Luis Ángel Cantú Mercado
Expediente 39/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 39/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 19/12/2019
Partes del expediente
- Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial. Tecate B.C.
- Luis Ángel Cantú Mercado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tijuana, Baja California, a las diez horas con treinta y cinco minutos del diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, hora y fecha señalados para la práctica de la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 39/2019, promovido por Luis Ángel Cantú Mercado, contra actos de los Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate; Karina Ivette Zepeda Pineda, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistido por el Secretario José Alejandro Ortiz Monroy, con quien actúa y da fe, sin la comparecencia de las partes, con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda (foja 2); auto de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, por el que se admitió a trámite la demanda de amparo (fojas 3 a 6), e informe justificado (foja 35). Enseguida, la Juez acuerda: se tiene por hecha la relación que antecede para todos los efectos legales conducentes. A continuación, se abre el período probatorio, en la que se hace constar que ninguna de las partes ofreció medios de prueba. Con lo anterior se da cuenta a la Juez. La Juez acuerda: vista la cuenta que antecede, se tiene por perdido el derecho de las partes para ofrecer pruebas. En período de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. La Juez acuerda: Se tiene por hecha la manifestación que realiza el Secretario y por precluido el derecho de las partes a formular alegatos; en consecuencia, al no haber alegatos pendientes por desahogar, se cierra el presente periodo. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 39/2019-E, promovido por Luis Ángel Cantú Mercado, contra actos del Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado, por propio derecho Luis Ángel Cantú Mercado, promovió la demanda de amparo por los actos y autoridades que señaló en su escrito inicial. Segundo. Admisión y trámite. Este órgano jurisdiccional en proveído de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve (fojas 3 a 6), ordenó la formación del expediente impreso bajo el registro número 39/2019-E; admitió la demanda de amparo; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que en derecho corresponde al agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional; y, señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; precepto 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdos Generales 3/2013 y 13/2019 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para lo cual, es preciso efectuar un análisis conjunto de la demanda, por ser un todo considerado, en términos de la tesis P.VI/2004, registro 181810, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, página 255; cuyo rubro y texto, son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". De igual forma se cita la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, del análisis de la demanda de amparo y de las constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado lo siguiente: Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate. Autoridad a la que le reclama: La omisión de dar respuesta a la solicitud de libertad anticipada o libertad condicional. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Conforme a lo previsto en el artículo 75, de la Ley de la materia, y la técnica que rige en el juicio de amparo, lo procedente ahora es determinar la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Por su aplicación, es de citarse la Jurisprudencia XVII.2º. J/10, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, página 68, registró 212775, de rubro "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." En ese tenor de ideas, no es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, toda vez, que así lo manifestó al rendir el informe justificado que se le requirió; sin que en el caso, el quejoso haya aportado medio de prueba alguno, tendente a desvirtuar la negativa de dicho acto. Es aplicable a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV (febrero de 2002), visible en la página 903, que establece: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Apoya lo anterior, la tesis número IX.1o.83 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1714, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, al tenor del rubro y contenido que se textualmente dice: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables." En tales circunstancias, ante la inexistencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna que desvirtuara dichas negativas, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Ello tiene sustento también, en la Jurisprudencia VI. 2o. J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, julio a diciembre de 1989, foja 627, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Forma de publicación de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 65, 73, 74, 75, 124 y 217, y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Luis Ángel Cantú Mercado, contra el acto precisado en el considerando segundo; y, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que en proveído de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, y considerando que no ha transcurrido el término de ocho días que establece el párrafo segundo del artículo 117, de la Ley de Amparo; la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy se difiere, señalando como nueva fecha para su celebración las diez horas con treinta y cinco minutos del diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente.
- Principal
En virtud de que el autorizado Gabriel Rodríguez López, no compareció ante este Juzgado a notificarse de forma personal, se hace efectivo el apercibimiento señalado en citatorio entregado en veintisiete de noviembre de este año y se notifica personalmente por medio de lista y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el auto de veintiséis de noviembre de este año, mismo que en lo conducente dice: Tijuana, Baja California, a veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese en autos el oficio de cuenta signado el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad; en atención a este, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se le tiene por rendido el informe justificado que le fue requerido; con el contenido del mismo dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Por otro lado; visto el estado procesal de los autos, por medio de los cuales se advierte que a la fecha, el defensor público, que le fue asignado a la parte quejosa, Gabriel Rodríguez López, no ha comparecido ante este Juzgado Federal para protestar el cargo que le fue conferido. Sin embargo, la suscrita, considera que con el fin de salvaguardar el debido proceso, se estima procedente dejar sin efectos el requerimiento formulado a dicho profesionista, en virtud de que la Ley de Amparo no exige a los abogados autorizados en términos amplios, conforme al artículo 12, de la Ley en la Materia, de aceptar y protestar el cargo conferido, pues dichos autorizados están facultados tanto para oír y recibir notificaciones en nombre del quejoso, así como para promover e interponer recursos que consideren pertinentes. Lo cual mantiene armonía con el principio ateniente a una efectiva defensa del quejoso, acorde con los lineamientos establecidos por el legislador en los artículos 20, 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior queda sustentado en la tesis por analogía 2ª. LXIV/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que a la letra dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. LA ENUMERACIÓN DE SUS FACULTADES EN ESE PRECEPTO ES ENUNCIATIVA. La enumeración de facultades que establece esa disposición en favor del autorizado para intervenir en términos amplios en el juicio de amparo es enunciativa y no limitativa, pues además de precisar las de interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento, pedir que se dicte sentencia para evitar la consumación del plazo de la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal, señala la de realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, que entraña una diversidad importante de facultades de representación, cuyo ejercicio dentro del juicio debe entenderse que se inicia con la presentación de la demanda de garantías en la que se confiere tal representación y subsiste mientras exista un acto que realizar en relación con el juicio constitucional." Máxime, que en el caso, exista la voluntad del quejoso de que las notificaciones aun las de carácter personal, se extienda a su autorizado, como lo establece la tesis III.2º.P.21 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, viernes 8 de noviembre de 2019, Decima Época, que establece lo siguiente: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. DEBEN EFECTUARSE EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO, CON LOS AUTORIZADOS PARA RECIBIRLAS, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL. De los artículos 26, fracción I, incisos a) y c) y 27, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se advierte que si el juzgador de amparo ordena que una notificación se realice personalmente al quejoso privado de su libertad en un centro de reclusión, y éste señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, y designó autorizados para tal efecto, la actuación relativa deberá hacerse en dicho domicilio procesal; lo anterior porque es evidente que su voluntad es que las notificaciones, aun las de carácter personal, se entiendan con sus autorizados en el domicilio señalado por él, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones dirigidas al quejoso. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO." Por ende, y con el fin de salvaguardar el derecho del quejoso a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se reitera al licenciado Gabriel Rodríguez López, el deber que tiene de asistir al quejoso en el trámite del presente juico de amparo. Notifíquese personalmente al quejoso y al defensor público Gabriel Rodríguez López.
- Principal
Notifíquese personalmente al quejoso y al defensor público Gabriel Rodríguez López.
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