Luis Alberto Zaval Jimenez
Expediente 721/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 721/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 22/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Luis Alberto Zaval Jimenez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
MESA I. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el dos de agosto del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo en vigor, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Asimismo, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Finalmente, por otra parte, ya que no existe razón legal para que continúe en estos autos la copia certificada del mandamiento de ejecución, en un tomo, remitido por el Director General de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, con sede en esta ciudad, al rendir su informe, devuélvase a su lugar de procedencia, y solicítese a dicha autoridad que acuse el recibo correspondiente. ...
- Principal
MESA I. Visto de nueva cuenta los registros de oficialía de partes números 12244, 12335 y 12811, signados, el primero, por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado, con residencia en esta ciudad y anexo que acompañó, y los dos últimos, del Director General de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, mediante los cuales rindieron sus respectivos informes justificados en este asunto. Al respecto, es necesario precisar que el promovente del amparo reclama en el presente juicio del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado, con residencia en esta ciudad, la omisión de ejecutar el laudo dictado el nueve de marzo de dos mil quince, en autos del juicio laboral 6/2004 de su índice, a pesar de haberlo solicitado mediante presentado ante esa autoridad el nueve de marzo de dos mil diecisiete. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión del Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, de ejecutar el laudo de nueve de marzo de dos quince, dictado en el juicio laboral de origen 6/2004, a pesar de haberlo solicitado mediante escrito de nueve de marzo de dos mil diecisiete. Sin embargo, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su informe con justificación, se advierte que el veintiocho de junio del año en curso, en el juicio laboral de origen, dictó un acuerdo mediante el cual da contestación al escrito de fecha nueve del año en curso, presentado por la parte quejosa, en el sentido siguiente: a) Con fecha veintisiete de junio del presente año, se remitieron los oficios correspondientes solicitando el cobro de las multas impuestas a los regidores, b) No se accedió a la imposición de las multas solicitadas por el promovente, c) No se accedió a la apertura del incidente innominado, toda vez que no se han agotado los medios legales para la materialización del laudo, d) El Tribunal responsable mencionó que se encuentra realizando las medidas contenidas en los numerales 161 y 162 de la de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, para la materialización del laudo, y, e) Accedió a las copias solicitadas por el promovente; acuerdo que le fue debidamente notificado a la parte quejosa el cuatro de julio del año en curso. Por tanto, dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, dio contestación al escrito de referencia, esto es, ordenó continuar con la ejecución del laudo de tres de marzo de dos mil quince, dictado en el juicio laboral 06/2004, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable de no dar contestación al escrito presentado ante la responsable lo que en el caso se subsana con la respuesta dada al aludido ocurso, en el acuerdo dictado el veintiocho de junio del año en curso, en el juicio laboral de origen 06/2004, notificado a la parte quejosa el cuatro de julio pasado; en consecuencia, se llega a la conclusión que en el presente juicio de amparo han cesado los efectos del acto que se reclama, y se surte la causal de improcedencia señalada, al destruirse de forma total e incondicional el acto omisivo combatido por el solicitante del amparo a la autoridad responsable, restituyéndose al agraviado en el goce de la garantía constitucional violada. De ahí que aparezca la imposibilidad de entrar al análisis de fondo del acto reclamado por haber quedado sin efecto la omisión impugnada, pues no hay materia por la cual se procediera a determinar su constitucionalidad de proseguirse el trámite del presente juicio. En apoyo de lo anterior tiene aplicación al respecto la tesis número P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, que al rubro y texto reza: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, respecto al acto reclamado con antelación, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis. Por otra parte, respecto al acto reclamado atribuido a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, consistente en la omisión de cobrar la multa impuesta al Ayuntamiento de Motul, Yucatán, por la cantidad de tres mil pesos, moneda nacional, que se le impuso al citado Ayuntamiento, en proveído de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, en autos del juicio laboral 06/2004, este Juzgador Federal estima que se actualiza las causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, y ésta última ligada a los preceptos 5°, fracción I, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. - - Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (.)". De los preceptos transcritos, se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo y su aclaración, se advierte que el acto reclamado consiste en la omisión de cobrar la multa impuesta al Ayuntamiento de Motul, Yucatán, por la cantidad de tres mil pesos, moneda nacional, que se le impuso en proveído de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, en autos del juicio laboral 06/2004. Por tanto, al haber instado la presente instancia Luis Alberto Zaval Jiménez, parte actora del juicio laboral 06/2004; es incuestionable que éste, carece de legitimación necesaria para promover este juicio, pues, el referido procedimiento solo afecta al Ayuntamiento, tercero interesado en este asunto, por ende, la sanción económica se aplicaría en favor del erario Estatal y no en su beneficio. De acuerdo a lo anterior, resulta indudable que en el caso el promovente, no se encuentra legitimado para instar la acción constitucional contra la omisión de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, de cobrar la multa impuesta al Ayuntamiento de Motul, ya que si bien tiene interés jurídico en el juicio laboral de origen, también lo es, que no tiene legitimación para actuar en contra del aludido acto reclamado, pues no debe soslayarse que el perjuicio económico del cobro o no de la multa impuesta, corresponde al erario Estatal. Así es, si bien es cierto el actor, ahora quejoso, puede interponer el juicio de amparo contra actos que afecten su interés jurídico o le causen perjuicio, también lo es, que el mismo, no es procedente contra actos en los que no acredite la legitimación que le asiste para solicitar la protección constitucional. Encuentra aplicación a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que dice: "QUEJOSO. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA SOLICITAR EN LA REVISIÓN LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE POR NO HABER RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. Si el Juez de Distrito no aplica una multa a la autoridad responsable que omitió rendir su informe justificado, la parte quejosa carece de legitimación para solicitar en el recurso de revisión la aplicación de dicha sanción, ya que tal proceder no afecta de manera directa su interés jurídico, pues la sanción económica se aplicaría a favor del erario de la Federación y no en su beneficio". Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.7o.A.129 K del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, relativa a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, Septiembre de 2009, visible en la página 3144 que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO Y LEGITIMACIÓN EN EL AMPARO. SU DISTINCIÓN. En términos del artículo 4o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponde a una causa criminal o por medio de un pariente o persona extraña en los casos en que la propia ley lo permita expresamente, y sólo puede seguirse por el agraviado, su representante legal o su defensor. Esta previsión normativa, contenida en el capítulo II del título primero del libro primero de la propia ley denominado "De la capacidad y personalidad", atiende a un tema de legitimación en el proceso, precisando con detalle quién puede válidamente suscribir la demanda de garantías y quién, a su vez, puede proseguir el juicio relativo. Así, esta condición guarda estrecha vinculación con la fracción V del artículo 73 de la mencionada legislación, inserta en el capítulo de improcedencia del juicio (con la cual incluso se le confunde frecuentemente), que exige la existencia de un interés jurídico del quejoso como objeto directo de protección constitucional, esto es, se trata del derecho subjetivo que asiste a un gobernado que resulta afectado con el acto reclamado; en otras palabras, el interés jurídico constituye la prerrogativa legal que el orden normativo confiere a sus destinatarios y que se traduce en un deber de respeto a cargo de la autoridad, la cual sólo puede afectarlo cumpliendo las condiciones que la Constitución Federal establece para tales efectos, de tal forma que ese poder de exigencia otorgado a los afectados se hace efectivo a través del juicio de amparo, instituido precisamente para salvaguardar las garantías individuales, pero siempre condicionado a que sea el orden normativo el que conceda dicha prerrogativa a su titular, porque de no existir ese respaldo legal, se carece entonces de interés jurídico y, por tanto, de derecho alguno que preservar con el fallo constitucional. Por tanto, aunque en la Ley de Amparo están estrecha y necesariamente vinculadas entre sí dichas figuras (legitimación e interés jurídico), gozan de individualidad y, por lo mismo, son perfectamente distinguibles una de otra, concretándose en la realidad jurídica en dos únicos supuestos posibles: el primero, que surge cuando la legitimación y el interés jurídico concurren en un mismo individuo, lo cual produce que el agraviado, titular de garantías, acuda al juicio suscribiendo el escrito de demanda por su propio derecho; el segundo se materializa en los restantes casos descritos en el indicado artículo 4o., esto es, uno es el sujeto que suscribe la demanda por ser quien tiene la legitimación para hacerlo (apoderado, representante, defensor) y otro, es el titular del interés jurídico afectado con el acto de autoridad (persona moral, procesado, menor de edad, etcétera)." Por consiguiente, este Juzgador Federal decreta de oficio, fuera de audiencia el sobreseimiento en el presente juicio de control constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse las causales de improcedencia previstas en el numeral 61, fracciones XXI y XII, en relación con la diversa XXIII, y ésta última ligada a los preceptos 5°, fracción I, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL TRES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. Asimismo, resulta necesario destacar, que para este órgano jurisdiccional no pasa desapercibida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO". Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado." Con base a ello, no obsta que le recaiga el carácter de tercero interesado al AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUCATÁN, y que no haya sido emplazado en este juicio de amparo, pues ello no impide a este juzgador pronunciarse en el sentido de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, dado que la presente resolución en nada agravia a sus posibles derechos vinculados directamente con las peticiones que la parte quejosa solicita en el ocurso de mérito. ...
- Principal
MESA I. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Director General de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, con sede en esta ciudad, con anexo que acompaña, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, dese vista a las partes en este juicio con los mismos y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otra parte, atendiendo a la voluminosidad de las constancias que la autoridad de mérito acompañó al oficio de cuenta, consistentes en la copia certificada del mandamiento de ejecución, en un tomo; por tanto, fórmese un anexo con la misma, el cual estará a disposición de las partes para su consulta, en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido de que se seguirá actuando en el presente expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de veinte de junio de dos mil diecisiete, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número CCJ/ST/2870/2017, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA I. Agréguese a estos autos el oficio signado por el Director General de la Agencia de Administración Fiscal en Yucatán, mediante el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de siete de julio del año en curso, informando que los Procedimientos Administrativos de Ejecución, que requiere esta autoridad, se encuentran en vías de ejecución en el interior del Estado, por lo que no se cuentan con las diligencias para poder dar cumplimiento con lo requerido y que una vez realizados dichos procedimientos, se procederá a remitirlos en copia debidamente certificada a este Juzgado. Atento lo anterior, a efecto de evitar dilaciones procesales en el presente asunto, requiérase de nueva cuenta al Director General de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, para que en el término de cinco días hábiles, al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, remita a este Juzgado copia certificada de la totalidad de las constancias relativas a los requerimientos de pago y/o embargo, de veintinueve de junio del año en curso, que refiere al rendir su informe con justificación; con el apercibimiento que de no cumplir con ello, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación; en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia que lleva por rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANTO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO".
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