Luis Alberto Rosales Moncada
Expediente 1685/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1685/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 17/10/2019
Partes del expediente
- Luis Alberto Rosales Moncada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que en acuerdo de treinta y uno de mayo del año en curso, se ordenó suspender el procedimiento en el presente juicio de amparo, en virtud del recurso de queja interpuesto por las autoridades responsables Gobernador y Secretario General del Estado de Jalisco, contra el auto de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, y dado que diverso acuerdo de diecisiete de septiembre pasado, se ordenó reanudar el procedimiento en el presente sumario constitucional, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el recurso de queja 273/2019, dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, sin que se hubiese realizado manifestación alguna respecto la reserva contenida en el auto veinte de junio del año en curso, así como del auto de seis de septiembre de dos mil dieciocho. En ese sentido, con apoyo en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento para el único efecto de proveer lo siguiente: En cuanto a la constancia de aceptación con el número de registro 25801, se advierte que se hizo presente en el local que ocupa este Juzgado de Distrito, xxxx, en su carácter de perito en materia de Topografía designado por la autoridad responsable Gobernador del Estado de Jalisco, quien comparece a manifestar, bajo protesta de decir verdad y ante la presencia judicial, que acepta y protesta el cargo que le fue conferido como perito de la citada autoridad responsable en materia de topografía, así como para la prueba de inspección ocular acompañada de peritos, ofertada en el presente juicio, ésta última, por la autoridad responsable. Ahora bien, por así permitirlo el estado procesal de autos, se requiere al diestro en mención, así como al perito designado por la parte quejosa xxxxxxx, para que dentro del término de diez días, que al efecto establece la fracción I, del artículo 297, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, emitan su dictamen pericial en materia topográfica ofrecida por la parte quejosa; asimismo, dentro de los tres días siguientes que marca la fracción II, del precepto legal en cita, se constituyan en el local que ocupa este Órgano Jurisdiccional, con el objeto de ratificar ante la presencia judicial el contenido de su opinión técnica, con el apercibimiento que de no hacerlo, se harán acreedores a una multa por el importe de cincuenta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos con cincuenta centavos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional); de conformidad con los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Ahora bien, a fin de desahogar la prueba de inspección judicial asociada de peritos ofrecida por la autoridad responsable, Gobernador del Estado de Jalisco, admitida en auto de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para que se constituya en los domicilios a que hace alusión el oferente de la prueba en comento en su oficio con número de registro 23513. A efecto de llevar a cabo el desahogo de la citada probanza, se señalan las diez horas del ocho de noviembre del año en curso, por lo cual se requiere al oferente de la prueba, así como a los peritos designados, para que se presenten en el sitio ubicado en el Parque Bosque de los Colomos, en el ingreso que se localiza en avenida Patria el día y hora señalados para tal efecto, sitio del cual se podrán trasladar a los lugares a efecto de desahogar dicha inspección judicial. En el entendido que de no acatar lo aquí ordenado, se le tendrá por desinteresado al oferente de la prueba en el desahogo de la misma, con fundamento en los artículos 1° y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, para lo cual se deberá levantar acta circunstanciada. De igual manera, hágase del conocimiento de las partes, que si es su deseo, comparezcan al desahogo de la prueba en comento y realicen las observaciones que estimen convenientes de conformidad con los numerales 161 a 164 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento de todas las partes en el presente asunto que se les permitirá la toma de fotografías al momento del desahogo del aludido medio de convicción. Ahora bien, a fin de integrar debidamente el presente juicio de amparo, es necesario diferir la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar, se señalan las doce horas del quince de noviembre de dos mil diecinueve, para su celebración. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito signado por Gabhdiel Iván Novia Cruz, autorizado en amplios términos de la parte quejosa, el cual se ordena agregar a los presentes autos, para que obre como corresponda, en virtud de lo proveído en líneas precedentes. Finalmente, dado lo voluminoso del presente expediente se ordena aperturar el tomo II, previa certificación que al efecto se realice. Notifíquese personalmente a las partes, así como al perito oficial, al perito designado por la parte quejosa y al perito designado por la autoridad responsable Gobernador del Estado de Jalisco por su conducto.
