Luis Alberto Rosales Moncada
Expediente 1647/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1647/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/11/2021
Partes del expediente
- Luis Alberto Rosales Moncada
Actuaciones
- Principal
Vistas las actuaciones que integran el presente juicio de amparo, de las que se desprende que en proveído de doce de agosto de dos mil veintiuno, se omitió ordenar notificar personalmente dicho acuerdo a la tercera interesada, para que dentro del término de tres días, manifieste lo que a su interés legal convenga respecto del cumplimiento efectuado por la autoridad responsable. En consecuencia, se comisiona al actuario de la adscripción para que, de inmediato realice dicha notificación, ello por ser necesaria para la calificación de cumplimiento de la ejecutoria dictada en el asunto que nos ocupa. Infórmese. En otro orden de ideas, téngase por recibido el oficio signado por el Juez Sexto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco; y, en atención a su contenido, dígasele que una vez que ocurra lo indicado en líneas precedentes se estará en aptitud de emitir el pronunciamiento respectivo a fin de verificar sí cumplió o no con la sentencia definitiva en los términos ahí precisados. Cambio de Titular. Hágase del conocimiento de las partes que a partir del día dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, la Jueza María Gabriela Ruiz Márquez, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/1133/2021, de fecha veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Comisiona al actuario. Finalmente, de conformidad a la declaratoria del cinco de julio de dos mil veintiuno, relativa a la entrada en vigor de los servicios en línea previstos en el Convenio de Colaboración para la Interconexión entre los Sistemas Tecnológicos de Gestión Jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; se ordena al actuario judicial de la adscripción que corresponda, para que verifique si en el presente acuerdo existen autoridades responsables respecto de las cuales exista convenio de colaboración celebrado y, de ser el caso, remita el presente acuerdo mediante el oficio correspondiente a través de la interconexión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a las autoridades respectivas. Notifíquese; y, personalmente a la tercera interesada auto de doce de agosto de dos mil veintiuno.
- Principal
Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se advierte que ninguna de las partes legitimadas interpuso recurso de revisión dentro del término legal concedido, en contra de la sentencia dictada el diecinueve de julio de dos mil veintiuno en el que se negó el amparo solicitado; por tanto, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º; se decreta que ha causado ejecutoria, para todos los efectos de ley. Se ordena archivar. En esas condiciones, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, en atención al artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este asunto no se considera de relevancia documental, pues no se ventiló algún tema relacionado con el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente, la gestión ambiental, entre otros, que tenga algún tópico de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Destino del expediente. Ahora bien, de conformidad con el inciso a) del artículo 21 del citado Acuerdo General, tomando en consideración que se negó el amparo solicitado, este se considera susceptible de DEPURACION, una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo. Se da vista al incidente de suspensión. En tales condiciones, dese vista con lo anterior a los cuadernos incidentales del presente juicio de garantías, para que se acuerde lo conducente.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que en proveído de siete de julio del presente año, se dio vista a la parte quejosa con el oficio y anexos remitidos por la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo este órgano jurisdiccional de acuerdo a las constancias que obran en autos, procedería a resolver si la sentencia se encuentra o no cumplida. En esas condiciones, en virtud de que a la fecha la parte quejosa no desahogó dicha vista, y el plazo de tres días otorgado feneció, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y por tanto, este juzgado procede a resolver de oficio si el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. II. Relación de constancias. Al respecto, debe decirse lo siguiente: en sentencia de treinta de abril de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Jessica Janette Ramírez Salcido cuyos efectos consistieron en lo siguiente: "(.) la Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco y su Actuario Notificador, realicen lo siguiente: Dictar todas las medidas necesarias para que, de inmediato, se emplace a la parte demandada al juicio laboral 1814/2020." En acuerdo de trece de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio firmado por el Secretario comisionado para fungir como Presidente Especial, así como por el Presidente Auxiliar, ambos de la Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, por medio del cual, remitieron copias certificadas de las constancias de emplazamiento derivadas del juicio laboral de origen 1814/2020 de su índice. Por acuerdo de siete de julio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de amparo y con el oficio recibido el trece de mayo del presente año, se dio vista a la parte quejosa en esa misma actuación. III. Se declara cumplida la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, la autoridad responsable demostró haber atendido a cabalidad los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, por lo que, se declara cumplida, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196, párrafos segundo, tercero y cuarto; y 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que este órgano jurisdiccional no advierte que exista exceso o defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable. Orienta lo anterior, la tesis: 2a. XCVI/2013 (10a.), de epígrafe y contenido: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema de materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento, debe ser total, sin excesos o defectos, por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente". Por tanto, una vez que transcurra el plazo de quince días al que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que a partir del día dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, la licenciada Ana Paula Baroccio González, funge como Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en funciones de Juez de Distrito, de conformidad con lo estipulado en el oficio CCJ/ST/2876/2021, de fecha nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que no obra respuesta de las autoridades responsables Subdelegación de Puerto Vallarta del Instituto Mexicano del Seguro Social, y Dirección del Hospital General de Zona Número 42 del Instituto Mexicano del Seguro Social respecto del requerimiento de veintitrés de junio del año en curso, en el cual se les solicitó copia certificada de cualquier información del quejoso XXX, con número de afiliación XXXXX, en relación con la atención médica prestada en dichas dependencias, vigencia de afiliación y de derechos, así como del expediente clínico del quejoso de referencia. En consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, se ordena reenviar los comunicados de referencia a las autoridades responsables mencionadas. En consecuencia, a fin de dar oportunidad de que ello ocurra y respetar así los principios rectores del juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las trece horas con cincuenta minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, para su celebración.
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