Luis Alfredo Hernández Cuevas
Expediente 2/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 2/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 25/02/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Luis Alfredo Hernández Cuevas
- Luis Alfredo Hernández Cuevas y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
MESA V-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticinco de febrero del dos mil quince. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que en el juicio de amparo del que emana el presente incidente, con esta fecha se dictó un proveído en el que se decretó que causó el auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo promovido por Luis Alfredo Hernández Cuevas; por tanto, archívese este incidente de suspensión como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que en este incidente mediante auto de dos de enero del dos mil quince, se concedió la suspensión provisional y mediante interlocutoria de veinte de enero del año en curso, se concedió la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados; que por la naturaleza de lo resuelto en este incidente, se estima carece de relevancia documental y toda vez que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos originales; en consecuencia, con fundamento en el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, el original de este incidente de suspensión se estima que el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración, conforme a los puntos segundo, fracción XVIII, cuarto y vigésimo primero, fracción III, del citado Acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el original de este incidente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración; por lo que debe conservarse el auto de dos de enero del dos mil quince y la interlocutoria de veinte de enero siguiente, que concedió la suspensión provisional y definitiva, respectivamente. Por otra parte, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, dentro del término ahí previsto, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción del duplicado del incidente. Asimismo, se indica, conforme a la certificación de cuenta, en este incidente de suspensión no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. NOTIFÍQUESE...
- Principal
MESA V-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticinco de febrero del dos mil quince. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que la notificación del proveído de veintinueve de enero de este año, por el que se sobreseyó fuera de audiencia, se hizo correctamente a la parte promovente por lista de acuerdos el nueve de febrero siguiente; de ahí, que el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para interponer el recurso de revisión, transcurrió del once al veinticuatro de febrero de este año; sin que interpusiera dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese este expediente, como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, dado que se sobreseyó fuera de audiencia, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. Se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que por una parte, se reclamó la orden de aprehensión librada en su contra y la ejecución material de tal determinación y por otra se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, por lo que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendidos entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni se trata de resolución que haya sido impugnada ante algún organismo público internacional, ni relativo a conflicto laboral colectivo trascendente, o que por el sentido de la resolución adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de CINCO AÑOS contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE...
- Principal
MESA VA] Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintinueve de enero del dos mil quince. Vistos los oficios 47 y 53 del juez Mixto de Primera Instancia de Ixtlán de Juárez, Oaxaca y anexo que acompaña a cada uno, por los cuales remite copia certificada de la resolución dictada el doce de enero del año en curso, dictó en la causa penal 08/2013 de su índice, en la cual dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor del quejoso Luis Alfredo Hernández Cuevas, por el delito de lesiones cometidas en agravio de Miguel Ángel Hernández Regino. De lo anterior, se desprende la existencia de una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia de este juicio de amparo, lo que no causa algún agravio al quejoso ni lo priva de defensa. En el caso, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo vigente, que establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. De la lectura de las constancias que integran el sumario, las que tienen valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en su carácter de instrumental de actuaciones, se advierte que el quejoso reclama por esta vía la orden de aprehensión librada en su contra por el juez Mixto de Primera Instancia de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, en la causa penal 08/2013 por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones cometidas en agravio de Miguel Ángel Hernández Regino. Así también, se advierte que el doce de enero del dos mil quince, el juez Mixto de Primera Instancia de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, dictó en la causa penal 08/2013 de su índice, auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor del quejoso Luis Alfredo Hernández Cuevas, por el delito de lesiones cometidas en agravio de Miguel Ángel Hernández Regino (fojas 26 a 32); motivo por el cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo en vigor, en virtud de que la orden de aprehensión