Luis Alonso Ortega Trillo

Expediente 661/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
661/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
04/10/2021

Partes del expediente

  • Luis Alonso Ortega Trillo

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, y del contenido de la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja, previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, dentro del término legal de cinco días que establece el numeral 98 de la propia ley, en contra del auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible, que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de amparo de cuenta, fórmense los expedientes físico y electrónico respectivos, regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 661/2021-D. Ahora, del escrito de demanda se obtiene que Luis Alonso Ortega Trillo, por propio derecho, reclama del 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO Congreso del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali y otra autoridad, lo siguiente: "IV. La norma general, acto u omisión que cada autoridad se reclame; Norma General: Decreto 254 mediante el cual se aprueba la reforma a la denominación del Título Primero, Sección Primera, del Libro Segundo; la edición de un Capitulo X al Título Primer; así como la adición de un artículo 160 TER al Código Pernal (sic) para el Estado de Baja California. Acto. Del Congreso del Estado de Baja California. Se reclama la aprobación del DICTAMEN NO 96 DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RESPECTO DE LA INICIATIVA DE REFORMA AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PRESENTADA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019. Acto Del Gobernador del Estado de Baja California, se reclama publicación y promulgación del decreto 254 del Periódico Oficial Tomo CXXVIII No 66, del 03 de septiembre de 2021, pag 21 a 24, conteniendo reforma a la denominación del Título Primer, Sección Primera, del Libro Segundo; la adicción de un Capitulo X al Título Primer; así como la adición de un artículo 160 TER al Código Pernal (sic) para el Estado de Baja California, en su texto, artículo 160 TER para el Código Pernal (sic) del Estado de Baja California. Publicado. Omisión de las Autoridades Responsables. La indebida ponderación del impacto en la esfera jurídica de los gobernadores tanto en su aspecto social, económico, inconstitucional público y privado, así como cultural debido a la aprobación, publicación y promulgación del nuevo tipo penal que en su dimensión autoaplicativa constituye una transgresión de principios, valores y derechos constitucionales, así como en su aceptación hetero aplicativa dado los impactos que pudiere causar tanto en las dimensiones públicas y privadas de servicios. Conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia del país la reforma materia del presente amparo viola el principio de TAXATIVIDAD, el cual impone al legislador deber de emitir normas claras, precisas y exactas. Lo anterior, como premisa fundamental del principio de seguridad jurídica que se debe preservar." De igual manera, del capítulo de "hechos" la parte quejosa manifestó lo siguiente: a) El nuevo tipo penal advierte sanción punitiva para quien: 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO a.1.-TENGA RAZONES de origen étnico, nacional o regional, raza, color de piel, lengua, sexo, identidad de género, preferencia sexual, edad, estado civil condición de discapacidad, condición social o cultural, económica, de salud o jurídica, religión, de apariencia física, características genéricas, situación migratoria, embarazo, situación familiar o de responsabilidades familiares, antecedentes penales o cualquier otro que atente contra la dignidad humana o anule, impida o menoscabe derechos y libertades de realización de las personas. a.2.- NEGAR A UNA PERSONA un servicio público o privado a la que tenga derecho y que se ofrezca al público general, o negar o restringir derechos laborales, educativos civiles o sociales. a3.- Servidor público que ante estas RAZONES NIEGUE O RETARDE a una persona un trámite, servicio o prestación a que tenga derecho. a4.-Las conductas y razones sean cometidas por persona con la que la víctima tenga una relación de subordinación laboral. Como puede observarse la diversidad de razones vinculadas con las conductas propician confusión en los elementos que construyen la posibilidad punitiva, multiplicando las dificultades de interpretación y aplicación dando lugar a un panorama confuso y generador de una gran inseguridad jurídica. La redacción legislativa hoy norma vigente propicia contradicciones de interpretación y aplicación lo que puede hacer incurrir al sistema penal en dimensiones de excesos e injusticias en perjuicio tanto de autoridades públicas como sujetos de actividades de naturaleza privada, haciendo en síntesis que las hipótesis cotidianas se conviertan en conductas imputables y susceptibles de sanción penal, rompiendo el límite entre derechos, libertades y sanciones ante la dificultad y confusión del tipo penal creado. El tipo penal materia de este amparo, resulta de naturaleza abierta, pues su contenido semántico utiliza razones y expresiones de vaguedad interpretativa y aplicativa, cuando su naturaleza semántica no debe dejar dudas en cuanto a su redacción, objetivos y alcances, violando de esta manera el principio de taxatividad. Un tipo penal debiera contener una descripción precisa y concreta de acciones u omisiones que son consideradas delitos. En este caso como parte de los elementos de acto reclamado se observan y señalan RAZONES diversificadas, imprecisas dejando a las autoridades del sistema penal la tarea de entender y probar RAZONES y conductas que resultaron en una negativa de servicios públicos o privados. Todo parece indicar por la redacción típica del delito creado que son las RAZONES el bien jurídico tutelado, esto es las características específicas diversas y multiplicadas posibles de un ser humano. Así entonces, 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO el sujeto pasivo del delito estaría ante una problemática vinculado a la subjetividad del nexo causal, función que se trasladara al juez penal en su juicio de tipicidad. b) La conducta de NEGATIVA o RETARDO de un servicio público o privado genera confusión ante la diversidad de hipótesis posibles, un alumno que no es aceptado en una institución educativa, una obra pública que se solicita y que no se realiza siendo necesaria, un empleo inaccesible para el sujeto pasivo del delito por RAZONES expuestas por el tipo, una vacuna de la que el Estado no cuente, hasta el extremo de un amparo que se niegue ante las razones abiertas que expone el tipo penal. Solo por citar algunos ejemplos, pero también, en el sector privado un artículo de necesidad que se agote, la falta de acceso a un servicio privado saturado por sobrecupo, pero al cual el sujeto pasivo requiera en sus razones. c) La aprobación del tipo penal genera hipótesis de conductas punibles, así como consecuencias jurídicas que limitan derechos humanos de libertad enfrentados ante razones de origen discriminatorio. d) El tipo penal coloca o posiciona en conflicto la libertad de profesión, industria, comercio o trabajo ante la posibilidad o hipótesis de que pudiere ser negado un servicio de estos segmentos cuyo derecho dimana del artículo 5 de la norma suprema. e) El mismo tipo penal propicia un enfrentamiento entre lo previsto por el artículo sexto de la norma suprema en cuanto a la manifestación de las ideas que pudieran derivar en razones para no estar en posibilidad de prestar un servicio, en la diversidad de hipótesis de conductas típicas posibles de presentarse se presenta el ejemplo de una persona que quiera en una institución privada por sus RAZONES, un cambio de sexo, transformación transgénero ya sea interna o exterior en su persona y no se le pueda o se le quiera brindar el servicio, lo que podría activar el ejercicio de la querella. Otro ejemplo, un aspirante a la universidad que no quede en los procedimientos de admisión se le estaría negando un servicio educativo, o bien, un aspirante a un grado educativo que no obtenga beca podría ser negativa amparada en cualquiera de las RAZONES que el legislador redacto. Pensemos por ejemplo en el ejercicio del derecho de petición, el cual obliga a autoridades a respuesta en breve termino, ante la posible hipótesis de negativa se actualizarían razones del tipo creado. f) El tipo penal creado por su confusión semántica e indeterminación incurre en la posible prohibición constitucional de simple analogía y mayoría de razón regulada por el Artículo 14 de la norma suprema, ya que el legislador creo un tipo confuso cuyos elementos objetivos y subjetivos provocan dificultad de interpretación, aplicación y probación. 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO g) El mismo tipo penal pondría en conflicto al sistema penal en la hipótesis del 14 de la norma suprema que explica que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Asimismo, en los supuestos de urgencia y flagrancia, todo esto, debió de ser analizado por le legislador en la ponderación de la idoneidad y proporcionalidad del tipo a crear. h) Seria materia de un análisis, si el tipo penal creado supera y posee el test de proporcionalidad por cuando a la hipótesis regulada para el sujeto pasivo en contra del activo en cuanto a la autorización legislativa de hacerse justicia por si misma, presupuesto regulado por el artículo 17 de la norma Suprema. i) Asimismo, es importante que este órgano jurisdiccional pondere si el tipo penal y en su momento el juicio de tipicidad de esta hipótesis punitiva tendría parámetros de reparación del daño como principio previsto por el 20 inciso A fracción 1 de la norma suprema. Por otra parte, es relevante valorar si las posibles pruebas de RAZONES de Negativa de servicios en su dimensión probatoria pudieren generar elementos de prueba que pudiesen ser violatorios de derechos fundamentales fracción IX del 20 de la norma suprema. j) Por otra parte, el juicio de proporcionalidad del tipo penal en relación al probable bien jurídico tutelado identificable pudiere ser analizado en la dimensión de la libertad de conciencia prevista por el 24 de la norma suprema." Atento a lo anterior, se procede a examinar la demanda de amparo, ya que el artículo 113 de la ley de la materia confiere facultad a la autoridad constitucional que conozca de una demanda para desecharla si de su examen se advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia. En efecto, el precepto en mención es del tenor literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO Del ordinal reproducido se observa que para desechar una demanda de amparo sólo deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia; y; b) Que ese motivo sea manifiesto e indudable. El Máximo Tribunal del País ha establecido en reiteradas ocasiones, que las características destacadas en el anotado inciso b) se actualizan cuando de la simple lectura de la demanda aparece comprendido alguno de los supuestos de improcedencia que señala el artículo 61 de la Ley de Amparo, o bien, la demanda misma no encuadra en las hipótesis de procedencia que el artículo 107 de dicha legislación prevé. En esa tesitura, es claro que a la decisión de desechar una demanda de amparo, debe antecederle un examen acucioso de todos sus componentes, que finalmente provoque plena convicción de que aún ordenando la substanciación del juicio, sería imposible arribar a una conclusión diversa. Ello, pues basta con tener en cuenta, que precisamente, en términos específicos, lo manifiesto radica en que la improcedencia se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO elementos que pudieran allegar las partes, en virtud de que, por ejemplo, los hechos en que se apoya la improcedencia