Luis Alberto Ruiz Solís
Expediente 1004/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1004/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 07/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Luis Alberto Ruiz Solís
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
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Morelia, Michoacán, siete de noviembre de dos mil diecinueve. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el presente asunto, promovido por Luis Alberto Ruiz Solís; por lo tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. SE ORDENA DEVOLVER CUADERNO DE PRUEBAS Devuélvase al Juez responsable las documentales que acompañó a su informe justificado consistente en el juicio ejecutivo 482/2018; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, veintidós de octubre de dos mil diecinueve. ESTADO DE LOS AUTOS Vista la razón levantada por el Actuario Judicial de la adscripción el dieciocho de octubre del año en curso, en el sentido de que no le fue posible notificar personalmente al tercero interesado Rodrigo Gutiérrez Ledesma, endosatario en procuración de la persona moral Refresquera Internacional S.A de C.V., la resolución con engrose de diecisiete del mes y año en curso, toda vez que de las constancias que obran en autos se advierte que no señaló domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; en tal virtud, en atención al proveído de diez de septiembre del año en curso, notifíquese al referido tercero interesado la resolución de mérito, mediante lista que se publica en los estrados de este Juzgado de Distrito, así como las notificaciones subsecuentes, hasta en tanto señale domicilio, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Mach
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V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número VI-1004/2019, promovido por Luis Alberto Ruiz Solis, por su propio derecho, contra actos del Juez Cuarto Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por oficio recibido el nueve de septiembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad y recibido en este Juzgado Tercero de Distrito en esa misma fecha, el Segundo tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, remitió la demanda de amparo promovida por Luis Alberto Ruiz Solís, contra actos del Juez Cuarto Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, al considerarse legalmente incompetente para conocer y resolver del mismo al no tratarse de una sentencia que ponga fin al juicio. SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. En la propia demanda de amparo, la parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de diez de septiembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda en cuestión, misma que fue registrada bajo el número VI-1004/2019; se dio vista a las partes con el respectivo informe justificado; se dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, en relación con el 35 y 107, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad judicial residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado; ."; es necesario precisar los actos reclamados, que se desprenden del estudio y análisis en conjunto de la demanda de garantías y de las constancias que integran el presente sumario. Del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que el peticionario de garantías reclama: La resolución interlocutoria de cinco de agosto de dos mil diecinueve, relativa al incidente de ejecución de convenio promovido por la parte actora, aquí tercero interesada, Refresquera Internacional, S.A. de C.V., por conducto de su endosatario en procuración, dentro del juicio ejecutivo mercantil 482/2018. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el Juez Cuarto Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, se advierte que aceptó la existencia del acto reclamado, a cuyo efecto remitió los autos del juicio ejecutivo mercantil 482/2018. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, sentado lo anterior y establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, el suscrito juzgador estima que respecto del acto reclamado al Juez Cuarto Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, y el ordinal 107, fracción III, constitucional, al resultar evidente que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en ejecución al convenio elevado a la categoría de cosa juzgada. Los preceptos legales citados son del tenor literal siguiente: Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "ARTÍCULO 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (...) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; y (...)". De los dispositivos transcritos se desprenden dos reglas generales y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto. La primera regla general proviene de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y consiste en que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Sobre el particular, cabe indicar que los actos dictados dentro de juicio tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado que garantiza la constitución, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, y que, por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad sin haber originado afectación a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica porque esta violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. La segunda regla general de