Luis Alberto Vega Llamas

Expediente 1245/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1245/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
27/12/2022

Partes del expediente

  • Luis Alberto Vega Llamas

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. INFORMA RESULTADO DE CONSULTA Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual informa que corresponde al Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, residente en esta capital, continuar con el conocimiento del juicio de amparo 1211/2022, de su índice; ello, dadas las razones precisadas en el oficio que se provee. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Establecido lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente auxiliar en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y una vez que concluya el plazo de seis meses de archivo que prevé el artículo 20 del Acuerdo en mención, contado a partir de esta propia fecha, destrúyase este expediente dentro de los treinta días siguientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del segundo periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós al seis de enero del año dos mil veintitrés, en términos del oficio CCJ/ST/5550/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, secretaria que autoriza. Doy fe.-

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintidós de noviembre de dos mil veintidós. ACUSA RECIBO Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a través del cual acusa recibo de uno diverso con el que se devolvió el juicio de amparo número 1211/2022-I, de su índice, promovido por el quejoso ********************, en virtud de no haberse aceptado el returno planteado; asimismo, informa que solicitó la consulta respectiva al Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos de Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, a fin de que resuelva lo conducente en torno a dicha cuestión. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con José Sierra Ortiz, secretario que autoriza. Doy fe.-

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA ONCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS, MEDIANTE LISTA NOTIFICO a los terceros interesados Angélica María Espinoza y Abel Espinoza Fuentes, por sí o por conducto de quien acreditara ser su representante legal, la resolución con engrose de siete de noviembre de dos mil veintidós, que en su parte relativa dice: V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número 762/2021-IX, promovido por Ermillo Espinoza, en cuanto albacea definitivo de la sucesión a bienes de Consuelo Espinoza y/o M. Consuelo Fuentes Huerta y/o Ma. Consuelo Fuentes Huerta y/o Consuelo Fuentes, contra actos del Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito ingresado el diez de agosto de dos mil veintiuno, al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, registrado al día siguiente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y remitido en esa misma data, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito, Salvador Patiño García, en cuanto apoderado de Ermillo Espinoza, como de albacea definitivo de la sucesión a bienes de Consuelo Espinoza y/o M. Consuelo Fuentes Huerta y/o Ma. Consuelo Fuentes Huerta y/o Consuelo Fuentes, compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otra autoridad; en los términos siguientes: "IV. ACTO RECLAMADO. Reclamo la resolución derivada de la toca civil I-138/2021 el cual resuelve de la siguiente forma: 'PRIMERO: Esta sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de apelación. - SEGUNDO. Son infundados los agravios formulados por el albacea definitivo y coheredero ERMILLO ESPINOZA, a través de su apoderado jurídico. - TERCERO. Consecuentemente, y en suplencia de la queja en favor de la coheredera e incapaz ANGÉLICA MARÍA ESPINOSA, se confirma la sentencia definitiva impugnada, dictada en la subyacente. - CUARTO. No se hace condena al pago de las costas de esta instancia. - QUINTO. Notifíquese personalmente.'. Misma que dictó y se encuentra ejecutando la autoridad ejecutora.". En ese ocurso, el promovente narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados en perjuicio de su representado, los contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación y prevención. En auto de doce del mes y año anotado, este órgano jurisdiccional radicó el asunto bajo el progresivo 762/2021, y determinó prevenir al promovente para que acreditara el carácter con el que accionaba y, bajo protesta de decir verdad, señalara la fecha en que tuvo conocimiento o se notificó el acto reclamado. Dicho requerimiento quedó satisfecho en los términos del escrito electrónico ingresado el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, registrado al día siguiente ante la Oficialía de Partes de este juzgado. CUARTO. Admisión y trámite. Así, mediante proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, este órgano de control constitucional admitió a trámite la demanda, solicitó su informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables y ordenó dar intervención al Agente del Ministerio Público