hayan sido manifestados claramente por el promovente, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Con base en lo expuesto, se estima que la demanda de amparo promovida por Luis Alonso Ortega Trillo, por propio derecho, es improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al estimarse que el aquí quejoso carece de interés legítimo para instar el juicio constitucional en contra de los actos que reclama, en la medida en que únicamente cuenta con un interés simple para reclamar a las autoridades responsables los actos precisados en su escrito de demanda. Al respecto, es pertinente traer a colación que el seis de junio de dos mil once, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional mediante la cual se introdujeron diversas modificaciones al esquema y alcances del juicio de amparo; en específico, y por lo que ve al interés necesario para promover dicho medio de control constitucional, la fracción I, del artículo 107 de la Carta Magna, fue redactada como sigue: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [...]" Como puede apreciarse, la nueva redacción constitucional en torno al interés para acudir al juicio de amparo, establece una distinción, para la promoción del amparo indirecto, en la cual se mantuvo la exigencia de que lo haga la parte agraviada, pero tal concepto fue desarrollado y segmentado en dos supuestos, pudiendo ser: a) El titular de un derecho; o, b) El titular de un interés legítimo individual o colectivo, ya sea que se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Con motivo de tal reforma, el dos de abril de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Amparo vigente, en la que se reglamentaron los artículos 103 y 107 constitucionales y dentro del gran número de modificaciones que en torno a la naturaleza y alcances del juicio de amparo contiene la citada ley, resulta fundamental señalar lo contenido en la fracción I del artículo 5 de la Ley de la Materia, que prevé: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta ley. [.]". En ese sentido, el interés jurídico representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio constitucional, pues si el acto reclamado no lesiona la esfera jurídica del gobernado, entonces no tendrá legitimación para instaurar el juicio de amparo, de modo que debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos; de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de amparo resultará improcedente. Por otra parte, el interés legítimo, como medida para acceder al juicio de amparo (tanto en lo individual como en lo colectivo), se satisface cuando el quejoso alega ser titular de algún derecho subjetivo (en sentido 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO amplio) y reclama normas, actos u omisiones autoritarios que afectan a su esfera jurídica, directa o indirectamente. Es decir, para justificar el interés legítimo tratándose del reclamo de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales jurisdiccionales, se requiere del acreditamiento de cierta afectación real y actual, aun de manera indirecta, según la situación especial del gobernado frente al orden jurídico. Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que el interés legítimo, como el jurídico, suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza. Con base en estas premisas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció los alcances del interés legítimo de la siguiente manera: a) Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. b) El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. c) Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO con el interés simple. Es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En otras palabras, debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. d) La concesión del amparo, se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. f) Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. g) Mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal. h) Por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO es absoluta e indefectible. i) Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica. j) Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia P./J. 50/2014, visible en la página 60, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que a la letra dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas 1 . 1 Tesis: P./J. 50/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2007921. Pleno Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Pág. 60. Jurisprudencia (Común) 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO De ahí, que tratándose de normas, actos u omisiones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se tiene interés legítimo cuando se acredita cierta afectación real y actual en la esfera jurídica de quien lo promueve, aunque sea indirecta. Una vez establecido lo anterior, se obtiene que el interés legítimo, se trata de una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, ya que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción y que automáticamente se encuentre acreditado dicho interés. Así, el interés legítimo solamente requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio, i) ya sea porque dicha intromisión es directa, o ii) porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico. Sin embargo, como se vio con antelación, el numeral 107 Constitucional establece que, contra actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, es decir, en estos casos deberá acreditar su interés jurídico ante el órgano jurisdiccional para la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior ha sido criterio sostenido por nuestro Máximo Tribunal, por lo que el interés legítimo únicamente se verificará cuando no se combatan actos o resoluciones de tribunales, siempre y cuando el justiciable se ubique en alguno de los siguientes dos supuestos: (i) ser titular de una facultad otorgada 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO expresamente por el orden jurídico, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (ii) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, mismo que será suficiente para comparecer en el juicio. Es aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente dispone: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella.2 " Lo anterior, pone de manifiesto que la afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa frente al acto de la autoridad o a la norma constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo y, consecuentemente, la no acreditación de tales supuestos será causa de improcedencia. Esto es, los dispositivos 107 de la Carta Magna y 5° de la Ley de Amparo, prevén la posibilidad de que el juzgador de amparo verifique si la situación del gobernado ante el acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación, para determinar si implica un interés jurídico, un interés legítimo o un interés simple, pero también la posibilidad de declarar improcedente el juicio de amparo ante la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la ley en cita -por ser esta fracción la que nos ocupa-. Así, de conformidad con el artículo 5° de la Ley de Amparo, el examen del interés legítimo requiere que se analice la existencia de un derecho, verificar si es individual o colectivo, la violación de ese derecho, su afectación y la verificación de que esa afectación sea directa o indirecta; asimismo, en caso de que sea indirecta, ésta derive de su especial situación frente al orden jurídico. Máxime que esa afectación indirecta derivada de la especial situación del quejoso, implica el examen relativo a que el impetrante se encuentre en una situación diferenciada o particular que le permite alegar que recibiría un beneficio al recibir el 2 Tesis: 2a. XVIII/2013 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época 2003067. Segunda Sala Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2 Pag. 1736. Tesis Aislada (Común) 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO amparo, aun cuando fuera directo o indirecto. Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador está en aptitud de verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; así, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el amparista sea titular de ese interés legítimo, deberá admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; por ejemplo, si de la narrativa los hechos "éstos resultan ser ciertos", durante la secuela del procedimiento -se presume-, traería algún beneficio concreto a la parte quejosa, por lo que este órgano jurisdiccional -en todo caso-, se encontraría obligado a admitir la demanda de amparo planteado. Pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, por ejemplo que de la narrativa de los hechos del escrito de demanda aunque este órgano jurisdiccional diera por cierto tales hechos no se advierta de manera notoria que la parte quejosa obtendría algún beneficio, se traduce a que desde el principio está probado la ausencia del interés legítimo de la parte quejosa, entonces, podrá determinar la actualización manifiesta e indudable del motivo de improcedencia y, por ende, desechar la demanda de amparo. De ahí que, en relación con los actos reclamados consistentes en la aprobación del dictamen 96 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO Constitucionales, así como del Decreto 254 mediante el cual se aprueba la reforma a la denominación del Título Primero, Sección Primera, del Libro Segundo; la edición de un Capitulo X al Título Primer; así como la adición de un artículo 160 TER al Código Penal para el Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el tres de septiembre de dos mil veintiuno, reclamados por el aquí quejoso, existe criterio de jurisprudencia sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que la ausencia del interés legítimo puede constituir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Dicho criterio se advierte de la siguiente jurisprudencia: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable.3 " Entonces, el anterior criterio implica que, al proveer sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación, para determinar si implica un interés jurídico, legítimo o simple; sin embargo, cuando no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos. Así, solo si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. En el caso concreto, -como se anticipó-, la parte quejosa reclamó a las autoridades responsables los actos consistentes en: "IV. La norma general, acto u omisión que cada autoridad se reclame; Norma General: Decreto 254 mediante el cual se aprueba la reforma a la denominación del Título Primero, Sección Primera, del Libro Segundo; la edición de un Capitulo X al Título Primer; así como la adición de un 3 Época: Décima Época. Registro: 2014433. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo II. