Luis Alberto Rivas Santana

Expediente 240/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
240/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
24/08/2022

Partes del expediente

  • Luis Alberto Rivas Santana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de veintiséis de julio de dos mil veintidós. En mérito de lo anterior, y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes. Además, se instruye al actuario de la adscripción, para que dé cumplimiento a la notificación encomendada por medio de la presente determinación y proceda a subirla y vincularla al expediente electrónico, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de julio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio y anexo de cuenta, mediante el cual informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo la constancia correspondiente para acreditar lo anterior. Ahora bien, con el contenido del oficio de referencia, dese vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que será contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realice las manifestaciones que estime oportunas; y una vez fenecido el plazo, emítase la determinación correspondiente en términos del referido numeral. Se habilita actuarios en horas y días inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.AVMM

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia de veintiséis de mayo de dos mil veintidós; atento a lo narrado, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución, en la que determinó en el único punto resolutivo conceder el amparo y protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Junta Especial Numero Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, informe a este Juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior. ********** En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Además, se instruye al actuario de la adscripción, para que dé cumplimiento a la notificación encomendada por medio de la presente determinación y proceda a subirla y vincularla al expediente electrónico, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos los autos del juicio de amparo 240/2022-IV-B, promovido por ********************; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el uno de marzo de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el tres de marzo de dos mil veintidós, en este órgano jurisdiccional, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de tres de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado y se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, así como emplazar a la parte tercera interesada. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, por reclamarse las conductas omisivas de autoridades que ejercen sus funciones dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y del análisis integral de la demanda, se precisa que el acto reclamado consiste en: La omisión de la Junta Especial Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y Actuario adscrito de emplazar a la parte demandada ******************** al juicio laboral ********************. Lo anterior se precisa así, pues si bien el quejoso también aduce que se ha señalado fecha lejana para la audiencia de ley, es requisito indispensable para que esta se celebre, que se encuentren debidamente emplazada la demandada; de ahí que será dicho acto el que se analice al ser lo que realmente afecta a la quejosa en el juicio de origen. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, con número de registro 192097, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestaron las autoridades responsables al rendir los informes. Certeza que se corrobora con la copia certificada del auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, allegado por la Junta responsable, del cual se advierte que difirió la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en virtud de que no se ha emplazado a la parte codemandada ********************. La constancia descrita amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Estudio de los conceptos de violación. Al no existir causales de improcedencia hechas valer por las partes o que se adviertan de oficio por este juzgado, se procede al estudio de fondo del asunto. Resultan esencialmente fundados los argumentos contenidos en los conceptos de violación, los cuales son suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, integra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Lo anterior ha sido determinado en la jurisprudencia 2a./J.192/2007, número de registro 171257, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. " De esos principios destaca el relativo a justicia pronta, que se traduce en la obligación de la autoridad encargada de su impartición, de administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. En ese sentido, se advierte que la junta responsable dentro del juicio laboral de origen, ha sido omisa en emplazar a juicio a la parte demandada, sin poder lograr el cierre de las etapas continuas. Ahora bien, de la constancia que en copia certificada exhibió la responsable se advierte que la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, se difirió debido a la falta de emplazamiento de la parte demandada. En consecuencia, se desprende que la responsable ha sido omisa en emplazar a la parte demandada y por tanto, no se ha podido desahogar la audiencia bifásica, ni continuar con el trámite del asunto, lo que denota una abierta dilación en la integración del juicio laboral en comento. Ha de precisarse que el emplazamiento de la demandada es requisito sine qua non para el desahogo de la audiencia bifásica, sin perjuicio desde luego, que aun cuando una de las partes no esté emplazada acuda a la audiencia. Al respecto, el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo impone a la Junta la obligación de emplazar al demandado. Obligación que está relacionada con la garantía de certeza jurídica, en la medida que de nada sirve que la autoridad fije fecha para celebrar la audiencia de ley, si no notifica su determinación a quien corresponda, pues la ausencia de tal acto conlleva que no pueda celebrarse la audiencia y motiva su diferimiento, hecho que indudablemente repercute en la pronta impartición de justicia, pues impide la prosecución del juicio y alarga su substanciación. Sin perjuicio desde luego, que operen los casos previstos por el artículo 874 de la legislación laboral, a saber, que las partes concurran a la audiencia o que el actor desista de las acciones intentadas en contra de los demandados que no hayan sido notificados; empero, tales supuestos son excepcionales y no pueden servir de fundamento para obviar la notificación a las partes. En estricto sentido, para cumplir con el principio de justicia pronta, la autoridad encargada de su impartición debe administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; lo que supondría que la autoridad laboral tendría que efectuar los actos procesales correspondientes al procedimiento del derecho del trabajo, forzosamente dentro de los plazos de ley. En contrapartida, la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), con número de registro 2011580, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS", sustentó que una dilación u omisión en el procedimiento laboral, no necesariamente afectará de forma material el derecho sustantivo a la impartición de justicia, sino que