Luis Alberto Jauregui Rueda

Expediente 488/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
488/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
01/06/2022

Partes del expediente

  • LUIS ALBERTO JAUREGUI RUEDA y Otros.
  • Luis Alberto Jauregui Rueda

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, primero de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la razón actuarial de treinta de mayo de dos mil veintidós, signada por el actuario judicial adscrito, en la cual, hace del conocimiento que se constituyó en la Estación Migratoria de Puebla, ubicada en avenida Reforma, número mil novecientos siete, colonia Barrio San Matías, en la ciudad de Puebla, en donde fue atendido por Fernando Rivelo Rodríguez, quien dijo ser Subdirector de la Estancia Migratoria, mismo que le informó que el quejoso directo Luis Alberto Jáuregui Rueda fue puesto en libertad el veinte de mayo de la presente anualidad, por ende, no le fue posible notificarle el acuerdo dictado el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. En ese orden de ideas, y en atención a que no se cuenta con domicilio diverso para ser notificado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese al directo quejoso la determinación de veinticuatro de mayo del año en curso por lista de acuerdos, así como las subsecuentes. Notifíquese por lista al quejoso directo Luis Alberto Jáuregui Rueda el presente acuerdo y el diverso de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. "San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de once de mayo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, sin que se haya hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como concluido. En ese sentido, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso d), del ordenamiento en cita, sería susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído; sin embargo, al haberse concedido la medida cautelar consistente en la suspensión de oficio y de plano en contra de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Finalmente, se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente físico, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese personalmente al quejoso directo en el lugar donde se encuentra privado de su libertad en los términos aquí señalados, en el entendido de que si el actuario es informado que ha sido trasladado a un diverso lugar de detención, alojamiento o retención, sin previo acuerdo, deberá constituirse al nuevo lugar siempre y cuando se encuentre dentro de la zona conurbada descrita en el auto de radicación, para lo cual deberá indagar sobre su paradero; por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito..."

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de once de mayo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, sin que se haya hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como concluido. En ese sentido, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso d), del ordenamiento en cita, sería susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído; sin embargo, al haberse concedido la medida cautelar consistente en la suspensión de oficio y de plano en contra de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Finalmente, se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente físico, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese personalmente al quejoso directo en el lugar donde se encuentra privado de su libertad en los términos aquí señalados, en el entendido de que si el actuario es informado que ha sido trasladado a un diverso lugar de detención, alojamiento o retención, sin previo acuerdo, deberá constituirse al nuevo lugar siempre y cuando se encuentre dentro de la zona conurbada descrita en el auto de radicación, para lo cual deberá indagar sobre su paradero; por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    (publicación AVISO) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LOS TERCERO INTERESADOS IDENTIFICADOS CON LOS NÚMEROS 60, 62, 34, 46, 09, 103, 26, 96, 27, 23, 28, 444, 68, 119, 99, 97, 58, 22, 65, 03, 05, 80, 33, 12, 118, 01, 92, 107, 02, Y,135 EL ACUERDO DE 28 DE ABRIL DE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Vista certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa y tercera interesada en acuerdo de diez de marzo de dos mil veintidós, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera, respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que