Luis Alberto Medina Olguín

Expediente 970/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
970/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
02/08/2022

Partes del expediente

  • Luis Alberto Medina Olguín

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; dos de agosto de dos mil veintidós. VINCULACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo; en su atención, se instruye a la analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que realice las gestiones necesarias a fin de hacer disponible el expediente electrónico del juicio en que se actúa y realizar la vinculación del presente juicio al diverso 1147/2022-VII-1, del índice del juzgado oficiante, por medio del citado sistema, con la finalidad de que se realice la consulta de constancias que considere el juzgado oficiante. Finalmente, hágase de su conocimiento que en auto de ocho de julio del año en curso, se archivó el presente asunto como concluido...M-VII

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; ocho de julio de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de veintitrés de junio de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto que desechó la demanda de amparo promovida por Luis Alberto Medina Olguín, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. ARCHIVO Y DESTINO DEL EXPEDIENTE. Por otro lado, visto el estado de autos, se advierte que en el presente expediente no existe actuación alguna que realizar, promoción pendiente por acordar o documento original por devolver, además de que el expediente electrónico coincide fiel e íntegramente con el expediente físico, por lo que con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 15/10/23 11:43:27 y 214, ambos de la Ley de Amparo, con esta fecha se archiva el presente asunto como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen...M-VII