adscrito. Asimismo, por auto de cinco de octubre del año en mención, se reconoció el carácter de terceros interesados en este juicio a Angélica María Espinoza y Abel Espinoza Fuentes, en términos de lo que dispone el artículo 5°, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo; por lo que se ordenó y realizó su emplazamiento para todos los efectos legales conducentes. Finalmente, el once de octubre de dos mil veintidós, tuvo lugar la audiencia constitucional dentro de este expediente, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y el diverso 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que este órgano federal tiene competencia mixta y se impugna un acto con efectos declarativos, emitido por una autoridad judicial del orden civil que reside dentro del ámbito territorial en el que se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo, su escrito aclaratorio y demás constancias allegadas al sumario, se advierte que los actos reclamados son los siguientes: Del Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado: La resolución de dos de julio de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil de apelación I-138/2021, que confirma la interlocutoria de veintisiete de abril del año en mención, emitida en la cuarta sección del juicio sucesorio intestamentario número 82/2017, a bienes de Consuelo Espinoza y/o M. Consuelo Fuentes Huerta y/o Ma. Consuelo Fuentes Huerta y/o Consuelo Fuentes, que reprueba el proyecto de partición presentado por el albacea heredero aquí quejoso. Del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial: La ejecución de la resolución antes descrita. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados dado que las autoridades responsables así lo manifestaron en sus informes justificados que rindieron en este juicio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con los autos que integran las cuatro secciones del juicio sucesorio intestamentario número 82/2017, así como el toca de apelación número I-138/2022, dentro del cual obra la resolución de dos de julio de dos mil veintiuno, que se reclama en este juicio constitucional. Documentales públicas que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, al haber sido emitida por autoridades en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causales de improcedencia. Se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, en términos de lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, toda vez que las partes no hicieron valer alguna causal de inejercibilidad ni de oficio se observa su actualización, lo que se impone es proseguir con el estudio de fondo del asunto. QUINTO. Antecedentes. A fin de contextualizar el presente asunto, se destacan los siguientes que se desprenden de las constancias allegadas al sumario: Ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, se radicó bajo el expediente número 82/2017, la sucesión intestamentaria a bienes de Consuelo Espinoza y/o M. Consuelo Fuentes Huerta y/o Ma. Consuelo Fuentes Huerta y/o Consuelo Fuentes, denunciada por Ermillo Espinoza y Abel Espinoza Fuentes. El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la denuncia, se nombró como albacea provisional a Ermillo Espinoza y se tuvo como presuntos herederos a José Jesús Espinoza, así como a Mirna y Angélica, ambas de apellidos Espinoza Fuentes; por lo que se mandó publicar el edicto correspondiente para llamar a terceros con derecho al haber hereditario. Asimismo, toda vez que, según lo manifestado por los propios denunciantes, la última de los presuntos herederos mencionados cuenta con cuarenta y cinco años de edad y padece de un retraso mental, se determinó designarle un tutor especial provisional en defensa de sus derechos. Por auto de cuatro de abril de dos mil diecisiete, se tuvo a Ermillo Espinoza por aceptando y protestando el cargo de albacea provisional. A su vez, se reiteró la representación especial ordenada y se designó como tutora interina a la Licenciada Martha Alicia Navarrete Orozco, adscrita al sistema DIF Michoacán, quien fue debidamente notificada el cinco siguiente. El diez de noviembre de dos mil veinte, se tuvo a la Licenciada Diana Celeste Castañeda Mexicano, aceptando el cargo de tutora especial de la heredera incapaz Angélica María Espinoza, de acuerdo a la designación realizada por la dependencia antes mencionada para que dedujera los derechos hereditarios de su representada. El quince de diciembre de diciembre de dos mil veinte, se dictó resolución en la primera sección del juicio sucesorio, en la que se declaró como únicos y universales herederos de la finada, a Ermillo Espinoza, Abel Espinoza Fuentes, así como a Angélica María Espinoza, representada por su tutora especial, todos por partes iguales y en cuanto hijos de la cujus. Además en dicha resolución se ratificó el cargo de la tutora especial de la heredera incapaz, se dejaron a salvo los derechos de los diversos presuntos herederos -Mirna Espinoza Fuentes y José de Jesús Espinoza-; y, se designó como albacea definitivo a Ermillo Espinoza. Así se plasmó en los resolutivos siguientes: "PRIMERO. Este Juzgado resultó competente para conocer y resolver el presente juicio sucesorio intestamentario en su PRIMERA SECCIÓN. SEGUNDO. Ha procedido esta primera sección, en consecuencia, se declara, único y universales herederos respecto de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que a su fallecimiento haya dejado Consuelo Espinoza y/o M. Consuelo Fuentes Huerta y/o Ma. Consuelo Fuentes Huerta y/o Consuelo Fuentes, y que no se extinguen con la muerte a ERMILLO ESPINOZA, ABEL ESPINOZA FUENTES, así como ANGÉLICA MARÍA ESPINOZA, por conducto de su tutora especial, la Licenciada Diana Celeste Castañeda Mexicano, en cuanto hijos de la Cujus y por partes iguales. De igual forma, para efectos de ésta sucesión, se ratifica en el cargo de Tutora especial de la heredera incapaz Angélica María Espinoza a la Licenciada Diana Celeste Castañeda Mexicano. Dejándose a salvo los derechos hereditarios de Mirna Espinoza Fuentes y José de Jesús Espinoza, para que los hagan valer en los términos que crean convenientes a sus intereses. TERCERO. Se designa como albacea definitivo a ERMILLO ESPINOZA, debiendo notificarle el cargo conferido para los efectos de su aceptación y protesta. Se separa de la prosecución del presente intestamentario al Representante Legal del Fisco del Estado, así como al Agente del Ministerio Público de la Adscripción; lo anterior de conformidad con lo previsto en el artículo 1006 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado. CUARTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.". Mediante proveído de ocho de enero de dos mil veintiuno, se tuvo al último de los herederos mencionados por aceptando el cargo conferido, al haber comparecido a través de su apoderado. El diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se dictó resolución en la segunda sección del sucesorio, en la que se declaró procedente el inventario y avalúo formulado por el albacea definitivo, respecto de los siguientes bienes: 1) Parte alícuota a razón del 50% sobre el predio rústico denominado "Las Yacatas" formado por los potreros llamados "La Yacata", "El Tocuz", "Manga de Guzmán", "La Casita", "Manguita del Zapote", "Triguillo" y "Manguita del Granjenal", ubicado en la Tenencia de Tacícuaro, Municipio de Morelia, Michoacán, con una extensión superficial de cuarenta y un hectáreas, ochenta y tres áreas, veinte centiáreas. 2) Totalidad de la casa habitación construida sobre el predio ubicado en calle Real del Barrio de San Antonio, población de Tacícuaro, Municipio de Morelia, Michoacán. 3) Parte alícuota a razón del 50% del lote 19, manzana "Ñ", con casa habitación marcada con los números 362 y 1043, de la esquina que forman las calles de Azalea y Prolongación Dalia, en el Fraccionamiento de la Colonia El Porvenir, Morelia, Michoacán. 4) Totalidad de la casa habitación marcada con el número 235, manzana "N", ubicada en la calle Azalea del Fracto. Ampliación del Porvenir, Morelia, Michoacán. Lo anterior en términos de la escritura pública número veintiún mil trescientos diez, volumen cuatrocientos cuarenta y cuatro, que contiene la protocolización y adjudicación hereditaria del juicio sucesorio intestamentario número 31/2013, a bienes de Abelino Espinosa Cortés y/o Avelino Espinosa Cortés y/o Abelino Espinosa Cortes y/o Avelino Espinoza Cortes. Así como en los diversas escrituras públicas y los certificados catastrales de cada uno de esos bienes que fueron allegados al sumario, expedidos por la Dirección de Catastro en el Estado, en los que se certifica su registro y valor catastral. Así se plasmó en los resolutivos siguientes: "PRIMERO. Ha procedido esta SEGUNDA SECCIÓN, correspondiente al inventario y avalúo de los bienes que integran el caudal hereditario. SEGUNDO. Se declara procedente el inventario y avalúo formulado por el albacea definitivo Ermillo Espinoza, por conducto de su apoderado jurídico, dentro del juicio sucesorio intestamentario, número 82/2017, radicado a bienes de Consuelo Espinoza y/o M. Consuelo Fuentes Huerta y/o Ma. Consuelo Fuentes Huerta y/o Consuelo Fuentes; con la salvedad de que si aparecieron otros bienes, estos deberán listarse en el lugar que les corresponda. TERCERO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.". Dicha resolución quedó firme en auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno. El dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, tuvo lugar la audiencia de aprobación o reprobación de la cuenta mensual de administración, dentro de la tercera sección del sucesorio, a la que no compareció alguno de los herederos, por lo que ésta se aprobó en sus términos. Ante la falta de impugnación de los interesados, por auto de diecinueve de abril de ese año, se declaró firme lo anterior para los efectos legales conducentes. El diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo al apoderado del albacea definitivo por iniciando la cuarta sección del sucesorio, por lo que se mandó poner el proyecto de liquidación y partición, a la vista de los herederos para que manifestaran lo propio: "El caudal hereditario acorde