hubiera hecho manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional resolverá, de oficio, si de acuerdo con las constancias que existen en autos, dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida. Por sentencia firmada y autorizada el seis de septiembre de dos mil veintiuno, se sobreseyó en el presente juicio de amparo, promovido por Luis Rey Pérez Juárez. Inconforme, interpuso revisión, de la que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien mediante ejecutoria dictada el once de febrero de dos mil veintidós, en el amparo en revisión R-226/2021, resolvió: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Luis Rey Pérez Juárez contra los actos precisados en la parte inicial de esta ejecutoria, para los efectos establecidos en la parte final del último considerando." Los efectos del fallo concesorio fueron: "SÉPTIMO. (.) En esas condiciones lo que procede es conceder el amparo en contra del auto de formal prisión de fecha veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el proceso 95/2016, del índice del Juzgado Octavo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, para los efectos siguientes: a) Dejar insubsistente el auto de formal prisión reclamado y el juez responsable deberá emitir una nueva resolución en la que reitere la acreditación del cuerpo de delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción IV, del Código Penal del Estado; así como la probable responsabilidad del quejoso Luis Rey Pérez Juárez, cometido en agravio de María del Pilar Cecilia Ortega Cruz y otros; y b) De acuerdo a los lineamientos expuestos en esta ejecutoria, deberá determinar que ha prescrito la acción penal por cuanto al cuerpo del delito de fraude genérico previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracciones I, II y III, del Código Penal del Estado, en agravio de Yara Virginia Díaz González y otros6 . (.)" Dicha ejecutoria fue recibida en acuerdo de dos de marzo de dos mil veintidós, donde igualmente se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Juez Quinto de lo Penal de Puebla -autoridad sustituta-. El diez de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio 636, signado por la Juez Quinto Penal de Puebla, Puebla, con el que remitió el auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós, donde resolvió la situación jurídica de Luis Rey Pérez Juárez y las constancias de notificación al quejoso y a su defensa de dicha resolución. Documentos con los que se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de dicho proveído, para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera. Los cuales cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, del análisis de las constancias remitidas se aprecia que la jueza responsable: 1. Mediante resolución de cuatro de marzo de dos mil veintidós, dictada en el proceso penal 195/2016, dejó insubsistente su diversa determinación de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, donde dictó auto de formal prisión en contra del aquí quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude genérico previsto por el artículo 402 y sancionado por el diverso 403, fracciones I, II III y IV del Código Penal para el Estado de Puebla. 2.Resolvió la situación jurídica del hoy quejoso, decretando la prescripción de la acción penal ejercida en su contra como probable responsable en la comisión del delito de fraude genérico, previsto por el artículo 402 y sancionado por el diverso 403, fracciones I, II y III del Código Penal para el Estado de Puebla; y, 3. Le dictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción IV, del Código Penal del Estado; cometido en agravio de María del Pilar Cecilia Ortega Cruz y otros. Así, en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, 77 y 196 de la Ley de Amparo, quien resuelve, estima que de la comparación de los efectos contenidos en la ejecutoria de amparo, con las constancias que remitió la responsable, se obtiene, sin lugar a dudas, que se cumplió en su totalidad con dicha ejecutoria, sin excesos ni defectos. Y, por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero , de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, personalmente a los terceros interesados emplazados con domicilio en la ciudad de Puebla; y, por lista a los restantes; mediante oficio a la superioridad, a las autoridades responsables, a la diversa tercera interesada; y, al fiscal Federal adscrito..."