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 57/2017 (10a.). Página: 1078 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO artículo 160 TER al Código Pernal (sic) para el Estado de Baja California. Acto. Del Congreso del Estado de Baja California. Se reclama la aprobación del DICTAMEN NO 96 DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RESPECTO DE LA INICIATIVA DE REFORMA AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PRESENTADA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019. Acto Del Gobernador del Estado de Baja California, se reclama publicación y promulgación del decreto 254 del Periódico Oficial Tomo CXXVIII No 66, del 03 de septiembre de 2021, pag 21 a 24, conteniendo reforma a la denominación del Título Primer, Sección Primera, del Libro Segundo; la adicción de un Capitulo X al Título Primer; así como la adición de un artículo 160 TER al Código Pernal (sic) para el Estado de Baja California, en su texto, artículo 160 TER para el Código Pernal (sic) del Estado de Baja California. Publicado. Omisión de las Autoridades Responsables. La indebida ponderación del impacto en la esfera jurídica de los gobernadores tanto en su aspecto social, económico, inconstitucional público y privado, así como cultural debido a la aprobación, publicación y promulgación del nuevo tipo penal que en su dimensión autoaplicativa constituye una transgresión de principios, valores y derechos constitucionales, así como en su aceptación hetero aplicativa dado los impactos que pudiere causar tanto en las dimensiones públicas y privadas de servicios. Conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia del país la reforma materia del presente amparo viola el principio de TAXATIVIDAD, el cual impone al legislador deber de emitir normas claras, precisas y exactas. Lo anterior, como premisa fundamental del principio de seguridad jurídica que se debe preservar." Luego, es un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que el tres de septiembre de dos mil veintiuno, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el decreto número 254 mediante el cual se reforma a la denominación del Título Primero, Sección Primera, del Libro Segundo; la edición de un Capítulo X al Título Primer; así como la adición de un artículo 160 TER al 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO Código Penal para el Estado de Baja California, para quedar como sigue: "TTIULO PRIMERO DELITOS CONTRA LA VIDA, LA SALUD Y LA DIGNIDAD HUMANA. CAPITULO X DISCRIMINACIÓN Articulo 160 TER.- se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a tresciendos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientas veces el valor de la Unidad de Medida de Actualización al que por razones de origen étnico, nacional o regional, razo color de piel, lengua, sexo, identidad de género, preferencia sexual, edad, estado civil, condición de discapacidad, condición social o cultural, económica, de salud o jurídica, religión, de apariencia física, características genéricas, situación migratoria, embarazo, situación familiar o de responsabilidades familiares, antecedentes penales o cualquier otro que atente contra la dignidad humana o anule, impida o menoscabe derechos y libertades de realización de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas: I. Niegue a una persona un servicio público o privado a la que tenga derecho y que se ofrezca al público en general, o II. Niegue o restrinja derechos laborales, educativos, civiles o sociales. Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación a que tenga derecho se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, y además se le podrá destituir e inhabilitar para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la pena impuesta. Cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas por personas con la que la víctima tenga una relación de subordinación laboral, la pena se incrementara en una mitad. No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente desfavorecidos. Asimismo, se incrementará la pena en una mitad cuando los actos discriminatorios limiten el acceso a las garantías jurídicas indispensables para la protección de todos los derechos humanos. Este delito se perseguirá por querella. [.]" 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO Lo anterior, con motivo del dictamen 96 sustentado por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Baja California, en el análisis de constitucionalidad de dicha reforma, -en lo que aquí interesa-, señaló: "De todo lo antes expuesto y justificado esta Comisión coincide plenamente con la propuesta formulada por la inicialista, pues los valores que pretende tutelar son aquellos consagrados desde la Constitución Federal, orientados a la mayor protección y actuación con perspectiva de género a favor de las víctimas y de los ofendidos, así como sanciones agravadas para los funcionarios públicos en el cumplimiento de sus funciones en caso de inobservancia y de personas con las que la víctima tenga una relación de subordinación laboral, lo anterior en atención de que el bien jurídico tutelado para salvaguardar y proteger es el de una gran valía ya que es la Dignidad Humana, derivado de que el delito de Discriminación, su creación tiene como origen la respuesta del Estado Mexicano y en el caso particular, de la legislación local, al clamor y exigencia nacional e internacional de implementar mecanismos para prevenir, combatir, erradicar y sancionar el creciente fenómeno de la discriminación. Aunado a que la iniciativa propuesta deriva de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, la cual ha representado un cambio de paradigma que obliga a todos los estados a iniciar procesos de armonización legislativa para adecuar los marcos jurídicos locales a este referente obligatorio de actuación de toda autoridad que representan los derechos humanos contenidos en el artículo primero constitucional. Lo cual significa que para el gobierno de nuestra entidad atender y sancionar la discriminación no es un asunto opcional, representa un deber que se materializa con la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la ratificación de más 50 compromisos internacionales. La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos entiende la armonización legislativa como "un arduo proceso de reforma, adaptación e integración normativa que hace posible la interconexión de los diversos ordenamientos jurídicos que forman parte de un sistema de derecho, e inclusive la interacción entre sistemas diversos, de tal manera que, al complementarse, aseguren la viabilidad del ejercicio y goce de los derechos humanos, así como su eficaz protección y defensa. [.] 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, tomando en cuenta los argumentos anteriormente vertidos, el texto propuesto por la inicialista resulta acorde a derecho, no se contrapone a ninguna disposición de orden federal o local, no contravienen el interés público y existe simetría entre el diagnóstico presentado en la exposición de motivos y los valores axiológicos que se pretenden tutelar con la reforma, lo que hace jurídicamente PROCEDENTE la iniciativa en los términos precisados en el cuerpo del presente dictamen. Finalmente, si bien es cierto esta Dictaminadora considera jurídicamente procedente la reforma planteada la Diputada Julia Andrea González Quiroz, al entrar en el estudio de la construcción gramatical del texto originalmente propuesto, se advierte la necesidad de realizar algunas modificaciones a razón de técnica legislativa, esto con el propósito de hacer más armónica la inserción de la reforma con la estructura de la norma positiva penal, siendo como a continuación se precisa: CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA TEXTO PROPUESTO EN LA INICIATIVA TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN LIBRO SEGUNDO PARTE ESPECIAL (Sin modificación al Libro) SECCIÓN PRIMMERA DELITOS CONTRA EL INDIVIDUO (Sin modificaciones a la Sección) (Se modifica la denominación del Título Primero) (Se reubica la pretensión) TITULO PRIMERO DELITOS CONTRA LA VIDA, LA SALUD PERSONAL Y LA DIGNIDAD HUMANA CAPITULO X DISCRIMINACIÓN 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO ARTÍCULO 160 TER - aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días multa al que, por razones de origen étnico, nacional o regional, raza, color de piel, lengua, sexo, identidad de género, preferencia sexual, edad, estado civil, condición de discapacidad, condición social o cultural, económica, de salud o jurídica, religión, de apariencia física, características genéticas, situación migratoria, embarazo, opiniones políticas, filiación política, situación familiar o de responsabilidades familiares, antecedentes penales o cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana o anule, impida o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas: I. Niegue a una persona un servicio público o ARTÍCULO 160 TER.- Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientas veces el valor de la Unidad de Medida de Actualización al que, por razones de origen étnico, nacional o regional, raza, color de piel, lengua, sexo, identidad de género, preferencia sexual, edad, estado civil, condición de discapacidad, condición social o cultural, económica, de salud o jurídica, religión, de apariencia física, características genéticas, situación migratoria, embarazo, opiniones políticas, filiación política, situación familiar o de responsabilidades familiares, antecedentes penales o cualquier otro motivo atente contra la dignidad humana o anule, impida o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas: I. Niegue a una persona un servicio público o 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO privado a la que tenga derecho y que se ofrece al público en general, o II. Niegue o restrinja derechos laborales, educativos, civiles o sociales. Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación a que tenga derecho se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta. Cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas por persona con la que la víctima tenga una relación de subordinación laboral, la pena se incrementará en una mitad. No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la privado a la que tenga derecho y que se ofrezca al público en general, o II. (.) Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación a que tenga derecho se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, y además se le podrá destituir e inhabilitar para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la pena impuesta. (.) (.) 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO protección de los grupos socialmente desfavorecidos Asimismo, se incrementará la pena en una mitad cuando los actos discriminatorios limiten el acceso a las garantías jurídicas indispensables para la protección de todos los derechos humanos. Este delito se perseguirá por querella. (.) (.) Con base en esa información, se estima que el aquí quejoso carece de interés legítimo para promover el presente juicio, en la medida en que únicamente cuenta con un interés simple para reclamar a las autoridades responsables los actos precisados en los párrafos que anteceden. Lo anterior es así, ya que no expresa que exista, por su situación particular frente al orden jurídico, un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, tal y como lo precisó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria a que se hizo alusión anteriormente, pues sus manifestaciones vertidas "bajo protesta de decir verdad" las hace consistir únicamente en que: cuenta con interés legítimo "en virtud de que es residente del Estado desde hace cincuenta y nueve años y que posee desde la mayoría de edad credencial electoral que acredita su residencia en esta entidad federativa", y que el acto reclamado viola los derechos humanos de un sector importante de la sociedad de Baja California 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO "quienes mediante un procedimiento legislativo estará siendo perjudicada en sus dos dimensiones, pues de manera autoaplicativa puede resultar perjudicada e interesada los ciudadanos de Baja California, ante la creación de un nuevo tipo penal en el Código Penal del Estado de Baja California." Para tal efecto, el aquí quejoso exhibió copia simple de su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, la cual si bien adquiere valor probatorio a manera de indicio para acreditar que tiene su residencia en esta ciudad, lo cierto es que dicha circunstancia, por sí sola, es insuficiente, para acreditar el interés legítimo con el que comparece al juicio de amparo, ya que aunque fueran ciertas sus afirmaciones de residencia eso no justificaría de ninguna forma cómo es que los actos reclamados generan un perjuicio a su esfera jurídica, ni tampoco se advierte un beneficio real y cierto, diferenciado del