Luis Alberto Morales Cruz

Expediente 1921/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1921/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
23/12/2022

Partes del expediente

  • Luis Alberto Morales Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO. Del estado de autos y certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya recurrido el auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN. En ese sentido, dado que el expediente físico coincide fiel e íntegramente con el expediente electrónico, con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible.VI

  2. Principal

    ...Previo aviso, dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa, y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el proveído y/o resolución de dos de diciembre de dos mil veintidos, a través del cual se determina: Pachuca de Soto, Hidalgo; dos de diciembre de dos mil veintidós. INCIDENTE INNOMINADO. Se recibe el escrito signado por ***, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 66, 67 y 193, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, como lo solicita el promovente se ordena la apertura del incidente innominado a efecto de precisar el importe de la indemnización constitucional que le corresponde al quejoso y que debe cubrir el Presidente y Director de Seguridad Pública, ambos del Municipio de Tlanalapa, Hidalgo, de acuerdo con la sentencia dictada en el presente juicio de derechos fundamentales. Apoya a lo anterior la tesis aislada 2a. CVII/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 733, que establece: "INCIDENTE INNOMINADO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). PROCEDE ORDENAR SU APERTURA CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA SU DESACUERDO CON LAS CANTIDADES PRECISADAS UNILATERALMENTE POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. El recurso de inconformidad previsto en la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo se circunscribe a resolver si el auto que tuvo por cumplida la sentencia de amparo se efectuó en términos de lo establecido en el diverso artículo 196; es decir, que esté debidamente acatada sin defectos ni excesos. En tal virtud, si al momento de resolverlo se advierte que el quejoso manifestó su desacuerdo con la cantidad que fijó unilateralmente la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector es necesario que los órganos de amparo antes de pronunciarse sobre su ejecución ordenen la apertura del incidente innominado previsto en el cuarto párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, puesto que, de otra manera provocaría la ilegalidad de su pronunciamiento al no contar con los elementos suficientes para determinar si se encuentra totalmente cumplida o si existe un defecto o exceso con el acto exhibido por la autoridad responsable." Por lo anterior, dese vista a las partes por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes. A efecto de que esta juzgadora federal esté en aptitud de resolver el incidente planteado, se requiere al Presidente y Director de Seguridad Pública, ambos del Municipio de Tlanalapa, Hidalgo, a fin de que en el plazo de tres días remitan la totalidad de constancias que acrediten la antigüedad del accionante ****, así como todas aquellas que sirvan como base para estar en aptitud de cuantificar el pago de la indemnización constitucional a la que tiene derecho el quejoso; apercibidos que de no hacerlo se harán acreedores a una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, al momento de incumplir con dicho requerimiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo. ALEGATOS. Ahora bien, se requiere a las partes para que exhiban de forma escrita sus alegatos, debiendo hacerlo con un día de anticipación al señalado para el desahogo de la audiencia incidental, a fin de que este juzgado federal se encuentre en aptitud de recibirlos y tomarlos en consideración, ya que deberán ser ingresados a través de la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, o bien, del buzón judicial. SE VINCULA A DIVERSAS AUTORIDADES A CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA. Por otro lado, cabe precisar que conforme a lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución de sentencia inicia una vez que causa ejecutoria la sentencia en la que se concedió el amparo. Asimismo, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria de amparo dentro del plazo de tres días; asimismo, como lo prevé el diverso 194 de la misma ley, se deberá requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que ordene a esta última, cumplir con el fallo protector. Además, del contenido del numeral 197 de la Ley de Amparo, se colige que cuando el debido cumplimiento de la sentencia concesoria necesite que diversas autoridades emitan, en el ámbito de su respectiva competencia regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos indispensables para el dictado de los posteriores, el juez de distrito está facultado para vincular a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, para decretar los apercibimientos respectivos. Igualmente, la Ley de Amparo prevé un sistema de sanciones que pueden ser impuestas a fin de que se logre el eficaz cumplimiento. En primer lugar, la imposición de una multa; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente, al tratarse de un juicio de amparo indirecto, para continuar con el trámite de inejecución que puede culminar, en su caso, con la separación del cargo y la consignación ante el juez de distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Es preciso recalcar que dichas sanciones y responsabilidades son aplicables tanto a las autoridades responsables, como a aquellas que tengan el carácter de superiores jerárquicos y a las que sean vinculadas al cumplimiento; lo anterior, conforme a los preceptos 192, 194 y 197 de la legislación antes invocada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 19, cuyo contenido es el siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." En esas condiciones, con fundamento en el numeral 197 de la ley en cita, desde este momento se vincula al Director de Recursos Humanos y, Tesorero Municipal, ambos de Tlanalapa, Hidalgo en el procedimiento de ejecución iniciado en el presente asunto. Por tanto, se les requiere para que, remitan la totalidad de constancias que acrediten la antigüedad del quejoso ***, así como todas aquellas que sirvan como base para estar en aptitud de cuantificar el pago de la indemnización constitucional a la que tiene derecho el quejoso. Bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le aplicará una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, al momento de incumplir con dicho requerimiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo....M-V

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