reclamada no puede ser analizada porque ha quedado procesalmente sustituida por el auto de libertad decretado a favor del peticionario, y de estudiar la inconstitucionalidad planteada podría afectarse la situación jurídica creada por el nuevo acto. En efecto, no debe perderse de vista que la libertad personal se restringe por cuatro motivos, a saber, la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena, cada uno con características peculiares; el conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad se llama situación jurídica, de modo que cuando esa situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, ya que cada forma de restricción de la libertad personal excluye a las otras y por lo tanto, desaparecen los efectos del acto reclamado; de ahí, que sea improcedente el amparo contra la situación jurídica anterior. En virtud de actualizarse la causa de improcedencia invocada, pues el auto de libertad dictado a favor del quejoso, cambió la situación jurídica en que se encontraba con motivo de la orden de aprehensión dictada en su contra, a las nueve horas del veintinueve de enero del dos mil quince se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia; sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por el promovente del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia número mil veintiocho, localizable en la página setecientos ocho, tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.- Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Sin que el hecho de que el presente caso se sobresea fuera de audiencia constitucional, cause agravio al quejoso o lo prive de defensa, pues ni aún celebrándose ésta, el impetrante podría desvirtuar con prueba alguna la causa de improcedencia de mérito, que se torna notoria, manifiesta e indudable, por lo que el resultado del fallo sería en el mismo sentido; por tanto, atendiendo al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional, lo procedente es resolver fuera de audiencia por el cambio de la situación jurídica del agraviado. Al caso, resulta aplicable la tesis XIV.1o.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página mil doscientos treinta y cinco, tomo XII, agosto de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y textos siguientes: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional". El sentido del presente fallo, comprende también el acto de ejecución, atribuido, al agente del Ministerio Público adscrito al juzgado Mixto de Primera Instancia y al comandante de la Policía Ministerial destacamentado, residentes en Ixtlán de Juárez, Oaxaca, puesto que éste no se reclama por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto de ordenamiento del cual deriva. Se invoca en apoyo por su contenido, la tesis jurisprudencial número siete, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página seiscientos noventa, tomo II, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. SE NOTIFICO EN TERMINOS DEL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO
- Incidental
MESA V-A * "...VISTOS; para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2/2015; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. El quejoso Luis Alfredo Hernández Cuevas, reclamó del juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ixtlán de Juárez, Oaxaca (autoridad ordenadora); agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ixtlán de Juárez, Oaxaca y comandante de la Policía Ministerial destacamentado, residentes en Ixtlán de Juárez, Oaxaca (autoridades ejecutorias), la orden de aprehensión dictada en su contra por la citada autoridad judicial y la ejecución material de tal determinación por las restantes. SEGUNDO. Por auto de dos de enero de dos mil quince, se ordenó tramitar por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión relativo, registrándose bajo el número 2/2015, en el cual se proveyó respecto de la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Precisión de la litis incidental. Se precisa que los actos que la parte quejosa reclama son: ACTOS RECLAMADOS: AUTORIDAD RESPONSABLE: La orden de aprehensión dictada en su contra. Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ixtlán de Juárez, Oaxaca. La ejecución material de tal determinación. Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia y comandante de la Policía Ministerial destacamentado, residentes en Ixtlán de Juárez, Oaxaca. SEGUNDO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir sus informes previos el agente estatal de investigaciones, encargado del servicio en Ixtlán de Juárez, Oaxaca y la agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, aceptaron la existencia del acto que de ellos se reclama (fojas 21 y 24). Por su parte, el juez Mixto de Primera Instancia de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, no rindió su informe previo, no obstante haber quedado notificado de la petición del mismo, según se advierte del acuse de notificación que obra a foja treinta y tres; por lo que, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye. Por ende, siendo ciertos los actos reclamados, procede considerar sobre la suspensión definitiva solicitada. TERCERO. Procedencia de la suspensión definitiva. En el caso, se reclama la orden privativa de libertad atribuida al juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ixtlán de Juárez, Oaxaca y la ejecución material de tal determinación por las autoridades restantes. Se hace del conocimiento de las partes, que en lo relativo a la procedencia o no de la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, así como a las condiciones a que se sujete y efectos de la misma, se aplicará la Ley de Amparo anterior a la reforma, de