resto de la población a la que rige el acto reclamado, en caso de concedérsele el amparo (pues de la lectura de la demanda se limita a señalar que por parte de las autoridades responsables existe "una indebida ponderación del impacto en la esfera jurídica de los gobernados tanto en su aspecto social, económico, institucional público y privado, así como cultural debido a la aprobación, publicación y promulgación del nuevo tipo penal, en su dimensión autoaplicativa pues éste constituye una transgresión de principios, valores y derechos constitucionales, así como en su acepción heteroaplicativa dado los impactos que pudiere causar en las dimensiones públicas y privadas de servicios"), sin que haya expresado que exista, por su situación particular frente 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO al orden jurídico, un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad. Máxime que del examen de constitucionalidad de la iniciativa planteada por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Baja California, se precisó que los valores que se pretende tutelar son aquellos consagrados desde la Constitución Federal, orientados a la mayor protección y actuación con perspectiva de género a favor de las víctimas y de los ofendidos, así como sanciones agravadas para los funcionarios públicos en el cumplimiento de sus funciones en caso de inobservancia y de personas con las que la víctima tenga una relación de subordinación laboral, lo anterior en atención de que el bien jurídico tutelado para salvaguardar y proteger es el de una gran valía ya que es la Dignidad Humana, derivado de que el delito de Discriminación, su creación tiene como origen la respuesta del Estado Mexicano y en el caso particular, de la legislación local, al clamor y exigencia nacional e internacional de implementar mecanismos para prevenir, combatir, erradicar y sancionar el creciente fenómeno de la discriminación. Por tanto, en la forma en que se plantea la demanda, el interés con el que comparece el impetrante del amparo, lo tendrá cualquier otro de los ciudadanos que residen en esta ciudad, inclusive en cualquier parte del Estado de Baja California, puesto que es posible concluir que toda la comunidad tiene el afán de que las autoridades cumplan con las normas de derecho objetivo, sin que ese cumplimiento implique un beneficio personal, o sea, diferenciado en favor de éste que no vaya a obtener el resto de la sociedad; por lo cual, tal 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO circunstancia por sí sola, es insuficiente para acudir al juicio de amparo, pues solo representa un interés simple. Ello, en razón de que como fue expuesto, el interés simple es el que se reconoce a cualquier ciudadano por el mero hecho de ser miembro de una sociedad para interesarse en el quehacer de las autoridades con la finalidad de que cumplan con el orden jurídico objetivo, pero sin que con base en tal interés pueda instarse el juicio de amparo, ya que necesariamente se requiere que se acuda con un interés jurídico o legítimo; lo que en la especie no se acredita. Aunado a lo anterior, se estima que el aquí quejoso no acredita su interés legítimo en la medida en que la eventual concesión del amparo, no se traduciría en un beneficio jurídico en su favor, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, que sea diferente al del resto de la población, como fue concebido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que, en todo caso, el beneficio del quejoso será lejanamente derivado e indirectamente, pues el hecho de que las autoridades responsables cumplan a cabalidad de lo que se duele el aquí quejoso, no incidirá directamente en su esfera jurídica, sino que se trata de un efecto que eventualmente, de manera incierta, pudiera beneficiarlo, así como a todos los demás miembros de la sociedad (de decretarse la inconstitucionalidad del decreto de que se duele). Toda vez que -como se anticipó-, de la lectura integral de la demanda se obtiene que el aquí quejoso parte de la premisa de que la diversidad de razones vinculadas con las conductas inmersas en la adición del 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO artículo 160 TER del Código Penal para el Estado de Baja California, propician confusión en los elementos que construyen la posibilidad punitiva, multiplicando las dificultades de interpretación y aplicación dando lugar a un panorama confuso y generador de una "gran inseguridad jurídica", que la redacción legislativa hoy norma vigente propicia contradicciones de interpretación y aplicación lo que "puede hacer incurrir al sistema penal en dimensiones de excesos e injusticias en perjuicio tanto de autoridades públicas como sujetos de actividades de naturaleza privada, haciendo en síntesis que las hipótesis cotidianas se conviertan en conductas imputables y susceptibles de sanción penal, rompiendo el límite entre derechos, libertades y sanciones ante la dificultad y confusión del tipo penal creado". Empero tales circunstancias no justifican el interés legítimo, para instar el juicio constitucional, pues atento a la forma en que fue propuesta la demanda, el aquí quejoso no se encuentra en una situación jurídica cierta, concreta y directa en la que se pueda ver afectado, en forma diferente al resto de la sociedad, al referir que el acto reclamado viola los derechos humanos de un sector importante de la sociedad de Baja California "quienes mediante un procedimiento legislativo estará siendo perjudicada en sus dos dimensiones, pues de manera autoaplicativa puede resultar perjudicada e interesada los ciudadanos de Baja California, ante la creación de un nuevo tipo penal en el Código Penal del Estado de Baja California." Lo anterior, pues es inconcuso que no basta el interés abstracto en la legalidad de los actos de autoridad para considerar existente un interés legítimo, porque si bien todos los individuos tienen interés en que 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO sean legales los actos de las autoridades, ese objetivo o intención no basta para acudir al juicio de amparo, ya que incluso tratándose del interés legítimo, la parte quejosa debe resentir una afectación diferente al resto de las personas, o sea, real, objetiva y concreta en su esfera jurídica. De tal suerte que si con el juicio de amparo promovido no se restituiría en el goce de algún derecho derivado de su situación particular frente al orden jurídico, es claro que la promoción de este asunto no le reporta un beneficio en su esfera jurídica individual, de modo que no se concibe cómo puede considerarse actualizado en su favor, aunque se tramitara el juicio, un interés legítimo, pues éste está condicionado a que el solicitante de la protección constitucional logre un beneficio con la inconstitucionalidad del acto que se reclame, diferente al del resto de la colectividad. En efecto, el espectro de protección y de acceso a la justicia que se contiene en la reforma se establece en razón de la existencia de un interés legítimo, que requiere de un cierto grado de afectación a la esfera jurídica del particular proveniente del acto que reclame como inconstitucional, es decir, se exige un interés cualificado, especial, y no generalizado y abstracto. Interés legítimo, que se distingue del interés simple, en el hecho de que al preservarlo el particular obtiene una restitución en el goce de una garantía individual violada -lo cual constituye la esencia del juicio de amparo-, esto es, las consecuencias de la impugnación reportan un beneficio concreto al particular. Luego, el interés legítimo no puede llegar a considerarse como un interés simple o equipararse a éste. En el interés legítimo es necesario que el acto produzca una afectación real y por virtud del amparo se 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO restablezcan las cosas y se le resarza ese perjuicio que resintió el gobernado. De modo que si la pretensión del aquí quejoso, no se basa en una situación concreta que lo distinga del resto de los habitantes del Estado, en la que la ilegalidad que aduce de los actos reclamados se traduzca en una afectación a su esfera jurídica concreta, ni señala un nexo con el acto reclamado que incida en su círculo personalismo de derechos considerados en sí mismos, entonces, no puede considerarse que le asista un interés legítimo para acudir al amparo, en tanto que el derecho en abstracto de un ciudadano no basta para iniciar la acción constitucional, ni en lo individual, ni en representación de una colectividad. Por tanto, como el aquí quejoso sólo tiene un interés simple como lo tiene cualquier ciudadano para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de los actos de las autoridades, -como se anticipó-, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J.38/2016 (con número de registro electrónico 2012364) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a página 690 del Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Por tal motivo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Luis Alonso Ortega Trillo, por propio derecho. La anterior determinación no implica una violación al derecho humano de acceso a la justicia, pues su ejercicio se encuentra normado por diversos presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia, cuya finalidad es dotar de firmeza jurídica a las determinaciones judiciales y lograr que éstas puedan ser acatadas. Es por ello que, si bien es cierto conforme al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas relativas a los derechos humanos debe interpretarse de acuerdo a la Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, atento al principio pro 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO persona y bajo una óptica de tutela más amplia, también lo es que en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, dispone reglas específicas, lo que no implica que este no sea un recurso judicial efectivo. Así, el establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados, deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia 22/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Página 325, Materia Constitucional, 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO Registro 2005917, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Autorizados y domicilio. Se tiene como autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Manuel Núñez Organista, toda vez que cuenta con su cédula registrada en el referido sistema y como domicilio procesal el señalado en la demanda. Así también, téngase a la parte promovente proporcionando dos cuentas de correo electrónico, para el contacto respectivo en el presente asunto. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Transparencia y digitalización. En atención al cuarto punto petitorio de la demanda de garantías de que se trata, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Asimismo, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Consulta vía internet. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán acceder electrónicamente para consultar este expediente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso al sistema de consulta, deberá solicitarlo por escrito, sin que implique permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones, ya que en la solicitud debe expresar que es en esos términos, señalando el nombre del usuario, o bien a través de su firma electrónica, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Acuerdo General 1/2015. Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisd iccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional, ello en términos de la fracción II, del artículo 6, del multicitado Acuerdo General 21/2020. En la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Requerimiento a las partes. Con independencia de lo anterior se requiere a las partes para que, a la brevedad, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que este órgano jurisdiccional estime necesarios; esto con apoyo en el artículo 22, fracción II, del multicitado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea". Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/H ome/Ayuda. Directrices para cualquier notificación personal que derive de la tramitación del presente juicio. Se hace del conocimiento a los actuarios de la adscripción, que las notificaciones personales que en su caso, pudieran derivar en este asunto durante su tramitación, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. 12/01/23 19:00:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.da.e6 FRANCISCO EDUARDO JERONIMO OSORIO A