  4. Principal

    (publicación aviso) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE EL ACUERDO DE 10 DE mayo DE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, diez de mayo de dos mil veintidós. Radicación. Visto lo de cuenta; fórmese expediente y regístrese la demanda de cuenta con el número 488/2022 que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo indirecto que se lleva en este Juzgado. Cuestiones preliminares. En ese tenor, de la demanda de cuenta se advierte que la promovente Cielo Siraí Aguilar Martínez, a favor y en nombre de Luis Alberto Jauregui Rueda, reclama: 1. La detención, presentación y alojamiento del directo quejoso con fines de deportación a su país de origen (Perú); y, 2. La "negativa" de emitir el acuerdo al escrito presentado ante la autoridad responsable el tres de mayo de dos mil veintidós. De los cuales, por lo menos el primero se encuentra proscrito en el artículo 22, primer párrafo, Constitucional y, por ende, entra en el catálogo que prevé el artículo 15 de la ley de la materia. De ahí que se cumplan con los requisitos para la recepción y tramitación de la presente demanda bajo el esquema de "caso urgente", aunado a que la promovente manifestó que no le permitieron ver ni comunicarse con el directo quejoso. Por otro lado, de la propia certificación secretarial se aprecia que la demanda, con la que se da cuenta, fue presentada a las veintidós horas con siete minutos del nueve de mayo de dos mil veintidós -electrónicamente- ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y que la misma no cuenta con la evidencia criptográfica que prevén los artículos 2, fracción XVI, 22, 52 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo -en lo subsecuente AG12/2020-. Sin embargo, la falta de firma electrónica no es impedimento para recibir y tramitar la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo, y 10, segundo párrafo, del AG12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Trámite. Con fundamento en lo que disponen los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 15, 20, 35, 37, 107 y 109 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se tramita la demanda de amparo promovida por Cielo Siraí Aguilar Martínez, a favor y en nombre de Luis Alberto Jauregui Rueda, contra actos atribuidos al 1. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Puebla y al 2. Capitán Luis Fernando Riviello Rodriguez, Subdirector de la Estancia Provisional Migratoria adscrito al Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Puebla. Suspensión de Oficio y de Plano. Conviene destacar que del estudio integral de la demanda se advierte que Cielo Siraí Aguilar Martínez, a favor y en nombre de Luis Alberto Jauregui Rueda, señala como uno de los actos reclamados el siguiente: 1. La detención, presentación y alojamiento del directo quejoso con fines de deportación a su país de origen (Perú). Asimismo, la promovente manifestó que con fecha nueve de mayo de dos mil veintidós, la autoridad responsable le informó de manera verbal que su solicitud de "custodia", promovida en términos del artículo 102 de la Ley de Migración, no había sido aprobada en virtud de que el titular había llegado de malas y que su concubino -el directo quejoso- sería deportado el día diez de mayo del año en curso, por lo que ya no lo podía ver, al estarse preparando la documentación para tales efectos, y que mejor se retirara porque no le iban a dejar entrar a verlo, y que su solicitud había sido rechazada sin que se le mostrara algún documento ni copia del acuerdo que emitió el 2. Capitán Luis Fernando Riviello Rodriguez, Subdirector de la Estancia Provisional Migratoria adscrito al Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Puebla, mediante el cual, determinara en contra del directo quejoso no conceder su libertad personal mediante la citada jurídica de "custodia". En ese tenor, se provee sobre la suspensión de plano en los siguientes términos: I. Incomunicación. En virtud que la promovente señala que presenta demanda de amparo a favor y en nombre de Luis Alberto Jauregui Rueda, manifestando que no le permitieron verlo, con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo y no obstante que no se trate de un acto reclamado de forma destacada, se decreta de oficio y de plano la suspensión de actos de incomunicación o cualquiera de los actos previstos en el artículo 22, primer párrafo constitucional, para el efecto de que dichos actos cesen de manera inmediata como medida para evitar la consumación de los mismos. En el entendido, que las autoridades responsables deberán permitir al quejoso directo tener comunicación con sus abogados y/o familiares, quedando bajo su estricta responsabilidad implementar los horarios y condiciones de seguridad para tal fin. II. Suspensión de plano decretada en caso de que la detención o privación de la libertad con fines de deportación o expulsión del país, se hubiera decretado fuera de procedimiento. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión para el efecto de que no se ejecute en contra del quejoso Luis Alberto Jauregui Rueda la deportación o expulsión del territorio nacional fuera de procedimiento judicial; asimismo, para el efecto de que aquél quede en el lugar donde se encuentra a disposición de este órgano jurisdiccional, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Lo anterior, sin perjuicio de que en caso de que al quejoso se le impute la comisión de algún delito, sea puesto a disposición de la autoridad que corresponda, lo que deberá ser informado inmediatamente por las autoridades responsables. Asimismo, la presente suspensión no surtirá sus efectos si los actos reclamados derivan de la orden emitida por autoridad judicial o administrativa competente dentro de un procedimiento. III. Detención, alojamiento y deportación emitidos en un procedimiento administrativo migratorio. Ahora bien, en el supuesto de que el ahora quejoso Luis Alberto Jauregui Rueda se encuentre sometido a un procedimiento administrativo migratorio para lograr su deportación a su lugar de origen, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano para que el mismo no sea deportado por cualquier autoridad migratoria, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 11 Constitucional y numerales 1 y 102 de la Ley de Migración, esta medida cautelar tiene el efecto de que la autoridad migratoria que lo tenga a su disposición lo ponga en inmediata libertad, siempre y cuando el quejoso Luis Alberto Jauregui Rueda, previamente, realice lo siguiente: a) Otorgue una garantía suficiente a satisfacción y en los términos que precise la autoridad migratoria correspondiente, en este caso, ante la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, ubicada en Avenida Reforma, número 1907, de la ciudad de Puebla, la cual podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley; b) Establezca un domicilio o lugar en el que permanecerá, el cual deberá ser comunicado al Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad; y, d) Presentar ante la autoridad migratoria una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Lo que se deberá informar a este este juzgado justo después de que la autoridad migratoria competente decida dejarlo en libertad y se cumpla con las medidas impuestas. A su vez, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Migración, dígase a las autoridades migratorias que cuando el quejoso comparezca ante ellas para cumplir con las medidas de aseguramiento fijadas, deberán proporcionarle la siguiente información: a) Sus derechos y garantías de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable y en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano; b) El motivo del inicio del procedimiento administrativo; c) Los requisitos establecidos para su admisión en el país, sus derechos y obligaciones de acuerdo con lo establecido por la legislación aplicable; d) La notificación inmediata al consulado del país del cual manifiesta ser nacional (Peruano), excepto en el caso de que el extranjero pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado; e) La posibilidad de regularizar su situación migratoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración, y f) La posibilidad de constituir garantía en los términos del artículo 102 de esta Ley. Justificación de los efectos de la suspensión con efectos restitutorios. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 255/2015, determinó que conforme al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, existe la posibilidad de que la medida suspensional tenga como efecto restablecer provisionalmente a los quejosos en el goce del derecho violado, mientras se dicta la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible. En efecto, consideró que al ampliarse los alcances de los efectos de la medida cautelar de suspensión en no sólo a mantener un estado de cosas, sino también al restablecimiento en el goce de los derechos, poco importaría si el acto reclamado ya se efectuó, mientras sea jurídica y materialmente posible mantener al quejoso en el goce de su derecho, durante la tramitación del juicio, una vez que hecha la ponderación de la apariencia del buen derecho y el interés social. Concluyendo que la medida suspensional también puede tener efectos de un amparo provisional. Ahora bien, en la suspensión del acto reclamado en la materia penal, el artículo 162 de la Ley de Amparo también lleva implícitos los efectos restitutorios a los que se hace mención, ya que indica que cuando el acto reclamado consista en una orden de privación de la libertad -sin distinguir si fue emanado fuera o dentro de procedimiento penal-, la suspensión tendrá por efecto que dicho acto no se ejecute o cese inmediatamente, para lo cual el órgano de amparo podrá tomar las medidas que aseguren que los quejosos no evadan la acción de la justicia, entre ellas, la exhibición de una garantía, la obligación de presentarse ante la autoridad que lleva el proceso y ante quien concedió la suspensión cuantas veces sea exigido. De ahí que si el quejoso no cumple con las medidas de