Luis Alberto Martínez Zuñiga

Expediente 1059/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1059/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
27/09/2022

Partes del expediente

  • Luis Alberto Martínez Zuñiga

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. 1. Adquiere firmeza desechamiento. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de trece de septiembre del año en curso, que desechó la demanda de amparo promovida por ***, defensora particular del quejoso ***, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA QUEDADO FIRME LA REFERIDA DETERMINACIÓN; lo anterior, hágase del conocimiento de dicha parte quejosa. 2. Archivo, relevancia documental y destino del expediente. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. 3. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica."

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintidós. Radicación de la demanda de amparo. Con la demanda de amparo presentada el doce de septiembre del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca y turnada a este órgano jurisdiccional, en la misma fecha, promovida por ***** quien refiere ser defensora particular de **** contra actos del juez de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 1059/2022. Expediente Electrónico. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal1, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. III. Análisis de la demanda de amparo. Antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable a la jueza de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales, a quien le reclama lo siguiente: "5).- ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA: Las resoluciones emitidas con motivo de los recursos de revocación que interpuso la defensa, durante el desahogo de la audiencia intermedia, dentro de la causa penal 318/2020, mediante las cuales tuvo por admitidas las testimoniales *****, ***** , la admisión de la pericial en extracción de datos, la cual tuvo verificativo el día 29 de agosto de 2022 a las 14 horas". Asimismo, en los antecedentes del acto reclamado, la parte quejosa aduce que: 1. El veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se celebró y desahogó la audiencia intermedia, dentro de la causa penal 318/2020, en la cual se formuló acusación en contra del quejoso, por el delito de violencia familiar cometido en agravio de la tercera interesada. 2. En dicha audiencia se admitieron pruebas a favor de la tercera interesada, consistentes en testimoniales. 3. Contra esa admisión de pruebas la parte quejosa hizo valer el recurso de revocación; sin embargo, la admisión de las testimoniales fue confirmada por el juez de control. Contra esa determinación así como la admisión de la pericial con extracción de datos, comparece a este juicio de amparo. Ahora, analizado dicho acto, se concluye que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V (en sentido contrario), de la Ley de Amparo, toda vez que fue emitido dentro de una causa penal, y no tiene efectos de imposible reparación, como se expone a continuación: Los citados preceptos, en lo conducente señalan: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Ahora bien, de acuerdo a la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, la procedencia de la acción constitucional, en tratándose de actos acaecidos dentro de un juicio, se encuentra reservada únicamente para aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación de imposible reparación, entendiendo por actos de esa naturaleza, como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos del gobernado, salvaguardados por la Constitución Política del País o en los Tratados Internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte, cuya afectación no desaparece, ni en el caso de que se obtenga sentencia favorable, lo cual sí acontece respecto de aquellos actos que solo transgreden cuestión de naturaleza procesal, como es el caso. Ahora bien, en el presente caso, la defensora del directo quejoso reclama diversas resoluciones dictadas en sendos recursos de revocación que interpuso durante el desahogo de la audiencia intermedia, en la causa penal 318/2020, contra determinaciones en las cuales la jueza responsable tuvo por admitidas testimoniales de cuatro personas, así como la admisión de la pericial en materia de extracción de datos de un dispositivo electrónico. Los argumentos que expone la defensora del quejoso a efecto de evidenciar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, se basan, esencialmente, en que solicitó se excluyeran las pruebas testimoniales a cargo de ******, debido a que, según dice, en la etapa de investigación no existió un mandato de autoridad legalmente competente (agente del ministerio público, fiscal o autoridad judicial), a efecto de ordenar la recepción de dichas testimoniales y de una inspección ocular. De modo que al no existir dentro de la carpeta de investigación un mandato expedido por autoridad legalmente competente para ejecutar actos de investigación contra el quejoso, la defensa solicitó la exclusión de tales medios de prueba. Pero que el juez responsable desestimó tales argumentos expresados en la audiencia intermedia, al exponer que en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio no se requiere un mandamiento expreso de la autoridad ministerial, debido a que la carpeta de investigación es desformalizada. Y que en cuanto a la declaración del perito en materia de extracción de datos, no debió admitirse, por falta de pertinencia. Por tanto, del planteamiento jurídico contenido en la demanda de amparo, es posible advertir desde ahora que el motivo de inconformidad de la parte quejosa radica, esencialmente, en la admisión de los medios de prueba testimonial y pericial ofrecidas por la institución ministerial, así como la no exclusión del primero de dichos medios, todo ello, durante el desarrollo de la etapa intermedia del proceso penal 318/2020. Bajo ese contexto, es posible advertir que el juicio de amparo indirecto es improcedente, porque la admisión de pruebas a su contraparte y la negativa a excluir material probatorio dentro de la aludida etapa intermedia, sólo constituyen violaciones procesales, las cuales pueden ser reparables en la etapa de juicio, o bien, al recurrir la sentencia si es que ésta la fuera desfavorable, inclusive, en amparo directo. En efecto, en primer orden debe destacarse que el diseño del proceso penal de corte acusatorio, lleva implícita la protección de derechos fundamentales a través de la figura del juez de control; de tal manera que el juicio de amparo no debe servir de instrumento jurídico para obstaculizar el normal desarrollo de aquél. Aunado a lo anterior, la sucesión de etapas del proceso penal facilita que posteriormente pueda ser reparada una violación procesal, como es la admisión de medios de prueba y la negativa a excluir aquéllos, pues en el momento procesal oportuno, esto es, al dictar la sentencia correspondiente, el tribunal de juicio oral tendrá que valorar las pruebas desahogadas en juicio y, por lo mismo, estará en aptitud de excluir aquellas pruebas que considere obtenidas mediante la violación de derechos humanos. Inclusive, si las violaciones procesales de que se duele la quejosa transcendieran al resultado de una sentencia desfavorable a sus intereses, entonces estará en aptitud de interponer el recurso de apelación y, de ser necesario, promover amparo directo, en términos del