  3. Principal

    las nueve horas del veintitres de septiembre de dos mil veintiuno, se hace constar que en virtud de que la parte quejosa no comparecio en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el aviso dejado en el domicilio señalado para recibir notificaciones y notifico por lista fijada en los estrados del edificio del poder judicial de la federacion en esta ciudad, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, al quejoso, el auto de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dictados en los autos del juicio de amparo 661/2021 del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del auto de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice: Tijuana, Baja California, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de amparo de cuenta, fórmense los expedientes físico y electrónico respectivos, regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 661/2021-D. Ahora, del escrito de demanda se obtiene que Luis Alonso Ortega Trillo, por propio derecho, reclama del Congreso del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali y otra autoridad, lo siguiente: "IV. La norma general, acto u omisión que cada autoridad se reclame; Norma General Decreto 254 mediante el cual se aprueba la reforma a la denominación del Título Primero, Sección Primera, del Libro Segundo; la edición de un Capitulo X al Título Primer; así como la adición de un artículo 160 TER al Código Pernal (sic para el Estado de Baja California. Acto. Del Congreso del Estado de Baja California. Se reclama la aprobación del DICTAMEN NO 96 DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RESPECTO DE LA INICIATIVA DE REFORMA AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PRESENTADA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019. Acto Del Gobernador del Estado de Baja California, se reclama publicación y promulgación del decreto 254 del Periódico Oficial Tomo CXXVIII No 66, del 03 de septiembre de 2021, pag 21 a 24, conteniendo reforma a la denominación del Título Primer, Sección Primera, del Libro Segundo; la adicción de un Capitulo X al Título Primer; así como la adición de un artículo 160 TER al Código Pernal (sic) para el Estado de Baja California, en su texto, artículo 160 TER para el Código Pernal (sic) del Estado de Baja California. Publicado. Omisión de las Autoridades Responsables. La indebida ponderación del impacto en la esfera jurídica de los gobernadores tanto en su aspecto social, económico, inconstitucional público y privado, así como cultural debido a la aprobación, publicación y promulgación del nuevo tipo penal que en su dimensión autoaplicativa constituye una transgresión de principios, valores y derechos constitucionales, así como en su aceptación hetero aplicativa dado los impactos que pudiere causar tanto en las dimensiones públicas y privadas de servicios. Conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia del país la reforma materia del presente amparo viola el principio de TAXATIVIDAD, el cual impone al legislador deber de emitir normas claras, precisas y exactas. Lo anterior, como premisa fundamental del principio de seguridad jurídica que se debe preservar De igual manera, del capítulo de "hechos" la parte quejosa manifestó lo siguiente a) El nuevo tipo penal advierte sanción punitiva para quien a.1TENGA RAZONES de origen étnico, nacional o regional, raza, color de piel, lengua, sexo, identidad de género, preferencia sexual, edad, estado civil condición de discapacidad, condición social o cultural, económica, de salud o jurídica religión, de apariencia física, características genéricas, situación migratoria embarazo, situación familiar o de responsabilidades familiares, antecedentes penales o cualquier otro que atente contra la dignidad humana o anule, impida o menoscabe derechos y libertades de realización de las personas. a.2. NEGAR A UNA PERSONA un servicio público o privado a la que tenga derecho y que se ofrezca al público general, o negar o restringir derechos laborales, educativos civiles o sociales. 3. Servidor público que ante estas RAZONES NIEGUE O RETARDE a una persona un trámite, servicio o prestación a que tenga derecho. a4.-Las conductas y razones sean cometidas por persona con la que la víctima tenga una relación de subordinación laboral. Como puede observarse la diversidad de razones vinculadas con las conductas propician confusión en los elementos que construyen la posibilidad punitiva, multiplicando las dificultades de interpretación y aplicación dando lugar a un panorama confuso y generador de una gran inseguridad jurídica. La redacción legislativa hoy norma vigente propicia contradicciones de interpretación y aplicación lo que puede hacer incurrir al sistema penal en dimensiones de excesos e injusticias en perjuicio tanto de autoridades públicas como sujetos de actividades de naturaleza privada, haciendo en síntesis que las hipótesis cotidianas se conviertan en conductas imputables y susceptibles de sanción penal, rompiendo el límite entre derechos, libertades y sanciones ante la dificultad y confusión del tipo penal creado. El tipo penal materia de este amparo, resulta de naturaleza abierta, pues su contenido semántico utiliza razones y expresiones de vaguedad interpretativa y aplicativa, cuando su naturaleza semántica no debe dejar dudas en cuanto a su redacción, objetivos y alcances, violando de esta manera el principio de taxatividad. Un tipo penal debiera contener una descripción precisa y concreta de acciones u omisiones que son consideradas delitos. En este caso como parte de los elementos de acto reclamado se observan y señalan RAZONES diversificadas, imprecisas dejando a las autoridades del sistema penal la tarea de entender y probar RAZONES y conductas que resultaron en una negativa de servicios públicos o privados. Todo parece indicar por la redacción típica del delito creado que son las RAZONES el bien jurídico tutelado, esto es las características específicas diversas y multiplicadas posibles de un ser humano. Así entonces, el sujeto pasivo del delito estaría ante una problemática vinculado a la subjetividad del nexo causal, función que se trasladara al juez penal en su juicio de tipicidad. b) La conducta de NEGATIVA o RETARDO de un servicio público o privado genera confusión ante la diversidad de hipótesis posibles, un alumno que no es aceptado en una institución educativa, una obra pública que se solicita y que no se realiza siendo necesaria, un empleo inaccesible para el sujeto pasivo del delito por RAZONES expuestas por el tipo, una vacuna de la que el Estado no cuente, hasta el extremo de un amparo que se niegue ante las razones abiertas que expone el tipo penal. Solo por citar algunos ejemplos, pero también, en el sector privado un artículo de necesidad que se agote, la falta de acceso a un servicio privado saturado por sobrecupo, pero al cual el sujeto pasivo requiera en sus razones. c) La aprobación del tipo penal genera hipótesis de conductas punibles, así como consecuencias jurídicas que limitan derechos humanos de libertad enfrentados ante razones de origen discriminatorio. d) El tipo penal coloca o posiciona en conflicto la libertad de profesión, industria, comercio o trabajo ante la posibilidad o hipótesis de que pudiere ser negado un servicio de estos segmentos cuyo derecho dimana del artículo 5 de la norma suprema. e) El mismo tipo penal propicia un enfrentamiento entre lo previsto por el artículo sexto de la norma suprema en cuanto a la manifestación de las ideas que pudieran derivar en razones para no estar en posibilidad de prestar un servicio, en la diversidad de hipótesis de conductas típicas posibles de presentarse se presenta el ejemplo de una persona que quiera en una institución privada por sus RAZONES, un cambio de sexo, transformación transgénero ya sea interna o exterior en su persona y no se le pueda o se le quiera brindar el servicio, lo que podría activar el ejercicio de la querella. Otro ejemplo, un aspirante a la universidad que no quede en los procedimientos de admisión se le estaría negando un servicio educativo, o bien un aspirante a un grado educativo que no obtenga beca podría ser negativa amparada en cualquiera de las RAZONES que el legislador redacto. Pensemos por ejemplo en el ejercicio del derecho de petición, el cual obliga a autoridades a respuesta en breve termino, ante la posible hipótesis de negativa se actualizarían razones del tipo creado. f) El tipo penal creado por su confusión semántica e indeterminación incurre en la posible prohibición constitucional de simple analogía y mayoría de razón regulada por el Artículo 14 de la norma suprema, ya que el legislador creo un tipo confuso cuyos elementos objetivos y subjetivos provocan dificultad de interpretación, aplicación y probación. g) El mismo tipo penal pondría en conflicto al sistema penal en la hipótesis del 14 de la norma suprema que explica que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Asimismo, en los supuestos de urgencia y flagrancia, todo esto, debió de ser analizado por le legislador en la ponderación de la idoneidad y proporcionalidad del tipo a crear. h) Seria materia de un análisis, si el tipo penal creado supera y posee el test de proporcionalidad por cuando a la hipótesis regulada para el sujeto pasivo en contra del activo en cuanto a la autorización legislativa de hacerse justicia por si misma, presupuesto regulado por el artículo 17 de la norma Suprema. i) Asimismo, es importante que este órgano jurisdiccional pondere si el tipo penal y en su momento el juicio de tipicidad de esta hipótesis punitiva tendría parámetros de reparación del daño como principio previsto por el 20 inciso A fracción 1 de la norma suprema. Por otra parte, es relevante valorar si las posibles pruebas de RAZONES de Negativa de servicios en su dimensión probatoria pudieren generar elementos de prueba que pudiesen ser violatorios de derechos fundamentales fracción IX del 20 de la norma suprema. j) Por otra parte, el juicio de proporcionalidad del tipo penal en relación al probable bien jurídico tutelado identificable pudiere ser analizado en la dimensión de la libertad de conciencia prevista por el 24 de la norma suprema. Atento a lo anterior, se procede a examinar la demanda de amparo, ya que el artículo 113 de la ley de la materia confiere facultad a la autoridad constitucional que conozca de una demanda para desecharla si de su examen se advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia. En efecto, el precepto en mención es del tenor literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del ordinal reproducido se observa que para desechar una demanda de amparo sólo deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia; y; b) Que ese motivo sea manifiesto e indudable. El Máximo Tribunal del País ha establecido en reiteradas ocasiones, que las características destacadas en el anotado inciso b) se actualizan cuando de la simple lectura de la demanda aparece comprendido alguno de los supuestos de improcedencia que señala el artículo 61 de la Ley de Amparo, o bien, la demanda misma no encuadra en las hipótesis de procedencia que el artículo 107 