Luis Alfonso Graniel Flores
Expediente 34/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 34/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 21/06/2022
Partes del expediente
- Luis Alfonso Graniel Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa Luis Alfonso Graniel Flores, interpusiera recurso de revisión en contra del auto en el que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo dictado el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, que sobreseyó el presente juicio de amparo, transcurrió del veintiséis de mayo al ocho de junio de dos mil veintidós, con exclusión de los días veintiocho y veintinueve de mayo, cuatro y cinco de junio del año en curso, por ser inhábiles (sábados y domingos), en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental, al resolverse: "Por las razones expuestas, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte de manera notoria, manifiesta e indudable que han cesado los efectos del acto reclamado, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. (.)" Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso a) y 24 del referido Acuerdo General. Por consiguiente, efectúense las anotaciones correspondientes en el libro uno: de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre Notifíquese por lista a las partes y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, sin mayor pronunciamiento, el oficio S.A./2364/2022, de la Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, toda vez que el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio S.A./2130/2022, del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, mediante el cual, rinde informe justificado en el sentido de que es cierto el acto reclamado por el quejoso Luis Alfonso Graniel Flores, como justificación a su informe remite copia certificada del acuerdo de dos de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 045/2015 y del oficio S.A./0460/2022 de la misma data dirigido a la Vicefiscalia Regional General de Ciudad del Carmen, Campeche. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable la documentales exhibidas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y en ese acto se tengan por recibidas, aunque no exista gestión expresa del interesado. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado vía electrónica el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, Milton Alejandro Pech Juárez, en su carácter de apoderado legal de Luis Alfonso Graniel Flores, promovió demanda de amparo contra la negativa del Actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, de notificar al perito tercero en discordia Ricardo Humberto Peraza Ávila, para la audiencia de caligrafía, grafoscopía, grafométrica y documentoscopía, en el expediente laboral 45/2015. Ahora bien, la autoridad responsable en su informe justificado mencionó que Ricardo Humberto Peraza Ávila, perito adscrito a la Secretaria de Trabajo y Prevención Social del Estado de Campeche, desde el mes septiembre de dos mil veintiuno, dejó de formar parte de dicha dependencia, por ende, dejó sin efectos el llamamiento efectuado en el juicio laboral 45/2015 y giró oficio a la Vicefiscalía General Regional con sede en esta Ciudad, para que designara perito tercero en discordia. Para corroborar su dicho la autoridad responsable remitió copia certificada de las constancias siguientes: 1. Del acuerdo de dos de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 45/2015, por el que dejó sin efectos el llamamiento del perito Ricardo Humberto Peraza Ávila, en razón por haber dejado de formar parte de la Secretaria de Trabajo y Prevención Social del Estado de Campeche, desde el mes septiembre de dos mil veintiuno; y ordenó girar oficio a la Vicefiscalía General Regional con sede en esta Ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles designara perito tercero en discordia. 2. Del oficio S.A./0460/2022 de dos de mayo de dos mil veintidós, dirigido a la Vicefiscalía General Regional con sede en esta Ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles designara perito tercero en discordia. Copias certificadas a las que se le confiere con valor probatorio pleno, en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, al haberse dejado sin efectos el llamamiento del perito Ricardo Humberto Peraza Ávila, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es así, pues al haberse dejado sin efectos el llamamiento del perito Ricardo Humberto Peraza Ávila, desapareció la obligación del Actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, de notificar a dicho experto para la audiencia de caligrafía, grafoscopía, grafométrica y documentoscopía, en el expediente laboral 45/2015, puesto que el aludido avezado ya no tendrá participación en ese juicio laboral. Por las razones expuestas, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte de manera notoria, manifiesta e indudable que han cesado los efectos del acto reclamado, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las nueve horas del veinte de mayo de dos mil veintidós. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a los terceros interesados y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL Y A LOS TERCEROS INTERESADOS JORGE ENRIQUE FERNÁNDEZ MARTÍN; POLLOS INDUSTRIALIZADOS DE MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; PRESTADORA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; Y , PRESTADORA DE SERVICIOS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, TODA VEZ QUE NI LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LA FEDERACIÓN, NI EL TERCERO INTERESADO PERSONA FÍSICA, NI NINGÚN APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL DE LAS TERCERAS INTERESADAS PERSONAS MORALES, ACUDIERON A ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO ENTREGADO EL VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN ESTE JUICIO DE AMPARO, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: Ciudad del Carmen, Campeche, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio S.A./2130/2022, del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, mediante el cual, rinde informe justificado en el sentido de que es cierto el acto reclamado por el quejoso Luis Alfonso Graniel Flores, como justificación a su informe remite copia certificada del acuerdo de dos de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 045/2015 y del oficio S.A./0460/2022 de la misma data dirigido a la Vicefiscalia Regional General de Ciudad del Carmen, Campeche. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable la documentales exhibidas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y en ese acto se tengan por recibidas, aunque no exista gestión expresa del interesado. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado vía electrónica el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, Milton Alejandro Pech Juárez, en su carácter de apoderado legal de Luis Alfonso Graniel Flores, promovió demanda de amparo contra la negativa del Actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, de notificar al perito tercero en discordia Ricardo Humberto Peraza Ávila, para la audiencia de caligrafía, grafoscopía, grafométrica y documentoscopía, en el expediente laboral 45/2015. Ahora bien, la autoridad responsable en su informe justificado mencionó que Ricardo Humberto Peraza Ávila, perito adscrito a la Secretaria de Trabajo y Prevención Social del Estado de Campeche, desde el mes septiembre de dos mil veintiuno, dejó de formar parte de dicha dependencia, por ende, dejó sin efectos el llamamiento efectuado en el juicio laboral 45/2015 y giró oficio a la Vicefiscalía General Regional con sede en esta Ciudad, para que designara perito tercero en discordia. Para corroborar su dicho la autoridad responsable remitió copia certificada de las constancias siguientes: 1. Del acuerdo de dos de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 45/2015, por el que dejó sin efectos el llamamiento del perito Ricardo Humberto Peraza Ávila, en razón por haber dejado de formar parte de la Secretaria de Trabajo y Prevención Social del Estado de Campeche, desde el mes septiembre de dos mil veintiuno; y ordenó girar oficio a la Vicefiscalía General Regional con sede en esta Ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles designara perito tercero en discordia. 2. Del oficio S.A./0460/2022 de dos de mayo de dos mil veintidós, dirigido a la Vicefiscalía General Regional con sede en esta Ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles designara perito tercero en discordia. Copias certificadas a las que se le confiere con valor probatorio pleno, en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, al haberse dejado sin efectos el llamamiento del perito Ricardo Humberto Peraza Ávila, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es así, pues al haberse dejado sin efectos el llamamiento del perito Ricardo Humberto Peraza Ávila, desapareció la obligación del Actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, de notificar a dicho experto para la audiencia de caligrafía, grafoscopía, grafométrica y documentoscopía, en el expediente laboral 45/2015, puesto que el aludido avezado ya no tendrá participación en ese juicio laboral. Por las razones expuestas, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte de manera notoria, manifiesta e indudable que han cesado los efectos del acto reclamado, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las nueve horas del veinte de mayo de dos mil veintidós. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a los terceros interesados y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a la autoridad responsable.
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