aseguramiento que le fueran impuestas por la autoridad migratoria, con fundamento en los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, la suspensión de plano únicamente tendrá el efecto de que éste siga a disposición de las autoridades en el lugar donde se encuentre, para la continuación del procedimiento migratorio que se le instruye, y a la de este juzgado por cuanto hace a su libertad personal, sin que pueda ser deportado o expulsado del país, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Ahora bien, se estima que el último criterio reseñado aplica al caso, no obstante que se haya interpretado la "parte general" de la suspensión del acto reclamado, en la que se permite ponderar la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social, toda vez que sería incongruente que los derechos que la suspensión del acto, regulada en esa parte general, tengan mayor relevancia que la libertad, aunado a que los únicos requisitos para que se pueda conceder la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios provisionales son que sea jurídica y materialmente posible. Excepción a los efectos de la suspensión concedida para ponerlo en libertad. En caso de que se actualice el supuesto contenido en el artículo 144, fracción IV, de la Ley de Migración, es decir, en la hipótesis de que el quejoso Luis Alberto Jauregui Rueda esté sujeto a proceso penal o haya sido condenado por delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el extranjero pudiera comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública, con fundamento en el artículo 160 de la Ley de Amparo, la suspensión concedida únicamente tendrá el efecto de que una vez detenido por la autoridad migratoria y alojado en la estación correspondiente, continúe el procedimiento migratorio que se le instruye y el interesado quede en el lugar donde se encuentre a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, en el entendido de que la deportación o la expulsión no deberá ejecutarse, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Asimismo, la autoridad migratoria deberá informar de manera inmediata al agente del ministerio público que el quejoso se encuentra a su disposición para que actúe conforme a lo previsto en el artículo 21 Constitucional. Requerimiento de informe. Hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables, que deberán acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad e informar a este Juzgado de Distrito de manera inmediata, las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan. Se apercibe a las autoridades responsables, que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá a cada una y por separado, una multa equivalente a cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las indicadas autoridades que la violación de este mandamiento constituye un delito federal, conforme al artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el inicio del proceso penal correspondiente en su contra. Asimismo, hágaseles saber que podrán remitir su informe respectivo a través de los correos electrónicos victor.jimenez.loranca@correo.cjf.gob.mx o la.mesa.a@hotmail.com; asimismo, se les hace de su conocimiento que el licenciado Víctor Hugo Jiménez Loranca, es el secretario encargado de llevar el trámite del presente expediente, quien cuenta con teléfono móvil 2221085566. En el entendido que de remitirlo vía correo electrónico, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas voluminosas que ofrecer para acreditar el acto reclamado, o alguna causa de sobreseimiento. Ratificación de la demanda. Con fundamento en los artículos 21, último párrafo de la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se faculta al actuario de la adscripción, a fin de que previamente las formalidades de Ley, se avoque a la localización del quejoso Luis Alberto Jauregui Rueda, para lo cual deberá constituirse en la estancia provisional del Instituto Nacional de Migracion en la ciudad de Puebla, con domicilio ubicado en Avenida Reforma, número 1907, del Barrio de San Matías, o donde las autoridades le informen; y, una vez localizados, le requieran para que en ese acto o dentro del término de tres días legalmente computado, realice lo siguiente: ( Manifieste si ratifica o no la presente demanda de derechos fundamentales promovida en su favor por Cielo Siraí Aguilar Martínez, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efectos las providencias dictadas, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Además, signifíquese al actuario que al localizar al quejoso deberá: a) Ratificar a la autoridad ante quien esté detenido el quejoso, la suspensión de plano decretada por este órgano jurisdiccional; b) Asentar las condiciones físicas en que se encuentra el quejoso, preguntarle si se le ha permitido comunicarse con su defensor o abogado, familiares o personas de confianza, si saben el motivo por el cual se encuentra detenido y si ha sufrido alguno de los actos previstos por el artículo 22 Constitucional (dar lectura); y, c) Asentar las condiciones del