procedencia se desprende de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 107, fracción IV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en el sentido de que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, fuera de juicio o después de concluido, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia. Finalmente, la regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto, se desprende de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, en cuanto a que el juicio de amparo, en la vía indirecta, es procedente contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o de trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento y, en tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva que ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, salvo que durante su tramitación se generen violaciones que sean lesivas de los derechos fundamentales del gobernado. Cabe indicar que la aludida regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto fue instrumentada por el legislador al expedir la Ley de Amparo, desprendiéndose de la exposición de motivos respectiva, que una de sus finalidades fue la de evitar los abusos procesales, es decir, impedir que el juicio de amparo se utilice para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituya verdad legal. Ello, a fin de evitar que múltiples amparos obstaculicen su ejecución, por ese motivo el legislador limitó su procedencia hasta el dictado de la resolución definitiva que ponga fin a ese procedimiento de ejecución, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que por última resolución debe entenderse aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, según se aprecia de la jurisprudencia que a continuación se transcribe: Época: Novena Época Registro: 190035 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Abril de 2001 Materia(s): Común Tesis: P./J. 32/2001 Página: 31 AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 22 de febrero de 2001. Once votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Mariana Mureddu Gilabert. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de marzo en curso, aprobó, con el número 32/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de marzo de dos mil uno. Asimismo, es oportuno citar el criterio emitido en la jurisprudencia P./J. 108/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: Época: Novena Época Registro: 163152 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 108/2010 Página: 6 EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Contradicción de tesis 215/2009. Entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4 de mayo de 2010. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz J. Jaimes Ramos. El Tribunal Pleno, el dieciséis de noviembre en curso, aprobó, con el número 108/2010, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciséis de noviembre de dos mil diez. Ahora bien, en el caso el promovente del amparo señala como acto reclamado la resolución interlocutoria de cinco de agosto de dos mil diecinueve, relativa al incidente de ejecución de convenio promovido por la parte actora, aquí tercero interesada, Refresquera Internacional, S.A. de C.V., por conducto de su endosatario en procuración, dentro del juicio ejecutivo mercantil 482/2018. Siendo que de las constancias relativas al acto reclamado se advierten los siguientes antecedentes: 1. Ante el Juzgado Cuarto Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, se substanció el juicio ejecutivo mercantil número 482/2018, que sobre pago de pesos promovió la aquí tercero interesada Refresquera Internacional, S.A. de C.V., por conducto de su endosatario en procuración, en contra del aquí quejoso Luis Alberto Ruiz Solís. 2. Siendo que el cinco de octubre de dos mil dieciocho, las partes celebraron convenio de reconocimiento de adeudo y obligación de pago, por lo que al ser ratificado en esa misma fecha por las partes, se elevó a la categoría de cosa juzgada el ocho de octubre de dos mil dieciocho. 3. Posteriormente, la parte actora hizo del conocimiento del juez de origen el incumplimiento del convenio, por lo que mediante proveído de uno de abril de dos mil diecinueve, se admitió a trámite el incidente de ejecución de convenio, dándose vista a la parte demandada para que manifestara lo que a su interés conviniera, lo que así hizo mediante escrito presentado el seis de junio del año en curso. 4. Finalmente, el cinco de agosto pasado, se dictó resolución interlocutoria en la que el juez de origen determinó que quedó demostrado el incumplimiento del convenio judicial por parte del demandado, aquí quejoso, Luis Alberto Ruiz Solís, por lo que señaló que la parte actora estaba facultada para proceder a la ejecución forzosa y ordenó el trance y remate de los bienes embargados en diligencia de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, en términos de lo estipulado en la cláusula séptima del citado convenio al haber quedado como garantía ante el posible incumplimiento de pago. Siendo dicha determinación la que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional. Por consiguiente, para que sea procedente el juicio de amparo, específicamente en el caso propuesto, es necesario que el acto emitido por la autoridad responsable: a) Corresponda a la última determinación emitida dentro del procedimiento de ejecución al convenio elevado a la categoría