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintitrés de junio de dos mil veintidós. REGISTRO Y FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Vista la demanda de cuenta promovida por Luis Alberto Medina Olguín, contra actos del Secretario de Gobernación Federal, y otras autoridades, fórmese el cuaderno respectivo, regístrese en el libro de gobierno con el número el número 970/2022-VIIA, y dese de alta el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. Ahora bien, de un análisis integral de la demanda, se advierte que, el caso, se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda que se provee. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario, dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que aun cuando se tramite el juicio subsista la causa de improcedencia a pesar de las pruebas que se ofrezcan para desvirtuarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Ahora bien, una vez que examinada la demanda en su integridad, se advierte que, respecto de los actos reclamados por el quejoso Luis Alberto Medina Olguín a las siguientes autoridades administrativas: Secretario y Subsecretario de Gobernación; Comisionado Nacional de Seguridad; Director General de Planeación Estratégica para la Prevención Social; Director General de Política y Desarrollo Penitenciario; Encargado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; Titular de la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas, y Director General de Política y Desarrollo Penitenciario, todas de la Secretaría de Gobernación Federal, con sede en la Ciudad de México; Secretario General de Gobierno; Director General y Jefe de Vigilancia, ambos del Centro de Readaptación Social de Pachuca; Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana; Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; y Director de Seguridad y Operaciones de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, todos del Estado de Hidalgo, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. [.]." Y por lo que hace a los actos atribuidos a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de Distrito Especializados en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, la suscrita estima que se actualiza la diversa causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" Los numerales antes transcritos aluden al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que se funda en el hecho de que la procedencia de la acción constitucional no es irrestricta, pues al constituir un medio de control constitucional extraordinario, solo procederá una vez que se agoten los medios de defensa ordinarios procedentes, para impedir que dicha promoción tenga el efecto pernicioso de obstaculizar la tramitación de aquellos procedimientos ordinarios hasta su culminación con el dictado de una resolución firme e incontrovertible. Debiendo tener presente que, para efectos de juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificarlo, revocarlo o anularlo. Ahora bien, en el caso, se reitera que, con relación a los actos que se atribuyen a las autoridades administrativas antes mencionadas, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo transcrita, dado que la orden de traslado del centro de reclusión en el que se encuentra o de estancia o celda en la que se encuentra, cuya emisión se les atribuye, constituye un acto dictado por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En tanto que respecto a la orden de traslado que el quejoso aduce, dictaron los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de Distrito Especializados en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, se actualiza la diversa causa de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque se trata de un acto emitido por un tribunal judicial respecto del cual concede la ley ordinaria recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificada, revocada o nulificada. A fin de evidenciar lo anterior, conviene mencionar que los artículos artículo 18, párrafo segundo, y 21, párrafo tercero, de la Constitución General, prevén las directrices básicas del sistema penitenciario y de la competencia exclusiva de la autoridad jurisdiccional en la ejecución de penas. Asimismo, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal contiene un sistema de impugnación conformado por procedimientos administrativos y jurisdiccionales a fin de salvaguardar los derechos de los sujetos relacionados con la etapa de ejecución el procedimiento penal. Lo anterior es así, pues con motivo de la entrada en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, y de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente, además de la intervención primaria de las autoridades administrativas en cuanto a la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el internamiento de los imputados y el cumplimiento de las sentencias, también están involucrados particularmente los jueces penales de ejecución, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Sumado a ello, se destaca que las reformas constitucional y legal sobre el sistema penitenciario, tuvieron como uno de sus propósitos esenciales involucrar a la autoridad jurisdiccional como protector inmediato de los derechos humanos de los internos, conforme se refleja en el artículo 25, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por eso, las controversias sobre la situación de los internos, por regla general, deben ser del conocimiento del juez de ejecución, pues de otro modo, no tendrían efecto útil las disposiciones de la ley en comento, y serían obsoletas, en tanto que se dejaría de cumplir con su objetivo: garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad en forma directa e inmediata. Ahora bien, los artículos 51, 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, disponen: "Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código." "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 15/10/23 11:43:27 8 "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: [.] III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y [.]" De lo anterior se colige que la Ley Nacional de Ejecución Penal, contempla los siguientes tipos de traslados: 1) Voluntarios, que se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensor- de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino, o en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación; en ese sentido, la petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificara que se cumplan con los requisitos legales y constitucionales para su autorización. 2) Involuntarios, son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. En contra de la determinación jurisdiccional que se emita, procede el recurso de apelación. 3) Urgente, o excepcional, que se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 15/10/23 11:43:27 9 En el caso de estudio, el quejoso Luis Alberto Medina Olguín señaló como actos reclamados las órdenes de cambio de estancia y de celda de reclusión, así como de traslado involuntario a un centro de reinserción social distinto al en que se encuentra, y los atribuyó a las autoridades administrativas antes mencionadas; esto es, se trata de una orden de traslado urgente o excepcional. Ahora bien, cuando se presente el supuesto de que el quejoso reclama una orden de traslado atribuido a autoridades administrativas que no se materializó ni se tiene certeza de la calificación que sobre su legalidad emite el juez de ejecución, el afectado deberá promover una controversia judicial, a fin de que sea el juez de control o de ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Ya que, conforme al numeral 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. Esto es, contra la orden de traslado que se reclama a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, es procedente la controversia judicial, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado, el cual prevé la posibilidad de que el juez de ejecución ordene de inmediato la suspensión de la orden de traslado. Sin que para ello se advierta la exigencia de mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para la concesión de esa medida cautelar, ya que únicamente requiere JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 15/10/23 11:43:27 10 de que el interesado formule una petición en ese sentido en el escrito inicial; e incluso, de no hacerlo, la autoridad jurisdiccional puede pronunciarse de oficio respecto del otorgamiento de la aludida medida cautelar. Atinente a ello, la orden de traslado en los términos antes apuntados, impone al juez de ejecución un pronunciamiento inmediato sobre el otorgamiento de la suspensión, en virtud de que ese acto, cuando proviene de una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, puede implicar una restricción adicional al derecho fundamental a la libertad de la persona privada de su libertad en un centro penitenciario, y por ello, requiere de ser sometida al escrutinio judicial. Por tanto, es evidente que contra de la orden de traslado cuya emisión atribuye a las autoridades administrativas citadas, el quejoso debió promover la controversia judicial prevista por la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, con registro digital 2023736, de rubro y texto: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 15/10/23 11:43:27 11 penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo." Por otra parte, tratándose de la orden de traslado que, sostiene, emitieron las autoridades judiciales, debió interponer el recurso de apelación previsto por el primer párrafo del artículo 51 de la citada norma, que dispone que la autorización en audiencia pública del Juez de Control o de Ejecución, para el traslado de personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. Medio de impugnación previsto por numeral 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a través del cual el acto reclamado puede ser modificado o revocado por un tribunal de alzada. En esas condiciones, si el amparista no acudió a la controversia judicial para impugnar el acto que aquí reclama de las autoridades administrativas señaladas como responsables ni agotó el recurso de apelación contra los actos que atribuye a JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 15/10/23 11:43:27 12 los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de Distrito Especializados en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, resulta patente que se actualiza de forma manifiesta e indudable el motivo de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo, por no agotar el principio de definitividad, lo que impone el desechamiento de la demanda de mérito. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 15/10/23 11:43:27 13 COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. DOMICILIO PROCESAL DE LA PARTE QUEJOSA. Asimismo, se tiene al quejoso designando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el lugar en el que se encuentra recluido, esto es, en el Centro de Reinserción Social de esta ciudad. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ignacio Emmanuel Ríos Ordaz, quien cuenta con la cédula profesional 6585202, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Mauricio Duarte Flores, toda vez que no se encontró su registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales (REGPROF). Asimismo, se tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones a Abril Torres Aguilar y Adalberto Palma Alonso, por así solicitarlo el promovente. PROPORCIONA CORREO ELECTRÓNICO. Asimismo, JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 15/10/23 11:43:27 14 se tiene al quejoso proporcionando la cuenta de correo electrónico cintegralesjuridicos@gmail.com, a fin de que personal de este juzgado federal establezca el contacto respectivo, en caso de ser necesario. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y d) solicitud de copias. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 15/10/23 11:43:27 15 comparecencia que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General. Conviene hacer la aclaración de que la expedición de las copias autorizadas depende de la disponibilidad del servicio de fotocopias, en los días y horarios en que se encuentre brindando atención, mismo que constituye un área independiente de este Juzgado de Distrito. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA LA REPRODUCCIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario..M-VII

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