Luis Alfonso Graniel Flores
Expediente 181/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 181/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/04/2023
Partes del expediente
- Luis Alfonso Graniel Flores
Actuaciones
- Principal
MESA III "... Ciudad del Carmen, Campeche, diez de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio número ****, de la Presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, remite copia debidamente certificada de la totalidad de las constancias que integran el juicio laboral ***. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Por otra parte, es criterio preponderante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la existencia del acto reclamado debe relacionarse con la fecha en que se presenta la demanda de amparo. El anterior criterio se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 3/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Núm. 79, Julio de 1994, página 15, Octava Época, intitulada: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, ***, promovió demanda de amparo contra actos del Actuario y de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. Y, por ocurso presentado el tres de marzo febrero de dos mil veintitrés, en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, aclaró el acto que le reclamaba a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. Ahora bien, de la demanda de amparo y de su escrito aclaratorio, se advierte que los actos reclamados son los siguientes: I. A la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, se le reclama: a) La omisión de vigilar y atender que los actuarios adscritos realicen correctamente su trabajo de notificar cada uno de los acuerdos que se emitan. II. Al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, se le reclama: b) La negativa de notificar y emplazar a juicio a los demandados para comparecer a la audiencia testimonial del expediente laboral ***. Ahora bien, la Presidenta y Actuario de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche, en sus informes justificados manifestaron que eran ciertos los actos reclamados, ya que hasta esa fecha no se había realizado la diligencia de notificación a las partes del acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, que fijó fecha y hora para el desahogo de la audiencia testimonial en el expediente laboral ***. Por otra parte, en el oficio de cuenta, la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche, remitió copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el juicio laboral ***, de las que se advierte que el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, quedaron notificados los demandados (i) ***; (ii) *** (iii) *** y ***; y (iv) *** , del acuerdo que fijó fecha y hora para el desahogo de la audiencia testimonial. Notificación que se les realizó por conducto de ***, quien compareció a nombre de dichos demandados, firmando al margen para constancia. Copia certificada a la que se le confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tiene la naturaleza de documento público en razón de que fue expedida por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que le da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que la expidió. Bajo ese contexto, si el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, el quejoso ***, promovió demanda de amparo contra la negativa de notificar y emplazar a juicio a los demandados para comparecer a la audiencia testimonial del expediente laboral ***, de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche. Y, de las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad de Carmen, se advierte de forma clara y manifiesta que el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, quedaron notificados los demandados (i) *** (ii) *** (iii) *** y *** y (iv) ***, del acuerdo que fijó fecha y hora para el desahogo de la audiencia testimonial (foja 398 del anexo I). Resulta evidente que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, a saber, el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, la negativa reclamada no existía. Por consiguiente, al estar claramente demostrado que son inexistentes los actos reclamados en relación a la fecha de la presentación de la demanda, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XIII.1o.P.T.4 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 69, agosto de 2019, Tomo IV, página 4648, Décima Época, intitulada: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado." Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracciones IV y V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, programada para las nueve horas con diez minutos del veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito. Finalmente, dada la voluminosidad de las constancias remitidas por la Presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, fórmese el anexo I para su mejor manejo y conservación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la Agente Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Patricia Guadalupe Avendaño López, Secretaria Proyectista de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA III..."Ciudad del Carmen, Campeche, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio ***, de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, remite copia debidamente certificada del proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, emitido en los autos del juicio laboral ***. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el anexo rendido, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la Ley Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la constancia remitida, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional y en ese acto se tenga por recibida, aunque no exista gestión expresa del interesado. Ahora bien, después de un análisis minucioso de las constancias que integral el presente expediente, se advierte que es indispensable la totalidad de las constancias que integran el expediente laboral ***, pues solo de esa manera este órgano jurisdiccional estará en aptitud de examinar la constitucionalidad del acto reclamado al momento de resolver en definitiva este juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita debidamente certificadas la totalidad de las constancias que integran el expediente laboral ***. Se apercibe a la Presidente de la Junta responsable, que de no dar cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo concedido, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete, moneda nacional), que resulta de multiplicar por cincuenta el valor diario de dicha unidad de medida, esto es, $103.74 (ciento tres pesos, setenta y cuatro centavos, moneda nacional) determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil veintitrés, en términos de los artículos 1, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en ese medio de difusión el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Patricia Guadalupe Avendaño López, Secretaria Proyectista de Juzgado con quien actúa y da fe.
