Luis Alberto Martinez Flores
Expediente 1189/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1189/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Luis Alberto Martinez Flores
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente totalmente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
(citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 26 DE DICIEMBRE DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. CUESTIONES PRELIMINARES Y RADICACIÓN. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, al cual adjunta las constancias relativas al juicio de amparo 2417/2018 de su índice, promovido por Luis Alberto Martínez Flores, contra actos del Titular o Encargado de Despacho de la Fiscalía General del Estado de Puebla. En ese sentido, de las constancias de cuenta se advierte que mediante determinación emitida el veintiuno de diciembre del año en curso, la Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, se declaró legalmente incompetente para conocer del juico de amparo promovido por Luis Alberto Martínez Flores, en razón de la materia, al considerar que el acto reclamado es de naturaleza penal, ya que el quejoso alegó omisiones que provienen de actuaciones relacionadas con hechos posiblemente constitutivo de delito. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 35, 37, 38 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito acepta la competencia para resolver de la referida demanda de amparo y se avoca a su conocimiento. Acúsese recibo de estilo a la autoridad oficiante. Fórmese expediente de amparo, regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1189/2018-C y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). DESECHAMIENTO. Conviene precisar que del análisis integral de las constancias que obran en el presente juicio de amparo, se advierte que el quejoso Luis Alberto Martínez Flores, reclama de la autoridad responsable Titular o Encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado de Puebla, lo siguiente: "IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA: se reclama de la responsable: 1. La omisión o falta de contestación al escrito de fecha ocho (8) de octubre del año 2018. (.)" Asimismo, del informe justificado que rindió la autoridad responsable Titular o Encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a través del Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de dicha institución, se advierte que el escrito de denuncia presentado por el hoy quejoso el ocho de octubre de dos mil dieciocho, fue acordado el diecinueve de octubre de esa anualidad, por la agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción "A" de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, dentro de la carpeta de investigación 427/2018/FECC/UI-A, y notificado al peticionario de amparo el catorce de diciembre siguiente. En tales condiciones, respecto de la omisión reclamada, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. En el caso, de la documental que remitió la autoridad responsable Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en representación del Titular o Encargado de despacho de dicha institución, en apoyo a su informe de ley, se advierte: a) El escrito de denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito, presentado por el aquí quejoso el ocho de octubre de dos mil dieciocho, ante la Fiscalía General del Estado de Puebla, fue remitido por el Secretario de Apoyo Técnico y Ejecutivo de dicha institución a la Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción (foja 28), quien a su vez, lo remitió a la agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción "A" de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción; b) Por acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, la agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción "A" de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, tuvo por recibido el escrito del hoy quejoso de ocho de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual denunció hechos posiblemente constitutivos de delito, y dio inicio a la carpeta de investigación 427/2018/FECC/UI-A, para el esclarecimiento de hechos que la ley señala como delitos de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, enriquecimiento ilícito, falsedad de declaraciones y peculado, cometidos en agravio del quejoso, y en contra del Registrador de la Propiedad y del Comercio y quien resulte responsable (foja 41); y, c) El catorce de diciembre del actual, se notificó al quejoso Luis Alberto Martínez Flores, el acuerdo dictado el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en la carpeta de investigación 427/2018/FECC/UI-A del índice de la agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción "A" de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (foja 47). Atento a lo anterior, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la falta de acuerdo del escrito presentado el ocho de octubre de dos mil dieciocho, ante la Fiscalía General del Estado de Puebla, mediante el cual el quejoso denunció los hechos posiblemente constitutivos de los delitos de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, enriquecimiento ilícito, falsedad de declaraciones y peculado; pues, como ya se dijo, por acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, la agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción "A" de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, acordó el escrito de referencia, notificando dicha respuesta -mediante cédula de notificación- al hoy quejoso, el catorce de diciembre pasado. Ahora bien, cabe destacar que quien esto provee no se encuentra facultado para hacer el análisis de las formalidades que en la práctica de la notificación del acuerdo diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, se siguieron, ni desconocer su existencia, pues ello implicaría someter a escrutinio un acto que no integra la litis. Por tanto, han quedado destruidos todos los efectos del acto reclamado, en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la existencia de la omisión reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo al habérsele restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales transgredidas. Tienen aplicación al caso, las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la aludida causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la citada ley de la materia, procede desechar la demanda de amparo que se analiza. DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que señala en su libelo de demanda. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Celso Lucero Gutiérrez y Jonathan Tepoxtecatl Elizalde, atento a que de los datos proporcionados acreditan encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados; y a las demás personas que se mencionan, en términos restringidos del citado numeral en virtud de que no se proporcionaron datos suficientes a efecto de que esta autoridad pueda corroborar que tienen inscritas sus cédulas de Licenciados en Derecho ante la Secretaría de Educación Pública. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. CUESTIONES PRELIMINARES Y RADICACIÓN. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, al cual adjunta las constancias relativas al juicio de amparo 2417/2018 de su índice, promovido por Luis Alberto Martínez Flores, contra actos del Titular o Encargado de Despacho de la Fiscalía General del Estado de Puebla. En ese sentido, de las constancias de cuenta se advierte que mediante determinación emitida el veintiuno de diciembre del año en curso, la Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, se declaró legalmente incompetente para conocer del juico de amparo promovido por Luis Alberto Martínez Flores, en razón de la materia, al considerar que el acto reclamado es de naturaleza penal, ya que el quejoso alegó omisiones que provienen de actuaciones relacionadas con hechos posiblemente constitutivo de delito. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 35, 37, 38 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito acepta la competencia para resolver de la referida demanda de amparo y se avoca a su conocimiento. Acúsese recibo de estilo a la autoridad oficiante. Fórmese expediente de amparo, regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1189/2018-C y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). DESECHAMIENTO. Conviene precisar que del análisis integral de las constancias que obran en el presente juicio de amparo, se advierte que el quejoso Luis Alberto Martínez Flores, reclama de la autoridad responsable Titular o Encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado de Puebla, lo siguiente: "IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA: se reclama de la responsable: 1. La omisión o falta de contestación al escrito de fecha ocho (8) de octubre del año 2018. (.)" Asimismo, del informe justificado que rindió la autoridad responsable Titular o Encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a través del Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de dicha institución, se advierte que el escrito de denuncia presentado por el hoy quejoso el ocho de octubre de dos mil dieciocho, fue acordado el diecinueve de octubre de esa anualidad, por la agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción "A" de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, dentro de la carpeta de investigación 427/2018/FECC/UI-A, y notificado al peticionario de amparo el catorce de diciembre siguiente. En tales condiciones, respecto de la omisión reclamada, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. En el caso, de la documental que remitió la autoridad responsable Director General Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en representación del Titular o Encargado de despacho de dicha institución, en apoyo a su informe de ley, se advierte: a) El escrito de denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito, presentado por el aquí quejoso el ocho de octubre de dos mil dieciocho, ante la Fiscalía General del Estado de Puebla, fue remitido por el Secretario de Apoyo Técnico y Ejecutivo de dicha institución a la Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción (foja 28), quien a su vez, lo remitió a la agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción "A" de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción; b) Por acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, la agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción "A" de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, tuvo por recibido el escrito del hoy quejoso de ocho de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual denunció hechos posiblemente constitutivos de delito, y dio inicio a la carpeta de investigación 427/2018/FECC/UI-A, para el esclarecimiento de hechos que la ley señala como delitos de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, enriquecimiento ilícito, falsedad de declaraciones y peculado, cometidos en agravio del quejoso, y en contra del Registrador de la Propiedad y del Comercio y quien resulte responsable (foja 41); y, c) El catorce de diciembre del actual, se notificó al quejoso Luis Alberto Martínez Flores, el acuerdo dictado el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en la carpeta de investigación 427/2018/FECC/UI-A del índice de la agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción "A" de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (foja 47). Atento a lo anterior, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la falta de acuerdo del escrito presentado el ocho de octubre de dos mil dieciocho, ante la Fiscalía General del Estado de Puebla, mediante el cual el quejoso denunció los hechos posiblemente constitutivos de los delitos de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, enriquecimiento ilícito, falsedad de declaraciones y peculado; pues, como ya se dijo, por acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, la agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción "A" de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, acordó el escrito de referencia, notificando dicha respuesta -mediante cédula de notificación- al hoy quejoso, el catorce de diciembre pasado. Ahora bien, cabe destacar que quien esto provee no se encuentra facultado para hacer el análisis de las formalidades que en la práctica de la notificación del acuerdo diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, se siguieron, ni desconocer su existencia, pues ello implicaría someter a escrutinio un acto que no integra la litis. Por tanto, han quedado destruidos todos los efectos del acto reclamado, en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la existencia de la omisión reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo al habérsele restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales transgredidas. Tienen aplicación al caso, las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la aludida causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la citada ley de la materia, procede desechar la demanda de amparo que se analiza. DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que señala en su libelo de demanda. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Celso Lucero Gutiérrez y Jonathan Tepoxtecatl Elizalde, atento a que de los datos proporcionados acreditan encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados; y a las demás personas que se mencionan, en términos restringidos del citado numeral en virtud de que no se proporcionaron datos suficientes a efecto de que esta autoridad pueda corroborar que tienen inscritas sus cédulas de Licenciados en Derecho ante la Secretaría de Educación Pública. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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