conformidad con el artículo décimo transitorio, segundo párrafo, de la nueva Ley de Amparo, toda vez, según dicho numeral, la suspensión en materia penal (que actualmente se rige por el capítulo primero, sección tercera, segunda parte, de la ley acabada de citar), seguirá rigiéndose acorde a aquella; pues, en el caso, el acto reclamado deriva de una orden privativa de la libertad librada por juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, instancia, en la que no se aplica el nuevo sistema de justicia penal, acorde al decreto número 308, de fecha seis de noviembre de dos mil seis, por el que se creó el Código Procesal Penal del Estado, en el cual se incorporan los principios rectores del nuevo proceso penal como son: la oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración; por lo que únicamente se dejará de aplicar la segunda parte de la sección tercera, del capítulo primero, de la Ley de Amparo en vigor, relativo a la suspensión del acto reclamado "en materia penal". Por lo que, al efecto se provee: I. En relación con la ejecución material de la orden de aprehensión librada contra la parte quejosa por el juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, en virtud que tal autoridad no rindió su informe previo, se desconoce la naturaleza y modalidades del ilícito por el cual se libró la orden de aprehensión; por ende, para el caso de que la penalidad del delito por el que se sigue el proceso relativo permita el beneficio de la libertad provisional bajo caución, al estar satisfechos los requisitos exigidos por los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 124 de la Ley de Amparo, aplicable en términos del artículo décimo transitorio, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, toda vez que la suspensión provisional está solicitada, y con la misma no se sigue perjuicio al interés social, para el caso que el ilícito no se encuentre catalogado como grave conforme a lo establecido en el artículo 23 Bis A del Código de Procedimientos Penales vigente en este Estado, con fundamento en los artículos 124, 124 bis, 128, 136 y 139 de la referida Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional al peticionario del amparo para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no sea privado de su libertad personal con motivo de la orden de aprehensión reclamada, quedando a disposición del juez de la causa, en términos del primer párrafo del artículo 136 del mismo ordenamiento, a efectos de la continuación del proceso penal y a disposición de este juzgado por lo hace a su libertad personal; medida precautoria que surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si no se cumple con los siguientes requisitos de eficacia: a). Que la parte quejosa Luis Alfredo Hernández Cuevas exhiba a favor de este juzgado dentro del plazo de setenta y dos horas, garantía económica por la suma de tres mil pesos cero centavos, moneda nacional, en cualquiera de las formas permitidas por la ley. Para el caso de que la garantía se constituya en billete de depósito, se hará ante el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI), conforme lo establecido por el artículo 52, fracción I, del Acuerdo 17/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el Acuerdo asumido en sesión ordinaria de once de julio de dos mil siete, por el Comité del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, a que se refiere la circular 11/2007, que expidió la Secretaría Técnica de dicho comité. En el entendido que dicha garantía se fija al arbitrio del suscrito, tomando como datos los siguientes: 1). Que el delito por el que se libró la orden de aprehensión es el de lesiones, según lo manifestado por el agente estatal de investigaciones encargado del servicio, con residencia en Ixtlán de Juárez, Oaxaca (foja 21). 2) Que se desconoce el monto de la reparación del daño y autoridades bajo las cuales se libró la orden de aprehensión. 3) Que no existe constancia alguna sobre las características personales y la situación económica del referido peticionario de amparo, por lo cual, ese dato no se puede tener en cuenta para fijar la garantía. Garantía que se establece al ponderar el beneficio que se otorga con la presente medida cautelar y los datos anteriores, a efecto de evitar una conducta evasiva por parte del quejoso en relación con el proceso penal que se le sigue, además, tomando en cuenta el equilibrio entre la salvaguarda de la libertad personal, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del proceso penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Tiene aplicación a lo anterior jurisprudencia que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. CORRESPONDE AL QUEJOSO MANIFESTAR EN LA DEMANDA DE AMPARO LO REFERENTE A SU SITUACIÓN ECONÓMICA PARA SER TOMADA EN CUENTA AL MOMENTO EN QUE SE FIJE EL MONTO DE LA GARANTÍA RESPECTIVA. El artículo 124 bis de la Ley de Amparo establece, para la efectividad de la suspensión concedida contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, que se exija al quejoso una garantía cuyo monto se fijará tomando en cuenta la naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute, su situación económica y la posibilidad de que aquél se sustraiga de la acción de la justicia; sin embargo, tratándose de la suspensión provisional contra una orden de aprehensión, el Juez de Distrito debe fijar el monto de la garantía con los datos asentados en la demanda interpuesta, y si de ella no se advierte alguno sobre la situación económica del quejoso, hará uso de su facultad discrecional para determinarla pues, en este aspecto, corresponde a éste proporcionar dicha información". Así como la diversa jurisprudencia