia, SE NIEGA A LA PARTE QUEJOSA, LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA. RESUELVE: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a********************, contra actos del Fiscal Regional de Uruapan, Michoacán de Ocampo, y de otras autoridades, por las razones expuestas en los considerando TERCERO Y QUINTO de esta resolución. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.
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