Luis Alberto Vásquez Morales
Expediente 801/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 801/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 17/07/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Luis Alberto Vásquez Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
MESA IV-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecisiete de julio de dos mil quince. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso, interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el treinta de junio de dos mil quince, que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, transcurrió del tres al dieciséis del presente mes, sin que interpusiera dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su precepto 2º, se declara que ha causado estado dicho auto. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero y vigésimo primero, fracción II, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio y que tal determinación no fue recurrida, se estima que es susceptible de destrucción. Se considera también que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que los actos aquí reclamados no se ubican en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en el presente expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo, fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese...
- Incidental
MESA IV-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecisiete de julio de dos mil quince. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que en el juicio de amparo del que emana este incidente, con esta fecha se decretó que causó estado el acuerdo dictado el treinta de junio de dos mil quince, que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por Luis Alberto Vásquez Morales; asimismo, que por auto de nueve de junio de dos mil quince, se concedió la suspensión provisional, y que mediante interlocutoria pronunciada el veintidós siguiente, por una parte se negó la suspensión definitiva y por otra, se concedió dicha medida cautelar; y que en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del capítulo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; por tanto, archívese este incidente de suspensión como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que en este incidente por una parte se concedió la suspensión provisional y que mediante interlocutoria pronunciada el veintidós siguiente, por una parte se negó la suspensión definitiva y por otra, se concedió dicha medida cautelar; que por la naturaleza de lo resuelto en este incidente, se estima carece de relevancia documental y dado, que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos originales; en consecuencia, con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración, conforme a los puntos segundo, fracción XVIII, cuarto y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del citado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el original de este incidente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración, por lo que debe conservarse únicamente el auto de nueve de junio de dos mil quince, que concedió la suspensión provisional y la interlocutoria pronunciada el veintidós siguiente, que por una parte negó la suspensión definitiva y por otra, concedió dicha medida cautelar. Asimismo, se precisa, conforme a la certificación de cuenta, que en este incidente de suspensión no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación; se estima que el duplicado de este incidente de suspensión es susceptible de destrucción, conforme a los puntos segundo, fracción XVIII, cuarto y vigésimo primero, fracción III, del citado Acuerdo, por tanto, procédase a su destrucción dentro del plazo concedido en interlocutoria de veintidós de junio de dos mil quince. Notifíquese...
- Principal
MESA IV-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticinco de junio de dos mil quince. Agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales consiguientes, los oficios firmados por la titular del Juzgado Quinto de lo Penal del distrito judicial del Centro, residente en esta ciudad, recibidos ayer, con el primer oficio, cumple con el requerimiento que se le hizo en auto de diecinueve de este mes y remite las constancias solicitadas en dicho proveído. De conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por exhibida la documental que acompaña a su oficio de cuenta; con la referida documental dése vista a las partes para los efectos legales consiguientes, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la etapa probatoria de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, requiérase al encargado de la Oficialía de Partes Común del Poder Judicial del Estado, para que dentro del término de tres días, siguientes a su notificación, informe a qué sala penal correspondió conocer del recurso de apelación interpuesto contra la resolución de trece de marzo del año en curso, que libró orden de aprehensión contra Luis Alberto Vásquez Morales alias "El Poster", como probable responsable de la comisión del delito de lesiones simples cometido en agravio de Miguel Jovanny García Martínez, en el expediente penal 30/2015, del índice del Juzgado Quinto de lo Penal del distrito judicial del Centro, interpuesto por el representante social adscrito a dicho juzgado; lo anterior a fin de emitir la resolución que en derecho corresponda. Apercibiéndole que de no cumplir con lo anterior o de no manifestar el impedimento legal o material que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo vigente, se le impondrá como medio de apremio, una multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Con el segundo oficio, la autoridad judicial comunica que mediante diligencia de veintitrés de este mes recibió la comparecencia del quejoso Luis Alberto Vásquez Morales, bajo los efectos del incidente de suspensión que deriva de este juicio, en el expediente 30/2015 de su índice, en la que señaló hora de ese mismo día para tomarle su declaración preparatoria y ordenó resolver su situación jurídica. Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, requiérase a la titular del Juzgado Quinto de lo Penal del distrito judicial del Centro, residente en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, siguiente al en que dicte la resolución de término constitucional, remita copia certificada de la misma; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior o de no manifestar el impedimento legal o material que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá como medio de apremio, una multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Notifíquese...