a la segunda sección lo constituye; I. TOTALIDAD DEL 50% DE ACCIONES Y DERECHOS DE COPROPIEDAD DEL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO LAS YACATAS FORMADO POR LOS POTREROS LLAMADOS LA YACATA, EL TOCUZ, MANGA DE GUZMÁN, LA CASITA, MANGUITA DEL ZAPOTE, TRIGUILLO Y MANGUITA DEL GRANJENAL QUE MIDE Y LINDA NORTE 15 MTS CON LOTE NÚMERO 18 SUR 15 MTS CON CALLE AZALEA ORIENTE 7.50 CON CALLE PROL DE DALIA PONIENTE 7.50 CON LOTE NÚMERO 17 CON SUPERFICIE DE 41-83-20 HAS DE LA LOCALIDAD De TEN. DE TACICUARO EN EL MUNICIPIO Y DISTRITO DE MORELIA. II. TOTALIDAD DE LA CASA HABITACIÓN Y PREDIO sobre el cual se encuentra construida ubicada en la calle del barrio San Antonio que mide y linda: norte con el cementerio del templo sur con calle real de su ubicación oriente con propiedad de narcisas gama, terreno que pertenece al gobierno y sucesión de Ramón Alvarado poniente con pro de la sucesión del Eleuterio Gutiérrez con superficie de no menciona de la localidad de pob de TACICUARO del municipio y distrito de MORELIA. III. TOTALIDAD DEL 50% DE ACCIONES Y DERECHOS DEL LOTE 19 MANZANA Ñ CON CASA HABITACIÓN NÚMERO 362 Y 1043 ESQUINA QUE FORMAN LAS CALLES DE AZALEA Y PROLONGACIÓN DALIA EN EL FRACCIONAMIENTO DE LA COLONIA PORVENIR HACIA EL NOROESTE QUE MIDE Y LINDA NORTE 15M CON LOTE 18 SUR 15M CON CALLE AZALEA ORIENTE 7.50M CON CALLE PROLONGACIÓN DE DALIA PONIENTE 7.50M CON LOTE 17 CON SUPERFICIE DE 112.50 M2 en el municipio y distrito de MORELIA. IV. CASA HABITACIÓN MARCADA OFICIALMENTE CON EL NÚMERO 235 MZA N UBICADO EN LA CALLE AZALEA DEL FRACTO AMPLIACIÓN DEL PORVENIR QUE MIDE Y LINDA: NORTE 7.50 MTS CON LA CALLE AZALEA, QUE ESA L DE SU UBICACIÓN SUR 7.50 MTS CON LOTE 37 ORIENTE 6 MTS CON LOTE 18 PONIENTE 16 MTS CON LOTE 16 CON SUPERFICIE DE 120 MT2 EN EL MUNICIPIO Y DISTRITO DE MORELIA. Solicitando que los bienes con número I, II Y II (sic) señalados con anterioridad sean adjudicados a favor del C. ERMILLO ESPINOZA, y por lo que ve al bien IV sea adjudicado a favor de la incapaz ANGÉLICA MARÍA ESPINOZA por conducto de su tutora especial adscrita LIC. DIANA CELESTE CASTAÑEDA MEXICANO, ya fueron declarados únicos y universales herederos al resolver la primera sección de este juicio sucesorio del de cujus, además que se ponga a la vista de las partes para su traslado correspondiente.". Ante la falta de oposición, se mandaron poner los autos en estado de resolución para emitirse ésta el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, en el sentido de reprobar el proyecto propuesto. Esto porque el albacea heredero señaló 3 bienes a adjudicar a su favor, mientras que el restante a favor de la heredera incapaz; circunstancia que riñe con la finalidad o efectos que debe tener la partición de la herencia, ya que omitió incluir al diverso heredero Abel Espinoza Fuentes, quien también tiene el derecho reconocido a ser parte del haber hereditario en proporción igual a los demás. Inconforme, el apoderado del albacea definitivo interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió a la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca número I-138/2021, en el que se emitió sentencia el dos de julio de dos mil veintiuno, en el sentido de confirmar la resolución impugnada. El Magistrado justificó esa decisión en que la herencia es un acto jurídico efectuado respecto de la comunidad de bienes y derechos que se genera a la sucesión de una persona cuando concurren varios herederos y se le da a cada uno lo que le corresponde, según las reglas del testamento o de la ley, de manera que las partes abstractas e indivisas de una herencia se convierten en concretas y divisas. Por ello, dijo, si bien el apelante invoca la jurisprudencia intitulada "SUCESIÓN TESTAMENTARIA. EL JUZGADOR NO PUEDE EXAMINAR OFICIOSAMENTE EL PROYECTO DE PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES DE LA MASA HEREDITARIA.", no es aplicable al caso, porque se está en presencia de la determinación de un derecho preexistente de los herederos sobre un patrimonio común, no así su desconocimiento. De modo que, señaló, como bien lo consideró la a quo, en el proyecto de partición y adjudicación se omitió incluir al coheredero Abel Espinoza Fuentes, en contravención al artículo 945 del Código Civil de la entidad, ya que todos los herederos tienen el derecho de dueños [sobre la masa hereditaria], de suerte tal que la partición solamente tiene como efecto reconocerles el derecho concreto. De ahí que, concluyó, la exclusión del coheredero mencionado haga nugatorio su derecho, privándolo de la porción que legalmente le corresponde, porque si bien no existió oposición al respecto, ello no significa que el proyecto deba ser de inmediato aprobado en sus términos. Aunado a lo anterior, el Magistrado consideró que el juez civil sí estaba en condiciones de examinar oficiosamente el proyecto formulado, porque también se encuentran de por medio los derechos de una incapaz -Angélica María Espinoza-, cuya salvaguarda de sus derechos es de interés público. Por lo que, enfatizó, en reparación de esa violación en la instancia procede la