Luis Alberto Martínez Zúñiga

Expediente 318/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
318/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
02/06/2023

Partes del expediente

  • Luis Alberto Martínez Zúñiga y Otros.
  • Luis Alberto Martínez Zúñiga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito; por medio del cual, acusa recibo del oficio por el cual se le remitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, con los anexos ahí descritos. Asimismo, informa, en lo que interesa, que admitió a trámite el citado medio de impugnación, radicándolo con el amparo en revisión * * * * *, de su índice, de lo cual se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que este juicio de amparo, se encuentra debidamente integrado para su envío al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno, para substanciar el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia engrosada el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal. Lo anterior, pues ya obran en autos las constancias de notificación de las que se advierte que las partes quedaron debidamente notificadas de la sentencia dictada en el presente asunto y del proveído de tres de mayo de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por interpuesto el citado medio de impugnación, como así se hizo constar en la certificación de cuenta. En tales condiciones, realícese la remisión respectiva. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad correspondiente.

  3. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por la licenciada ***, defensora particular del quejoso ***, por el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio; en atención a su contenido, se provee: Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión, contra la sentencia engrosada el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En consecuencia, se ordena correr traslado con el escrito de agravios a las diversas partes; y, una vez que queden notificadas, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, en turno, del Decimotercer Circuito, el a) original y copias del escrito de cuenta y del de agravios, b) el juicio de amparo en que se actúa, c) dos tomos de pruebas y d) cuatro discos en formato DVD, para el ulterior trámite del recurso de que se trata. Fórmese el cuaderno de antecedentes agregando únicamente copia de los proveídos que se estimen necesarios para la comprensión del asunto, sin que sea necesario deducir más constancias, puesto que este juicio constitucional se encuentra debidamente integrado para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como lo dispone el artículo 3 de la Ley de Amparo, por lo que de ser necesario, su consulta se hará por ese medio. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa (por ser quien interpuso el recurso); personalmente o vía electrónica a las diversas partes, y por oficio a la autoridad responsable y tercero interesado."

  4. Principal

    "...VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto ***/2022, promovido por ***; y, RESULTANDO: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta localidad, el diecisiete de marzo de dos mil veintidós y remitido el dieciocho siguiente, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, ***, defensora particular de ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la resolución de tres de marzo de dos mil veintidós, dictada en el toca penal JOTP/10/2021 por los Magistrados Integrantes de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (fojas 2 a 42 ). Narró los antecedentes del acto reclamado, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 8, 14, 16, 17, 19 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimaron pertinentes. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 318/2022 se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención que le asiste al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento, se solicitó de la autoridad señalada como responsable su informe justificado, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Por auto de doce de enero de dos mil veintitrés, se recibió la ejecutoria dictada el trece de diciembre de dos mil veintidós, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, por la que ordenó reponer el procedimiento para el efecto de recabar copia certificada del diverso juicio de amparo 795/2021 del índice de este juzgado. Realizado el trámite correspondiente, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 59/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el similar 3/2013, por tratarse de un asunto de naturaleza penal, y los actos reclamados tendrían ejecución en donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Oportunidad en la presentación de la demanda. Al quejoso ********************, le fue notificada, la resolución reclamada, el mismo tres de marzo de dos mil veintidós. En ese contexto, la notificación de la citada resolución, surtió efectos el cuatro del citado mes y año, en términos del numeral 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, el plazo de quince días que prevé el párrafo primero, del artículo 17, de la Ley de Amparo, para promover la demanda transcurrió del siete al dieciocho de marzo de dos mil veintidós; descontándose los días sábados y domingos, por ser inhábiles, de conformidad con lo prescrito en el artículo 19, del citado ordenamiento legal. En consecuencia, si la demanda de amparo se presentó el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, es evidente que es oportuna. Tercero. Fijación del acto reclamado. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y apoyo en la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Se fijan de forma clara y precisa los actos reclamados, por lo que de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: De los Magistrados Integrantes de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca: La resolución de tres de marzo de dos mil veintidós, dictada en el toca penal JOTP/10/2021, de su índice. Cuarto. Existencia del acto reclamado. La existencia de la resolución reclamada a los Magistrados Integrantes de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, quedó legalmente acreditada a partir de su respectivo informe justificado (foja 62); lo que se corrobora con las constancias que adjuntó la autoridad judicial, relativas al original del toca penal JOTP/10/2021 y tres discos certificados en formato DVD. Medios de prueba que adquiere la naturaleza jurídica de documental pública y que adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Es aplicable la tesis de Jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Asimismo, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyos epígrafe y texto son: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Quinto. Procedencia. En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. Sexto. Antecedentes del juicio de amparo. Mediante sentencia dictada el veintiocho de enero de dos mil veintidós, en el juicio de amparo 795/2021, del índice de este Juzgado, se determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal a ********************, para el efecto de que la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, realizara lo siguiente: "a) Deje insubsistente la resolución de nueve de julio de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal JOTP/10/2021, relativo al recurso de apelación. b) En su lugar, emita otra en la que, con plenitud de jurisdicción, realice el estudio de todos los agravios expuestos en el recurso de apelación, interpuesto por Alma Angélica Franco Vargas, defensora particular del quejoso ********************, en el citado toca penal. c) Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda." En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, emitió la resolución de tres de marzo de dos mil veintidós, en el toca penal JOTP/10/2021, en la cual confirmó la resolución de seis de diciembre de dos mil veinte, en la que el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, resolvió vincular a proceso al imputado ********************, por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, cometido en agravio de Daniela Esteban Benítez, en la causa penal 318/2020. Acto reclamado en el presente asunto. Séptimo. Estudio de fondo. El quejoso ********************, hace valer como conceptos de violación los siguientes: Que la sala responsable haya considerado que con los datos de prueba expuestos por el ministerio público se podía establecer a grado de probabilidad el concubinato entre el imputado y la víctima; y que su último domicilio familiar fue en la Tercera Cerrada de Emilio Carranza número 101, departamento 301 en la Colonia Reforma en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Señala que al contestar su agravio relativo a la nulidad de los datos de prueba consistentes en los videos de cámara de circuito cerrado, las fotografías e imágenes que se extrajeron del celular de la víctima, la Sala se confunde, toda vez que no planteó su ilicitud porque no hayan sido aportados voluntariamente por la víctima sino por el procedimiento empleado para recabarlos, pues argumenta que no se cumplió con la cadena de custodia en la incorporación de los mismos, es decir, con el procedimiento de extracción de dichas fotografías e imágenes. Alega que resultó ilegal la obtención de los videos contenidos en las cámaras de circuito cerrado, toda vez que afirma que la víctima no tenía autorización para acceder las mismas, ni la aplicación respectiva; al respecto, refiere que la víctima manipuló los videos expuestos, pues si como lo refiere en su declaración, las cámaras estaban desconectadas, no existe certeza de la fecha real a la que pertenecen. Aduce que hay una incongruencia entre los hechos narrados por la víctima, con los datos de prueba aportados, como lo es, las lesiones que le fueron certificadas, los videos, fotografías. Señala que la Agente del Ministerio Público no incorporó el número de celular que la víctima utilizaba, no aportó prueba alguna que identificara que el número de celular materia del dictamen haya sido el que utilizaba la víctima para recibir llamadas. La representación social no determinó las circunstancias de tiempo, modo, lugar de ejecución del hecho, ni las vinculó con los datos de prueba incorporados, de acuerdo a la mecánica de hechos expresados por la víctima. Los datos de prueba incorporados no son idóneos, pertinentes, congruentes ni suficientes para dictar un auto de vinculación a proceso. Puntualiza que contrario a lo expuesto por la Sala, el metaperitaje por la psicóloga, perito de la defensa, sí tiene valor probatorio porque expone la metodología que utilizó para emitirlo, dio contestación con sustento técnico psicológico a cada uno de los planteamientos, explicando porque el dictamen de la perito de la representación social carecía de validez. Refiere que contrario a lo estimado por la responsable, la inspección ocular no acredita el domicilio donde sucedieron los hechos imputados el uno de diciembre de dos mil diecinueve, porque a su dicho no existe certeza que el inmueble que aparece en las fotografías sea el número ciento uno. Que la pericial en extracción de datos, se realizó por una persona que no tenía cédula profesional en dicha materia, ni cumpliendo el protocolo para la emisión de ese tipo de dictámenes. Expuesto lo anterior, es pertinente precisar que el análisis del presente asunto, se realizará al tenor de lo previsto por el artículo 19 constitucional, el cual textualmente dispone: Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial, podrá exceder del plazo de setenta y dos horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo, y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.)" Asimismo, del artículo 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". Ahora bien, la parte quejosa reclama la resolución de tres de marzo de dos mil veintidós, dictada en el toca penal JOTP/10/2021, en la que la Sala penal responsable confirmó el auto de vinculación a proceso, emitido en la causa penal 318/2020, por el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, en su contra, por el hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, cometido en agravio de Daniela Esteban Benítez. El tribunal de apelación, al pronunciar la resolución impugnada, se basó esencialmente en las siguientes consideraciones: "95. Por lo que, como adecuadamente lo estimó el resolutor, existen indicios razonables que permiten suponer que el primero de diciembre del año dos mil diecinueve, aproximadamente a las cuatro cuarenta y cinco horas (tiempo) en el interior del domicilio familiar ubicado en tercera cerrada de Emilio Carranza número 101, departamento 301, Colonia Reforma, Oaxaca (lugar), una persona en