Luis Alberto Landa Reynoso
Expediente 211/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 211/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/04/2023
Partes del expediente
- Luis Alberto Landa Reynoso
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede; en consecuencia, se declara que aquél HA CAUSADO ESTADO. Realícense las anotaciones en el libro de gobierno y en virtud de que en el presente expediente no obra ningún documento importante y/o relevante, archívese como asunto totalmente concluido. Ahora bien, conforme a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), del numeral 21 de dicho cuerpo normativo y por tanto, una vez que transcurran tres años; será SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. En consecuencia, una vez transcurridos tres años procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
(CONFORME A LA LEY DE AMPARO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEIDO DE SIETE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA ELLO; EN CONSECUENCIA, SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DEL MISMO POR MEDIO DE LISTA: Vista la demanda de cuenta signada por ****, contra actos del Juez de Control de la Unidad de Gestión Judicial número 1 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y otras autoridades; fórmese expediente impreso con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y electrónico en términos de los numerales 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; regístrese bajo el consecutivo 211/2023. Ahora bien, como cuestión previa a determinar sobre la admisión de la demanda que se atiende, es pertinente destacar que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos que aquélla debe contener, los cuales tienen como propósito que el Juez de Distrito pueda pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero interesado, dar intervención al agente del Ministerio Público e integrar, en su caso, los cuadernos relativos al incidente de suspensión, además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa. Por lo que, la omisión de alguno de ellos conduce a la prevención regulada por el numeral 114 de la referida ley, siempre que se encuentre en alguna de las hipótesis que limitativamente prevé dicho artículo. En ese contexto, en términos de lo previsto en los artículos 112, 114, y 108 de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que, dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos su legal notificación del presente proveído realice lo siguiente: 1. Precise de manera concreta el acto o los actos que reclama y la autoridad a quien se lo atribuye. Esto es así, pues una vez analizada la demanda que nos ocupa en su integridad, se advierten inconsistencias en los actos que la parte quejosa pretende combatir en esta instancia, pues en el apartado correspondiente al acto reclamado, señaló: ".ACTO RECLAMADO Reclamo de la autoridad responsable en su calidad de ordenadora, el inconstitucional libramiento de la ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN, APREHENSIÓN y CAPTURA que ha dictado en agravio del suscrito. De las diversas autoridades ejecutoras el cumplimiento.". En esa tesitura, resulta importante destacar que dada la naturaleza de los actos reclamados consistentes en las órdenes de aprehensión, búsqueda, localización, detención, presentación y comparecencia, no pueden atribuirse de manera genérica, en tanto que las potestades facultadas para dictar los mismos, algunas son de índole judicial y otras administrativas. En efecto, de conformidad con el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé como formas de conducción al proceso el citatorio, la orden de comparecencia y la aprehensión, siendo que corresponde al Ministerio Público emitir el primero de ellos, o bien, dictar orden de detención; ello, en caso de existir flagrancia o caso urgente, en términos del artículo 16 de la Carta Magna; y en la demanda de amparo se señala a la autoridad ministerial únicamente con el carácter de ejecutora. Además, la emisión de las órdenes de comparecencia, aprehensión y citación son facultad exclusiva de la autoridad judicial a solicitud del Ministerio Público conforme al citado precepto constitucional y al artículo 142 de la primer legislación citada. Por ello, se estima necesario que el quejoso especifique cuál es el acto que en concreto reclama a cada una de las autoridades responsables; máxime que, de la narrativa del quejoso se advierte que se desahogó audiencia inicial en la cual estuvo presente la parte quejosa, lo que resulta confuso. Estas precisiones resultan importantes en la medida que este órgano de control constitucional no cuenta con más datos que los aportados por la justiciable en su demanda de amparo; y con ellas, se fijará de manera correcta y precisa la litis en el presente asunto, de acuerdo a las pretensiones de la justiciable, desde luego, atendiendo a lo que puede y no, ser materia de análisis en la presente vía indirecta. Por todo lo anteriormente expuesto, es que se considera que esta situación debe ser superada por la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 108, de la Ley de Amparo, y no dejarlo a la interpretación de este órgano jurisdiccional, dado que con la información requerida se fijará la litis constitucional en el presente asunto y así las autoridades responsables a las que se les atribuya el acto reclamado estarán en aptitud de rendir con mayor certeza el informe que les sea solicitado, y éste juzgador contará con los elementos suficientes para determinar lo que en derecho corresponda. Y si bien, tratándose de un asunto en materia penal opera la suplencia prevista en el artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo, ésta consiste únicamente en suplir los razonamientos por los cuales la parte quejosa estima se violaron sus garantías constitucionales y los preceptos que consideró violados con el acto reclamado, lo cierto es que dicha figura jurídica no autoriza al juzgador de amparo a cambiar el acto reclamado señalado por la parte quejosa ni tampoco la autoridad señalada como responsable. 2. Bajo protesta de decir verdad, ahonde en los antecedentes del acto o los actos que por esta vía pretenden combatir, es decir, deberá señalar de manera clara y cronológica los antecedentes del acto o actos que pretendan reclamar. Ello, en razón de que las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, se consideran imprecisas e insuficientes para tener por colmado el requisito a que hace referencia el numeral 108, fracción V, de la Ley de Amparo, pues el quejoso omite narrar los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de todos los actos que señala en su demanda (cómo tuvo conocimiento del acto que reclama), información que resulta necesaria para este órgano judicial a efecto de determinar lo conducente. Precisiones que traerán como consecuencia que se resuelva realmente la litis que se pretenda plantear y de esa manera las otras partes en el juicio cuenten con elementos para defender sus derechos e integrar la relación jurídico procesal, de modo tal, que se determine realmente sobre la legalidad del acto reclamado y se logren los postulados previstos en el artículo 17 constitucional, relativos a la administración de justicia pronta y expedita. En ese orden, es preciso señalar que los antecedentes del acto reclamado se conforman por todas las circunstancias, hechos o abstenciones que le constan a la parte quejosa en relación con el acto que pretende combatir, esto es, son todos aquellos que rodean al acto reclamado, antes de su emisión, durante su emisión y con posterioridad a ella; lo cual, debe expresarse en el cuerpo de la demanda. En el entendido que dichas manifestaciones deben realizarse de manera personalísima y de las penas en que incurren las personas que declaren con falsedad en términos del artículo 261 de la ley de la materia. Copias Ahora bien, con el original de su escrito de desahogo deberán presentar copias suficientes del mismo, con el fin de que se esté en posibilidad de correr traslado a cada una de las partes que intervienen en el juicio. Apercibimiento Se apercibe a la parte quejosa que de no desahogar la prevención, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo.
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