- Incidental
MESA IV-B * "...VISTOS; para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 801/2015; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. De la demanda. Luis Alberto Vásquez Morales, reclamó de los jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de lo Penal del distrito judicial del Centro, del procurador General de Justicia del Estado y del coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en esta ciudad, lo siguiente: La orden de aprehensión y su ejecución material. SEGUNDO. Por auto de nueve de junio de dos mil quince, con fundamento en el artículo 107 fracción X, de la Constitución Federal, 125, 128 y 129 todos de la Ley de Amparo, se ordenó tramitar por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión relativo, registrándose bajo el número 801/2015, en el cual se proveyó respecto de la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva. Al rendir sus informes previos los titulares de los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Sexto y Séptimo de lo Penal del distrito judicial del Centro (fojas 15, 16, 17, 18, 20 y 21), negaron la existencia del acto que se les atribuyó, sin que dicha negativa fuera desvirtuada con prueba alguna que aportara el quejoso. Razón por la cual, por inexistencia de los actos reclamados a tales autoridades, con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Amparo, procede negar la suspensión definitiva. Tiene aplicación la jurisprudencia, bajo el rubro y texto siguientes: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". SEGUNDO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe previo la titular del Juzgado Quinto de lo Penal del distrito judicial del Centro, negó la existencia de la orden de aprehensión que se le atribuye (foja 19). Por su parte, el director de asuntos jurídicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en representación del procurador y la jefa de la unidad administrativa y de carrera policial por orden del coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones, convinieron en la existencia de la ejecución de la orden de aprehensión dictada contra el quejoso (fojas 22 y 23). Razón por la cual se requirió a la titular del Juzgado Quinto de lo Penal del distrito judicial del Centro, para que ratificara o rectificara su informe previo (fojas 24 y 25). Mediante oficio 3903 de quince del mes en curso, se tuvo a la titular Juzgado Quinto de lo Penal del distrito judicial del Centro, rectificando su informe previo, en la forma siguiente: "ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, por el quejoso toda vez que por auto de fecha TRECE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, se libró orden de aprehensión en contra de LUIS ALBERTO VÁSQUEZ MORALES ALIAS "EL POSTER", como probable responsable del delito de LESIONES, cometido en agravio de MIGUEL JOVANNY GARCÍA MARTÍNEZ, ilícito previsto por el artículo 271 y sancionado por el diverso 272, en relación con los artículos 8, fracción I, y 10, fracción I, todos del Código Penal vigente en el Estado. Además el ilícito NO se encuentra previsto como un delito grave por el artículo 23 Bis A del citado Código de Procedimientos Penales Vigente en el Estado. Asimismo, me permito informarle que la agente del ministerio público adscrita a este juzgado, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución de fecha trece de marzo de la presente anualidad, mismo recurso que hasta esta propia fecha no se ha resuelto". Siendo ciertos los actos reclamados, procede resolver sobre la suspensión definitiva solicitada, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo. TERCERO. Se concede la suspensión definitiva. A efecto de proveer sobre la suspensión definitiva, cabe señalar que en el caso, los actos que por esta vía se combaten son los siguientes: a) La orden de aprehensión librada contra el quejoso por la titular del Juzgado Quinto de lo Penal del distrito judicial del Centro. b) La ejecución de dicho mandamiento de captura, por el procurador General de Justicia del Estado y el coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones. Así como que, la parte quejosa solicita la suspensión definitiva de la orden de aprehensión para que no sea privado de su libertad. En la especie, se encuentran satisfechos los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, pues, la suspensión definitiva está solicitada, con la misma no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, y sí en cambio, serían de difícil reparación los daños y perjuicios que con la ejecución del acto se causarían al quejoso. En el caso como el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión atribuida a la titular del Juzgado Quinto de lo Penal del distrito judicial del Centro, por el delito de lesiones, cometido en agravio de Miguel Jovanny García Martínez, ilícito previsto por el artículo 271 y sancionado por el diverso 272, en relación con los artículos 8, fracción I, y 10, fracción I, todos del Código Penal vigente en el Estado, y que no se encuentra calificado como grave por el artículo 23 Bis "A" del citado Código; con fundamento en los artículos 124 y 136, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva a la parte peticionaria del amparo, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no sea privado de su libertad personal con motivo de la orden privativa de libertad reclamada, quedando a disposición del juez de la causa, y a disposición de este juzgado por lo que hace a su libertad personal, sin perjuicio de la continuación del procedimiento penal de donde emana el mismo; medida precautoria que surte efectos desde este momento, de conformidad con el artículo 136 de la Ley de Amparo, pero dejará de surtirlos si no se cumple con los requisitos de eficacia siguientes: a). Que el quejoso Luis Alberto Vásquez Morales exhiba a favor de este Juzgado, dentro del plazo de cinco días, en billete de depósito, o en cualquiera de las formas permitidas por la ley, garantía económica por la suma de $3,000.00 (tres mil pesos, cero centavos, moneda nacional). Para el caso de que la garantía se constituya en billete de depósito se hará ante el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI). En el entendido que dicha garantía se fija, de conformidad con el artículo 124 Bis de la anterior Ley de Amparo, tomando como datos objetivos, los siguientes: I). Que el delito que se atribuye al quejoso es el de lesiones, cometido en agravio de Miguel Jovanny García Martínez. II) Que no existe constancia alguna