lugar en el que está detenido el quejoso, esto es, si cuenta con una adecuada ventilación y medidas de higiene suficientes para su estancia en detención. d) Lo prevenga para que nombre a un abogado o abogados que lo representen en este juicio de amparo, para lo cual, deberá proporcionar los datos de la cédula profesional debidamente registrada en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; con el apercibimiento que, de no hacerlo este órgano jurisdiccional le nombrará uno de oficio de estimarlo necesario. Prevención. Ahora bien, antes de proveer sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I y IV, en relación con el diverso 108, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, requiérase al directo quejoso para que, dentro del término de cinco días computado legalmente, dé cumplimiento a lo siguiente: Único. Aclare si reclama: i) la "negativa" de acordar el escrito presentado el tres de mayo de dos mil veintidós, por el cual se solicitó la figura jurídica de custodia en términos del artículo 102 de la Ley de Migración; ii) la negativa verbal de la autoridad responsable 2. Capitán Luis Fernando Riviello Rodriguez, Subdirector de la Estancia Provisional Migratoria adscrito al Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Puebla de acordar de conformidad a lo solicitado en dicho escrito; o bien, iii) el acuerdo escrito de la autoridad responsable 2. Capitán Luis Fernando Riviello Rodriguez, Subdirector de la Estancia Provisional Migratoria adscrito al Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Puebla que niega lo solicitado en el referido escrito. Lo anterior, pues en los aparatados del acto reclamado, de los antecedentes de los actos y de los conceptos de violación, entre otras cosas, se desprende lo siguiente -lo destacado es propio-: "(.) Reclamo de las autoridades señaladas como responsables ordenadoras, la DETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y ALOJAMIENTO CON FINES DE DEPORTACIÓN Al PAÍS DE ORIGEN DEL QUEJOSO y la NEGATIVA DE EMITIR EL ACUERDO AL ESCRITO DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2022, Y PRESENTADO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE CON FECHA 03 DE MAYO DEL 2022, mediante el cual se cumplen los requisitos contemplados en el artículo 102 de la Ley de Migración, así como también reclamo las demás consecuencias legales que de dichos actos se desprendan. (.) 6.- Con fecha 09 de mayo del 2022, (Sic) la autoridad responsable, me informo de manera verbal que mi solicitud no había sido aprobada en virtud de que el titular había llegado de malas y que mi concubino iba a ser deportado el día 10 de mayo en curso, por lo que ya no lo podía ver en virtud de que estaban preparando la documentación para su deportación y que mejor me retirara porque no me iban a dejar entrar a verlo, y que mi solicitud había sido rechazada sin que se me mostrara ningún documento ni copia del acuerdo que emitió el CAP. LUIS FERNANDO RIVIELLO RODRIGUEZ, Subdirector de la Estancia Provisional Migratoria, Adscrita al Instituto Nacional de Migración, en la Ciudad de Puebla, Puebla, mediante el cual determina en contra de mi concubino LUIS ALBERTO JAUREGUI RUEDA, no conceder la libertad personal del ahora quejoso mediante la figura jurídica de "custodia" contemplada en el artículo 102 de la Ley de Migración, ya que a dicho de la autoridad responsable no se cumple con los requisitos establecidos. Resolución verbal que hoy se combate por medio del control Constitucional. (.) la autoridad responsable emitió un acuerdo mediante el cual determina en contra de mi concubino no conceder la libertad personal del ahora quejoso mediante la figura jurídica de "custodia" contemplada en el artículo 102 de la Ley de Migración, ya que a dicho de la autoridad responsable no se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 102 de la Ley de Migración. (.)" Como se puede observar de la transcripción efectuada, no es claro si se desea reclamar la negativa de la indicada autoridad responsable en acordar el escrito presentado el tres de mayo de dos mil veintidós, la contestación verbal que niega lo solicitado en ese ocurso; o bien, un acuerdo en el que no se acuerda favorable a lo ahí pretendido. De ahí que sea procedente la prevención que ahora se formula. En efecto, de omitir esta prevención, se incurriría en una violación a las normas fundamentales que rigen en el juicio de amparo que pudiera trascender al resultado de la sentencia, aun si se concediere la protección constitucional a la parte quejosa en contra de los actos reclamados debidamente precisados, porque la debida integración de la litis constitucional constituye una cuestión de orden público que es necesario realizar en aras del mandato de una justicia completa, contenido en el artículo 17 de la Ley Fundamental. Así, de conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades debe señalarse con claridad y precisión, ya que esta autoridad Federal no puede presumir cuál es el acto reclamado a ésta, dado que es un requisito de forma