de cosa juzgada en el juicio ejecutivo mercantil 482/2018 de origen, es decir, la que tenga por concluido el procedimiento de remate o la que ordene otorgar la escritura de adjudicación y entregar la posesión de los inmuebles rematados, aunque se dicten en distintas determinaciones, o bien; b) Que excepcionalmente tratándose de una determinación emitida en dicho procedimiento, produzca en el orbe jurídico del gobernado una afectación de manera tal, que la violación alegada no pueda ser reparada en dicha resolución definitiva, y que por supuesto sea ajena a la cosa juzgada. Luego entonces, una resolución tiene ejecución de imposible reparación cuando viola directamente cualquiera de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, mejor conocidos como derechos fundamentales, ajenos a la cosa juzgada, sin que ello dé lugar a que los gobernados puedan acudir a la vía constitucional por violaciones emitidas durante la tramitación del procedimiento de ejecución de sentencia, como ocurre en la especie. En efecto, como se puntualizó, el promovente reclama la citada resolución de cinco de agosto de dos mil diecinueve, emitida en el incidente de ejecución de convenio derivado del juicio ejecutivo mercantil 482/2018, del índice del Juzgado Cuarto Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, a través del cual el titular del anotado órgano jurisdiccional determinó que existió incumplimiento de parte del demandado, aquí quejoso, en relación con el convenio elevado a la categoría de cosa juzgada, por lo que señaló que la parte actora estaba facultada para proceder a la ejecución forzosa y ordenó el trance y remate de los bienes que habían quedado como garantía del cumplimiento de convenio, para con ello hacer pago al actor. Bajo esas premisas, es claro advertir que dicha determinación se dictó después de concluido el juicio y no constituye la última determinación en la etapa de ejecución al haberse ordenado el remate de los bienes otorgados en garantía. Ahora bien, como se puntualizó, el suscrito se encuentra obligado a apreciar si los actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia pueden causar una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, a fin de determinar la procedencia del juicio de amparo. Bajo esas premisas, resulta palmario que en el caso concreto se actualiza una causal de improcedencia del juicio de amparo en virtud de que no se trata de la última resolución a que se ha hecho mención, ni puede ser considerada como una violación a los derechos sustantivos ajena a la cosa juzgada, pues precisamente la misma tiende al cumplimiento del convenio elevado a tal categoría. Todo lo anterior hace indudable el motivo de improcedencia advertido; por ende, se reitera, en el caso se actualiza la causa de inejercitabilidad prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, aplicado en sentido contrario, de Ley de Amparo, y por ende, debe sobreseerse en el presente juicio. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por Luis Alberto Ruiz Solís, en contra del acto reclamado al Juez Cuarto Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, con base a las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, que actúa con la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, en que terminó el engrose de la presente resolución y lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.-
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EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADCO EN AUTOS DE DIEZ DE SEPTIEMBRE Y VEINTIDOS DE OCTUBRE, AMBOS DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA RODRIGO GUTIERREZ LEDESMA, ENDOSATARIO EN PROCURACION DE LA MORAL: REFRESQUERA INTERNACIONAL, S.A DE C.V., LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número VI-1004/2019, promovido por Luis Alberto Ruiz Solis, por su propio derecho, contra actos del Juez Cuarto Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por oficio recibido el nueve de septiembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad y recibido en este Juzgado Tercero de Distrito en esa misma fecha, el Segundo tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, remitió la demanda de amparo promovida por Luis Alberto Ruiz Solís, contra actos del Juez Cuarto Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, al considerarse legalmente incompetente para conocer y resolver del mismo al no tratarse de una sentencia que ponga fin al juicio. SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. En la propia demanda de amparo, la parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de diez de septiembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda en cuestión, misma que fue registrada bajo el número VI-1004/2019; se dio vista a las partes con el respectivo informe justificado; se dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, en relación con el 35 y 107, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad judicial residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado; ."; es necesario precisar los actos reclamados, que se desprenden del estudio y análisis en conjunto de la demanda de garantías y de las constancias que integran el presente sumario. Del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que el peticionario de garantías reclama: La resolución interlocutoria de cinco de agosto de dos mil diecinueve, relativa al incidente de ejecución de convenio promovido por la parte actora, aquí tercero interesada, Refresquera Internacional, S.A. de C.V., por conducto de su endosatario en procuración, dentro del juicio ejecutivo mercantil 482/2018. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el Juez Cuarto Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, se advierte que aceptó la existencia del acto reclamado, a cuyo efecto remitió los autos del juicio ejecutivo mercantil 482/2018. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, sentado lo anterior y establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, el suscrito juzgador estima que respecto del acto reclamado al Juez Cuarto Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, y el ordinal 107, fracción III, constitucional, al resultar evidente que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en ejecución al convenio elevado a la categoría de cosa juzgada. Los preceptos legales citados son del tenor literal siguiente: Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "ARTÍCULO 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (...) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; y (...)". De los dispositivos transcritos se desprenden dos reglas generales y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto. La primera regla general proviene de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y consiste en que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Sobre el particular, cabe indicar que los actos dictados dentro de juicio tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado que garantiza la constitución, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, y que, por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad sin haber originado afectación a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica porque esta violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. La segunda regla general de procedencia se desprende de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 107, fracción IV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en el sentido de que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, fuera de juicio o después de concluido, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia. Finalmente, la regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto, se desprende de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, en cuanto a que el juicio de amparo, en la vía indirecta, es procedente contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o de trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento y, en tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva que ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, salvo que durante su tramitación se generen violaciones que sean lesivas de los derechos fundamentales del gobernado. Cabe indicar que la aludida regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto fue instrumentada por el legislador al expedir la Ley de Amparo, desprendiéndose de la exposición de motivos respectiva, que una de sus finalidades fue la de evitar los abusos procesales, es decir, impedir que el juicio de amparo se utilice para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituya verdad legal. Ello, a fin de evitar que múltiples amparos obstaculicen su ejecución, por ese motivo el legislador limitó su procedencia hasta el dictado de la resolución definitiva que ponga fin a ese procedimiento de ejecución, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que por última resolución debe entenderse aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, según se aprecia de la jurisprudencia que a continuación se transcribe: Época: Novena Época Registro: 190035 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Abril de 2001 Materia(s): Común Tesis: P./J. 32/2001 Página: 31 AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 22 de febrero de 2001. Once votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Mariana Mureddu Gilabert. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de marzo en curso, aprobó, con el número 32/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de marzo de dos mil uno. Asimismo, es oportuno citar el criterio emitido en la jurisprudencia P./J. 108/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: Época: Novena Época Registro: 163152 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 108/2010 Página: 6 EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Contradicción de tesis 215/2009. Entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4 de mayo de 2010. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz J. Jaimes Ramos. El Tribunal Pleno, el dieciséis de noviembre en curso, aprobó, con el número 108/2010, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciséis de noviembre de dos mil diez. Ahora bien, en el caso el promovente del amparo señala como acto reclamado la resolución interlocutoria de cinco de agosto de dos mil diecinueve, relativa al incidente de ejecución de convenio promovido por la parte actora, aquí tercero interesada, Refresquera Internacional, S.A. de C.V., por conducto de su endosatario en procuración, dentro del juicio ejecutivo mercantil 482/2018. Siendo que de las constancias relativas al acto reclamado se advierten los siguientes antecedentes: 1. Ante el Juzgado Cuarto Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, se substanció el juicio ejecutivo mercantil número 482/2018, que sobre pago de pesos promovió la aquí tercero interesada Refresquera Internacional, S.A. de C.V., por conducto de su endosatario en procuración, en contra del aquí quejoso Luis Alberto Ruiz Solís. 