número 107/2013, que al tenor dice lo siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO PENAL QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA GARANTÍA NECESARIA PARA QUE AQUÉLLA SIGA SURTIENDO EFECTOS, NO PUEDE EXCEDER EL DE SETENTA Y DOS HORAS QUE OTORGA EL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).De los artículos 124, 124 Bis, 130, 131, 136, 138 y 139 de la Ley de Amparo, y en atención a la naturaleza, el objeto, los requisitos de procedencia y efectividad de la suspensión de los actos reclamados y el principio de celeridad que rige en la suspensión, deriva que si el juez de distrito tiene la facultad de adoptar las medidas de aseguramiento que estime pertinentes sobre el quejoso para evitar que se sustraiga a la acción de la justicia con motivo de la suspensión que llegue a concedérsele, es a dicho juzgador a quien corresponde, atendiendo a las circunstancias del caso, fijar el plazo para que aquél exhiba la garantía necesaria para que siga surtiendo efectos la suspensión provisional concedida a su favor contra actos derivados de un procedimiento penal que afecta su libertad personal, sin que dicho plazo pueda exceder el término de las setenta y dos horas siguientes al dictado del auto inicial que le otorga el referido artículo 131, para fijar la fecha para celebrar la audiencia incidental". b) DENTRO DEL PLAZO DE TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este auto, el quejoso Luis Alfredo Hernández Cuevas, deberá comparecer personalmente ante el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, para que le reciban su declaración preparatoria y asista a toda clase de diligencias para las que la citen dentro del proceso; en todo caso, aunque no sea citado para alguna diligencia deberá presentarse ante la autoridad judicial cada siete días, hasta la resolución ejecutoria del juicio principal de amparo a que corresponde este incidente de suspensión, en la inteligencia de que al vencimiento del referido plazo, deberá acreditar ante este juzgado que cumplió con tales medidas; con apercibimiento de no realizar dichas presentaciones dentro del plazo de tres días indicado; no comparezca ante el juzgador para la práctica de alguna diligencia y de no acreditar aquí que cumplió con la primera presentación señalada, se hará efectiva la garantía pecuniaria en favor del Erario Federal; de igual modo, para el caso de que el mencionado juez informe a este juzgado que la parte promovente no cumplió con alguna otra presentación a la que haya sido citado previamente y que esté acreditado este hecho, también se hará efectiva la referida garantía. Se invoca en apoyo de lo anterior la jurisprudencia número 1ª J 94/2001, Tomo XIV, visible en las páginas veintiséis y veintisiete, Novena Época, Noviembre dos mil uno, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro: "SUSPENSIÓN EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 138, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO AL CONCEDERLA GOZA DE LA MÁS AMPLIA FACULTAD PARA IMPONER AL QUEJOSO LA OBLIGACIÓN DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA PARA RENDIR SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, COMO REQUISITO DE EFECTIVIDAD DE ESA MEDIDA. Así como la diversa jurisprudencia por contradicción de tesis número 1a/J16/97, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos veintiséis, del tomo V, Mayo de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL". En el entendido que la suspensión decretada, podrá dejar de surtir efectos cuando el quejoso incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas por este juzgado o derivadas del procedimiento penal respectivo, dentro de tres días concedidos al efecto, lo cual deberá acreditar en ese mismo plazo. En tanto que, si el delito o los delitos por los que se instruye el proceso a la parte quejosa no permitan el beneficio de la libertad provisional bajo caución, conforme al artículo 23 Bis "A" del Código de Procedimientos Penales vigente en este Estado, con fundamento en el artículo 136, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, la suspensión provisional sólo se otorga para el único efecto de que una vez detenido quede a disposición de este juzgado de Distrito por lo que respecta a su libertad personal, en el lugar donde sea internado, así como a disposición del juez de su causa por lo que atañe a la continuación del procedimiento penal. Ahora, una vez transcurrido el plazo concedido sin que llene los requisitos exigidos para conceder la medida cautelar, esto es, que exhiba la garantía económica que le fue fijada dentro del plazo de tres días; y que dentro del aludido plazo, comparezca ante el juez para que le reciba su declaración preparatoria, y se continúe con el procedimiento penal, así como, asista a toda clase de diligencias para las que lo citen dentro del proceso, aun cuando no sea citado para alguna diligencia se presente ante la autoridad judicial cada siete días, hasta la resolución ejecutoria que se dicte en el juicio principal a que corresponde este incidente, circunstancias que deberá acreditar dentro del plazo de cinco días (dentro del cual están incluidos los plazos de tres días y setenta y dos horas), siguientes a su notificación; en el entendido que de incumplir cualquiera de los requisitos de eficacia anteriormente citados en el plazo aludido, la medida suspensional decretada dejará de surtir sus efectos y se comunicará a las autoridades responsables, que quedan expeditas sus facultades para ejecutar la orden de aprehensión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 138, segundo párrafo y 139 de la abrogada Ley de Amparo, aplicable conforme al artículo