estado de ebriedad, agredió física y verbalmente (circunstancias de ejecución) a su concubina Daniela Esteban Benítez. Asimismo, existe la probabilidad de que la persona que realizó el hecho establecido es el imputado ********************, con el señalamiento categórico que realiza la víctima Daniela Esteban Benítez, de ser la persona que el primero de diciembre del año dos mil diecinueve, aproximadamente a las cuatro cuarenta y cinco horas, en el interior del domicilio familiar ubicado en tercera cerrada de Emilio Carranza número 101, departamento 301, Colonia Reforma, Oaxaca (lugar), la agredió física y verbalmente." Ahora bien, uno de los requisitos que prevé el numeral 19 de la Constitución Federal, para que se dicte un auto de vinculación a proceso, es que obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; así, para emitir la determinación reclamada, se advierte que la Sala responsable, tomó en consideración los siguientes datos de prueba: Denuncia de la víctima Daniela Esteban Benítez, la cual realizó con fecha seis de diciembre del año dos mil diecinueve ante la Representación Social. Dictamen médico de lesiones con oficio de determinación número 928/2019, emitido el seis de diciembre del año dos mil diecinueve, por la doctora Marielena Rojas Ramírez, perito médico de la fiscalía, con número de cédula profesional 2657929, en el que la víctima refirió dolor en diferentes partes del cuerpo, y a la exploración física encontró: equimosis de color morado de 0.5 centímetros de extensión en la glándula mamaria izquierda, equimosis de color morado de 0.5 centímetros de extensión en la cara interna tercio medio de muslo izquierdo, zona equimotica de color morado de 5 por 3 centímetros de extensión en rodilla izquierda, equimosis de color morado de 3 por 2 centímetros de extensión en cara anterior tercio superior de pierna izquierda; lesiones con más de setenta y dos horas de evolución; lesiones que afectaron tejidos blandos, de naturaleza activa-pasiva, no ponen en peligro la vida, tardan en sanar menos de quince días, y las secuelas se valoran en sanidad definitiva. Dictamen psicológico de fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve, emitido a favor de la víctima Daniela Esteban Benítez por la licenciada en psicología Claudia Ivonne Morales Gurrión, perito oficial con cédula profesional 76676363, del que se advierte que al momento de la valoración, reunió criterios clínicos diagnósticos de trastorno de ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido. Comparecencia de la ciudadana Daniela Esteban Benítez realizada con fecha trece de febrero del año dos mil diecinueve, a las once horas, ante la Representación Social. Inspección que fue realizada con fecha trece de febrero del año dos mil veinte, por el agente estatal de investigaciones Salvador Velasco Velasco, con número de identificación 586. Declaración de la testigo Karina Robles Esteban, mediante entrevista realizada por el agente estatal de investigaciones Salvador Velasco Velasco, en fecha trece de febrero del año dos mil veinte. Entrevista realizada a la testigo ***, con fecha trece de febrero del año dos mil veinte, por el agente estatal de investigaciones ***. Entrevista al testigo ***, realizada de igual manera por el agente estatal de investigaciones ***, de fecha catorce de febrero del dos mil veinte. Dictamen de extracción de datos de fecha veintiuno de febrero del año dos mil veinte; este dictamen fue expedido por el perito licenciado ***, perito en extracción de datos de la Fiscalía General del Estado, dependiente del Instituto de Servicios Periciales, que cuenta con cédula profesional número 10556623. Metaperitaje en materia de psicología forense a cargo de la licenciada en psicología Patricia de ***, con cédula profesional 38793. Luego, la Sala Penal, los valoró y señaló que con estos datos de prueba se podían establecer los siguientes hechos: El señor ******************** y la señora ***, vivieron en concubinato desde el año dos mil catorce y establecieron su último domicilio familiar en la tercera cerrada de Emilio Carranza número 101, departamento 301, en la Colonia Reforma de esta ciudad de Oaxaca de Juárez; debido a la violencia física y psicoemocional que el imputado ejercía a la víctima se separaron en varias ocasiones, sin embargo el imputado la buscaba y la convencía de regresar al domicilio donde ambos vivían. Que el primero de diciembre del año dos mil diecinueve, siendo aproximadamente las cuatro cuarenta y cinco horas, en el interior del domicilio familiar ubicado en tercera cerrada de Emilio Carranza número 101, departamento 301, Colonia Reforma, Oaxaca, el señor ******************** en estado de ebriedad agredió física y verbalmente a Daniela Esteban Benítez, pues ella le había pedido que se quedara a dormir en el sofá, por lo que él entró a la recámara en la que se encontraba la señora Daniela y la aventó hacia la cama, la víctima cayó boca arriba e inmediatamente el imputado se le fue encima tomándola del cuello con sus dos manos, apretándoselo, ambos forcejearon en la cama, la víctima logró levantarse de la cama pero él la volvió a tomar del cuerpo alzándola con sus dos manos y aventándola al suelo, la víctima cayó nuevamente boca arriba, momento en el cual el imputado comenzó a patearla dándole varias patadas en las costillas del lado izquierdo. Posteriormente tomó a la víctima con sus dos brazos a la mitad del cuerpo y a empujones la sacó de la habitación y después del departamento, al momento que hacía esto le decía "eres una puta, no sabes con quién te metiste, ahora te voy a correr de mi casa, no tenías por qué hacer tanto escándalo, ni decirle a nadie de mi otra relación, yo sé lo que hago" la víctima le dijo que no tenía por qué hacerle eso pero el imputado abrió la puerta del departamento y la sacó de este departamento, la víctima caminó hacia el elevador pero inmediatamente regresó al departamento por su mascota, por lo que el imputado le dio alcance, empujándola al suelo provocando que la víctima cayera de espaldas, fue en ese momento que el imputado la pateó varias veces en su lado derecho; Posteriormente el imputado se metió al departamento cerrando la puerta, momento después el imputado abrió la puerta jalando a la víctima hacia el interior del departamento y le dijo: "eres una pendeja, no debiste meterte en mis cosas, no