suplencia de la queja a su favor, para determinar que también debe reprobarse el proyecto debido a que se afectan los derechos de la mencionada heredera. Explicó que esto es así porque, según los certificados catastrales allegados [en la segunda sección], los 3 bienes que pretende adjudicarse el albacea heredero, ascienden al total de $416,805.50 (cuatrocientos ochenta y cinco mil pesos 50/100 M.N.); mientras que el restante que propuso a favor de la heredera incapaz, tiene el valor de $134,728.00 (ciento treinta y cuatro mil setecientos veintiocho pesos 00/100 M.N.). Por lo que, consideró, si la declaratoria emitida en autos les reconoció a cada uno de los herederos el derecho por partes iguales, en cuanto hijos de la causante, lo correcto es que la partición se fije en esa misma proporción sobre el dominio exclusivo que les corresponda. Conforme a lo anterior, el Magistrado estimó que lo conducente era reprobar -por una razón más- el proyecto propuesto y, por ende, confirmar la resolución recurrida, al tenor de los puntos resolutivos siguientes: "PRIMERO. Esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de apelación. SEGUNDO. Son infundados los agravios formulados por el albacea definitivo y coheredero ERMILLO ESPINOZA, a través de su apoderado jurídico. TERCERO. Consecuentemente, y en suplencia de la queja en favor de la coheredera e incapaz ANGÉLICA MARÍA ESPINOZA, se confirma la sentencia definitiva impugnada, dictada en el subyacente. CUARTO. No se hace condena al pago de las costas de esta instancia. QUINTO. Notifíquese personalmente.". Dicha resolución constituye el acto reclamado en este juicio constitucional. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de su demanda de garantías, los que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Al efecto, se invoca la jurisprudencia 58/2010 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que se transcribe en seguida: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SÉPTIMO. Estudio de fondo. En su primer concepto de violación el peticionario de amparo medularmente argumenta que se inaplicó injustificadamente en su perjuicio la jurisprudencia intitulada: "SUCESIÓN TESTAMENTARIA EL JUZGADO NO PUEDE EXAMINAR OFICIOSAMENTE EL PROYECTO DE PARTICIÓN Y UBICACIÓN DE LOS BIENES DE LA MASA HEREDITARIA.", cuando ésta es de carácter obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de las entidades federativas. Que el Magistrado responsable consideró expresamente su inaplicación bajo la cita de un artículo contenido en la legislación civil local y no en una hipótesis procesal aplicable al caso; pues si bien el proyecto no contempló al coheredero Abel Espinoza Fuentes, éste tiene el derecho para pedir la nulidad de la partición. Que los artículos 1101 y 1002 [quiso decir 1012] del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, son claros en establecer que una vez agotado el término de diez días hábiles sin que exista oposición, se deberá aprobar el proyecto. En el segundo, el quejoso aduce que no se están coartando los derechos de la coheredera incapaz, toda vez que ésta fue representada en todo momento por su tutora, en primera y segunda instancias, de modo que no era conducente la aplicación de la suplencia de la queja a su favor, pues para que el Magistrado aplicara ese beneficio en su favor, era indispensable que existiera apelación de su parte. Finalmente, en el tercero arguye que es inexacto considerar el valor catastral de los bienes que constituyen el haber hereditario para considerar la supuesta desproporción de la partición, ya que el valor catastral y el valor comercial de un bien raíz son conceptos diferentes. De ahí que, en su opinión, el inmueble que pretende designarse a la heredera incapaz en realidad sea superior en valor comercial a los restantes, primordialmente porque éste se encuentra en el centro histórico de la ciudad. Dichos planteamientos son ineficaces. El artículo 217 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.". De lo anterior se colige que, como regla general, la jurisprudencia del Alto Tribunal constituye un eje fundamental en la interpretación de la ley, como una herramienta a disposición de los órganos jurisdiccionales en la resolución de controversias particulares. Por esta razón, su relevancia no solo implica homogeneizar la correcta aplicación de la ley, sino también dotar de seguridad jurídica a los justiciables en la resolución de controversias en las que sean parte. Así, por disposición expresa del artículo que se transcribe, su aplicación es obligatoria para los órganos jurisdiccionales de la Federación y Entidades Federativas, lo que de suyo implica dotar de fuerza normativa la interpretación realizada por el Alto Tribunal. Al respecto, es ilustrativa la siguiente: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LA OBLIGATORIEDAD DE SU APLICACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 217 DE LA LEY DE AMPARO, SURGE A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El análisis sistemático e integrador de los artículos 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 