sobre las características personales y situación económica del quejoso. III) Que el acto reclamado es la orden de aprehensión librada contra el hoy quejoso por el delito de lesiones, lo que indica que podría sustraerse de la acción de la Justicia. IV) Que no se tiene conocimiento del monto de la reparación del daño por el delito de lesiones. b) Que dentro del plazo de cinco días el quejoso comparezca ante la titular del Juzgado Quinto de lo Penal del distrito judicial del Centro, para la continuación del procedimiento penal, lo que significa que deberá presentarse ante dicho juez y asistir a toda clase de diligencias para las que lo cite dentro del proceso, conforme a lo dispuesto en el artículos 136, párrafo primero, y 138 de la anterior Ley de Amparo. En todo caso, aunque no sea citado para alguna diligencia deberá presentarse cada siete días, hasta la resolución ejecutoria del juicio principal de amparo a que corresponde este incidente de suspensión; en la inteligencia de que dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del referido plazo, de cinco días, deberá acreditar ante este juzgado que se presentó ante la autoridad responsable ordenadora; con apercibimiento que de no realizar dicha presentación; y de no acreditar aquí que cumplió con la primera presentación indicada, se hará efectiva la garantía pecuniaria en favor del Erario Federal; de igual modo, para el caso de que el juez de la causa, informe a este juzgado que la parte quejosa no cumplió con alguna otra presentación a la que haya sido citada previamente y que esté acreditado este hecho, también se hará efectiva la referida garantía. Estas medidas de aseguramiento de la parte quejosa se adoptan a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable ordenadora en caso que no se le conceda el amparo y la suspensión producirá efectos hasta que se notifique a las autoridades responsables la resolución firme que en cuanto al fondo del juicio constitucional se pronuncie. Una vez transcurrido el plazo de cinco días para exhibir la garantía económica, comuníquese a las autoridades responsables si se cumplió con esos requisitos; en la inteligencia que de no haberlo satisfecho, o de no efectuar las comparecencias y las presentaciones personales ante el juez responsable, dejará de surtir efectos la suspensión concedida. Aunado a lo expuesto, es pertinente mencionar, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho cuestionado, ni la inconstitucionalidad o constitucionalidad del mismo, en una apreciación de carácter provisional sobre la credibilidad objetiva del derecho del solicitante, este órgano de control constitucional estimó procedente otorgar la suspensión definitiva en los términos expuestos, respecto de la ejecución de la orden de privar de su libertad a la parte peticionaria de amparo (orden de aprehensión), pues, al confrontar la trascendencia del derecho de la solicitante y el interés de la sociedad, se llegó a la conclusión que de no conceder la suspensión se causaría mayor perjuicio a la parte peticionaria, dado, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado (el cual afecta de modo predominante la libertad personal de la parte quejosa) y a lo expuesto en su demanda de amparo (específicamente en el apartado concerniente a los antecedentes del acto reclamado y conceptos de violación), se consideró no se contraviene el interés social; pues, si bien, por una parte con tal medida se permite que tratándose de delitos que por su naturaleza permitan el beneficio de la libertad provisional bajo caución, la parte quejosa siga gozando de su libertad personal en los términos indicados, en nada afecta el interés social, ya que, aun cuando la sociedad está interesada en que, quien comete un ilícito sea sancionado por ello, o quien es sujeto de una orden privativa de libertad, sea objeto de la misma, tal interés ha de prevalecer siempre y cuando tal restricción provenga de autoridad competente y se ajuste a la ley respectiva (lo cual se conocerá hasta que se resuelva el juicio), lo que en el caso no se verá afectado, pues, la concesión de mérito no impide que se concluya en tal determinación, empero, será hasta que exista certeza sobre la legalidad del acto reclamado, y en tanto no quede firme la sentencia que se dicte en el juicio de amparo. Además se condicionó al peticionario a comparecer ante la jueza de la causa y exhibir a favor de este Juzgado garantía por la suma de $3,000.00 (tres mil pesos, cero centavos, moneda nacional), en billete de depósito o en cualquiera de la formas permitidas por la ley, apercibido que de incumplir con dichos requisitos de eficacia, la suspensión concedida dejará de surtir efectos y se comunicará a las autoridades responsables que quedan expeditas sus facultades para ejecutar la orden de aprehensión combatida. Con fundamento en el artículo 107, fracción XVII Constitucional reformado, en relación con los numerales 262, fracción III, de la Ley de Amparo y 215 del Código Penal Federal, se previene a las autoridades responsables, que la desobediencia a este mandato será sancionado penalmente. CUARTO. Hágase del conocimiento de las partes, que con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, el plazo para la destrucción del duplicado de este incidente contará a partir de la fecha de esta resolución. En mérito de lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega a Luis Alberto Vásquez Morales, la suspensión definitiva solicitada contra actos de los jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Sexto y Séptimo de lo Penal del distrito judicial del Centro, con sede en esta ciudad, en términos del considerando primero de esta interlocutoria SEGUNDO. Se concede al quejoso Luis Alberto Vásquez Morales, la suspensión definitiva solicitada respecto de la orden de aprehensión dictada por la titular del Juzgado Quinto de lo Penal del distrito judicial del Centro y su ejecución material, reclamada al procurador General de Justicia del Estado y al coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones, en los términos y con las condiciones previstos en esta interlocutoria. TERCERO. Como está ordenado en el último considerando de esta interlocutoria, hágase del conocimiento de las partes, que con fundamento en el punto Vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, el plazo para la destrucción del duplicado de este incidente contará a partir de la fecha de esta resolución. Notifíquese...
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