únicamente lo hará cuando implique una abierta dilación o su paralización total. En consecuencia, con base en la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), en atención a la carga de trabajo, la autoridad pudiera efectuar un acto procesal, como el emplazamiento de la parte demandada, no necesariamente dentro del plazo que la ley prevea para ello; pero no puede postergar la realización del acto de forma tal que obstaculice el derecho a la impartición de justicia, lo que ocurrirá al provocar una abierta dilación del procedimiento, o bien, su paralización total. En el caso, desde la fecha en la que la junta responsable ordenó el emplazamiento de la parte demandada en el domicilio que se haya señalado en autos para tal efecto en el juicio de origen, a la data en que ahora se resuelve el presente asunto, no se ha efectuado tal acto procesal, pues se encuentra pendiente su llamamiento a juicio, como se advierte de la constancia que la junta allegó a su informe justificado y por ende, no se ha proseguido con el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resoluciones, por consecuente tampoco ha desahogado las etapas subsecuentes hasta su conclusión. Así, se concluye que la junta responsable no ha cumplido con el imperativo constitucional que en el particular se analiza, pues no se ha desahogado la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, por la falta de emplazamiento de la parte demandada, actualizándose una abierta dilación en el juicio laboral de origen. En efecto, la omisión de la autoridad responsable de actuar efectivamente para realizar el emplazamiento de la parte demandada antes descrita, deviene violatoria del derecho de la parte quejosa a recibir justicia pronta, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos porque ha impedido el desahogo de la audiencia de ley y por tanto la continuación de las etapas subsecuentes; máxime que el artículo 771 de la Ley Federal del Trabajo impone a los presidentes de las Juntas y los auxiliares, la facultad y obligación de dictar las medidas necesarias para que los juicios en instrucción no queden inactivos, salvo disposición en contrario. Para resarcir la violación, la autoridad laboral debe ordenar que se efectúe el emplazamiento de la parte demandada, en el o los domicilios que le hayan sido proporcionados para ello, para que esté en aptitud de acudir a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resoluciones, como lo exige el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo dictando las medidas pertinentes, sin perjuicio desde luego, que las circunstancias ameriten el despliegue de las facultades que le confieren los artículos 17, 685, 735 y 874 de la propia ley, para los casos en que el emplazamiento no se logre en el domicilio proporcionado por la parte actora, las cuales, esta sentencia en modo alguno le prohíbe ejercer. Sobre la imposibilidad de emplazar a la parte demandada en el domicilio proporcionado por la parte actora y el consecuente actuar de la Junta ante ello, son aplicables las jurisprudencias 2a./J.98/2013 (10a.) , con número de registro digital 2004225 y 2a./J.126/2016 (10a.) , de registro digital 2013079; de rubros: "EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LA JUNTA CUANDO SE SEÑALA MÁS DE UN DEMANDADO Y ALGUNO O ALGUNOS DE ELLOS NO PUDIERON SER EMPLAZADOS." y "EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LA JUNTA CUANDO NO LO LOGRA REALIZAR EN EL DOMICILIO DESIGNADO POR EL ACTOR TRATÁNDOSE DE UN SOLO DEMANDADO." En las citadas tesis jurisprudenciales, la Segunda Sala determinó cómo debe actuar la autoridad laboral en el caso en que el emplazamiento de la parte demandada, no pueda practicarse en el domicilio proporcionado para tal efecto, ya sea que se trate de un único o de varios demandados. En las relatadas circunstancias, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. QUINTO. Efectos de la sentencia protectora. Ante lo fundado de los conceptos de violación, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, la autoridad responsable: Ordene el emplazamiento de la parte demandada ********************, en el domicilio proporcionado por la parte actora, al juicio laboral de origen. El efecto y el alcance de la sentencia de amparo, se fundan principalmente en la tesis aislada 2a.CV/2013 (10a.), con número de registro 2005150, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Ante la falta de emplazamiento de la parte demandada, la Junta cuenta con las facultades legales que le confieren los artículos 17, 685, 735 y 874 de la Ley Federal del Trabajo, las cuales no veda esta sentencia, de ahí que no es dable que este fallo le imponga la obligación de desahogar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y los actos subsecuentes, pues sería tanto como impedirle ejercer esas atribuciones si se le presenta el caso, a la vez que implicaría declarar que incurrirá en una nueva omisión o dilación procesal que debe prevenirse desde ahora, lo que sin duda se traduciría en prejuzgar sobre una situación futura, soslayando que, dada su sujeción a las leyes, actuará puntualmente con apego a éstas, obviando incluso, la presunción de constitucionalidad de la que gozan los actos de autoridad. No obsta a la determinación anterior, la falta de emplazamiento de la parte tercera interesada, toda vez que esta sentencia no le finca responsabilidad alguna, ni obliga a la responsable a hacerlo. Lo anterior, dado que el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, establece de manera enunciativa y no limitativa, algunos de los supuestos en que se tiene el carácter de tercero interesado, y de manera específica, el inciso b) prevé que cuando el acto reclamado derive de un juicio o una controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo, puede tener dicho carácter la contraparte del quejoso. La interpretación que debe darse a esa porción normativa es en el sentido de que quien busque atribuirse la calidad de tercero interesado debe tener una posición contraria a la del quejoso, pues lo relevante es que sus pretensiones sean opuestas, en virtud de que ante el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión, la tercero interesada podría ver afectada su esfera jurídica. Sin embargo, si bien no obra el emplazamiento de la parte tercero interesada, a criterio de quien resuelve, atendiendo el acto reclamado, no puede considerarse que ésta de forma alguna le depare perjuicio en su esfera jurídica, por el contrario, le causaría afectación el tiempo en que se difiere el fallo del asunto de origen en contravención al artículo 17 Constitucional. Sustenta a lo anterior, la tesis aislada P. V/98, con número de registro 196912, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ". Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XXVIII.1o.7 K (10a.), con número de registro 2020285, de rubro "TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. LE ASISTE ESE CARÁCTER A QUIEN TIENE UN INTERÉS CONTRARIO AL DEL QUEJOSO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CALIDAD CON LA QUE COMPARECIÓ AL JUICIO DE ORIGEN." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y para los efectos señalados en las consideraciones cuarta y quinta de este fallo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario que autoriza y da fe.

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