de la demanda que la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame sea señalado con exactitud, en virtud de que a través de los mismos sólo puede juzgarse sobre la constitucionalidad o no de lo impugnado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de derechos fundamentales. Esto es, de la interpretación sistemática del artículo 108, fracción IV (que establece que en la demanda de amparo debe señalarse la norma general, acto u omisión reclamado), en relación con el 74 fracción I (que dispone que la sentencia de amparo debe contender la fijación clara y precisa del acto reclamado), ambos de la Ley Reglamentaria del juicio de amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. Hágase del conocimiento de la parte promovente, que la presente prevención es con el fin de que subsane la irregularidad ya precisada, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que la amplíe. Apercibimiento de no cumplir prevención. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo requerido, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Vista a ministerio público. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda. Incidente de suspensión. No es necesario abrir incidente de suspensión, cuenta habida que los efectos de la suspensión de plano, abarcan aquellos que en su caso se decretarían con el trámite de la medida cautelar provisional. Autorizados Se hace constar que la parte promovente no designó autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo ni para oír y recibir notificaciones; de ahí que se haya prevenido al quejoso para que nombrara a un abogado o abogados que lo representaran jurídicamente en el presente juicio. Correo electrónico y número telefónico proporcionado. No ha lugar a tener como medios de notificación el correo electrónico y número telefónico que se proporcionan para tal efecto; sin embargo, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ténganse únicamente como medios para establecer un contacto no procesal, sin que ello implique que puedan presentar promociones ni notificarse por ese medio. De las notificaciones a las autoridades. Se hace saber a las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceros interesados, que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se les ordenen realizar en este expediente, serán por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que si su denominación no es exactamente como se encuentre en su organigrama interno, ello no las exime de recibir los oficios que contengan el presente proveído, por la naturaleza de los actos reclamados. Se habilitan días y horas inhábiles. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. Copias certificadas. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, expídase a la parte promovente copia certificada del presente auto, la cual deberá entregarse por conducto del actuario de la adscripción en el lugar de su detención. Copia que contendrá las evidencias criptográficas de las firmas electrónicas de los funcionarios que actúan en esta determinación, que hacen la vez de la certificación correspondiente, de conformidad con el artículo 36, segundo párrafo del AG12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Autorización zona conurbada. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. Interconexión entre autoridades. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. Transparencia y acceso a la información pública. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Digitalización. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en su oportunidad, procédase a la digitalización del expediente electrónico. Exhortación a las partes para continuar su juicio en línea. Con fundamento en los artículos 1º, fracción I, y 2, fracción XIX, del AG13/2020, se exhorta a las partes que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y para que proporcionen a este juzgado una cuenta de correo electrónico para establecer un contacto en este período de contingencia, sin que ello implique que puedan presentar promociones ni notificarse por ese medio. Notifíquese personalmente al quejoso directo en el lugar donde se encuentra privado de su libertad en los términos aquí señalados, corriéndole traslado con copia autorizada de la demanda y copia certificada de la presente determinación (la copia contendrá las evidencias criptográficas de las firmas electrónicas de los funcionarios que actúan en esta determinación, que hacen la vez de la certificación correspondiente, de conformidad con el artículo 36, segundo párrafo del AG12/2020), en el entendido de que si el actuario es informado que ha sido trasladado a un diverso lugar de detención, alojamiento o retención, sin previo acuerdo, deberá constituirse al nuevo lugar siempre y cuando se encuentre dentro de la zona conurbada descrita en este auto, para lo cual deberá indagar sobre su paradero; personalmente a la promovente Cielo Siraí Aguilar Martínez; por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...

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