Luis Alberto Romano Barrios
Expediente 525/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 525/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 03/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Luis Alberto Romano Barrios
- Gerardo Alberto Márquez Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, tres de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 525/2023-VI, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el diecisiete de julio de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en el único punto resolutivo niega el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa; se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Quinto, artículo 17, fracción III inciso a), y por consiguiente, en el Capítulo Octavo artículos 25, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente es conservable. De igual forma, se declara que el cuaderno incidental es conservable, debido que tal medida suspensiva se concedió. Ahora bien, toda vez que la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Además, se instruye al actuario de la adscripción, para que dé cumplimiento a la notificación encomendada por medio de la presente determinación y proceda a subirla y vincularla al expediente electrónico, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Finalmente, en caso de que la autoridad a la que se gira oficio en vía de notificación, se encuentre gozando de su primer período vacacional correspondiente a este año, instrúyase al Actuario de la adscripción para que una vez que reanude labores, proceda a notificar el contenido del presente auto, así como las demás notificaciones que se ordenen durante ese período vacacional. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, quien autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos del juicio de amparo 525/2023-VI, promovido por Luis Alberto Romano Barrios, por su propio derecho y en su carácter de Tesorero Municipal de Cuautla, Morelos; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida al día siguiente en este órgano jurisdiccional, Luis Alberto Romano Barrios, por su propio derecho y en su carácter de Tesorero Municipal de Cuautla, Morelos, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Magistrado Titular y actuario, adscritos a la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Previo desahogo de acuerdo preventivo, por auto de doce de mayo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado; se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y emplazar a la parte tercero interesada. El diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, se emplazó a la parte tercero interesada. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, por reclamarse las conductas de autoridades que ejercen sus funciones dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y del análisis integral de la demanda, se precisa que el acto reclamado consiste en: La resolución interlocutoria de seis de marzo de dos mil veintitrés, por la cual se declara improcedente el recurso de reconsideración dictado dentro del expediente TJA/4ªSERA/JRAEM-080/2018. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestaron las autoridades responsables al rendir su informe justificado. Lo cual se corrobora con las copias certificadas del expediente de origen; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 130 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. CUARTO. Estudio de fondo. Toda vez que las partes no hicieron valer diversa causal de improcedencia y esta juzgadora no advierte de oficio, se procede al estudio de fondo del asunto. Resulta conveniente señalar los siguientes antecedentes destacados: 1. Ante la Sala responsable se encuentra radicado el expediente TJA/4ªSERA/JRAEM-080/2018 promovido por Gerardo Alberto Márquez Pérez -aquí tercero interesado- en contra de Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Morelos. 2. Mediante proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, se requirió al directo quejoso a fin de remitir diversos datos de manera individual concernientes a los servidores públicos infractores pertenecientes al mencionado Ayuntamiento, asimismo, se le apercibió que en caso de no dar cumplimiento se haría acreedor a una multa. 3. En proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, previa certificación del término concedido en auto de veinticinco de noviembre del mismo año, se hizo efectivo el apercibimiento mencionado, en términos del artículo 11, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. 4. Inconforme con dicha determinación, la parte -aquí quejosa- interpuso recurso de reconsideración, el cual fue resuelto el seis de marzo de dos mil veintitrés, en el que se declaró improcedente dicho medio de impugnación y se confirmó el proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. La mencionada resolución constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Establecido lo anterior, se procede al estudio de la determinación reclamada, a la luz de los conceptos de violación vertidos, atento a lo cual es pertinente precisar que en el caso en estudio no es dable la suplencia de la queja deficiente, dado el carácter de la parte quejosa en el juicio del que emana el acto reclamado. Asimismo, se realizará el estudio de los conceptos de violación en un orden diverso al propuesto, esto conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Amparo. Conceptos de violación: A) Aduce que al ordenar hacer efectiva la multa por la supuesta omisión de dar cumplimiento al requerimiento decretado en el expediente administrativo TJA/4ªSERA/JRAEM-080/2018, la responsable transgrede en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto así, porque: 1) No cuenta con un sustento en la ley de la materia para multar al aquí quejoso, ya que si bien, únicamente le solicitó como autoridad requerida diversas constancias, éste no es parte dentro del procedimiento de origen. 2) Al momento de aplicar la multa, ésta careció de fundamentación y motivación, pues no estableció las circunstancias para imponerla. Dichos argumentos son inoperantes porque no combaten el acto reclamado, es decir la resolución de seis de marzo de dos mil veintitrés, por la cual se declaró improcedente el recurso de reconsideración, pues los argumentos antes señalados tratan de impugnar la imposición de las multas, lo cual es ajeno a la Litis constitucional. Ahora bien, la responsable declaró improcedente el recurso de reconsideración al referir que si bien, el reglamento que utilizó para solicitar al aquí quejoso ya se encontraba abrogado, lo cierto es, que el vigente contempla las mismas atribuciones y funciones que fueron motivo para realizar el requerimiento previamente realizado, por tanto, se reiteró que contaba con facultades amplias para dar cumplimiento a lo pedido por la Sala responsable. Sin embargo, como ya se mencionó, se advierte que la referida resolución no es combatida por la parte quejosa, pues únicamente se limitó a impugnar las medidas de apremio que le fueron impuestas dentro del expediente natural y la ausencia de fundamentación y motivación por parte de la responsable. De ahí se concluye que no se combaten las razones vertidas por la autoridad responsable al emitir el acto reclamado en el presente juicio de amparo, por tanto -como se indicó- el concepto de violación citado se torna inoperante. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 1a. /J. 19/2012 (9a.) , de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA." B) Señala que la responsable al emitir el acto reclamado contraviene el principio pro persona, al señalar que la responsable: 1) Omitió aplicar en su beneficio el principio de mayor beneficio, previsto en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al optar restringir su derecho de audiencia y debido proceso, en lugar de realizar otras acciones dentro de sus facultades para mejor proveer. 2) Omitió ejercer un control constitucional para aplicar el medio más eficaz al caso concreto, pues no da cumplimiento a los principios de ponderación y proporcionalidad al emitir el acto combatido, lo que contraviene al principio de proporcionalidad. Dichos argumentos resultan inoperantes por lo siguiente: La reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, generó nuevos deberes para las autoridades del Estado Mexicano y, particularmente, para los órganos jurisdiccionales. En el sentido de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con independencia de su fuente, de conformidad con ciertos principios de optimización interpretativa, entre éstos, el de interpretación más favorable a la persona, y dio lugar a un nuevo modelo de control constitucional y convencional ex oficio. A más que sobre el tema abordado, la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis aisladas 1a. LXVII/2014 (10a.), 1a. CCCXXVII/2014 (10a.) y de jurisprudencia 2a. /J. 56/2014 (10a.) y 2a. /J. 123/2014 (10a.), señalaron: Por una parte, el principio pro persona no conlleva que los órganos jurisdiccionales dejen de observar en su labor los diversos principios y restricciones previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicables a los procedimientos de que conocen. Asimismo señaló que el ejercicio de control constitucional o convencional está supeditado a: Tratándose del oficioso, a que el órgano jurisdiccional advierta la sospecha de disconformidad de la norma aplicable o el acto de autoridad, con los derechos humanos reconocidos. En caso, del que deba ejercerse a petición de parte, sean cumplidos los requisitos mínimos del planteamiento respectivo, consistentes en: Pedir la aplicación del principio o impugnar su falta de aplicación por la autoridad responsable; Señalar cuál es el derecho humano o fundamental cuya maximización se pretende; Indicar la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación más favorable hacia el derecho fundamental; y, Precisar los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles. En el caso, de los conceptos de violación analizados se advierte: No controvierten la resolución de seis de marzo de dos mil veintitrés, por la cual declaró improcedente el recurso de reconsideración intentado por la parte quejosa. Se limita a invocar la inaplicación del principio pro persona, pero no cumplen con los requisitos mínimos de señalar cuál es el derecho humano cuya maximización se pretende, no indican la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental restringido y no precisa los motivos de preferirlos en lugar de otras normas. Por lo tanto, dichos argumentos no pueden ser materia de análisis por parte de este juzgado federal, ya que por medio de estos la parte quejosa no controvierte el acto reclamado e invoca la inaplicación de diversos principios sin cumplir con los parámetros mínimos. En esas condiciones resulta inoperante el citado concepto de violación. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis IV.2o.A.83 K (10a.), de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE, ADEMÁS DE NO CONTROVERTIR EFICAZMENTE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA, SE LIMITAN A INVOCAR LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRO PERSONA O DEL NUEVO MODELO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, COMO CAUSA DE PEDIR, PERO NO CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS MÍNIMOS PARA LA EFICACIA DE ESTA SOLICITUD." Consecuentemente, procede a negar el amparo solicitado, por haber resultado inoperantes los conceptos de violación, sin que se actualice alguna de las hipótesis previstas en el artículo 79 de la Ley de Amparo, para suplir la deficiencia de la queja. Por lo expuesto y fundado se resuelve: Único. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Luis Alberto Romano Barrios, por derecho propio y en su carácter de Tesorero del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Paulo Yair García Meza, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del Despacho por vacaciones de la Titular, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/3965/2023 de tres de julio de dos mil veintitrés, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, a efecto de que las partes tuvieran el conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las diez horas con cincuenta minutos del diecisiete de julio de dos mil veintitrés, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, del rubro "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO.". Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Mario Andrés Lesher González, secretario en funciones de Juez, autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el siete de junio de dos mil veintitrés, de conformidad con el artículo 175, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con el artículo 44, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Jorge Manuel Díaz Carranza secretario que da fe.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, a siete de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, en la que se advierte que la parte quejosa no dio cumplimiento con la medida impuesta por este Juzgado de Distrito, al concederle la suspensión definitiva de los actos reclamados; en esas condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. En tales circunstancias, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que la medida referida, ha dejado de surtir sus efectos legales. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia de la Titular, de conformidad con el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, ante Jorge Manuel Díaz Carranza Secretario que da fe.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes
- Luis Alberto Millan Pedroza1185/2023
- Luis Alberto Ortiz Salgado1314/2017
- Luis Alberto Reynoso Gallardo1201/2017
- Luis Alberto Reza Urquiza1208/2015
- Luis Alberto Rivas Santana240/2022
- Luis Alberto Roman Flores567/2019
- Luis Alberto Romano Barrios1587/2022
- Luis Alberto Romano Barrios1036/2023
- Luis Alberto Romano Barrios1334/2022
- Luis Alberto Romano Barrios526/2023
- Luis Alberto Salazar Venegas1230/2018
- Luis Alberto Salgado Sánchez235/2015