debiste haber dicho lo que pasó y ahora me vas a conocer", la víctima trató de calmarlo y posteriormente se metió a su habitación, momento que aprovechó para ingresar al sanitario y solicitar auxilio vía telefónica y por la mensajería de WhatsApp a sus familiares y amigos, el imputado intentó abrir la puerta del baño, motivo por el cual la víctima salió del baño para calmarlo nuevamente, pero el imputado le dijo: "¿crees que soy pendejo? ¿a quién llamaste?", la víctima se volvió a meter a su recámara y el imputado le gritaba "ábreme hija de tu puta madre o voy a tirar la puerta", al mismo momento que pateaba la puerta; la víctima al darse cuenta que estaba rompiendo la puerta tomó a su mascota y la lanzó al balcón del cuarto de al lado para después brincarse ella, el imputado ingresó al cuarto donde se encontraba la víctima, abrió la ventana y la jaló del cuerpo hacia el interior de la habitación, la tomó del cuello con su brazo izquierdo poniéndola contra la pared y le dijo: "¿ya ves lo que provocaste? ¿Ya viste lo que le hice a la puerta porque no me querías abrir?", siendo aproximadamente las siete horas del mismo día uno de diciembre del dos mil veinte [Sic.] llegaron auxiliar a la víctima elementos de la policía y fue así como el imputado se retiró del domicilio. A consecuencia de los hechos la víctima presentó moretón en el seno izquierdo, moretón en el muslo izquierdo, moretón en rodilla izquierda y moretón en la pierna izquierda; por lo que hace a su estado emocional cursa un trastorno de adaptación con ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido persistente crónico. Hechos que la responsable estimó pudieran constituir el supuesto señalado en la ley como delito de violencia familiar, previsto por los artículos 404 y 404 Bis, fracciones I y II, del Código Penal para el Estado de Oaxaca: "Artículo 404.- Violencia familiar, es toda acción u omisión, dirigida a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual, o contra los derechos reproductivos, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo activo tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, legal, concubinato, noviazgo, relaciones de convivencia o mantenga o haya mantenido una relación similar con la víctima." "Artículo 404 Bis.- Para los efectos del presente capítulo los tipos de violencia familiar son los siguientes: I. Violencia Física: Toda agresión en la que se utilice cualquier objeto o arma, o se haga uso de alguna parte del cuerpo, para sujetar o lesionar físicamente a otro; así como el uso de sustancias para inmovilizarle, atentando contra su integridad física, y que tienen por objeto lograr su sometimiento o control y con el resultado o riesgo de producir lesión física, interna, externa o ambas. II.- Violencia psicoemocional: Acción u omisión, consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, humillaciones, indiferencia, chantaje, celotipia, abandono, actitudes devaluatorias, que provoquen en quien las recibe alteración autocognitiva y autovalorativa, que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica, entre las que se pueden encontrar la depresión, el aislamiento, la devaluación e incluso el suicidio." Artículos de los cuales se desprende que el hecho delictuoso que nos ocupa se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos: Una acción dirigida a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual, o contra los derechos reproductivos; Que esta acción haya sido cometida dentro o fuera del domicilio familiar; y, Que el activo tenga o haya tenido una relación de parentesco o relaciones de convivencia con la víctima. Bajo esa tesitura, en el caso en estudio y como acertadamente señala la sala responsable, existen indicios que HASTA ESTA ETAPA PROCESAL permiten suponer que el primero de diciembre del año dos mil diecinueve, aproximadamente a las cuatro cuarenta y cinco horas (tiempo) en el interior del domicilio familiar ubicado en tercera cerrada de Emilio Carranza número 101, departamento 301, Colonia Reforma, Oaxaca (lugar), una persona del sexo masculino (sujeto activo) agredió física y verbalmente (acción) a la víctima Daniela Esteban Benítez, persona con quien tenía una relación de concubinato. De igual manera, que de acuerdo a lo argumentado por la Sala Penal, y de los datos de prueba, existe la probabilidad de que ******************** (quejoso), haya cometido el hecho delictuoso que se le imputa; conducta que realizó como autor material, es decir, por sí mismo, de conformidad con el artículo 11, fracción II, del código sustantivo aplicable. De este modo, de acuerdo a la etapa procesal en que fue emitido el auto de vinculación a proceso, así como al estándar de prueba exigible para su emisión, el acto reclamado por el quejoso cumple de manera suficiente los requisitos establecidos por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 360, registro digital 2014800, de rubro y texto: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Contestación a los conceptos de violación. Ahora bien, en los conceptos de violación esencialmente se aduce que los datos de prueba incorporados no son idóneos, pertinentes, congruentes ni suficientes para dictar un auto de vinculación a proceso, y que no hay congruencia entre los hechos narrados por la víctima, con los datos de prueba aportados, asimismo, realiza diversas manifestaciones respecto a la valoración pruebas aportadas por la representación social. Respecto al estándar probatorio que se requiere para dictar un auto de vinculación a proceso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 87/2016, de donde surgió la jurisprudencia transcrita en el párrafo anterior, señaló que anteriormente en el proceso penal mixto el juicio de tipicidad se realizaba precisamente en la etapa temprana de preinstrucción, pues todas las normas apuntadas hacen referencia a la acreditación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del indiciado, por lo que en esa etapa debían necesariamente precisarse y demostrarse los elementos del tipo penal, lo que resultaba además necesario como un paso previo a la comprobación del cuerpo del delito. Por otro lado, las pruebas con que se acreditaba, en esta instancia, eran las mismas que se sometían al contradictorio. En cambio, el sistema acusatorio oral parte de una premisa distinta, el principio acusatorio, en virtud del cual se establece