Luis Alfonso Rhodes Sánchez

Expediente 671/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
671/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
23/12/2021

Partes del expediente

  • Luis Alfonso Rhodes Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda que dio origen al juicio de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En ese orden de ideas, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso d), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    En razón de que el quejoso LUIS ALFONSO RHODS SÁNCHEZ o sus autorizados, no comparecieron ante este juzgado, dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se les dejó en el domicilio señalado en autos, el uno de diciembre del año en curso, ni tampoco se puso de acuerdo con el actuario para que le notificara, ni ingresó al juzgado a notificarse, por lo que se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del acuerdo de treinta de noviembre del presente año, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. PROVEIDO QUE DICE: Uruapan, Michoacán, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda que promueve Luis Alfonso Rhodes Sánchez, por propio derecho, contra acto que atribuye al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial; fórmese expediente bajo el número 671/2021, que le correspondió en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado. Inicialmente, de la lectura del escrito que se provee, se advierte que el promovente hace consistir el acto reclamado en: El auto de tres de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 1364/2021, en el que se le dijo que debería estarse a lo acordado con anterioridad, respecto de la negativa para que nombrara perito de su parte, y como consecuencia todo lo actuado con posterioridad. Apoya lo anterior, la jurisprudencia... DESECHAMIENTO. Debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia... Ahora, es necesario precisar que manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia ... Asentado lo anterior, procede analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece: . Así, en ese supuesto normativo se prevé el principio de definitividad del juicio de amparo, que consistente en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, el juicio, los recursos o medios de defensa legales y que puedan conducir a la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada, acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia: Principio de definitividad que la parte quejosa debió observar frente al acto reclamado consistente en el auto de tres de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 1364/2021, en el que se le dijo que debería estarse a lo acordado con anterioridad, respecto de la negativa para que nombrara perito de su parte, y como consecuencia todo lo actuado con posterioridad, ya que, en materia mercantil, contra autos y decretos procede el recurso de revocación, de conformidad con lo establecido en el artículo 1334, del Código de Comercio. Tiene sustento a lo anterior el criterio siguiente: ... Entonces, es preciso concluir que la parte quejosa no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, pues la legislación mercantil prevé el recurso de revocación en contra los autos que no fueren apelables, por lo que resulta inconcuso que no agotó el referido principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que implica que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. ... Bajo ese cúmulo de ideas, es inconcuso que se está en presencia de la causal de improcedencia del juicio de amparo que se actualiza de modo manifiesto e indudable, como lo es la prevista en las fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; y, por ende, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con lo dispuesto por el diverso numeral 113, de dicho ordenamiento legal. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito de demanda y autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Moisés Martínez Mares, toda vez que como se advierte de la certificación secretarial que antecede, tiene registrada su cédula en el sistema Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a Janini Trinidad Salinas Legorreta y Marcelino Alberto Vargas Álvarez, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Se exhorta a las partes, a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades de acceso al expediente físico, continúen la tramitación del caso, mediante el esquema de juicio en línea, conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo, ello con la finalidad de privilegiar la salud de la parte quejosa, así como de los servidores públicos como de quienes intervienen en el presente juicio dentro del contexto de la pandemia originada por el virus Sars-Cov2. Hágase saber a las autoridades responsables y a las partes que, acorde a los artículos 3 y 80 de la Ley de Amparo, sus promociones y recursos deben de contener su firma autógrafa física o si es la promoción vía electrónica debe firmarse electrónicamente, acorde con las reglas de esos preceptos y aplicables de la misma Ley. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. ... Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida. ... Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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