Luis Alberto Yam Viana
Expediente 1538/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 44 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1538/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 44
- Última actuación
- 22/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Luis Alberto Yam Viana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 44.
- Principal
MESA II. Agréguese a estos autos el oficio del Juez Primero de Oralidad Familiar Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 32627/2019 mediante se le remitieron las copias certificadas del expediente 898/2015; tómese en consideración para los efectos legales correspondientes.
- Principal
MESA II. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que se inconformaran con el proveído que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejercieron ese derecho, téngase a éstas conformes con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En cumplimiento al punto Décimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y depuración de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se indica que en el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I del citado punto Décimo, éste debe ser DEPURABLE, toda vez que en el mismo se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; asimismo, y como lo dispone la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Capítulo Quinto y en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y la sentencia respectiva, mismas que deberán digitalizarse en términos del punto Décimo Séptimo del Capítulo Cuarto del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala la fracción IV del punto Vigésimo Primero Capítulo Quinto, por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Asimismo, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión a la parte quejosa, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido esté deberá transferirse tal como lo establece la fracción I del punto Décimo, Capítulo III del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En ese entendido, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del Capítulo Quinto del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, también es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Ahora bien, en cuanto al valor jurídico, sí lo tienen el presente juicio de garantías y los cuadernos incidentales relativos.
- Principal
MESA II. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que obran los oficios suscritos por la Juez Primero de Oralidad Familiar en turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con los cuales pretende dar cumplimiento a la ejecutoria concesoria de amparo; asimismo, se aprecia que mediante proveído de veintidós de agosto del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con los oficios y anexos señalados, para que en el término de tres días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibido que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obraran en este expediente y de los datos aportados por la responsable, el cual realizó diversas manifestaciones al respecto; por ende, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver, si, de acuerdo con las constancias de autos, la invocada sentencia concesoria ha sido cumplida, o no. En este sentido es importante asentar que por sentencia definitiva firmada el veintisiete de marzo del año en curso, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Luis Alberto Yam Viana, para los siguientes efectos: "..Efectos de la concesión. Con fundamento en el artículo 74, fracción V, de la Ley de la materia, se precisan los efectos del amparo y protección de la Justicia Federal. Considerando que las órdenes judiciales son mandamientos de cumplimiento obligatorio y no potestativo para las partes, y que por ende, los justiciables deben respetar y obedecer dichas órdenes y con ello la investidura del resolutor y que además la responsable está facultada para dictar los medios de apremio que le otorga la ley para lograr hacer cumplir sus determinaciones, más aun cuando están involucrados los derechos de menores y que su protección está elevado a rango constitucional, es que este resolutor federal estima conveniente determinar que el efecto de la concesión del amparo es para que la responsable: De oficio, ante los posibles actos de violencia cometidos en agravio de la menor María Fernanda Yam Itzá, dicte las medidas necesarias para el esclarecimiento de los hechos ocurridos, esto es, allegarse de los medios de prueba conducentes para determinar si efectivamente la menor está siendo objeto de situaciones que atenten contra su integridad física, y en su caso, proveer lo conducente de acuerdo a sus facultades, para salvaguardar su integridad física y emocional." Asimismo, por auto de veinticuatro de abril del año en curso, causó ejecutoria la citada resolución, requiriéndose a las responsables su debido cumplimiento; quien estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, ante los posibles actos de violencia contra la menor María Fernanda Yam Itzá, en los términos siguientes: 1) Dictar las medidas necesarias para el esclarecimiento de los hechos, lo que se traducía en que dicha autoridad se allegue de todos los medios de prueba para determinar si la menor involucrada está siendo objeto de violencia. 