que no puede haber juicio sin una acusación previa; que ésta se ejercite por un órgano distinto al que ha de juzgar y que entre la acusación y la condena exista correlación, de forma tal que no se puede condenar por hechos distintos de los que han sido objeto de la acusación. Así, un elemento definitorio de este cambio de sistema, es la referencia a los "hechos", mismos que no podrán variar a partir de la vinculación a proceso; sin embargo, la calificación jurídica que se haga de ellos puede cambiar durante las posteriores etapas del procedimiento penal. Es en esta lógica que el sistema prevé ya no un "acreditamiento" del cuerpo del delito, sino el "establecimiento" de que los hechos motivo de la imputación encuadran en un delito. Por lo que, ya no resulta "necesario" que este análisis se haga colmando los elementos del tipo penal, ahora el mandato es distinto, sólo se deberá establecer que un hecho encuadra en un tipo penal, tomando en cuenta que la calificación jurídica de este hecho puede variar, incluso hasta la audiencia de juicio. La Sala explicó que la etapa de investigación debe considerarse como un periodo preparatorio para determinar si existen razones para someter a una persona a juicio, por ello, al formularse la imputación, lo que se pretende es la formalización de la investigación con el dictado de un auto de vinculación a proceso, de ahí que respecto del contenido de la carpeta de investigación deba considerarse que para la obtención de la información y la recolección de los datos que permitan fundar la imputación, no se requiere la plena certeza del Ministerio Público de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues la convicción final será la del Juez. Así, el juez de control, deberá fundar y motivar suficientemente su ejercicio de ponderación de los datos de prueba referidos por el Ministerio Público, donde sí deberá exponer las razones y fundamentos que le llevan a considerarlos idóneos y pertinentes con base en las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, para tener por establecida la existencia del hecho considerado como delito y cumplir con el requisito de fondo que es materia de análisis en esta ejecutoria; de manera que exigir la precisión y estudio dogmático de los elementos del delito, iría más allá de la directriz constitucional. De lo relatado, se tiene que lo que el Juez de Control analizó en audiencia de seis de diciembre de dos mil veinte, son datos de prueba recolectados por el ministerio público en la investigación inicial, los cuales el numeral 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, define como la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Además, cabe señalar que los artículos 19 Constitucional y 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, transcritos en este fallo, solo exigen para la emisión del auto de vinculación a proceso que existan datos suficientes para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que la imputada probablemente lo cometió o participó en su comisión. Dicho estándar de prueba, como ya se dijo, debe ser entendido como el grado de exigencia probatorio mayor o menor de acuerdo con la etapa procesal respectiva. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para satisfacer el requisito relativo a que la ley señale el hecho como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, a efecto que permita identificar las razones que lo llevaron a determinar el tipo aplicable. Es decir, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y establecer si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, pues no debe perderse de vista que de acuerdo a la etapa procesal en que se encuentra el juicio de origen, el estándar de prueba es relativamente bajo, por lo que no se requiere comprobar el delito a través de análisis exhaustivo de cada uno de sus elementos, sin que se entienda que el juez de control no deba realizar un análisis objetivo, racional de los datos manifestados por el representante social. Todo ello, como se expuso en párrafos anteriores, deriva de lo resuelto en la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ahí que, el juzgador de primera instancia para emitir su fallo, no requería la acreditación objetiva de los hechos, como lo refiere el quejoso, sino únicamente indiciaria, que le permitiera enlazar indicios de manera lógica y razonada; sin que fuera necesario tener certeza de ellos, a virtud de que en ese momento no requería prueba plena al respecto. De modo que, adverso a lo que sostiene el justiciable, el órgano acusador precisó los datos de prueba en su contra; mismos que acertadamente tanto el juez de control como la Sala Penal consideró idóneos para establecer en grado probable que aquél intervino en la comisión de los hechos con apariencia del delito violencia familiar que se le atribuye. Entonces, no le asiste razón al solicitante de amparo, pues como se observa, la Sala Penal acertadamente reconoció que los datos de prueba que sustentan la imputación ministerial, su pertinencia, idoneidad, razonabilidad y suficiencia, para que de acuerdo al momento procesal y el estándar de prueba requerido, se acreditara en grado de probabilidad, la comisión de un hecho que la ley señala como delito, así como la participación del aquí quejoso en su comisión. Aunado a que será en la investigación complementaria cuando el Ministerio Público recabe mayores medios de prueba conducentes para demostrar en mayor medida los elementos del delito en cuestión, a efecto de cumplir con su carga probatoria y estándar de prueba; en tanto que, será en la etapa de juicio oral, cuando se desahogarán las pruebas para la plena demostración o no de dichos elementos, y en la que la defensa tendrá la oportunidad de refutar las mismas. Bajo ese contexto, se estima correcto lo realizado por la autoridad responsable, en el sentido de darle valor preponderante a la declaración de la víctima y valorarla con perspectiva de género, toda vez que en caso de delitos que involucren violencia contra la mujer, el Estado se encuentra obligado a llevar a cabo todo tipo de medidas necesarias a efecto de que, especialmente, la mujer víctima de violencia, tenga un verdadero acceso a la justicia. Medidas que tienen como finalidad de evitar todo tipo de circunstancias, estereotipos, roles de género, relaciones de poder, que generen en el ánimo del