de dicha legislación prevé. En esa tesitura, es claro que a la decisión de desechar una demanda de amparo, debe antecederle un examen acucioso de todos sus componentes, que finalmente provoque plena convicción de que aún ordenando la substanciación del juicio, sería imposible arribar a una conclusión diversa. Ello, pues basta con tener en cuenta, que precisamente, en términos específicos, lo manifiesto radica en que la improcedencia se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, en virtud de que, por ejemplo, los hechos en que se apoya la improcedencia hayan sido manifestados claramente por el promovente, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Con base en lo expuesto, se estima que la demanda de amparo promovida por Luis Alonso Ortega Trillo, por propio derecho, es improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al estimarse que el aquí quejoso carece de interés legítimo para instar el juicio constitucional en contra de los actos que reclama, en la medida en que únicamente cuenta con un interés simple para reclamar a las autoridades responsables los actos precisados en su escrito de demanda. Al respecto, es pertinente traer a colación que el seis de junio de dos mil once, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional mediante la cual se introdujeron diversas modificaciones al esquema y alcances del juicio de amparo; en específico, y por lo que ve al interés necesario para promover dicho medio de control constitucional, la fracción I, del artículo 107 de la Carta Magna, fue redactada como sigue: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [...]" Como puede apreciarse, la nueva redacción constitucional en torno al interés para acudir al juicio de amparo, establece una distinción, para la promoción del amparo indirecto, en la cual se mantuvo la exigencia de que lo haga la parte agraviada, pero tal concepto fue desarrollado y segmentado en dos supuestos, pudiendo ser: a) El titular de un derecho; o, b) El titular de un interés legítimo individual o colectivo, ya sea que se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Con motivo de tal reforma, el dos de abril de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Amparo vigente, en la que se reglamentaron los artículos 103 y 107 constitucionales y dentro del gran número de modificaciones que en torno a la naturaleza y alcances del juicio de amparo contiene la citada ley, resulta fundamental señalar lo contenido en la fracción I del artículo 5 de la Ley de la Materia, que prevé: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta ley. En ese sentido, el interés jurídico representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio constitucional, pues si el acto reclamado no lesiona la esfera jurídica del gobernado, entonces no tendrá legitimación para instaurar el juicio de amparo, de modo que debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos; de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de amparo resultará improcedente. Por otra parte, el interés legítimo, como medida para acceder al juicio de amparo (tanto en lo individual como en lo colectivo), se satisface cuando el quejoso alega ser titular de algún derecho subjetivo (en sentido amplio) y reclama normas, actos u omisiones autoritarios que afectan a su esfera jurídica, directa o indirectamente. Es decir, para justificar el interés legítimo tratándose del reclamo de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales jurisdiccionales, se requiere del acreditamiento de cierta afectación real y actual, aun de manera indirecta, según la situación especial del gobernado frente al orden jurídico. Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que el interés legítimo, como el jurídico, suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza. Con base en estas premisas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció los alcances del interés legítimo de la siguiente manera: a) Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. b) El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. c) Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple. Es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En otras palabras, debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. d) La concesión del amparo, se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. f) Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. g) Mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal. h) Por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación noes absoluta e indefectible. i) Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica. j) Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia P./J. 50/2014, visible en la página 60, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que a la letra dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas 1 . 1 Tesis: P./J. 50/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2007921. Pleno Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Pág. 60. Jurisprudencia De ahí, que tratándose de normas, actos u omisiones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se tiene interés legítimo cuando se acredita cierta afectación real y actual en la esfera jurídica de quien lo promueve, aunque sea indirecta. Una vez establecido lo anterior, se obtiene que el interés legítimo, se trata de una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, ya que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción y que automáticamente se encuentre acreditado dicho interés. Así, el interés legítimo solamente requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio, i) ya sea porque dicha intromisión es directa, o ii) porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico. Sin embargo, como se vio con antelación, el numeral 107 Constitucional establece que, contra actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, es decir, en estos casos deberá acreditar su interés jurídico ante el órgano jurisdiccional para la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior ha sido criterio sostenido por nuestro Máximo Tribunal, por lo que el interés legítimo únicamente se verificará cuando no se combatan actos o resoluciones de tribunales, siempre y cuando el justiciable se ubique en alguno de los siguientes dos supuestos: (i) ser titular de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (ii) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, mismo que será suficiente para comparecer en el juicio. Es aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente dispone: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella.2 " Lo anterior, pone de manifiesto que la afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa frente al acto de la autoridad o a la norma constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo y, consecuentemente, la no acreditación de tales supuestos será causa de improcedencia. Esto es, los dispositivos 107 de la Carta Magna y 5° de la Ley de Amparo, prevén la posibilidad de que el juzgador de amparo verifique si la situación del gobernado ante el acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación, para determinar si implica un interés jurídico, un interés legítimo o un interés simple, pero también la posibilidad de declarar improcedente el juicio de amparo ante la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la ley en cita -por ser esta fracción la que nos ocupa-. Así, de conformidad con el artículo 5° de la Ley de Amparo, el examen del interés legítimo requiere que se analice la existencia de un derecho, verificar si es individual o colectivo, la violación de ese derecho, su afectación y la verificación de que esa afectación sea directa o indirecta; asimismo, en caso de que sea indirecta, ésta derive de su especial situación frente al orden jurídico. Máxime que esa afectación indirecta derivada de la especial situación del quejoso, implica el examen relativo a que el impetrante se encuentre en una situación diferenciada o particular que le permite alegar que recibiría un beneficio al recibir el 2 Tesis: 2a. XVIII/2013 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época 2003067. Segunda Sala Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2 Pag. 1736. Tesis Aislada (Común) amparo, aun cuando fuera directo o indirecto. Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador está en aptitud de verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; así, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el amparista sea titular de ese interés legítimo, deberá admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; por ejemplo, si de la narrativa los hechos "éstos resultan ser ciertos", durante la secuela del procedimiento -se presume-, traería algún beneficio concreto a la parte quejosa, por lo que este órgano jurisdiccional -en todo caso-, se encontraría obligado a admitir la demanda de amparo planteado. Pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, por ejemplo que de la narrativa de los hechos del escrito de demanda aunque este órgano jurisdiccional diera por cierto tales hechos no se advierta de manera notoria que la parte quejosa obtendría algún beneficio, se traduce a que desde el principio está probado la ausencia del interés legítimo de la parte quejosa, entonces, podrá determinar la actualización manifiesta e indudable del motivo de improcedencia y, por ende, desechar la demanda de amparo. De ahí que, en relación con los actos reclamados consistentes en la aprobación del dictamen 96 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, así como del Decreto 254 mediante el cual se aprueba la reforma a la denominación del Título Primero, Sección Primera, del Libro Segundo; la edición de un Capitulo X al Título Primer; así como la adición de un artículo 160 TER al Código Penal para el Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el tres de septiembre de dos mil veintiuno, reclamados por el aquí quejoso, existe criterio de jurisprudencia sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que la ausencia del interés legítimo puede constituir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Dicho criterio se advierte de la siguiente jurisprudencia: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable.3 " Entonces, el anterior criterio implica que, al proveer sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación, para determinar si implica un interés jurídico, legítimo o simple; sin embargo, cuando no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos. Así, solo si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. En el caso concreto, -como se anticipó-, la parte quejosa reclamó a las autoridades responsables los actos consistentes en: "IV. La norma general, acto u omisión que cada autoridad se reclame; Norma General: Decreto 254 mediante el cual se aprueba la reforma a la denominación del Título Primero, Sección Primera, del Libro Segundo; la edición de un Capitulo X al Título Primer; así como la adición de un 3 Época: Décima Época. Registro: 2014433. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo II. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 57/2017 (10a.). Página: 1078 artículo 160 TER al Código Pernal (sic) para el Estado de Baja California. Acto. Del Congreso del Estado de Baja California. Se reclama la aprobación del DICTAMEN NO 96 DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RESPECTO DE LA INICIATIVA DE REFORMA AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PRESENTADA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019. Acto Del Gobernador del Estado de Baja California, se reclama publicación y promulgación del decreto 254 del Periódico Oficial Tomo CXXVIII No 66, del 03 de septiembre de 2021, pag 21 a 24, conteniendo reforma a la denominación del Título Primer, Sección Primera, del Libro Segundo; la adicción de un Capitulo X al Título Primer; así como la adición de un artículo 160 TER al Código Pernal (sic) para el Estado de Baja California, en su texto, artículo 160 TER para el Código Pernal (sic) del Estado de Baja California. Publicado. Omisión de las Autoridades Responsables. La indebida ponderación del impacto en la esfera jurídica de los gobernadores tanto en su aspecto social, económico, inconstitucional público y privado, así como cultural debido a la aprobación, publicación y promulgación del nuevo tipo penal que en su dimensión autoaplicativa constituye una transgresión de principios, valores y derechos constitucionales, así como en su aceptación hetero aplicativa dado los impactos que pudiere causar tanto en las dimensiones públicas y privadas de servicios. Conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia del país la reforma materia del presente amparo viola el principio de TAXATIVIDAD, el cual impone al legislador deber de emitir normas claras, precisas y exactas. Lo anterior, como premisa fundamental del principio de seguridad jurídica que se debe preservar." Luego, es un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que el tres de septiembre de dos mil veintiuno, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el decreto número 254 mediante el cual se reforma a la denominación del Título Primero, Sección Primera, del Libro Segundo; la edición de un Capítulo X al Título Primer; así como la adición de un artículo 160 TER al Código Penal para el Estado de Baja California, para quedar como sigue: "TTIULO PRIMERO DELITOS CONTRA LA VIDA, LA SALUD Y LA DIGNIDAD HUMANA. CAPITULO X DISCRIMINACIÓN Articulo 160 TER.- se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a tresciendos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientas veces el valor de la Unidad de Medida de Actualización al que por razones de origen étnico, nacional o regional, razo color de piel, lengua, sexo, identidad de género, preferencia sexual, edad, estado civil, condición de discapacidad, condición social o cultural, económica, de salud o jurídica, religión, de apariencia física, características genéricas, situación migratoria, embarazo, situación familiar o de responsabilidades familiares, antecedentes penales o cualquier otro que atente contra la dignidad humana o anule, impida o menoscabe derechos y libertades de realización de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas: I. Niegue a una persona un servicio público o privado a la que tenga derecho y que se ofrezca al público en general, o II. Niegue o restrinja derechos laborales, educativos, civiles o sociales. Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación a que tenga derecho se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, y además se le podrá destituir e inhabilitar para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la pena impuesta. Cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas por personas con la que la víctima tenga una relación de subordinación laboral, la pena se incrementara en una mitad. No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente desfavorecidos. Asimismo, se incrementará la pena en una mitad cuando los actos discriminatorios limiten el acceso a las garantías jurídicas indispensables para la protección de todos los derechos humanos. Este delito se perseguirá por querella. Lo anterior, con motivo del dictamen 96 sustentado por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Baja California, en el análisis de constitucionalidad de dicha reforma, -en lo que aquí interesa-, señaló: "De todo lo antes expuesto y justificado esta Comisión coincide plenamente con la propuesta formulada por la inicialista, pues los valores que pretende tutelar son aquellos consagrados desde la Constitución Federal, orientados a la mayor protección y actuación con perspectiva de género a favor de las víctimas y de los ofendidos, así como sanciones agravadas para los funcionarios públicos en el cumplimiento de sus funciones en caso de inobservancia y de personas con las que la víctima tenga una relación de subordinación laboral, lo anterior en atención de que el bien jurídico tutelado para salvaguardar y proteger es el de una gran valía ya que es la Dignidad Humana, derivado de que el delito de Discriminación, su creación tiene como origen la respuesta del Estado Mexicano y en el caso particular, de la legislación local, al clamor y exigencia nacional e internacional de implementar mecanismos para prevenir, combatir, erradicar y sancionar el creciente fenómeno de la discriminación. Aunado a que la iniciativa propuesta deriva de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, la cual ha representado un cambio de paradigma que obliga a todos los estados a iniciar procesos de armonización legislativa para adecuar los marcos jurídicos locales a este referente obligatorio de actuación de toda autoridad que representan los derechos humanos contenidos en el artículo primero constitucional. Lo cual significa que para el gobierno de nuestra entidad atender y sancionar la discriminación no es un asunto opcional, representa un deber que se materializa con la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la ratificación de más 50 compromisos internacionales. La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos entiende la armonización legislativa como "un arduo proceso de reforma, adaptación e integración normativa que hace posible la interconexión de los diversos ordenamientos jurídicos que forman parte de un sistema de derecho, e inclusive la interacción entre sistemas diversos, de tal manera que, al complementarse, aseguren la viabilidad del ejercicio y goce de los derechos humanos, así como su eficaz protección y defensa. Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, tomando en cuenta los argumentos anteriormente vertidos, el texto propuesto por la inicialista resulta acorde a derecho, no se contrapone a ninguna disposición de orden federal o local, no contravienen el interés público y existe simetría entre el diagnóstico presentado en la exposición de motivos y los valores axiológicos que se pretenden tutelar con la reforma, lo que hace jurídicamente PROCEDENTE la iniciativa en los términos precisados en el cuerpo del presente dictamen. Finalmente, si bien es cierto esta Dictaminadora considera jurídicamente procedente la reforma planteada la Diputada Julia Andrea González Quiroz, al entrar en el estudio de la construcción gramatical del texto originalmente propuesto, se advierte la necesidad de realizar algunas modificaciones a razón de técnica legislativa, esto con el propósito de hacer más armónica la inserción de la reforma con la estructura de la norma positiva penal, siendo como a continuación se precisa: CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA TEXTO PROPUESTO EN LA INICIATIVA TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN LIBRO SEGUNDO PARTE ESPECIAL (Sin modificación al Libro) SECCIÓN PRIMMERA DELITOS CONTRA EL INDIVIDUO (Sin modificaciones a la Sección) (Se modifica la denominación del Título Primero) (Se reubica la pretensión) TITULO PRIMERO DELITOS CONTRA LA VIDA, LA SALUD PERSONAL Y LA DIGNIDAD HUMANA CAPITULO X DISCRIMINACIÓN ARTÍCULO 160 TER aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días multa al que, por razones de origen étnico, nacional o regional, raza, color de piel, lengua, sexo, identidad de género, preferencia sexual, edad, estado civil, condición de discapacidad, condición social o cultural, económica, de salud o jurídica, religión, de apariencia física, características genéticas, situación migratoria, embarazo, opiniones políticas, filiación política, situación familiar o de responsabilidades familiares, antecedentes penales o cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana o anule, impida o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas: I. Niegue a una persona un servicio público o ARTÍCULO 160 TER.- Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientas veces el valor de la Unidad de Medida de Actualización al que, por razones de origen étnico, nacional o regional, raza, color de piel, lengua, sexo, identidad de género, preferencia sexual, edad, estado civil, condición de discapacidad, condición social o cultural, económica, de salud o jurídica, religión, de apariencia física, características genéticas, situación migratoria, embarazo, opiniones políticas, filiación política, situación familiar o de responsabilidades familiares, antecedentes penales o cualquier otro motivo atente contra la dignidad humana o anule, impida o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas: I. Niegue a una persona un servicio público o privado a la que tenga derecho y que se ofrece al público en general, o II. Niegue o restrinja derechos laborales, educativos, civiles o sociales. Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación a que tenga derecho se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta. Cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas por persona con la que la víctima tenga una relación de subordinación laboral, la pena se incrementará en una mitad. No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la privado a la que tenga derecho y que se ofrezca al público en general, o II. Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación a que tenga derecho se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, y además se le podrá destituir e inhabilitar para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la pena impuesta. protección de los grupos socialmente desfavorecidos Asimismo, se incrementará la pena en una mitad cuando los actos discriminatorios limiten el acceso a las garantías jurídicas indispensables para la protección de todos los derechos humanos. Este delito se perseguirá por querella. Con base en esa información, se estima que el aquí quejoso carece de interés legítimo para promover el presente juicio, en la medida en que únicamente cuenta con un interés simple para reclamar a las autoridades responsables los actos precisados en los párrafos que anteceden. Lo anterior es así, ya que no expresa que exista, por su situación particular frente al orden jurídico, un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, tal y como lo precisó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria a que se hizo alusión anteriormente, pues sus manifestaciones vertidas "bajo protesta de decir verdad" las hace consistir únicamente en que: cuenta con interés legítimo "en virtud de que es residente del Estado desde hace cincuenta y nueve años y que posee desde la mayoría de edad credencial electoral que acredita su residencia en esta entidad federativa", y que el acto reclamado viola los derechos humanos de un sector importante de la sociedad de Baja California "quienes mediante un procedimiento legislativo estará siendo perjudicada en sus dos dimensiones, pues de manera autoaplicativa puede resultar perjudicada e interesada los ciudadanos de Baja California, ante la creación de un nuevo tipo penal en el Código Penal del Estado de Baja California." Para tal efecto, el aquí quejoso exhibió copia simple de su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, la cual si bien adquiere valor probatorio a manera de indicio para acreditar que tiene su residencia en esta ciudad, lo cierto es que dicha circunstancia, por sí sola, es insuficiente, para acreditar el interés legítimo con el que comparece al juicio de amparo, ya que aunque fueran ciertas sus afirmaciones de residencia eso no justificaría de ninguna forma cómo es que los actos reclamados generan un perjuicio a su esfera jurídica, ni tampoco se advierte un beneficio real y cierto, diferenciado del resto de la población a la que rige el acto reclamado, en caso de concedérsele el amparo (pues de la lectura de la demanda se limita a señalar que por parte de las autoridades