2) En caso que se determinara que la menor está siendo objeto de alguna situación que atente contra su integridad física, la autoridad debía proveer lo conducente de acuerdo a sus facultades, para salvaguardar su integridad física y emocional. Ahora bien, la autoridad responsable giró oficios a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, a fin de recabar las copias certificadas y cotejadas de la carpeta de investigación 29ª/188/2017. Fijó fecha para el desahogo de una diligencia, con el objeto de que la menor de edad sea presentada ante la autoridad, y ésta la escuche directamente, sin la presencia de sus progenitores. Giró oficio recordatorio a la encargada de la Unidad de Evaluación Psicológica y de Trabajo Social del Poder Judicial del Estado, para que le informe el cumplimiento dado a los estudios respecto de sus progenitores. Giró oficio a la encargada de Evaluación Psicológica y de Trabajo Social del Poder Judicial del Estado, para que por su conducto se realice un estudio a los progenitores de la menor. Así una vez que se allegó de los elementos convictivos solicitados y que estimó convenientes para estar en condiciones de resolver la incidencia, el trece de agosto de dos mil dieciocho, resolvió el incidente innominado a fin de esclarecer los hechos manifestados por Luis Alberto Yam Viana, en el que consideró los informes de nueve de enero de dos mil dieciocho, diez de agosto de dos mil dieciocho, realizados por la Psicóloga Elsy Maribel Gamboa Solís, Encargada de la Unidad de Evaluación Psicológica y Trabajo Social del Poder Judicial del Estado de Yucatán; informe realizado el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, por la Psicóloga Johana Anylu Mejia Estrella, adscrita a la Procuraduría de a Defensa del Menor y la Familia en el Estado; con las copias cotejadas de la carpeta de investigación que integra la Fiscal de la Unidad de Investigación y Atención Temprana de La Fiscalía General del Estado, con número 29/000185/2017; con las copias cotejadas de la carpeta de investigación que integra la Fiscal especializada en delitos sexuales, dependiente de la Dirección de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, marcada con el número S1/000415/2017. Con base en ese material concluyó que Gladis Alicia Itza May, no incurrió en abandono de persona u omitió sus deberes de cuidadora para con sus hijas menores de edad; sin embargo exhortó a Gladis Alicia Itza May, para que recurra a instituciones publica, privadas o cooperativas a fin de que sus hijas se encuentren en espacios seguros y con personal calificado durante los periodos en los cuales tiene que realizar diligencias personales o tenga que realizar actividades en las cuales no pueda incluir la presencia de sus hijas, aunado a que dichas menores de edad desarrollen sus habilidades, realizando actividades deportivas, culturales, y/o artísticas; declaró que la señora Gladis Alicia Itza May, no realizó acto abusivo de poder, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física o psicológica en perjuicio de sus hijas menores de edad, pero le ordenó a someterse a terapia psicológica para adquirir herramientas o técnicas para no utilizar agresividad en momentos de tensión con sus hijas, adquiera herramientas para tolerar y establecer límites con la familia paterna de sus hijas; de igual forma ordenó al señor Luis Alberto Yam Viana, someterse a terapia psicologica para adquirir herramientas o técnicas, para no utilizar lenguaje agresivo pasivo que fomente alianzas y lealtades innecesarias, así como aprender a generar vínculos afectivos con su hija, adquiriendo herramientas para establecer límites con la madre de sus hijas, sin que estas se vean afectadas, rechazando categóricamente sus conductas de dominación y control sobre la señora Gladis Alicia Itza May. Por lo anterior, en el caso debe considerarse que la responsable dio cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo emitida por este Juzgador, en virtud de que, atendiendo a las manifestaciones en que se hace referencia a posibles actos de violencia infigidos a la menor, se avocó a su indagación, lo cual realizó en vía incidental, en donde analizó las pruebas de los peritos y se allegó además de las que estimó necesarias y hecho esto, después de su estudio, concluyó que la menor no era víctima de violencia o de alguna conducta de abuso o abandono, no obstante, dictó las determinaciones que consideró en favor del interés superior de la menor. Sin que obste a lo anterior conclusión lo aducido por Lurdy Adriana Pech Lara, autorizada del quejoso Luis Alberto Yam Viana; en sus manifestaciones vertidas en escrito de veintinueve de agosto del año en curso, toda vez que la responsable cumplió con el deber impuesto en la ejecutoria, de resolver el tópico, con independencia de su determinación, pues en cuanto a ello, no quedó vinculada en virtud del fallo concesorio; de ahí que con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos.
- Principal
MESA II. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que obran los oficios suscritos por la Juez Primero de Oralidad Familiar en turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con los cuales pretende dar cumplimiento a la ejecutoria concesoria de amparo; asimismo, se aprecia que mediante proveído de veintidós de agosto del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con los oficios y anexos señalados, para que en el término de tres días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibido que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obraran en este expediente y de los datos aportados por la responsable, el cual realizó diversas manifestaciones al respecto; por ende, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver, si, de acuerdo con las constancias de autos, la invocada sentencia concesoria ha sido cumplida, o no. En este sentido es importante asentar que por sentencia definitiva firmada el veintisiete de marzo del año en curso, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Luis Alberto Yam Viana, para los siguientes efectos: "..Efectos de la concesión. Con fundamento en el artículo 74, fracción V, de la Ley de la materia, se precisan los efectos del amparo y protección de la Justicia Federal. Considerando que las órdenes judiciales son mandamientos de cumplimiento obligatorio y no potestativo para las partes, y que por ende, los justiciables deben respetar y obedecer dichas órdenes y con ello la investidura del resolutor y que además la responsable está facultada para dictar los medios de apremio que le otorga la ley para lograr hacer cumplir sus determinaciones, más aun cuando están involucrados los derechos de menores y que su protección está elevado a rango constitucional, es que este resolutor federal estima conveniente determinar que el efecto de la concesión del amparo es