juzgador una inadecuada valoración que reste credibilidad a la versión de aquéllas. Por tanto, si bien la autoridad judicial responsable tomó en consideración de modo preponderante lo expuesto por la víctima, para acreditar indiciariamente que entre ellos existía una relación de concubinato, y que el uno de diciembre del año dos mil diecinueve, aproximadamente a las cuatro cuarenta y cinco horas, en el interior del domicilio familiar su pareja la agredió física y verbalmente. Ello no es lesivo de los derechos fundamentales del aquí quejoso, tomando en cuenta la especial situación de vulnerabilidad de la ofendida, en relación con el activo; que dichos delitos se realizan sin presencia de testigos, aunado a que no fue el único dato de prueba tomado en consideración, puesto que como ya se puntualizó se justipreciaron las diversas pruebas (anteriormente enumeradas) que obran en la causa penal 318/2020; entre ellas, el dictamen en psicología, en el que se le diagnosticó trastorno de adaptación con ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido persistente crónico; y el dictamen médico en el que se hizo constar las lesiones que presentaba en el momento de la exploración. Sin que le reste valor el metaperitaje realizado por la psicóloga ***, toda vez que contrario a lo que estima la defensa y como lo señaló el juez de control, en esta etapa no se valoró el contenido del dictamen en psicología de la perito oficial, si no el dato de prueba, a efecto de verificar si este resulta idóneo junto con los demás indicios para acreditar la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Resulta orientadora la jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 836, Registro digital: 2011430, de rubro y texto: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; iii) en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género." De igual manera, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, consultable en la página 83, Núm. 77, Mayo de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro "IUS", 212471, publicada con rubro y texto siguientes: "VIOLACION VALOR DEL DICHO DE LA OFENDIDA. TRATANDOSE DEL DELITO DE. Como los delitos de índole sexual, por propia naturaleza, de común se consuman en ausencia de testigos, lo cual los hace refractarios a la prueba directa; por ello, en tratándose de este tipo de injustos, la declaración de la víctima tiene especial relevancia probatoria, y la imputación de ésta, firmemente sostenida en la diligencia de careos respectiva merece un valor preponderante a la simple negativa del enjuiciado". Aunado a que el delito de violencia familiar, se ha considerado de realización oculta, al cometerse, como en el caso, en el domicilio familiar y no siempre a la vista de personas ajenas a éste; es decir, no requiere ser visible a la sociedad o continuo, sino momentos específicos o reiterados y actos concretos, como pueden ser el maltrato verbal, las amenazas, el control económico, la manipulación, la agresión física, entre otros; de ahí que, en ese tipo de delitos, se ha estimado que la declaración de la víctima tiene un valor preponderante, junto con pericial en psicología y de lesiones, para determinar en grado de probabilidad que su estado físico y emocional deriva de los actos violentos o agresiones. Es orientador el criterio contenido en la tesis III.2o.P.157 P emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 65, Abril de 2019, Tomo III, página 2187, Décima Época, registro digital: 2019751, de rubro y texto: "VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EN SU VERTIENTE PSICOLÓGICA. ATENTO A QUE ESTE DELITO PUEDE SER DE REALIZACIÓN OCULTA, Y CONFORME A UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA Y LA PRUEBA PERICIAL EN PSICOLOGÍA PRACTICADA A ÉSTA, ENTRELAZADAS ENTRE SÍ, TIENEN VALOR PROBATORIO PREPONDERANTE PARA SU ACREDITACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Si se trata de delitos en los que pueda existir discriminación que de derecho o hecho puedan sufrir hombres o mujeres, debe abordarse el tema con perspectiva de género, sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja de las víctimas, en su mayoría mujeres, donde regularmente son partícipes de un ciclo en el que intervienen fenómenos como la codependencia y el temor que propician la denuncia del delito, donde cobra preponderancia entre dichos ilícitos, el de violencia intrafamiliar. Ahora bien, de conformidad con el artículo 176 Ter del Código Penal para el Estado de Jalisco, comete el delito de violencia intrafamiliar quien infiera maltrato en contra de uno a varios miembros de su familia, causando un deterioro a la integridad física o psicológica, o que afecte la libertad sexual de alguna de las víctimas. Cuando dicho ilícito se perpetra en su vertiente psicológica, no requiere ser visible a la sociedad o continuo, sino momentos específicos o reiterados y actos concretos, como pueden ser el maltrato verbal, las amenazas, el control económico, la manipulación, entre otros, por lo que debe considerarse de realización oculta, al cometerse en el núcleo familiar y no siempre a la vista de personas ajenas a éste. Respecto a dicho tópico, el Más Alto Tribunal del País ha sostenido que en los delitos de realización oculta, la declaración de la víctima tiene un valor preponderante, aunado a que en asuntos de violencia intrafamiliar, la prueba pericial en psicología resulta la idónea como prueba directa, ya que al tratarse del estado psicológico actual de las personas víctimas del delito, puede ayudar a concluir si deriva de actos violentos, por lo que dichas pruebas, entrelazadas entre sí, tienen valor probatorio preponderante para la acreditación de dicho delito." Respecto a que la inspección ocular no acredita el domicilio donde sucedieron los hechos ni la relación de concubinato; tampoco le asiste la razón, puesto que dicho dato de prueba sirve para ilustrar al juzgador respecto al lugar donde conforme al dicho de la víctima sucedieron los hechos, de acuerdo a la información proporcionada en su declaración. En cuanto a que arguye que no deben tomarse en consideración los videos de la cámara de circuito cerrado, fotografías y las capturas de pantalla de los mensajes que se extrajeron del celular de la víctima, porque a su dicho, se obtuvieron de manera ilícita, vulnerando el derecho humano a la inviolabilidad