Luis Alberto Rivera Gutiérrez

Expediente 558/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 11 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
558/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
11/10/2021

Partes del expediente

  • Luis Alberto Rivera Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    RECEPCIÓN DE OFICIO Se tiene por recibido el oficio 2355, signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual transcribe el acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo IV-853/2021-2, de la estadística de ese Juzgado, en el que consideró que diverso órgano jurisdiccional es competente para tramitar la demanda de amparo promovida por Luis Alberto Rivera Gutiérrez, contra actos del Titular de la Agencia del Ministerio Publico Investigador de Atención Temprana de Coalcomán, Michoacán, y otra autoridad, asimismo, remite las constancias siguientes: Cuadernillo de incompetencia IV-853/2021-2, de su estadística; y, Copias simples de la demanda de amparo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Aceptación de competencia. Estando dentro del término de cuarenta y ocho horas que establece el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, a fin de resolver sobre la aceptación de la competencia planteada, en términos del artículo 38 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, se avoca al conocimiento del escrito inicial de demanda promovida por Luis Alberto Rivera Gutiérrez, contra actos del Titular de la Agencia del Ministerio Publico Investigador de Atención Temprana de Coalcomán, Michoacán, y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número 558/2021. Lo anterior es así, toda vez que, del contenido del oficio de cuenta, se advierte que el órgano jurisdiccional oficiante se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Luis Alberto Rivera Gutiérrez, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados que derivan de la presente demanda de amparo conllevan una ejecución material dentro del territorio donde este juzgado tiene su jurisdicción, que se traduce en la ejecución de la omisión de realizar las diligencias necesarias para investigar los hechos denunciados por el suscrito, respecto de la averiguación previa número 100820210832 y/o 1008202108324. DESECHAMIENTO. Debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos manifiesto e indudable a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XX, en relación con el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la misma, toda vez que de su estudio integral se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. De la norma inserta se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva en contra de actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las propias leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con similares alcances que los que prevé la ley que norma a este medio procesal de tutela constitucional y sin exigir mayores requisitos que los que ésta consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa legislación. Ahora, resulta conveniente destacar que los numerales 16, párrafo décimo cuarto, y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 16. Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Código Nacional de Procedimientos Penales Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; . Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. De los preceptos insertos con antelación se desprende que la víctima u ofendido de un delito tendrá el derecho a impugnar ante una autoridad judicial las omisiones en las que incurra el Ministerio Público en sus funciones de investigación en los términos previstos por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, se advierte que los Jueces de Control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho, esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. De igual forma, se observa la posibilidad que la víctima u ofendido tiene de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En ese sentido, las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en ese supuesto, ya que tal conducta supone la paralización de su función investigadora. De ahí que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora a través del medio de defensa innominado previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público que definen el curso de una indagatoria es que al estimar que su actuación es ilegal debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Sirve de apoyo a lo precedente la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), visible en la página 945 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Materia Penal, Décima Época, que reza: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Así como el diverso criterio: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad. En esa tesitura, cabe señalar que la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal son decisiones que definen el curso de la indagatoria, por lo que las omisiones en las que incurra el Ministerio Público en esa etapa de la investigación son actuaciones que tienen como efecto la paralización de su función investigadora, las cuales deben ser revisadas por el Juez de Control, quien al estimar que tales actuaciones son ilegales ordenará al representante social que reanude la investigación y practique todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Por lo tanto, si el acto reclamado en la especie consiste en la abstención del Titular de la Agencia del Ministerio Publico Investigador de Atención Temprana, de investigar dentro de la carpeta de investigación 100820210832 y/o 1008202108324, y la omisión en la supervisión que debe realizar para que el Agente del Ministerio Publico solicite la audiencia de imputación al Juez de Control, al encuadrar en los supuestos a que alude el indicado criterio debe ser impugnado por la víctima u ofendido ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto por el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que es el medio de impugnación idóneo y específico que tiene como finalidad que el citado Juez revise las decisiones del Ministerio Público que definen el curso de una indagatoria y de estimar que la actuación del representante social fue ilegal lo conmine a que reanude la investigación y practique todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntivos de los delitos. Sustenta lo aseverado, por las razones que la contienen, la jurisprudencia I.5o.P.67 P (10a.) consultable en la página 2579 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Materia Penal, Décima Época, de contenido: ABSTENCIÓN DE INVESTIGAR DEL MINISTERIO PÚBLICO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 253 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. AL AGOTARSE EN SU CONTRA EL RECURSO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 258 DEL PROPIO CÓDIGO, ES EN LA AUDIENCIA DE CONTROL RELATIVA DONDE DEBEN DESTACARSE LAS OMISIONES EN QUE HAYA INCURRIDO LA REPRESENTACIÓN SOCIAL EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS Y QUE TRASCENDIERON AL SENTIDO DE AQUELLA DETERMINACIÓN MINISTERIAL. Bajo el nuevo sistema procesal penal acusatorio y oral, existe la etapa de investigación, cuya parte inicial comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación; en ella, el órgano técnico ministerial tiene el deber de investigación penal, por ende, cuando tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. En este sentido, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial puede legalmente culminar y/o determinarse, entre otras hipótesis, con un no ejercicio de la acción penal, bajo un criterio de oportunidad, reserva o archivo temporal o por medio de una abstención de investigar (artículo 253 del código invocado). De ahí que cuando se impugna esta última decisión, al agotarse en su contra el recurso previsto en el artículo 258 de dicho código, es menester que en la audiencia de control relativa, se destaquen, por la parte procesal correspondiente, las omisiones en que haya incurrido el Ministerio Público en la investigación de los delitos y que hayan trascendido para resolver en tal sentido dicha abstención; ello es así, porque la audiencia de control indicada es la oportunidad para que el impugnante controvierta esas omisiones, para que el órgano de control judicial advierta si efectivamente el actuar del órgano investigador tuvo justificación o no y, además, si influyeron en la decisión ministerial asumida En las relatadas condiciones, dado que en contra de los actos reclamados procede un medio ordinario de defensa ante el Juez de Control es inconcuso que el justiciable está obligado a agotarlo previo a la promoción de este sumario, a fin de observar el principio de definitividad que rige a este medio de control constitucional, por lo que al no haber acatado ese principio rector se actualiza la causal de improcedencia prevista por el dispositivo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 16, párrafo décimo cuarto, y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda de amparo promovida. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia II.1o.C.T.11 K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, tomo II, diciembre de mil novecientos noventa y cinco, materia común, página quinientos nueve, del tenor siguiente: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa autorizado para oír y recibir notificaciones en términos restringidos a Azucena Peñaloza Vargas y Narciso Vargas Frutis, toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, hasta en tanto acrediten encontrarse facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Toda vez que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito; por tanto, en atención a lo dispuesto por los artículos 158, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de amparo, envíese EXHORTO al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en Morelia, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione al Actuario de su adscripción, a fin de que realice lo siguiente: Notificar el presente proveído a la parte quejosa, en el domicilio ubicado en calle Álvaro Obregón número 56-D, zona centro en Morelia, Michoacán; Además, deberá requerirlo para que en el plazo de tres días legalmente computado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Hecho que sea lo anterior, remita las constancias que acrediten la diligenciación de la encomienda solicitada. Con fundamento en los artículos 17 Constitucional y 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para el cumplimiento de la diligencia aquí ordenada. Hecho lo anterior, se solicita devolver la comunicación oficial de que se trata con las constancias que acrediten su diligenciación. Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifiquen a las autoridades responsables por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificarán por medio de lista. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de los días que llegaran a declararse inhábiles laborables, para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

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