215 a 230 de la Ley de Amparo, 178 y 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 19/2013 (*) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, permite establecer que la jurisprudencia es de aplicación obligatoria a partir del lunes hábil siguiente al día en que la tesis respectiva sea ingresada al Semanario Judicial de la Federación, en la inteligencia de que si el lunes respectivo es inhábil, será de aplicación obligatoria a partir del día hábil siguiente. Tal conclusión atiende a un principio de certeza y seguridad jurídica en tanto reconoce que es hasta la publicación de la jurisprudencia en dicho medio, cuando se tiene un grado de certeza aceptable respecto a su existencia. Lo anterior, sin menoscabo de que las partes puedan invocarla tomando en cuenta lo previsto en la parte final del artículo 221 de la Ley de Amparo, hipótesis ante la cual el tribunal de amparo deberá verificar su existencia y a partir de ello, bajo los principios de buena fe y confianza legítima, ponderar su aplicación, caso por caso, atendiendo a las características particulares del asunto y tomando en cuenta que la fuerza normativa de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación proviene de la autoridad otorgada por el Constituyente al máximo y último intérprete de la Constitución.". Ahora bien, para que la jurisprudencia sea obligatoria en los términos descritos, no solo debe tomarse en cuenta dicho carácter, sino que necesariamente debe acontecer el supuesto normativo que haya sido materia de interpretación, o bien, que por su contenido jurídico sustancial, sea aplicable al caso concreto. Luego, al resolver la contradicción de tesis 244/2010, la Primera Sala del Alto tribunal dilucidó la cuestión de determinar si el juzgador puede oficiosamente examinar el proyecto de partición y adjudicación de bienes de la masa hereditaria en una sucesión testamentaria y, por ende, si puede desaprobarlo, o bien, si debe aprobarlo ante la falta de oposición de los interesados. Al respecto, señaló que la partición de la herencia es el acto jurídico que se efectúa respecto de la comunidad de bienes y derechos que se genera a la sucesión de una persona cuando concurren varios herederos y se le da a cada uno lo que le corresponde según las reglas del testamento o de la ley, es decir, que singulariza los derechos de los herederos respecto al acervo hereditario. De modo que, dijo, la partición es el acto jurídico por medio del cual las partes abstractas e indivisas de una herencia se convierten en concretas y divisas. Ya que sólo determina e individualiza un derecho preexistente y no definido, ello en virtud de que hasta el momento de la partición la masa hereditaria formaba un patrimonio común a todos los herederos en el que no se sabía quién era dueño de qué cosa, lo cual no significaba que no tuvieran ya los derechos de dueño, y la partición lo que hace es reconocer el dominio exclusivo que le corresponde a cada heredero, no desde el momento en que se realiza, sino a partir de la muerte del autor de la herencia. Por ello, consideró que el artículo 821 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas dispone que el proyecto de partición se ponga a la vista de los herederos y, en caso de no existir oposición de alguno de ellos, el Juez debe dictar sentencia entregando a cada uno los bienes que le correspondan. En tal virtud, acotó, dado el carácter declarativo del proyecto de partición, es que el juzgador no puede sino constreñirse a ponerlo a la vista de los interesados y hacer la declaratoria correspondiente en cuanto transcurra el plazo de preclusión si no hay oposición alguna, o a tramitar el incidente respectivo en caso de haberla. Y, aclaró, sin que ello se contraponga con la finalidad de hacer real la voluntad del autor de la sucesión, en tanto que tal extremo se cubre precisamente con el hecho de dar vista a los interesados quienes, de ser el caso, pueden expresarse al respecto. Máxime que, dijo, si se tiene en cuenta la naturaleza dispositiva del procedimiento civil en el que las partes tienen amplias facultades en cuanto a la iniciativa e impulso del proceso, así como a la fijación de su objeto, disponiendo así del derecho sustantivo a que el juicio se refiere, en tanto que el órgano jurisdiccional tiene facultades delimitadas pudiendo hacer solamente aquello que el marco normativo le permite expresamente. Por ello, señaló, la única salvedad a lo anterior la constituye el hecho de que se encuentren en juego derechos de menores o incapaces, cuya debida salvaguarda es de interés público, en cuyo caso sí puede el Juez verificar oficiosamente el proyecto de partición y adjudicación de bienes, siendo al respecto aplicable, en su parte relativa, el siguiente criterio: Lo anterior dio lugar a la jurisprudencia 8/2011 que enseguida se transcribe: "SUCESIÓN TESTAMENTARIA. EL JUZGADOR NO PUEDE EXAMINAR OFICIOSAMENTE EL PROYECTO DE PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES DE LA MASA HEREDITARIA. La partición de la herencia es el acto jurídico efectuado respecto de la