e intimidad del imputado, no se cumplió con la cadena de custodia en su incorporación y no está acreditada la calidad del perito que extrajo la información. Asimismo, afirma que la víctima no tenía autorización para acceder las mismas, ni la aplicación respectiva, que los videos se encuentran alterados, no coinciden con la fecha en que sucedieron los hechos, que no existe certeza que los números a los que se comunicó la víctima sean del imputado, de los testigos y del usuario "Ricardo chofer". Ahora bien, para dar contestación a los argumentos respecto a los indicios, videos, fotografías y las capturas de pantalla que se extrajeron del celular de la víctima, se trae a la vista los autos del diverso juicio de amparo 795/2021 y el estudio del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en el que se señaló que la Sala Penal responsable atendió dichos agravios en los párrafos 83 al 91 de la resolución recurrida, destacando lo siguiente: 83. Finalmente, en cuanto al dictamen de extracción de datos, de veintiuno de febrero de dos mil veinte, emitido por el perito ***, mismo que se complementa con un disco compacto en formato CD-R, marca Verbatín con capacidad de 700/mb en el cual almacena la información extraída, al que adecuadamente el juez de control le otorgó estimación probatoria, porque, de la información aportada por el Ministerio Público, se establece que dicho perito realizó un planteamiento del problema, la metodología y técnica que utilizó, así como el material que empleó, describió el elemento analizado, consistente en el teléfono celular de la víctima, también de su procedimiento consistente en que, una vez informada la víctima proporción -su-consentimiento para realizar la extracción de la información contenida en su teléfono celular, explicó los pasos que realizó para llevar a cabo dicha extracción de información y una vez realizada, procedió a remitir la información extraída a la autoridad solicitante en disco compacto con su respectiva cadena de custodia. 84. Sin que le reste valor al dictamen, el hecho de que no esté establecido que exista una ciencia en extracción de datos, porque dicho perito, mencionó lo que realizó y utilizó para llevar a cabo la extracción de datos del teléfono de la víctima, aunado a que como bien lo determinó el resolutor al ser un perito en criminalística, cuenta con los conocimientos para la recopilación de información que sirva para el esclarecimiento de un hecho delictivo. 85. De ahí que, el perito explicó lo que realizó para extraer la información del teléfono celular de la víctima, consistente en los videos, las fotografías y los screenshots (capturas de pantalla) de los mensajes, y al ser la víctima quien como interlocutora de dicha comunicación aporta estas capturas de pantalla, videos y fotografías, no pudo haber confusión de que el número al cual se comunicó es del imputado ******************** y los testigos *** y ***, así como al usuario "Ricardo chofer", pues a los últimos tres les solicitó auxilio el día en que ocurrieron los hechos, circunstancia que es congruente con lo manifestado por los testigos, por ello, no le asiste la razón a la apelante al manifestar que no se pudo tener por acreditados los titulares de las líneas telefónicas con las que conversó la víctima. 86. Ahora bien, si bien es cierto que, la victima ***, manifestó en la parte que interesa que"...cuando iba para el balcón me di cuenta que las cámaras de seguridad del departamento estaban desconectadas, las conecté, pero no tenía la certeza que estuvieran grabando...", dicha circunstancia no es un indicio para establecer que estas cámaras no estuvieran grabando al momento en que ocurrieron los hechos, porque, en su denuncia también manifestó que "...ya estando en mi casa más tranquila desde mi teléfono revisé las cámaras que hay en el pasillo, en la sala y en los balcones de la casa, con mi celular grabé los videos de las cámaras. 87. Aunado a lo anterior, al ser proyectados dichos videos, en cada uno de ellos se logra apreciar en su parte superior izquierda la fecha 01/12/19, también la hora, misma que varía por la secuencia de los sucesos, pero que es entre las 04:59:00 a 11:08:00 de la fecha señalada, por lo tanto, con este dato de prueba se puede establecer que las cámaras si grabaron en la hora y fecha en que sucedieron los hechos, a pesar de que la víctima refirió que no tenía la certeza de que esto fuera así. 88. Además, de estos videos se logra apreciar lo que aconteció el uno de diciembre de dos mil diecinueve, y que fue narrado por la víctima, como el hecho de que su prima Karina Gómez Esteban llegó a su departamento con su amiga ***, también, el hecho de que como a las doce del día regreso el imputado con su papá y su chofer al departamento, por ello, se puede establecer que, los videos aportados por el Ministerio Público corresponden a los hechos ocurridos el uno de diciembre de dos mil diecinueve en el domicilio ubicado en la tercera cerrada de Emilio Carranza número 101, departamento 301 en la Colonia Reforma de esta ciudad de Oaxaca de Juárez. 89. Tampoco lo asiste la razón a la inconforme al manifestar que los videos fueron alterados, puesto que, no hay dato o medio de prueba que haga suponer dicha circunstancia, entonces, únicamente son argumentos subjetivos de la apelante. (.) 91. En tanto a que, los archivos de video donde se muestra las agresiones que sufrió la victima ***, aparecen con fecha veinte de febrero de dos mil veinte, por lo cual, la defensa solicitó que con los mismos no se puede establecer que corresponda al día en que acontecieron los hechos, y el juez lo determinó de tal manera, a consideración de esta sala, estos videos corroboran lo narrado por la víctima, en el sentido de que los hechos ocurrieron el día uno de diciembre de dos mil diecinueve, porque, al proyectarlos, se advierte que, en la parte superior izquierda, aparece la fecha, día y hora, es decir, esos videos se grabaron por las cámaras de seguridad el uno de diciembre de dos mil diecinueve, además, el ministerio público en la etapa de investigación completamente podrá recabar medios de prueba para establecer porqué el archivo aparece con una fecha distinta al contenido de dichos videos." De lo narrado, se advierte que la Sala responsable atendió los planteamientos de la defensa del imputado, explicándole porque consideraba que