- Principal
Por este conducto se notifica al quejoso el auto de 13/09/2019, que dice: Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio signado por el Juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, a través del cual, remite los autos originales que conforman el presente juicio de amparo y un cuaderno de prueba, en los que obra integrada la sentencia dictada por el referido homólogo, el treinta de agosto de dos mil diecinueve, cuyo resolutivo es el siguiente: "ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA y PROTEGE a *********, en contra de las autoridades y actos precisados en el considerando cuarto de esta sentencia, atento a las razones y fundamentos precisados en el diverso punto octavo y para los efectos precisados en el diverso noveno ambos de este fallo." Resolución que fue capturada el tres de septiembre de dos mil diecinueve en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), según se advierte de la certificación respectiva. Glósense al expediente el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la remisión de las actuaciones al aludido Centro Auxiliar, así como el oficio de cuenta; acúsese recibo de estilo y notifíquese a las partes el contenido de la sentencia definitiva, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/653/2019, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Así como la sentencia de 30 de agosto de 2019, que dice: Audiencia Constitucional se resuelve: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA y PROTEGE a *********, en contra de las autoridades y actos precisados en el considerando cuarto de esta sentencia, atento a las razones y fundamentos precisados en el diverso punto octavo y para los efectos precisados en el diverso noveno ambos de este fallo Notifíquese personalmente.
- Principal
Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la ampliación de demanda de amparo, se da trámite por duplicado al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 112/2018, promovido por XXXXXX; contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación correspondiente, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República, por el acto ahí precisado. AUDIENCIA INCIDENTAL De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia incidental. AUTORIDADES RESPONSABLES Para efectos del presente, se tiene como autoridad responsable señalada en la ampliación de demanda la siguiente: Agente del Ministerio Público de la Federación correspondiente, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República. INFORME PREVIO Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo, mismo que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo, de su ampliación, así como de sus anexos y escritos aclaratorios. En dicho informe se deberá expresar si es cierto o no el acto reclamado, pudiendo agregarse las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o no de la suspensión; en el entendido de que la falta de informe hará presumir cierto el acto reclamado para efectos de resolver la suspensión definitiva, de acuerdo a lo establecido en el numeral 142 de la citada ley de la materia. En la inteligencia que, de no cumplir en el término concedido, se podrá imponer una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 260, fracción I, de la citada ley. SUSPENSIÓN PROVISIONAL En primer término, resulta necesario precisar que de la interpretación conjunta de la fracción I del artículo 128, en relación con el diverso 144, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Luego, conviene precisar que el juez federal puede conceder la suspensión para efectos y consecuencias distintas de las propuestas por la parte quejosa, pero no por actos no reprochados en la demanda de protección de derechos fundamentales. Apoya lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia P.J. 4/2019 (10a.), que dispone: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo.". De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal; y, 128 de la Ley de Amparo vigente, la suspensión se decretará cuando concurran, entre otros, los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; b) Que exista la solicitud del agraviado; y, c) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En el caso, la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: "[.] el acuerdo o resolución que ordena el aseguramiento de la cuentas bancarias a nombre de mi representada dictada en la averiguación previa y/o carpeta de investigación: UEIORPIFAM/AP/249/2014 [.]". Además, en la propia demanda solicita la suspensión del acto reclamado en la ampliación de demanda, con la finalidad de que suspenda el bloqueo ordenado en la averiguación previa y/o carpeta de investigación UEIORPIFAM/AP/249/2014, en las cuentas bancarias que a continuación se describen: a) Banco Mercantil del Norte, S.A. (BANORTE), INTEGRANTE DEL Grupo Financiero Banorte S.A.B., de C.V., las inidentificadas con los números: 1.- 0251262640 y con número de cuenta CLABE 072 320 002512626400. 2.- 0827391422 y con número de cuenta CLABE 072 320 008273914222. 3.- 0213767125 y con número de cuenta CLABE 072 320 002137671254. 4.- 0248842556 y con número de cuenta CLABE 072 320 002488425560. Banco Mercantil del Norte, S.A. (BANORTE), integrante del Grupo Financiero Banorte S.A.B., de C.V., las identificadas con los números: 1.- 0251262640 y con número de cuenta CLABE 072 320 002512626400. 2.- 0827391422 y con número de cuenta CLABE 072 320 008273914222. 3.- 0213767125 y con número de cuenta CLABE 072 320 002137671254. 4.