comunidad de bienes y derechos que se genera a la sucesión de una persona cuando concurren varios herederos y se da a cada uno lo que le corresponde según las reglas del testamento o de la ley, de manera que las partes abstractas e indivisas de una herencia se convierten en concretas y divisas. Además, es un acto declarativo, ya que sólo determina e individualiza un derecho preexistente y no definido, en virtud de que hasta el momento de la partición, la masa hereditaria formaba un patrimonio común a todos los herederos, reconociendo el dominio exclusivo que corresponde a cada uno, no desde que se realiza, sino a partir de la muerte del autor de la herencia. En ese tenor, y por el carácter declarativo del proyecto de partición y adjudicación, el juzgador no puede examinarlo oficiosamente, sino que debe constreñirse a ponerlo a la vista de los interesados y a hacer la declaratoria correspondiente cuando transcurra el plazo de preclusión, si no existe oposición alguna, o tramitar el incidente respectivo en caso de haberla, con la salvedad de que se encuentren en juego derechos de menores o incapaces, cuya debida salvaguarda es de interés público, en cuyo caso sí puede el Juez verificar oficiosamente el proyecto en cuestión.". Conforme a lo anterior, se presta atención en que la Primera Sala abordó la cuestión planteada al tenor del artículo 821 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, que si bien es del contenido sustancial similar a las previsiones de los diversos 1011 y 1012 del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad, de relevancia resulta que la interpretación se realizó conforme a las previsiones de la sucesión testamentaria. Pues como se precisó a supralíneas, el criterio sostenido no se contrapone con la finalidad de hacer real la voluntad del autor de la sucesión, en tanto que tal extremo se cubre precisamente con el hecho de dar vista a los interesados quienes, de ser el caso, pueden expresarse al respecto. Luego, en el particular de relevancia resulta también el artículo 826 del Código Civil del Estado de Michoacán, que dispone lo siguiente: "Artículo 826. La repudiación debe ser expresa y hacerse por escrito ante el Juez, o por medio de instrumento público otorgado ante notario, cuando el heredero no se encuentra en el lugar del juicio.". De lo anterior se obtiene que la repudiación debe ser efectuada por el heredero, por escrito ante el juez, o bien, través de instrumento público otorgado ante notario. De modo que la teleología de ese precepto es que la repudiación de herencia se efectúe de manera expresa por escrito como un manifestación inequívoca de la voluntad del heredero, pues si la intención del legislador hubiere sido esa no habría prevenido que se realizara de manera "expresa y por escrito". En consecuencia, si un heredero no efectúa renuncia de sus derechos hereditarios de manera expresa ante el Juez del conocimiento, no debe excluírsele del proyecto de partición, toda vez que previamente ha sido reconocido como heredero de la sucesión y subsiste la previsión legal que por el parentesco que lleve con la finada, le asigna derechos hereditarios. Al respecto, por su contenido jurídico sustancial se invoca como aplicable la siguiente tesis aislada: "HERENCIA. SI UNO DE LOS HEREDEROS NO LA REPUDIA DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO ANTE EL JUEZ QUE CONOZCA DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO, NO DEBE EXCLUÍRSELE DEL PROYECTO DE PARTICIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). Una correcta interpretación del artículo 1548 del Código Civil del Estado de Baja California permite sostener que el propósito del legislador en tratándose de la repudiación de herencia, es que se efectúe de manera expresa ante el Juez que conozca el procedimiento sucesorio, o por medio de instrumento público otorgado ante notario cuando no se encuentre en el lugar del juicio para su plena validez, pues si la intención del legislador fuera que la renuncia se manifestara de manera tácita como consecuencia de no haber desahogado el heredero la vista que se le hubiese dado en juicio, dicho precepto legal no hubiese prevenido que se realizara de manera "expresa y por escrito" la repudiación de la herencia; en consecuencia, si un heredero no efectúa renuncia de sus derechos hereditarios de manera expresa ante el Juez del conocimiento, no debe excluírsele del proyecto de partición, toda vez que ha sido reconocido como heredero de la sucesión.". Así las cosas, se estima ineficaz el argumento del quejoso relativo a que el Magistrado responsable inaplicó de manera injustificada la jurisprudencia 1a./J. 8/2011, porque al margen de que ésta no resulta del todo aplicable al caso -por referirse a la sucesión testamentaria-, la razón que fundamenta el examen oficioso del proyecto de partición estriba en la vulneración de los derechos del diverso coheredero, al no haber sido señalado como partícipe del haber hereditario. Pues al respecto el Magistrado responsable señaló que no puede negársele el derecho concreto a la herencia, cuando éste