les debía dar estimación probatoria a los videos, fotografías y las capturas de pantalla que se extrajeron del celular de la víctima, el procedimiento que siguió el perito en criminalística de la fiscalía, desde la obtención del consentimiento hasta el resguardo de la información en disco compacto y los documentos de las cadenas de custodia respectiva. Sin que este juicio de amparo sea el medio legal idóneo para analizar aspectos vinculados con el cumplimiento de la sentencia emitida el diverso juicio de amparo 795/2021, pues para ello el legislador estableció el recurso de inconformidad; De ahí que no se abunde más en cuanto a ese tópico. De igual manera, como lo señala la autoridad responsable, existe la presunción de que los videos reproducidos corresponden a la fecha en que sucedieron los hechos (uno de diciembre de dos mil diecinueve), porque dicha data se aprecia en la imagen, aunado que fueron proporcionados por la misma víctima y corroboran su narración de cómo sucedieron los hechos, de que llegó su prima Karina Gómez Esteban al departamento con su amiga ***, y posteriormente el regreso del imputado con su papá y su chofer al departamento (DVD- A1 FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN INICIAL 03:03:52). Ello es así, toda vez que como lo precisó la autoridad jurisdiccional, las testigos *** y ***, no presenciaron los hechos de manera directa, sin embargo tuvieron conocimiento de los hechos derivado de que la víctima les solicitó ayuda telefónicamente, por lo cual acudieron al domicilio citado. Aunado a que se estima, que los argumentos de la defensa (resumidos en líneas anteriores), en este momento procesal, por si solos no pueden desvirtuar la presencia del hecho delictivo analizado en el presente asunto y denunciado por la parte ofendida, por lo que los mismos, únicamente constituyen un indicio más, que tendrá que valorar el juzgador al momento de dictar sentencia y determinar la acreditación o no de los elementos del delito. Es infundado el concepto de violación relativo a que la pericial en extracción de datos, se realizó por una persona que no tenía cédula profesional en dicha materia, ni cumpliendo el protocolo para la emisión de ese tipo de dictámenes. Lo anterior, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que dicho peritaje fue realizado por ***, quien cuenta con cédula profesional número 10556623, que lo acredita como licenciado en criminología, criminalística y técnicas periciales; registro que se corroboró en la página de internet https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action. Asimismo dicho perito se encuentra adscrito al Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por lo que en este momento procesal existe la presunción de que dicha persona tiene los conocimientos y técnicas para el desahogo de pericial de mérito. Aunado en esta etapa no se valoró el contenido del dictamen en extracción de datos del perito oficial, tampoco se interrogó o contrainterrogó al perito sobre sus credenciales y la técnica empleada; si no únicamente se estimó el dato de prueba, a efecto de verificar si éste junto con los demás indicios resultaban idóneos y suficientes para acreditar la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Además que la emisión del auto de vinculación a proceso, no es el momento oportuno para oponer las pruebas contradictorias que obren en autos, y dar prevalencia a unas sobre las otras, como lo refiere el quejoso en sus conceptos de violación, ya que esa evaluación queda reservada, en su caso, para la etapa intermedia, toda vez que en el sistema penal acusatorio no se otorga a las primeras etapas una fase determinante, sino meramente preliminar, pues el auto de vinculación no resuelve el fondo del asunto, sino que su finalidad es determinar si los datos de prueba justifican la continuación del proceso que se lleva a una etapa posterior intermedia de depuración; de ahí que no le asista la razón. Pues se reitera, al menos hasta este estadio procesal, se demostró que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, lo cometió o participó en su comisión, pues los datos de prueba reseñados por el Ministerio Público resultaron suficientes para que se tuvieran por acreditados los hechos considerados por la norma penal como delito de violencia familiar, así como la posibilidad de que el imputado haya participado en su comisión. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 28/2016 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA." A mayor abundamiento, si la parte quejosa pretende que algunos datos de prueba no sean tomados en consideración para resolver la situación jurídica del quejoso; debe decirse que será en la audiencia intermedia donde podrá exponer argumentos que estime convenientes para excluir medios de prueba. En ese orden de ideas, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo solicitado por ********************, en contra de la resolución de tres de marzo de dos mil veintidós, dictada en el toca penal JOTP/10/2021, en la que la Sala penal responsable confirmó el auto de vinculación a proceso, emitido en la causa penal 318/2020, por el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. Finalmente, no pasa desapercibido que la defensora particular del quejoso formuló alegatos; sin embargo, no constituye una obligación para este órgano jurisdiccional abordar su estudio, pues la "litis" en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda, los informes justificados y las pruebas aportadas, sin que ello signifique que no hayan sido tomados en cuenta para el dictado de la presente sentencia, sino que no existe obligación de realizar algún pronunciamiento en relación con ellos. Sustenta las consideraciones que anteceden, la jurisprudencia P./J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 14, tomo 80, agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 205449, que de rubro dice: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Séptimo. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil diecisiete. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra los actos de los Magistrados Integrantes de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en términos del considerando sexto de esta sentencia. Tercero. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente."

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