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MESA III "... Ciudad del Carmen, Campeche, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio *** ***, de la Presidente y Actuario de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche, mediante el cual, rinden su informe justificado en el sentido de que es cierto el acto que reclama el quejoso. Como justificación de su informe, remiten copias certificadas de las razones de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, de las que se advierte la imposibilidad de notificar a *** y ***, relativas al expediente laboral ***. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el informe justificado rendido y anexos, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con fundamento en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable, la documentales que adjuntan a su informe justificado; las cuales, se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y en ese acto se tengan por recibidas, aunque no exista gestión expresa del interesado. Ahora bien, toda vez que la Presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche, no remitió copia certificada de la resolución que recayó a las razones de imposibilidad de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, relativos al expediente laboral ***, por tanto, con fundamento en los artículos 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la Presidenta de la Junta responsable, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de la certificada de la resolución que recayó a las razones de imposibilidad de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, relativos al expediente laboral ***. Se apercibe a la Presidente de la Junta responsable, que de no dar cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo concedido, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete, moneda nacional), que resulta de multiplicar por cincuenta el valor diario de dicha unidad de medida, esto es, $103.74 (ciento tres pesos, setenta y cuatro centavos, moneda nacional) determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil veintitrés, en términos de los artículos 1, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en ese medio de difusión el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Patricia Guadalupe Avendaño López, Secretaria Proyectista de Juzgado con quien actúa y da fe
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MESA III "... Ciudad del Carmen, Campeche, ocho de marzo de dos mil veintitrés. CUMPLIMIENTO DE PREVENCION. Agréguese a los autos el escrito del quejoso ***, mediante el cual, desahoga en tiempo la prevención realizada en proveído de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal, 1, fracción I, 2, 3, 6, 10, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo, promovida por ****, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, y otra autoridad. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los artículos 115 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir por escrito dentro plazo de quince días contado a partir del siguiente al en que reciban el oficio en el que se les pide dicho informe. Informe justificado en el que con fundamento en el artículo 117, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados y acompañarán, en su caso, copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir su informe justificado dentro del plazo concedido en los términos indicados, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá, a la omisa, un multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional), que resulta de multiplicar por cien el valor diario de dicha unidad de medida, esto es, $103.74 (ciento tres pesos, setenta y cuatro centavos, moneda nacional) determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil veintitrés, en términos de los artículos 1, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en ese medio de difusión el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con fundamento en el artículo 115, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde. SUSPENSIÓN. No se tramita incidente de suspensión del acto reclamado, por no haberlo solicitado expresamente el quejoso. TERCERO INTERESADO. No ha lugar a tener con el carácter de tercero interesado a persona alguna, puesto que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero interesado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Así, del análisis integro de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso se duele de la omisión de la autoridad responsable de emplazar a juicio a los demandados en el juicio de origen; de ahí que no se le reconozca el carácter de tercero interesado a persona alguna. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 67/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIX, Mayo de 2009, página 265, Novena Época, que dice: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa, las que ofrece en su escrito inicial de demanda, consistentes en: 1. Copia simple del proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. 2. Instrumental de Actuaciones. 3. Presuncional Legal y Humana. En cuanto a la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, así como la documental, se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional, toda vez que la primera se conformará con el cúmulo de actuaciones que obrarán en este expediente, mientras que la presuncional legal se constituye cuando expresamente así lo establece la ley, en cambio, la presuncional humana se integra cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquél. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XX. 305 K del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, enero de 1995, página 291, Octava Época, intitulada: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos." Notifíquese por lista a la parte quejosa; personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Patricia Guadalupe Avendaño López, Secretaria proyectista de Juzgado con quien actúa y da fe.
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