para que la responsable: De oficio, ante los posibles actos de violencia cometidos en agravio de la menor María Fernanda Yam Itzá, dicte las medidas necesarias para el esclarecimiento de los hechos ocurridos, esto es, allegarse de los medios de prueba conducentes para determinar si efectivamente la menor está siendo objeto de situaciones que atenten contra su integridad física, y en su caso, proveer lo conducente de acuerdo a sus facultades, para salvaguardar su integridad física y emocional." Asimismo, por auto de veinticuatro de abril del año en curso, causó ejecutoria la citada resolución, requiriéndose a las responsables su debido cumplimiento; quien estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, ante los posibles actos de violencia contra la menor María Fernanda Yam Itzá, en los términos siguientes: 1) Dictar las medidas necesarias para el esclarecimiento de los hechos, lo que se traducía en que dicha autoridad se allegue de todos los medios de prueba para determinar si la menor involucrada está siendo objeto de violencia. 2) En caso que se determinara que la menor está siendo objeto de alguna situación que atente contra su integridad física, la autoridad debía proveer lo conducente de acuerdo a sus facultades, para salvaguardar su integridad física y emocional. Ahora bien, la autoridad responsable giró oficios a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, a fin de recabar las copias certificadas y cotejadas de la carpeta de investigación 29ª/188/2017. Fijó fecha para el desahogo de una diligencia, con el objeto de que la menor de edad sea presentada ante la autoridad, y ésta la escuche directamente, sin la presencia de sus progenitores. Giró oficio recordatorio a la encargada de la Unidad de Evaluación Psicológica y de Trabajo Social del Poder Judicial del Estado, para que le informe el cumplimiento dado a los estudios respecto de sus progenitores. Giró oficio a la encargada de Evaluación Psicológica y de Trabajo Social del Poder Judicial del Estado, para que por su conducto se realice un estudio a los progenitores de la menor. Así una vez que se allegó de los elementos convictivos solicitados y que estimó convenientes para estar en condiciones de resolver la incidencia, el trece de agosto de dos mil dieciocho, resolvió el incidente innominado a fin de esclarecer los hechos manifestados por Luis Alberto Yam Viana, en el que consideró los informes de nueve de enero de dos mil dieciocho, diez de agosto de dos mil dieciocho, realizados por la Psicóloga Elsy Maribel Gamboa Solís, Encargada de la Unidad de Evaluación Psicológica y Trabajo Social del Poder Judicial del Estado de Yucatán; informe realizado el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, por la Psicóloga Johana Anylu Mejia Estrella, adscrita a la Procuraduría de a Defensa del Menor y la Familia en el Estado; con las copias cotejadas de la carpeta de investigación que integra la Fiscal de la Unidad de Investigación y Atención Temprana de La Fiscalía General del Estado, con número 29/000185/2017; con las copias cotejadas de la carpeta de investigación que integra la Fiscal especializada en delitos sexuales, dependiente de la Dirección de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, marcada con el número S1/000415/2017. Con base en ese material concluyó que Gladis Alicia Itza May, no incurrió en abandono de persona u omitió sus deberes de cuidadora para con sus hijas menores de edad; sin embargo exhortó a Gladis Alicia Itza May, para que recurra a instituciones publica, privadas o cooperativas a fin de que sus hijas se encuentren en espacios seguros y con personal calificado durante los periodos en los cuales tiene que realizar diligencias personales o tenga que realizar actividades en las cuales no pueda incluir la presencia de sus hijas, aunado a que dichas menores de edad desarrollen sus habilidades, realizando actividades deportivas, culturales, y/o artísticas; declaró que la señora Gladis Alicia Itza May, no realizó acto abusivo de poder, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física o psicológica en perjuicio de sus hijas menores de edad, pero le ordenó a someterse a terapia psicológica para adquirir herramientas o técnicas para no utilizar agresividad en momentos de tensión con sus hijas, adquiera herramientas para tolerar y establecer límites con la familia paterna de sus hijas; de igual forma ordenó al señor Luis Alberto Yam Viana, someterse a terapia psicologica para adquirir herramientas o técnicas, para no utilizar lenguaje agresivo pasivo que fomente alianzas y lealtades innecesarias, así como aprender a generar vínculos afectivos con su hija, adquiriendo herramientas para establecer límites con la madre de sus hijas, sin que estas se vean afectadas, rechazando categóricamente sus conductas de dominación y control sobre la señora Gladis Alicia Itza May. Por lo anterior, en el caso debe considerarse que la responsable dio cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo emitida por este Juzgador, en virtud de que, atendiendo a las manifestaciones en que se hace referencia a posibles actos de violencia infigidos a la menor, se avocó a su indagación, lo cual realizó en vía incidental, en donde analizó las pruebas de los peritos y se allegó además de las que estimó necesarias y hecho esto, después de su estudio, concluyó que la menor no era víctima de violencia o de alguna conducta de abuso o abandono, no obstante, dictó las determinaciones que consideró en favor del interés superior de la menor. Sin que obste a lo anterior conclusión lo aducido por Lurdy Adriana Pech Lara, autorizada del quejoso Luis Alberto Yam Viana; en sus manifestaciones vertidas en escrito de veintinueve de agosto del año en curso, toda vez que la responsable cumplió con el deber impuesto en la ejecutoria, de resolver el tópico, con independencia de su determinación, pues en cuanto a ello, no quedó vinculada en virtud del fallo concesorio; de ahí que con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos.
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