artículo 170, fracción I, en relación con el diverso 173, apartado B, fracciones X y XIX, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, los actos reclamados por la parte quejosa no pueden ser considerados como de ejecución irreparable y, por lo mismo, no se materializa la hipótesis de procedencia del juicio de amparo prevista en el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo. De ahí que los actos reclamados por el quejoso no son impugnables en amparo indirecto, ya que no tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ello el que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la carta magna y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; en consecuencia, no se actualiza la hipótesis de procedencia del amparo biinstancial. En ese sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 6/2021 (11a.), de la de rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE ADMITE MEDIOS DE PRUEBA, Y PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO TENDIENTE A DILUCIDAR SI AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en ejercicio de sus arbitrios judiciales, realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas, al resolver si el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba en el proceso penal acusatorio constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la admisión de medios de prueba y, al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente por excepción será necesario que se afecten materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto, debe ser entendido el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, el cual es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva; vehículo que está ya protegido de manera sustancial por la institución del Juez de Control y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. En esa tesitura, el amparo por regla general es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la admisión de pruebas en el auto de apertura a juicio constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral; escenario en el que el amparo sí es procedente. De ahí que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo -de imposible reparación-, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional." De igual forma resulta aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 23/2021 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente." También resulta aplicable PC.XVII. J/29 P (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO PROCEDE CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, CONSISTENTES EN LA ACEPTACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR ALGUNA DE LAS PARTES, EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. Hechos. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si es procedente el juicio de amparo indirecto contra la determinación del Juez de Control en la etapa intermedia, de admitir medios de prueba, arribando a conclusiones distintas, pues uno consideró que, por regla general, es procedente por afectar en forma preponderante y superior los derechos sustantivos de acceso a la justicia y defensa adecuada y los restantes concluyeron que no es impugnable a través de ese medio de control constitucional, porque no implica un acto de ejecución irreparable. Criterio jurídico: Las determinaciones del Juez de Control, relativas a la aceptación de los medios de prueba ofrecidos por alguna de las partes -o a la forma en que se pretendan recibir o desahogar-, por regla general, constituyen actos de naturaleza intraprocesal que no son susceptibles de impugnarse en el amparo indirecto. Justificación: Lo anterior es así, ya que con esas actuaciones normalmente no se violan derechos sustantivos contenidos en la Constitución General, sino sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, los cuales no generan la afectación extrema que obligue a efectuar un inmediato análisis de la constitucionalidad de los actos procesales en cuestión; por tanto, no se ubican dentro de los actos de imposible reparación que como categoría excepcional del juicio de amparo prevén los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Ello pues una de las principales funciones del Juez de Control durante esta etapa, consiste en asegurarse de que durante la investigación no se hubieran cometido transgresiones a los derechos fundamentales del imputado y, en su caso, garantizar que las consecuencias de éstas no se trasladen a la etapa de juicio oral, por lo que esta etapa resulta el momento procesal idóneo para que éste haga valer sus inconformidades. De ahí que al momento de desahogar la prueba ante el Juez o tribunal de enjuiciamiento, dada la naturaleza híbrida del acuerdo de apertura a juicio oral, se reconoce la relación ineludible entre los aspectos vinculados con la motivación aplicada para admitir la prueba y aquellos que puedan derivar del debate para su desahogo; en consecuencia, estos últimos pueden ser valorados en la sentencia, dando lugar a una eventual declaratoria de ilegalidad o ilicitud, cuando trastoquen derechos fundamentales." Por tanto, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al advertirse de manera manifiesta e indudable la aludida causal de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo planteada. IV. Autorizados y consulta a través del Portal de Juicio en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se tiene por autorizado el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo al usuario "jorgefranco92", dentro de los Servicios de Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; por ello, con fundamento con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se autoriza el acceso a este expediente electrónico, con el referido usuario, a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente, asimismo, como lo solicita, practíquensele las notificaciones por dicha vía electrónica. En consecuencia, se instruye al oficial judicial A, para que proceda a realizar los trámites respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo inmediato anterior. Asimismo, se tiene a dicha parte proporcionando el correo electrónico que índica, para que sirva como medios de comunicación alternativa con dicha parte; precisándole que esto será con el único propósito de que este juzgado pueda brindarle atención mediante esas herramientas tecnológicas; y, sólo de estimarse necesario, este órgano conservará los registros de las comunicaciones y las certificará para incorporarlas al expediente respectivo, sin que ello constituya la realización de una notificación. Lo anterior, no obstante a que también señaló domicilio físico para tal efecto; sin embargo, se opta por tal medio, dada la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y a fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. V. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda; sin embargo, como se precisó en párrafos que anteceden las notificaciones personales se le realizarán, vía electrónica. VI. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. VII. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. VIII. Gratuidad en el servicio y solicitud de expedición de copias. Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas, previa solicitud y autorización por acuerdo, se hará atendiendo a las circunstancias que imperen en el momento de la petición. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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