fue reconocido en la declaratoria correspondiente. Consideración que cobra relevancia en la medida de que tal como lo dispone el 826 del Código Civil del Estado de Michoacán, la repudiación debe ser efectuada por el heredero, por escrito ante el juez, o bien, través de instrumento público otorgado ante notario, como una manifestación inequívoca de la voluntad. De modo que al no existir un repudio efectuado en esos términos, la falta de inconformidad al proyecto de partición -en el que no fue partícipe alguno de los coherederos- no puede tener como consecuencia la pérdida de sus derechos reconocidos. Sin que resulte relevante que el citado artículo 826, forme parte de la codificación civil sustantiva y no de la adjetiva, porque aun cuando bajo esa perspectiva el quejoso argumente la vulneración a sus derechos, debido a que el Magistrado partió de lo previsto en el diverso 945 del Código Civil de la entidad; ello no abona a su reclamo en esta instancia constitucional, tomando en cuenta que dichas reglas deben regir en cuanto al fondo. Luego, también es ineficaz el argumento relativo a que se aplicó indebidamente la suplencia de la queja a favor de la coheredera incapaz, porque esa sola circunstancia obliga al juzgador a aplicar dicho beneficio, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos que estén en controversia o el carácter de quien o quienes promueven. Ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en la contienda es susceptible de afectar a dicha persona que por su condición necesita ser tutelada en sus derechos, no solo mediante una debida representación y asistencia jurídica, sino también al momento de resolver la controversia, pues se trata de un aspecto de interés social. Lo anterior en términos de la jurisprudencia 191/2005 emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro y texto: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz.". De ahí que se estime correcto que el Magistrado responsable procediera a aplicar la suplencia de la queja en favor de la coheredera incapaz, pues aun cuando ella no haya planteado inconformidad en la instancia, es de interés social vigilar que sus derechos no sean vulnerados. Finalmente, es ineficaz el argumento del quejoso inherente a que -en suplencia de la queja- se consideró desproporcional el proyecto de partición formulado, a partir de los valores catastrales de los inmuebles que forman el caudal hereditario. Es así porque aquellos valores fueron los que el albacea, aquí quejoso, aportó a la segunda sección del juicio sucesorio, de modo que en resolución de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, quedó aprobado en sus términos. Por ello, al emprender el análisis de proporcionalidad de acuerdo a la declaratoria de herederos, fue que el Magistrado responsable solamente tenía a su disposición aquellos valores. De ahí que si el aquí quejoso insiste en esta instancia que el valor del bien que pretende adjudicarse a la heredera incapaz es mayor al resto, es una circunstancia que debe ser debidamente acreditada en la segunda sección del sucesorio, por lo que quedan a salvo sus derechos para hacer valer lo que estime procedente. Corolario a lo anterior, se estima que la sola circunstancia de que uno de los coherederos no haya sido señalado como partícipe en el haber hereditario, es suficiente para reprobar el proyecto formulado y, como acertadamente lo estimó el Magistrado responsable, en suplencia de la queja también existe una razón más, porque conforme a lo acreditado en el expediente de origen al momento de resolver, el bien que pretende designarse a la coheredera incapaz es de menor valor a los restantes -hasta en tanto no exista diversa valuación-. De esta manera, al quedar atendidos los planteamientos propuestos, los que resultaron ineficaces para demostrar la inconstitucionalidad de la resolución reclamada, lo que se impone es negar el amparo solicitado. Máxime que en el caso no opera alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo, a efecto de que deba suplirse la deficiencia a sus planteamientos. No resta más que indicar que no se hará especial referencia al pedimento del representante social adscrito, en virtud de que no aduce la actualización de diversa causal de improcedencia ni sobreseimiento en el juicio de amparo. Ello en términos de la tesis 26/2018 consultable en la página 5, Libro 60, Tomo I, noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA.". Finalmente, es de indicarse que la negativa del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al juez responsable, máxime que no se impugnan por vicios propios. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ermillo Espinoza, en cuanto albacea definitivo de la sucesión a bienes Consuelo Espinoza Fuentes, contra los actos y autoridades que quedaron precisados, por los motivos expuestos en el último considerando de esta ejecutoria. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta el día de hoy siete de noviembre de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.LFSL

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