tercero transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Esta medida cautelar, en cuanto a su duración, producirá efectos hasta que se notifique a las responsables la resolución interlocutoria que se dicte sobre la suspensión definitiva que se emita en la audiencia incidental. Aunado a lo expuesto, es pertinente mencionar, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho cuestionado, ni la inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto reclamado, en una apreciación de carácter provisional sobre la credibilidad objetiva del derecho de la solicitante, este órgano de control constitucional estimó procedente otorgar la suspensión provisional en los términos expuestos, respecto de la ejecución de la orden de privar de su libertad al peticionario, ya que, al confrontar la trascendencia del derecho del solicitante y el interés de la sociedad, se llegó a la conclusión que de no conceder la suspensión se causaría mayor perjuicio al peticionario, dado, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado (el cual afecta de modo predominante la libertad personal del quejoso) y a lo expuesto en su demanda de amparo (específicamente en el apartado concerniente a los antecedentes del acto reclamado y conceptos de violación), se consideró no se contraviene el interés social; porque, si bien, por una parte con tal medida se permite que tratándose de delitos que por su naturaleza permitan el beneficio de la libertad provisional bajo caución, la parte quejosa siga gozando de su libertad personal en los términos indicados, en nada afecta el interés social, ya que, aun cuando la sociedad está interesada en que, quien comete un ilícito sea sancionado por ello, o quien es sujeto de una orden de aprehensión, sea objeto de la misma, en acato al procedimiento penal respectivo, tal interés ha de prevalecer siempre y cuando tal restricción provenga de autoridad competente y se ajuste a la ley respectiva (lo cual se conocerá hasta que se resuelva el juicio), lo que en el caso no se verá afectado, pues la concesión de mérito no impide que se concluya en tal determinación, empero, será hasta que exista certeza sobre la legalidad del acto reclamado. Además que para garantizar la continuación del procedimiento respectivo, si se tratare de un delito que no sea catalogado como grave por el artículo 23 BIS A del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Oaxaca, se sujetó al promovente a comparecer ante el juez de la causa y exhibir a favor de este juzgado garantía por la suma total de un tres pesos, cero centavos, moneda nacional, por lo que hace a la orden que atribuye a la autoridad judicial, en billete de depósito o en cualquiera de la formas permitidas por la ley, apercibido que de incumplir con dichos requisitos de eficacia, la suspensión concedida dejará de surtir efectos y se comunicará a las autoridades responsables que quedan expeditas sus facultades para ejecutar las ordenes privativas de su libertad combatida y a comparecer ante el juez de la causa a fin de continuar con el procedimiento respectivo que se siga en su contra. En tanto, que de ser delito grave, sólo se concedió para el único efecto que, una vez detenido el quejoso, quede a disposición de este órgano jurisdiccional por lo que hace a su libertad personal y a disposición del juez de la causa respecto a la continuación del procedimiento que se le instruya; con lo que se preserva el interés social. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 2ª /J. 204/2009 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos quince, del tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial y su gaceta, del rubro: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO". Así también, las tesis aisladas CCLXIX/2012 (10ª) y CCLXX/2012(10ª) sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobadas en sesión privada de catorce de noviembre de dos mil doce, aún sin publicarse, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL ARTÍCULO 138, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRASGREDE LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA". Con fundamento en el artículo 107, fracción XVII Constitucional reformado, en relación con los numerales 262, fracción III, de la Ley de Amparo y 215 del Código Penal Federal, se previene a las autoridades responsables, que la desobediencia a este mandato será sancionado penalmente. CUARTO. Hágase del conocimiento de las partes, que con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, el plazo para la destrucción del duplicado de este incidente contará a partir de la fecha de esta resolución. En mérito de lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E : PRIMERO. Se concede a la parte quejosa Luis Alfredo Hernández Cuevas la suspensión definitiva solicitada contra la orden de aprehensión reclamada al juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ixtlán de Juárez, Oaxaca (autoridad ordenadora); agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ixtlán de Juárez, Oaxaca y comandante de la Policía Ministerial destacamentado, residentes en Ixtlán de Juárez, Oaxaca (autoridades ejecutorias), de quienes reclamó la orden de aprehensión dictada en su contra por la citada autoridad judicial y la ejecución material de tal determinación por las restantes. SEGUNDO. Como está ordenado en el último considerando de esta interlocutoria, hágase del conocimiento de las partes, que con fundamento en el punto Vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, el plazo para la destrucción del duplicado de este incidente contará a partir de la fecha de esta resolución. NOTIFÍQUESE...
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