- 0248842556 y con número de cuenta CLABE 072 320 002488425560. En relación con los actos reclamados antes referidos, se estima que no se satisface el requisito que para la concesión de la suspensión exige la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, consistente en que con tal medida no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Tal afirmación encuentra sustento en el contenido del diverso artículo 129 de la ley de la materia, que dispone lo siguiente: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: --- I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; --- II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; --- III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; --- IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; --- V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; --- VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; --- VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; --- VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; --- IX. Se impida el pago de alimentos; --- X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; --- XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; --- XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; --- XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. --- El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social.". El numeral antes transcrito no define los conceptos de orden público e interés social, sino que contiene un catálogo de supuestos en los cuales se considera que se contravienen tales conceptos, aunque de manera enunciativa más no limitativa. Por tanto, es dable concluir que la intención del legislador consiste en que se destaque el interés colectivo por encima del particular, pues condiciona el otorgamiento de la suspensión a que con tal medida no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Los conceptos de orden público e interés social han sido delineados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera ejemplificativa, pues ha sostenido que se afectan esas instituciones cuando, con la suspensión, se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. En ese tenor, corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso, atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración, y desde luego al contenido de los actos que se reclaman; ello teniendo presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretenden evitar con esta institución. Resulta aplicable la jurisprudencia 8 de la Segunda Sala, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría." Ahora, en el caso particular, de concederse la suspensión de las consecuencias que genera el acto reclamado, se vulneraría el orden público y el interés social, toda vez que la colectividad se vería privada de un beneficio del que actualmente goza o se le inferiría un daño que de otra manera no resentiría, por los motivos que enseguida se expondrán. Ello es así pues, dado que el segundo párrafo de la fracción II del artículo 128 de la ley de la materia, señala que no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación, como lo es en el presente caso, pues al señalar como acto reclamado el bloqueo de las cuentas bancarias antes descritas a nombre de la parte quejosa, y señalar como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público de la Federación correspondiente, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República, es evidente que se encuadra tal hipótesis, pues la función constitucional de la figura del ministerio público es precisamente una función investigadora. De ahí que pueda concluirse válidamente que, de concederse la suspensión de las consecuencias que genera el acto que la quejosa reclama, se causaría una afectación al interés social. En esas condiciones, en términos del artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la suspensión provisional de los efectos y consecuencias del acto reclamado. NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Dése al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le corresponde y notifíquesele el trámite del presente cuaderno de suspensión por medio de lista, lo anterior de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES Por otra parte, se ordena comunicar a las autoridades responsables que las notificaciones que resulten durante la tramitación del presente asunto se les practicarán por medio de lista, que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, salvo aquéllas que, por su trascendencia, se les deban notificar mediante oficio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. En el entendido de que la lista de acuerdos puede ser consultada a través la página oficial de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en el portal de internet http:/www.dgepj.cjf.gob.mx Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) del rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio de cuenta que remite el Presidente de la Junta número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en auto de quince de agosto de dos mil diecinueve, remite copia certificada del acta de audiencia de fecha de veintiocho de agosto del año en curso, en el que se celebró la audiencia de reposición de autos; se ordena glosar dicha documental a los autos para que obre como corresponde y se está a la espera de la responsable cumpla con cabalidad al referido auto de quince de agosto pasado; al respecto, se tiene a la autoridad informando las gestiones que ha realizado en vías de cumplimiento a la sentencia de amparo.
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