2. Siendo que el cinco de octubre de dos mil dieciocho, las partes celebraron convenio de reconocimiento de adeudo y obligación de pago, por lo que al ser ratificado en esa misma fecha por las partes, se elevó a la categoría de cosa juzgada el ocho de octubre de dos mil dieciocho. 3. Posteriormente, la parte actora hizo del conocimiento del juez de origen el incumplimiento del convenio, por lo que mediante proveído de uno de abril de dos mil diecinueve, se admitió a trámite el incidente de ejecución de convenio, dándose vista a la parte demandada para que manifestara lo que a su interés conviniera, lo que así hizo mediante escrito presentado el seis de junio del año en curso. 4. Finalmente, el cinco de agosto pasado, se dictó resolución interlocutoria en la que el juez de origen determinó que quedó demostrado el incumplimiento del convenio judicial por parte del demandado, aquí quejoso, Luis Alberto Ruiz Solís, por lo que señaló que la parte actora estaba facultada para proceder a la ejecución forzosa y ordenó el trance y remate de los bienes embargados en diligencia de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, en términos de lo estipulado en la cláusula séptima del citado convenio al haber quedado como garantía ante el posible incumplimiento de pago. Siendo dicha determinación la que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional. Por consiguiente, para que sea procedente el juicio de amparo, específicamente en el caso propuesto, es necesario que el acto emitido por la autoridad responsable: a) Corresponda a la última determinación emitida dentro del procedimiento de ejecución al convenio elevado a la categoría de cosa juzgada en el juicio ejecutivo mercantil 482/2018 de origen, es decir, la que tenga por concluido el procedimiento de remate o la que ordene otorgar la escritura de adjudicación y entregar la posesión de los inmuebles rematados, aunque se dicten en distintas determinaciones, o bien; b) Que excepcionalmente tratándose de una determinación emitida en dicho procedimiento, produzca en el orbe jurídico del gobernado una afectación de manera tal, que la violación alegada no pueda ser reparada en dicha resolución definitiva, y que por supuesto sea ajena a la cosa juzgada. Luego entonces, una resolución tiene ejecución de imposible reparación cuando viola directamente cualquiera de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, mejor conocidos como derechos fundamentales, ajenos a la cosa juzgada, sin que ello dé lugar a que los gobernados puedan acudir a la vía constitucional por violaciones emitidas durante la tramitación del procedimiento de ejecución de sentencia, como ocurre en la especie. En efecto, como se puntualizó, el promovente reclama la citada resolución de cinco de agosto de dos mil diecinueve, emitida en el incidente de ejecución de convenio derivado del juicio ejecutivo mercantil 482/2018, del índice del Juzgado Cuarto Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, a través del cual el titular del anotado órgano jurisdiccional determinó que existió incumplimiento de parte del demandado, aquí quejoso, en relación con el convenio elevado a la categoría de cosa juzgada, por lo que señaló que la parte actora estaba facultada para proceder a la ejecución forzosa y ordenó el trance y remate de los bienes que habían quedado como garantía del cumplimiento de convenio, para con ello hacer pago al actor. Bajo esas premisas, es claro advertir que dicha determinación se dictó después de concluido el juicio y no constituye la última determinación en la etapa de ejecución al haberse ordenado el remate de los bienes otorgados en garantía. Ahora bien, como se puntualizó, el suscrito se encuentra obligado a apreciar si los actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia pueden causar una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, a fin de determinar la procedencia del juicio de amparo. Bajo esas premisas, resulta palmario que en el caso concreto se actualiza una causal de improcedencia del juicio de amparo en virtud de que no se trata de la última resolución a que se ha hecho mención, ni puede ser considerada como una violación a los derechos sustantivos ajena a la cosa juzgada, pues precisamente la misma tiende al cumplimiento del convenio elevado a tal categoría. Todo lo anterior hace indudable el motivo de improcedencia advertido; por ende, se reitera, en el caso se actualiza la causa de inejercitabilidad prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, aplicado en sentido contrario, de Ley de Amparo, y por ende, debe sobreseerse en el presente juicio. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por Luis Alberto Ruiz Solís, en contra del acto reclamado al Juez Cuarto Menor en Materia Civil de este Distrito Judicial, con base a las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, que actúa con la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, en que terminó el engrose de la presente resolución y lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.-
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