responsables existe "una indebida ponderación del impacto en la esfera jurídica de los gobernados tanto en su aspecto social, económico, institucional público y privado, así como cultural debido a la aprobación, publicación y promulgación del nuevo tipo penal, en su dimensión autoaplicativa pues éste constituye una transgresión de principios, valores y derechos constitucionales, así como en su acepción heteroaplicativa dado los impactos que pudiere causar en las dimensiones públicas y privadas de servicios"), sin que haya expresado que exista, por su situación particular frente al orden jurídico, un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad. Máxime que del examen de constitucionalidad de la iniciativa planteada por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Baja California, se precisó que los valores que se pretende tutelar son aquellos consagrados desde la Constitución Federal, orientados a la mayor protección y actuación con perspectiva de género a favor de las víctimas y de los ofendidos, así como sanciones agravadas para los funcionarios públicos en el cumplimiento de sus funciones en caso de inobservancia y de personas con las que la víctima tenga una relación de subordinación laboral, lo anterior en atención de que el bien jurídico tutelado para salvaguardar y proteger es el de una gran valía ya que es la Dignidad Humana, derivado de que el delito de Discriminación, su creación tiene como origen la respuesta del Estado Mexicano y en el caso particular, de la legislación local, al clamor y exigencia nacional e internacional de implementar mecanismos para prevenir, combatir, erradicar y sancionar el creciente fenómeno de la discriminación. Por tanto, en la forma en que se plantea la demanda, el interés con el que comparece el impetrante del amparo, lo tendrá cualquier otro de los ciudadanos que residen en esta ciudad, inclusive en cualquier parte del Estado de Baja California, puesto que es posible concluir que toda la comunidad tiene el afán de que las autoridades cumplan con las normas de derecho objetivo, sin que ese cumplimiento implique un beneficio personal, o sea, diferenciado en favor de éste que no vaya a obtener el resto de la sociedad; por lo cual, tal circunstancia por sí sola, es insuficiente para acudir al juicio de amparo, pues solo representa un interés simple. Ello, en razón de que como fue expuesto, el interés simple es el que se reconoce a cualquier ciudadano por el mero hecho de ser miembro de una sociedad para interesarse en el quehacer de las autoridades con la finalidad de que cumplan con el orden jurídico objetivo, pero sin que con base en tal interés pueda instarse el juicio de amparo, ya que necesariamente se requiere que se acuda con un interés jurídico o legítimo; lo que en la especie no se acredita. Aunado a lo anterior, se estima que el aquí quejoso no acredita su interés legítimo en la medida en que la eventual concesión del amparo, no se traduciría en un beneficio jurídico en su favor, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, que sea diferente al del resto de la población, como fue concebido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que, en todo caso, el beneficio del quejoso será lejanamente derivado e indirectamente, pues el hecho de que las autoridades responsables cumplan a cabalidad de lo que se duele el aquí quejoso, no incidirá directamente en su esfera jurídica, sino que se trata de un efecto que eventualmente, de manera incierta, pudiera beneficiarlo, así como a todos los demás miembros de la sociedad (de decretarse la inconstitucionalidad del decreto de que se duele). Toda vez que -como se anticipó-, de la lectura integral de la demanda se obtiene que el aquí quejoso parte de la premisa de que la diversidad de razones vinculadas con las conductas inmersas en la adición del artículo 160 TER del Código Penal para el Estado de Baja California, propician confusión en los elementos que construyen la posibilidad punitiva, multiplicando las dificultades de interpretación y aplicación dando lugar a un panorama confuso y generador de una "gran inseguridad jurídica", que la redacción legislativa hoy norma vigente propicia contradicciones de interpretación y aplicación lo que "puede hacer incurrir al sistema penal en dimensiones de excesos e injusticias en perjuicio tanto de autoridades públicas como sujetos de actividades de naturaleza privada, haciendo en síntesis que las hipótesis cotidianas se conviertan en conductas imputables y susceptibles de sanción penal, rompiendo el límite entre derechos, libertades y sanciones ante la dificultad y confusión del tipo penal creado". Empero tales circunstancias no justifican el interés legítimo, para instar el juicio constitucional, pues atento a la forma en que fue propuesta la demanda, el aquí quejoso no se encuentra en una situación jurídica cierta, concreta y directa en la que se pueda ver afectado, en forma diferente al resto de la sociedad, al referir que el acto reclamado viola los derechos humanos de un sector importante de la sociedad de Baja California "quienes mediante un procedimiento legislativo estará siendo perjudicada en sus dos dimensiones, pues de manera autoaplicativa puede resultar perjudicada e interesada los ciudadanos de Baja California, ante la creación de un nuevo tipo penal en el Código Penal del Estado de Baja California." Lo anterior, pues es inconcuso que no basta el interés abstracto en la legalidad de los actos de autoridad para considerar existente un interés legítimo, porque si bien todos los individuos tienen interés en que sean legales los actos de las autoridades, ese objetivo o intención no basta para acudir al juicio de amparo, ya que incluso tratándose del interés legítimo, la parte quejosa debe resentir una afectación diferente al resto de las personas, o sea, real, objetiva y concreta en su esfera jurídica. De tal suerte que si con el juicio de amparo promovido no se restituiría en el goce de algún derecho derivado de su situación particular frente al orden jurídico, es claro que la promoción de este asunto no le reporta un beneficio en su esfera jurídica individual, de modo que no se concibe cómo puede considerarse actualizado en su favor, aunque se tramitara el juicio, un interés legítimo, pues éste está condicionado a que el solicitante de la protección constitucional logre un beneficio con la inconstitucionalidad del acto que se reclame, diferente al del resto de la colectividad. En efecto, el espectro de protección y de acceso a la justicia que se contiene en la reforma se establece en razón de la existencia de un interés legítimo, que requiere de un cierto grado de afectación a la esfera jurídica del particular proveniente del acto que reclame como inconstitucional, es decir, se exige un interés cualificado, especial, y no generalizado y abstracto. Interés legítimo, que se distingue del interés simple, en el hecho de que al preservarlo el particular obtiene una restitución en el goce de una garantía individual violada -lo cual constituye la esencia del juicio de amparo-, esto es, las consecuencias de la impugnación reportan un beneficio concreto al particular. Luego, el interés legítimo no puede llegar a considerarse como un interés simple o equipararse a éste. En el interés legítimo es necesario que el acto produzca una afectación real y por virtud del amparo se restablezcan las cosas y se le resarza ese perjuicio que resintió el gobernado. De modo que si la pretensión del aquí quejoso, no se basa en una situación concreta que lo distinga del resto de los habitantes del Estado, en la que la ilegalidad que aduce de los actos reclamados se traduzca en una afectación a su esfera jurídica concreta, ni señala un nexo con el acto reclamado que incida en su círculo personalismo de derechos considerados en sí mismos, entonces, no puede considerarse que le asista un interés legítimo para acudir al amparo, en tanto que el derecho en abstracto de un ciudadano no basta para iniciar la acción constitucional, ni en lo individual, ni en representación de una colectividad. Por tanto, como el aquí quejoso sólo tiene un interés simple como lo tiene cualquier ciudadano para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de los actos de las autoridades, -como se anticipó-, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J.38/2016 (con número de registro electrónico 2012364) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a página 690 del Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Por tal motivo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Luis Alonso Ortega Trillo, por propio derecho. La anterior determinación no implica una violación al derecho humano de acceso a la justicia, pues su ejercicio se encuentra normado por diversos presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia, cuya finalidad es dotar de firmeza jurídica a las determinaciones judiciales y lograr que éstas puedan ser acatadas. Es por ello que, si bien es cierto conforme al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas relativas a los derechos humanos debe interpretarse de acuerdo a la Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, atento al principio pro persona y bajo una óptica de tutela más amplia, también lo es que en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, dispone reglas específicas, lo que no implica que este no sea un recurso judicial efectivo. Así, el establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados, deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia 22/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Página 325, Materia Constitucional, Autorizados y domicilio. Se tiene como autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Manuel Núñez Organista, toda vez que cuenta con su cédula registrada en el referido sistema y como domicilio procesal el señalado en la demanda. Así también, téngase a la parte promovente proporcionando dos cuentas de correo electrónico, para el contacto respectivo en el presente asunto. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Transparencia y digitalización. En atención al cuarto punto petitorio de la demanda de garantías de que se trata, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Asimismo, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Consulta vía internet. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán acceder electrónicamente para consultar este expediente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso al sistema de consulta, deberá solicitarlo por escrito, sin que implique permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones, ya que en la solicitud debe expresar que es en esos términos, señalando el nombre del usuario, o bien a través de su firma electrónica, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Acuerdo General 1/2015. Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica , dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional, ello en términos de la fracción II, del artículo 6, del multicitado Acuerdo General 21/2020. En la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Requerimiento a las partes. Con independencia de lo anterior se requiere a las partes para que, a la brevedad, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que este órgano jurisdiccional estime necesarios; esto con apoyo en el artículo 22, fracción II, del multicitado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea". Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea Directrices para cualquier notificación personal que derive de la tramitación del presente juicio. Se hace del conocimiento a los actuarios de la adscripción, que las notificaciones personales que en su caso, pudieran derivar en este asunto durante su tramitación, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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